Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3836/2005 de 14 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3836/2005

Resumen

Para proceder a la exigencia de responsabilidad subsidiaria, bien por la comisión de una infracción, bien por el cese en la actividad, es condición "sine qua non" reunir la condición de administrador de la sociedad deudora de la Hacienda Pública al tiempo de cometerse la infracción o bien en el momento del cese.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 14 de marzo de 2007, en la reclamación económico-administrativa, que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por DON A, en su nombre y representación, con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 30 de septiembre de 2005 (Reclamación ...), en asunto relativo a derivación de responsabilidad a Administrador. Importe 449.026,57 €.
                                          
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por resolución de 6 de mayo de 2003, previo trámite de audiencia, declara responsable subsidiario, entre otros, a D. A del pago de las deudas tributarias contraídas por la mercantil X, S.A. en importe de, excluido recargo de apremio, de 449.026,57 €, procedente de Actas por los conceptos de Impuesto sobre el Valor Añadido-1992 a 1994 e Impuesto sobre Sociedades de 1993/1994 y sus correspondientes Actas por sanciones por infracción tributaria grave, según el desglose que se señala en dicho acuerdo, y en aplicación de los párrafos primero y segundo del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963); en base a los siguiente hechos:

1º.- De los datos obrantes en el Registro Mercantil se aprecia que el reclamante fue administrador de la sociedad desde su constitución hasta el momento de su cese de hecho.

2º.- La sociedad fue declarada fallida por acuerdo de 15 de enero de 2003.

3º.- El cese de hecho queda acreditado porque la sociedad deudora presenta la última declaración por el Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-Retenciones, el primer trimestre de 1995. Según informe de la Tesorería General de la Seguridad Social la entidad esta de baja por carecer de trabajadores desde el ... de 1995. En Diligencia de 8 de febrero de 1999 el agente de recaudación al intentar notificar los apremios, en el domicilio fiscal de la Sociedad, el portero informa que no residen allí desde hace varios años.

SEGUNDO: Contra este acuerdo se interpone el 30 de mayo de 2003 reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., solicitando la suspensión. En relación con esta suspensión, el Tribunal Regional por resolución de fecha 17 de julio de 2003, dictada en pieza separada, acuerda "declarar la suspensión de las sanciones contenidas en el acto impugnado y inadmitir a trámite la solicitud de suspensión del resto de la deuda impugnada".Contra este acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de ... (nº .../...) que por Auto de ... de 2006 acuerda la suspensión con aportación de garantía de 391.459,04 €; en recurso de súplica, se dicta Auto el 23 de noviembre de 2006 por el que se mantiene la suspensión sin la garantía del aval previo.

El Tribunal Regional, en resolución a esta reclamación dicta acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2005 (Reclamación ...), desestimándola, confirmando el acuerdo impugnado, declarando la no prescripción de la acción y confirmando las sanciones que actualiza con la Ley 58/2003-Ley General Tributaria. En las alegaciones presentadas en esta reclamación se señalaba la apertura de diligencias penales contra el administrador real de la Sociedad deudora.

TERCERO: Contra el mencionado acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 30 de septiembre de 2005 (Reclamación ...), notificado el 10 de octubre de 2005, el interesado interpone el presente recurso de alzada, para ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por escrito que tiene entrada en el registro de dicho Tribunal Regional el día 9 de noviembre del mismo año, reiterando las alegaciones expuestas tanto en vía administrativa como en primera instancia; solicitando la anulación del procedimiento de declaración de responsabilidad.

Se adjunta el Auto de ... de 2005 de la Audiencia Provincial de ... (Procedimiento Abreviado .../2004-Rollo .../2005) por el que se confirma, en recurso de apelación, los Autos de ... de 2004 y de ... de 2005 por los que se acuerda la incoación de un procedimiento abreviado sobre un presunto delito de estafa contra el presunto administrador real de la Sociedad deudora y los Autos de ... y de ... de 2006 sobre apertura de juicio oral y señalamiento del mismo para el día ... de 2005.

