Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4148/2006 de 19 de Diciembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Diciembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/4148/2006

Resumen

El Centro Gestor reconoce pensión de orfandad en 2006 a huérfano nacido en 1960, declarado incapaz por sentencia judicial del año 2001, cuyo padre, pensionista del Título II de la Ley 37/1984, había fallecido en 1998, con efectos en fecha distinta a la fecha del fallecimiento de la madre en 2005. Teniendo en cuenta que al fallecimiento del padre no se pidió pensión de orfandad y sí de viudedad para la madre, que en 2006 el beneficiario tiene 46 años y no ha acreditado otra incapacidad que la establecida en la sentencia de 2001, donde no se aclara la fecha en que el interesado ya era incapaz de valerse laboralmente, y que no ha habido intervención del EVI, no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 41 del Texto Refundido de 1987 para conceder la pensión de orfandad, pero la prohibición de la reformatio in peius impide anular el señalamiento de pensión. Además, nacido el derecho del reclamante a la pensión cuando falleció su padre, al tiempo de solicitarla habían transcurrido más de cinco años.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 19 de diciembre de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D.ª ... en nombre y representación de D. D, que actúa, a su vez, como representación legal del incapacitado D. A con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 9 de octubre de 2006, sobre señalamiento de pensión de orfandad al amparo del Título II de la Ley 37/1984.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:
La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 12 de junio de 1986, reconoció a D. B pensión al amparo del Título II de la Ley 37/1984, con efectos de ... de 1986, como ..., y a su fallecimiento, ocurrido el ... de 1998, reconoció a su esposa D.ª C pensión de viudedad al amparo de la Ley 37/1984, Título II, por acuerdo de 12 de marzo de 1999, con efectos de ... de 1998, hasta su fallecimiento, ocurrido el ... de 2005.

SEGUNDO: D. D, como tutor de D. A, hijo de D. B y D.ª C, nacido el ... de 1960, concedió mandato a D.ª ..., Habilitada de Clases Pasivas, con fecha 7 de julio de 2006, para que solicitara la pensión de Clases Pasivas que pudiera corresponderle y por escrito presentado el mismo día se solicitó pensión de orfandad al amparo del Título II de la Ley 37/1984, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 9 de octubre de 2006, le concedió la pensión solicitada, con efectos desde ... de 2006 y cuantía íntegra mensual de 505,76 €. Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: A.- Sentencia de ... de 2001, del Juzgado de 1ª Instancia nº ... de los de ..., incapacitando a D. A en la que figuran: " A.- Antecedentes de Hecho: Primero. Con la fecha 08-03-01 se presentó por el/la Prócurador/a D. ..., en nombre y representación de Dña C demanda de juicio verbal de incapacitación dirigida contra D. A, que tras la narración de hechos y alegación de fundamentos de derecho concluye suplicando del Juzgado: "...se dicte sentencia por la que estimándose la demanda, se declare a D. A en estado de incapacidad total para regir su persona y bienes y quede sujeto a la tutela en cuanto a la guarda de su persona y administración de los posibles bienes, y se rehabilite la patria potestad de su/s madre. Hechos probados. Apreciadas las pruebas practicadas han de tenerse por probados los siguientes hechos: 1º.- D. A, nació en ... el día ... de 1960 (prueba documental: certificado emitido por el Registro Civil). 2º.- D. A padece un ... y una enfermedad ... Fundamentos de Derecho: PRIMERO.- Tras la reforma del Código Civil en materia de tutela -operada por la Ley 13/1983 de 24 de octubre y de conformidad con los artículos 199 y 200 de dicho texto legal "nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley, siendo causas legales de incapacitación las "enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse a sí mismo". En el caso de autos, de las pruebas practicadas ha quedado acreditado que D. A se halla incurso/a en causa de incapacitación, resultando de la pericial médica que: "Presenta un ... moderado, una enfermedad ... resistente al tratamiento. La situación es permanente e irreversible con un deterioro progresivo ya que las crisis ... le provocan un mayor déficit cognitivo. Carece de capacidad de discernimiento no sabiendo distinguir lo que le perjudica o beneficia. No puede gobernar su persona, necesita ayuda para lavarse, vestirse, salir a la calle o asearse. Únicamente es capaz, sin ayuda, de comer. No puede gobernar sus bienes. No sabe leer ni escribir, no es capaz de hacer operaciones aritméticas. Entiende el dinero pero no el valor de las cosas. No sabe hacer transacciones económicas por elementales que resulten". (folio núm. 61 a 64). A esta misma conclusión hemos de llegar si nos atenemos a la documental obrante en las actuaciones (folios núm. 15 de los autos); y a la audiencia de parientes (folios núm. 59 de las actuaciones); y a la diligencia de reconocimiento Judicial, habiéndose apreciado en ésta última que del aspecto y conducta del/la demandado/a parece deducirse una gran disminución en sus facultades intelectuales y volitivas para cuya graduación habrá que estar a lo que resulte de la pericial (folio núm. 70 de los autos). Segundo.- De conformidad con el artículo 760 n°1 de la LECn "la sentencia que declare la incapacitación, determinará la extensión y límites de esta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el/la incapacitado/a", y se pronunciará en su caso, sobre la necesidad del internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 763 de la propia Ley. En el presente caso, de las pruebas practicadas y valoradas en el fundamento precedente debemos concluir en la incapacidad absoluta del/la demandado/a, sin perjuicio de la posibilidad de revisar este pronunciamiento si sobrevinieren nuevas circunstancias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 761 n°1 de la LEC. Por otro lado al ser el/la demandado/a soltero/a mayor de edad y vivir en compañía de su madre, deberá quedar sujeto a la patria potestad rehabilitada de su/s madre por aplicación del art. 171 del Código Civil. TERCERO. La declaración de incapacidad absoluta del/la demandado/a ha de llevar como consecuencia jurídica la expresa privación del ejercicio de su derecho de sufragio, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 3.1°-B y 3.2° de la Ley Orgánica 1.5 sobre Régimen Electoral General. CUARTO. En atención a lo prevenido en el artículo 1.5 de la Ley de Registro Civil y en el art. 755 de la LECn, esta resolución deberá ser objeto de inscripción en el Registro Civil. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, y dada la especial naturaleza de este tipo de procedimientos, no procede especial pronunciamiento en cuanto a las costas del mismo. Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D/D.ª ..., en representación de D.ª C, debo constituir y constituyo a D A en estado civil de incapacitación total, incluso para el ejercicio del derecho de sufragio, rehabilitando respecto al mismo la patria potestad de su madre... No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento. Firme que sea esta resolución remítase testimonio de la misma al Registro Civil para que se proceda a practicar la oportuna anotación marginal en la inscripción de nacimiento del/la demandado/a, debiendo remitir a este Juzgado testimonio del acta de la anotación practicada". B.- Auto de 20 de febrero de 2006 del Juzgado de 1ª Instancia nº ... de los de ..., declarando tutor de D. A a D. D.

