Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3823/2005 de 28 de Junio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Junio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3823/2005

Resumen

Se ha producido la prescripción del derecho a obtener la devolución derivada de la normativa propia del tributo reconocida en un acta de conformidad, pues desde el momento en que se produce la liquidación derivada del acta hasta la solicitud han transcurrido más de 5 años, plazo aplicable a dicha devolución de acuerdo con el artículo 46.1.b) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1091/1988).

Descripción

En la Villa de Madrid, a 28 de junio de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de la Oficina Nacional de Inspección de 16 de septiembre de 2005, relativo al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 1989, por importe a devolver 522.550,24 €.

                                                ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:
Con fecha 11 de marzo de 1991 se formalizó por la Oficina Nacional de Inspección de la A.E.A.T el acta de conformidad (A01) nº ... por el Impuesto sobre Sociedades ejercicio 1989. En dicha acta, se hacía constar, entre otros extremos, que:

        - La entidad presentó, con fecha 20 de julio de 1990, declaración-liquidación modelo 200 por el concepto tributario Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1989, con el resultado de un líquido a devolver por importe de 86.945.045 pts. (522.550,24 €).

          - En el apartado 2º del Acta, párrafo segundo, se dice literalmente "Correspondiéndoles una cantidad a devolver de 86.945.045 pts., cantidad que no ha sido devuelta por la Administración correspondiente".

           - Conforme a lo que se declara en el apartado 5º del Acta la propuesta de liquidación a la que presta su conformidad la entidad interesada tiene el carácter de definitiva.

SEGUNDO: Al haber transcurrido un mes desde la fecha de la incoación del Acta sin que por parte del Inspector Jefe se hubiesen ejercitado cualquiera de las facultades que al mismo se le reconocen en el art. 60.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, se entiende producida la liquidación tributaria, en este caso definitiva, de acuerdo con la propuesta contenida en dicha Acta, es decir, el 11 de abril de 1991.

TERCERO:
Con techa 29 de julio de 2002, ... en representación de la Entidad interesada, presentó ante la Administración de la A.E.A.T, de ... (Delegación Especial de la A.E.A.T. de ...) escrito solicitando que se le hiciera efectiva la devolución de 86.945.045 ptas. (equivalente a 522.550,24 euros) que le había sido reconocida en el Acta de conformidad, modelo A01, número ...

No habiéndose dictado acuerdo alguno en relación al escrito anterior, la Entidad interesada, presentó un nuevo escrito, con fecha 21 de noviembre de 2003, ante la misma Administración de la A.E.A.T. de ... solicitando, de nuevo, la devolución del indicado importe en unión de los correspondientes intereses de demora.

Con fecha 17 de junio de 2004 y en relación con el escrito precedente, el Jefe de la Sección de Recursos de la Administración de la A.E.A.T. de ... remitió oficio a la Entidad interesada requiriéndola "Acreditar la interrupción del plazo de prescripción establecido en el artículo 64 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria ...".

Con fecha 1 de octubre de 2004 la entidad interesada, respondiendo al requerimiento anterior, presento un escrito ante la Administración de la A.E.A.T. de ..., en cuyo apartado 5) se dice literalmente:

"Expuesto lo anterior y en relación a dicho último requerimiento, esta parte manifiesta su extrañeza a tal solicitud, señalando en cuanto a la procedencia de su petición de devolución formulada, que tras el reconocimiento expreso de su derecho a la devolución por parte de la Administración, tal y como figura en el Acta levantada en la que de forma literal se inserta: "Correspondiéndoles una cantidad a devolver de 86.945.045 ptas., cantidad que no ha sido devuelta por la Administración correspondiente." lo lógico y razonable habría sido que por la Administración, una vez comprobado lo señalado respecto a la procedencia de la devolución y al contenido del Acta citada, se acordase el cumplimiento de sus obligaciones y no iniciar un nuevo expediente con un requerimiento sobre interrupción de la prescripción que consideramos no alcanza a la cuestión aquí tratada, pues en modo alguno nos encontramos frente a un hipotético reconocimiento de derechos, o frente a una presunta convalidación de actuaciones, sino frente a un incumplimiento de pago de la Administración del Estado reconocido y aceptado en un Acta de Inspección, pago que, salvo error, hasta el momento no ha cumplido.

En consecuencia, ante el reconocimiento expreso por parte de la Administración, ratificado en Acta de Inspección levantada por la Oficina Nacional de la Inspección y, en consecuencia, en orden a evitar un enriquecimiento a todas luces injusto por parte de la Administración, es por lo que, se solicita de esa Administración que se proceda a la efectiva devolución del importe ya reconocido y aceptado en Acta de Inspección por 86.845.445 ptas., equivalente a 522.550,24 euros a la cuenta ... de mi representada, en unión de los correspondientes intereses de demora".