CUARTO: En estas actuaciones consta la Sentencia nº.../2006 de ... de 2006 de la Audiencia Provincial de ..., dictada en la causa instruida con el nº .../2006 del Juzgado de Instrucción nº ... de ... (procedimiento abreviado .../2004) por la que se condena a D. B como autor de un delito de estafa a la pena de dos años de prisión......... y en materia de responsabilidad civil el acusado indemnizará a ..., a ... y a D. A en el importe de todas las cantidades satisfechas por éstos a la Agencia Tributaria hasta el día de hoy, más 1os correspondientes intereses legales, debiendo pagar igualmente las costas procesales causadas, incluidas 1as de las acusaciones particulares. En esta Sentencia se recogen como HECHOS PROBADOS los siguientes:

1.-
D. B (el acusado) convenció a sus trabajadores ...-... suyo-, ...y D. A para constituir la sociedad mercantil X, S.A. , invocando ante éstos las dificultades económicas por las que en aquél momento estaba pasando y presentándoles la constitución de dicha sociedad como la única forma posible de conservar tanto sus puestos de trabajo como los de los demás empleados.

2.-
De esta manera, por medio de escritura pública de 17 de septiembre de 1984 fue constituida la ya citada mercantil por ... por ... y por D. A, suscribiendo ... noventa y ocho acciones por un total de 1.960.000 pesetas (11.779,84 €); suscribiendo ... una acción por importe de 20.000 pesetas (120,2 €) y suscribiendo D. A. otra acción por otras 20.000 pesetas (120,2 €), sin que, sin embargo, ninguno tuviera que desembolsar cantidad alguna.

3.-
En igual escritura pública los tres indicados socios fueron nombrados Consejeros, procediendo acto seguido el Consejo de Administración a nombrar Presidente de la compañía a ... Secretario a D. A y Vocal a ..., no obstante lo cual el Consejo concedió al Presidente todas las facultades de Consejo de Administración.

Todo ello figuró inscrito en el Registro Mercantil a partir del día 18 de octubre de 1984.

4.-
No obstante, ninguno de 1os socios de la indicada sociedad se ocupó de actividad societaria alguna, pues todos ellos siguieron prestando a la nueva mercantil los mismos servicios por cuenta ajena que habían prestado anteriormente para e1 acusado (D. B), quien mantuvo siempre el control efectivo de la empresa.

5.-
Dicho acusado, algo más tarde, convenció a ... para otorgar a su favor poder por el que se le concedían todas las facultades del Consejo de Administración, 1o que tuvo lugar por medio de escritura pública de fecha 3 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de enero siguiente.

6.-
Más tarde aún, el día 10 de febrero de 1987, el acusado D. B adquirió de ..., ... y D. A. todas las acciones de la sociedad mercantil X, S.A., sin hacer a éstos pago alguno, puesto que nada habían pagado ellos en su momento, pasando el acusado desde este momento a dominar por completo la sociedad, si es que no lo hubiera venido haciendo desde antes, entendiendo a partir de entonces ..., ... y D. A que quedaban completamente desvinculados de la mercantil X, S.A., ignorando que el acusado, sin embargo, ninguna medida iba a adoptar para que el cambio del accionariado de la sociedad y su relevo de los cargos de responsabilidad de ésta figuraran en el Registro Mercantil, de modo que, frente a terceros, ellos siguieron apareciendo como socios y responsables de la repetida sociedad.

7.-
Así las cosas, el acusado empezó a dejar de satisfacer los tributos que pesaban sobre la mercantil X, S.A. en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido -1988 a 1991 por un importe de 3.966.028 pesetas (23.836,31 €); al Impuesto sobre Sociedades -1987 (324.264 pesetas (1.948,87 €) y al Impuesto sobre Sociedades-1988 (528.347 pesetas (3.175,43 €), créditos que la Agencia Tributaria tuvo que declarar incobrables, condición con la que figuraron en el Registro a partir del día 1 de julio de 1996.

Tampoco abonó el Impuesto sobre el Valor Añadido de 1992 a 1994 ni el impuesto de sociedades de los años 1993 y 1994.