        TERCERO: Contra el anterior acuerdo, cuya fecha de notificación no consta acreditada, D.ª ..., en nombre y representación de D. D, que actúa como representante legal del incapacitado D. A, por escrito certificado en Correos el 16 de noviembre de 2006, presenta reclamación económico-administrativa, limitándose a interponerla, y concedido plazo para formular alegaciones y proposición de prueba, presentó escrito el 27 de febrero de 2007, en el que "Suplica al Tribunal que tenga por formalizada la reclamación económica-administrativa interpuesta el 16 de noviembre de 2006 con el presente escrito, y tras los trámites oportunos revoque la resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda, de fecha 9 de octubre de 2006, únicamente en lo referente a la fecha de arranque de la pensión de orfandad reconocida por este organismo, declarando como fecha de arranque el primer día del mes siguiente al del fallecimiento de la madre del incapacitado, es decir, el ... de 2005, por ser el primer día que el hoy nombrado tutor D. D, podría haber solicitado en nombre y representación del incapaz este haber pasivo, si los trámites para nombrarle tutor no se hubieran retardado". Funda su petición en las siguientes alegaciones: "Que Don A fue incapacitado por el Juzgado de Primera Instancia de ... n° ..., por sentencia de fecha ... de 2001, siendo rehabilitada la patria potestad de su madre D.ª C (procedimiento de incapacitación .../2001). La madre del incapaz falleció el día ... de 2005 en ... habiendo dejado establecido en su última disposición testamentaria su voluntad de que a su fallecimiento la persona que debería ejercer como tutor de su hijo D. A, fuera su amigo y vecino D. D. Es por ello que el Sr. D en ... de 2005 promovió expediente de jurisdicción voluntaria sobre constitución de tutela cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº ... de ... Una vez seguidos los trámites pertinentes el Juzgado nombró al reclamante tutor del incapaz con auto de fecha 20 de febrero de dos mil seis, si bien no tomó posesión del cargo hasta el día 16 de junio de 2006. Una vez que el tutor juró el cargo procedió a solicitar en julio de 2006 como representante legal del incapaz D. A, la pensión de orfandad que le correspondía como huérfano del carabinero en campaña Don B, siéndole reconocida dicha pensión con efectos económicos desde ... de 2006, es decir, el primer día del mes siguiente a la solicitud. Lo cierto es que el hoy tutor no pudo realizar esta solicitud hasta que no tomó posesión del cargo, y que dicha posesión la realizó cuando el Juzgado de Primera Instancia le requirió, por lo que es lógico que los efectos económicos de la pensión de orfandad del incapaz comiencen a ... de 2005, primer día del mes siguiente al fallecimiento de su madre, ya que si D. D no hizo la correspondiente solicitud inmediatamente al fallecimiento de la madre del tutelado, fue porque en ese momento no podía, ya que no era representante legal del mismo, ni tan siquiera son parientes. En este caso, al huérfano incapacitado se le está dejando en absoluta indefensión, ya que al no poder solicitar y ejercitar por si mismo sus derechos y depender de otras personas para ello, él ni nadie en su nombre pudo solicitar la pensión al fallecimiento de su madre, e incluso habiéndolo hecho se le habría privado al menos de una mensualidad ya que al haber muerto su madre a finales de ... de 2005, la solicitud se habría hecho en el mes de ..., con lo que sus efectos económicos habrían comenzado el ... de 2005. El incapaz siempre depende de otras personas y para que alguien pueda ser nombrado su representante legal y poder actuar en nombre de aquel, por desgracia hay que seguir unos trámites, que se dilatan en el tiempo y que son ineludibles, no siendo imputables ni al incapaz ni a la persona que va a ser nombrada como tutor, por lo que no tiene sentido que en este periodo intermedio se deje sin derechos al incapaz, más aún cuando el Estado tiene obligación de velar por los intereses de los menores e incapacitados". Además de lo dicho, expone: "OTROSÍ DIGO, que a la presente reclamación además de la prueba documental ya presentada se añade la siguiente documentación: Como documento n° 1, juramento del cargo del nombrado tutor, de fecha 16 de junio de 2006. Como documento n ° 2, Certificado de nacimiento del incapacitado D. A, en donde al margen se escribe la tutela con fecha 7 de julio de 2006".