Con fecha 22 de octubre de 2004 la Administración de la A.E.A.T. de ... remitió el expediente así formado a la O.N.I. por entender que, al haber sido los servicios dependientes de esta los que incoaron el Acta de conformidad, modelo A01, número ..., es a esta Oficina a la que corresponde dictar el acuerdo declarando la prescripción del derecho de la Entidad interesada a solicitar la devolución por ella pretendida.

Con fecha 28 de julio se comunicó a la entidad interesada el acuerdo de la O.N.I. por el que se iniciaba el trámite de puesta de Manifiesto del expediente y de audiencia del interesado. Dicho trámite tuvo lugar el día 9 de julio de 2005, documentándose tal hecho en Diligencia de la misma fecha suscrita por la representación de la entidad, en la que, entre otros extremos, se hace constar que "Los comparecientes declaran haber podido examinar el expediente antecitado a su plena satisfacción". Con fecha 12 de agosto de 2005 la Entidad interesada presento escrito de legaciones.

Con fecha 16 de diciembre de 2005, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la ONI de la AEAT, dictó acuerdo, desestimando la solicitud formulada por la interesada en sus escritos de fecha 29 de julio de 2002, 21 de noviembre de 2003 y 1 de octubre de 2004, en orden a que la Administración efectúe en su favor la devolución de la cantidad solicitada correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1989, por considerar que al tiempo de formularse tal solicitud ya había prescrito el derecho de la entidad a obtener la devolución de referencia. Dicho acuerdo fue notificado el 19 de septiembre de 2005.

CUARTO:
Disconforme con el mismo, se presenta reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central el 17 de octubre de 2005. Puesto de manifiesto el expediente, presentó alegaciones en las que manifiesta en síntesis, que:

1.-La Administración de forma expresa ha reconocido la procedencia de la devolución a favor de mi mandante.

En consecuencia, ante el reconocimiento expreso por parte de la Administración, ratificado en Acta de Inspección levantada por la Oficina Nacional de la Inspección, procedía acceder a la solicitud de devolución de esta parte una vez comprobado que, efectivamente, no había sido devuelta cantidad alguna a esta parte.

El irregular comportamiento de la Agencia Tributaria supone un quebrantamiento del principio de confianza legítima en la Administración, pues ya había tenido lugar una actuación suficientemente concluyente como para que produjera la devolución a la que tenía derecho. Y es que el incumplimiento por parte de la Administración de sus obligaciones no debería en ningún caso perjudicar a los administrados.

2.- Necesidad de completar el expediente administrativo aportado por la Agencia Tributaria al Tribunal. La falta de remisión del expediente administrativo crea INDEFENSION y quiebra el principio constitucional de tutela judicial efectiva.

3.- Enriquecimiento injusto.

Finalmente, cabe señalar que de no accederse a la solicitud de devolución del importe reconocido por la Administración como a devolver a esta parte, lo único que generaría sería un enriquecimiento injusto de la Administración que conocedora de sus obligaciones con respecto a los obligados tributarios, incumple con dicha obligación una vez reconocida la misma y origina este perjuicio a todas luces improcedente.

                                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:
Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la única cuestión a resolver si procede o no la devolución del importe reconocido en el Acta A01-...

SEGUNDO: En primer lugar, señalar que el procedimiento se ha iniciado a instancia de la entidad interesada con fecha de 29 de julio de 2002, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su Disposición Adicional Tercera dispone: "los procedimientos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión...".

En este caso concreto, la solicitud de devolución mediante declaración-liquidación presentada por la entidad interesada tuvo lugar el 20 de julio de 1990 y el reconocimiento del derecho a dicha devolución operado en el Acta de conformidad A01 nº ..., fue incoada el 11 de marzo de 1991. El art. 31.3 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades dispone: "Cuando la suma de las cantidades retenidas en la fuente y las pagadas o ingresadas a cuenta superen el importe de la cuota resultante de la liquidación provisional no se hubiere practicado en el plazo de doce meses contando a partir de la presentación de la declaración, la Administración procederá de oficio, en el plazo de treinta días siguientes, el exceso ingresado sobre la cuota resultante de la declaración, sin perjuicio de la ulterior comprobación y liquidación definitiva del impuesto". En este mismo sentido, también se pronuncia el Reglamento del Impuesto aprobado por el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, en los arts. 263 y 265 y siguientes.

         Por otra parte, el artículo 60.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, dispone "Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta, si transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha notificado al interesado acuerdo del Inspector-Jefe competente por el cual dicta acto de liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta...". De acuerdo con dicho artículo la liquidación de la obligación tuvo lugar el 11 de abril de 1991, habida cuenta que la incoación del Acta modelo A01, número ... se produjo el 11 de marzo del mismo año.

Por lo que respecta a la prescripción del derecho a obtener devoluciones derivadas de la normativa propia de cada tributo, ha de tenerse en cuenta el art. 46.1.b) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuando dice "Salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:... b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación".