8.-
Por ello la Agencia Tributaria, tras agotar los trámites ordinarios para su cobro, optó en enero de 2003 incoar expedientes de derivación de responsabilidad contra quienes figuraban en el Registro Mercantil como responsables de la sociedad X, S.A., reclamándose entonces a D. A, ... y ... el pago del IVA de 1992 a 1994 y el pago del Impuesto sobre Sociedades de 1993 y 1994, con sus correspondientes sanciones e intereses de demora, por un total de 449.026,57 €.

9.-
En el curso de tales procedimientos de derivación de responsabilidad la Agencia Tributaria ha embargado los sueldos y salarios percibidos por D. A de la Comunidad de Propietarios de ..., ha retenido a D. A la cantidad de 913,24 € de la devolución del IRPF de 2003 en compensación por el IVA de 1992 a 1994 de la X, S.A., ha retenido a ... la suma de 146,69 € de la devolución del IRPF de 2003 en compensación por el IVA de 1992 a 1994 de la X, S.A., ha embargado a ... el salario que percibe de Y, S.A. y ha embargado a ..., D. A y a ... los inmuebles que constituyen sus respectivos domicilios.
                                                   
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimación y plazo que constituyen presupuesto para la admisión a trámite del mismo, en el que la cuestión que se plantea, es la de la adecuación o no a derecho del acuerdo recurrido y, en consecuencia de  la imputación de responsabilidad subsidiaria antes referida.

SEGUNDO:
A estos efectos, el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril establece que: "1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hiciesen posibles tales infracciones.

Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas.

Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido en otros supuestos de responsabilidad en la legislación tributaria en vigor".

Establece pues, la Ley General Tributaria dos causas de imputación de responsabilidad: 1) Las infracciones cometidas por la sociedad administrada; y 2) El cese de la actividad por la sociedad.

En cuanto a la primera se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada; b) Condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción; y c) Una conducta en el administrador que se relacionen con el propio presupuesto de la infracción en los términos señalados en dicho artículo 40.1, reveladora de no haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de la obligación tributaria, extendiéndose la responsabilidad al importe de la sanción en el caso de infracción simple y a la totalidad de la deuda tributaria en el caso de infracción grave; y,

En cuanto a la segunda causa -cese- se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La cesación de hecho de actividad de la persona jurídica teniendo la misma obligaciones tributarias pendientes; y b) La condición de administrador al tiempo del cese.

En el presente caso, tal y como se ha recogido en el Hecho Cuarto de este acuerdo, en el reclamante no se da el requisito exigido en las disposiciones anteriormente citadas y transcritas, de ser Administrador de la Sociedad deudora a la Hacienda Pública, por lo que al ser dicho requisito conditio sine qua non para que lleve consigo la derivación de la correspondiente responsabilidad, es por lo que, con la estimación del presente recurso, proceda la anulación del acuerdo recurrido y del acuerdo de derivación de responsabilidad de 6 de mayo de 2003 impugnado.  

        Por todo lo expuesto,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
en el recurso de alzada, interpuesto por DON A contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 30 de septiembre de 2005 (Reclamación ...), en asunto relativo a derivación de responsabilidad a Administrador. Importe 449.026,57 €. ACUERDA: ESTIMARLO, anulando el acuerdo recurrido y el acuerdo de derivación de responsabilidad de 6 de mayo de 2003 de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Responsabilidad
Impuesto sobre el Valor Añadido
Registro Mercantil
Administrador social
Impuesto sobre sociedades
Derivación de responsabilidad
Escritura pública
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Consejo de administración
Comisiones
Delito de estafa
Administración Tributaria del Estado
Pago de la deuda tributaria
Recargo de apremio
Infracción tributaria grave
Sociedades mercantiles
Tesorería General de la Seguridad Social
Domicilio fiscal
Aval
Recurso de súplica
Prescripción de la acción
Intereses legales
Interés legal del dinero
Responsabilidad civil
Obligaciones tributarias
Persona jurídica
Deuda tributaria
Infracciones tributarias
Comunidad de propietarios
Liquidación Impuesto sobre Sociedades
Intereses de demora
Pago Impuesto sobre sociedades
Cese de actividad
Cumplimiento de las obligaciones
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