Para el cómputo del plazo de prescripción, al venir este fijado en años, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992; por ello, en el presente supuesto, ha de entenderse que el plazo de prescripción concluyó el día 11 de abril de 1996. Debe indicarse que dentro de ese plazo no existe constancia de que ni por parte de la Administración Tributaria ni por parte de la Entidad interesada se hubiese producido ningún acto que interrumpiese la prescripción.

La primera solicitud de devolución formulada por la Entidad interesada se ha producido con fecha 29 de julio de 2002, esto es, transcurridos mas de seis años a contar de la fecha en que la prescripción se había producido, de donde se concluye que al tiempo de verificar dicha solicitud la Entidad interesada había perdido por prescripción extintiva el derecho a la devolución que le había sido reconocida.

TERCERO: Por lo que respecta a la alegación referente a posible indefensión producida a la entidad interesada por considerar ésta que el expediente esta incompleto, cabe decir que, analizado el expediente se comprueba la constancia de los documentos que a continuación se reseñan:

a) Copias compulsadas de la declaración modelo 200 de la que se ha hecho referencia en el antecedente primero anterior, así como del Acta de conformidad, modelo A01, número ... y del escrito de la Entidad interesada de fecha 29 de julio de 2002.

b) Escritos de la Entidad interesada de fechas 11 de febrero de 2004 y de 1 de octubre de 2004, así como del escrito dirigido por la Administración de la A.E.A.T. de ... (Delegación de ...) a la Entidad interesada como consecuencia del primero de los dos citados requiriéndola para que acreditase la interrupción de la prescripción.

c) Solicitud de informe dirigida por el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la O.N.I. al Inspector Jefe del Equipo O.N.I. n° ... sobre las cuestiones planteadas en los anteriores escritos e informe evacuado por el mismo.

d) Original de la citación para la puesta de manifiesto del expediente

e) Copia compulsada de los poderes de los comparecientes y original del escrito de alegaciones.

f) Acuerdo de la ONI de fecha 16 de septiembre de 2005, objeto de la presente reclamación.

El Tribunal Constitucional en Sentencia de 1 de octubre de 1990,  han declarado que la indefensión "(...) sólo tiene lugar cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el Ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos, o se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado: la indefensión "consiste en un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción".

Pues bien, partiendo de la concepción de la indefensión mantenida por el Tribunal reseñado, en el presente caso no existe ningún otro documento que deba incorporarse al expediente por lo que no ha podido producir indefensión alguna a dicha Entidad, debiendo recordarse, se insiste en ello, que sus representantes manifestaron en la Diligencia de 25 de julio que habían podido examinar el expediente a su plena satisfacción sin que en la misma formulasen objeción, reserva o protesta alguna sobre el particular. Por tanto, este Tribunal no aprecia la indefensión invocada, y ello porque la interesada en ningún momento se ha visto privada de su derecho a alegar cuanto ha considerado oportuno en defensa de su derecho.  

CUARTO: Por último, por lo que se refiere a la alegación de la posible existencia de un enriquecimiento injusto por parte de la Administración como consecuencia de la no devolución de la cantidad fijada en el Acta, se reitera el criterio mantenido por la ONI, que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manifiesta que, tal tipo de enriquecimiento exige, entre otros requisitos, la falta de causa, circunstancia esta que no se produce cuando se ejercita sin abuso un legítimo derecho; y en el presente caso, producida la prescripción de la obligación reconocida por la Administración lo que ocurrió, como ya se ha indicado, a partir del 11 de abril de 1996, la Administración está llevando a cabo la actuación de un legítimo derecho como es el de no cumplir una obligación prescrita, toda vez que conforme tanto a lo dispuesto en el artículo 1930, párrafo segundo, del Código Civil como en los artículos 64 y siguientes de la Ley 230/1963, General Tributaria, así como en el artículo 46.1.b) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988), la prescripción es una de las formas de extinción de las obligaciones.

En virtud de lo expuesto,

ESTE TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en la presente reclamación económico administrativa, ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acto impugnado.

Acta de conformidad
Acta de conformidad
Impuesto sobre sociedades
Acta de inspección
Inspección tributaria
Intereses de demora
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Indefensión
Liquidación provisional del impuesto
Liquidaciones tributarias
Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Plazo de prescripción
Interrupción de la prescripción
Contenido del acta
Audiencia del interesado
Enriquecimiento injusto
Derecho a la tutela judicial efectiva
Quiebra
Obligado tributario
Enriquecimiento injusto de la Administración
Liquidación definitiva del impuesto
Principio de contradicción
Cómputo de plazo de prescripción
Pago de las obligaciones
Fecha de notificación
Prescripción extintiva
Derecho de defensa
Falta de causa
Extinción de las obligaciones

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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