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

           PRIMERO: Concurren en la presente reclamación los requisitos de competencia, legitimación, representación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que el interesado pretende que se retrotraigan los efectos del señalamiento de la pensión de orfandad al primer día del mes siguiente a la fecha del fallecimiento de su madre, es decir, al ... de 2005, pero dada la naturaleza revisora de la vía económico-administrativa, este Tribunal Central, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, puede conocer todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido, o no, planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.

           SEGUNDO: La normativa aplicable al presente caso viene señalada en: a) la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República: artículos 6 y 8; y b) Real Decreto 1033/1985, de 19 de junio, de desarrollo de la Ley anterior, cuyo artículo 12 regula las pensiones familiares del personal militar no profesional y cuyo artículo 19 -Percepción de pensiones- dice: "1.- La percepción de las pensiones a que se refiere el número 1 del artículo 12 de este Real Decreto, se ajustará a la legislación en cada momento vigente en relación con la mecánica y procedimientos de pago de los haberes de Clases Pasivas del Estado, y con derecho al cobro de las mismas. Cada pensión podrá percibirse por distinta oficina territorial de Hacienda con Caja Pagadora de haberes pasivos. 5.- La fecha de arranque de los efectos económicos de estas pensiones será la de 1 de enero de 1985, o, en su caso, la del primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho".
          
TERCERO: Conforme al artículo 6 de la Ley 37/1984 "1.- En las condiciones fijadas en esta Ley el cónyuge sobreviviente y los huérfanos de los interesados tendrán derecho, respectivamente, a pensión de viudedad u orfandad, sujeta, en todo caso, al régimen de incompatibilidades que reglamentariamente se establezca". Por su parte, el artículo 8 dice: "2.- Tendrán derecho a las pensiones incluidas en el Título II de la presente Ley los huérfanos de los causantes, siempre que reúnan las condiciones exigidas por la legislación general de Clases Pasivas para ser pensionistas de orfandad, fueran menores de 21 años o que siendo mayores de dicha edad, estuvieran incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla y tuvieran derecho al beneficio de la justicia gratuita". Fallecido D. B el ... de 1998, su esposa D.ª C y su hijo D. A hubiesen tenido derecho a pensión de viudedad y orfandad, respectivamente, siempre que éste último nacido el ... de 1960 (con 38 años, ... al fallecer el padre) hubiese acreditado estar incapacitado para todo trabajo desde antes de cumplir los 21 años, entendiéndose la incapacidad para todo trabajo, cuando el beneficiario está afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico susceptible de determinación objetiva y previsiblemente definitiva, que le impida el desempeño de cualquier tipo de trabajo (artículo 10, del Real Decreto 5/1993). Pero lo cierto es que, al fallecer el padre, hipotético causante de la pensión de orfandad, ésta no se solicitó.

CUARTO: Por otra parte, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, B.O.E. del 31, en vigor desde el 1 de enero de 1999, en su artículo 49 modifica el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, quedando redactado como sigue: "Artículo 41.- Condiciones del derecho a la pensión.- Tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de veintiún años y los que estando incapacitados para todo trabajo, antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha de fallecimiento del causante, tuvieran derecho a la asistencia jurídica gratuita. Este derecho asistirá a cada uno de los hijos del fallecido o declarado fallecido, con independencia de la existencia o no de cónyuge supérstite.", añadiendo una Disposición Adicional Undécima a cuyo tenor: "La regulación contenida en el artículo 41 de este texto, a excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1, será de aplicación a las pensiones de orfandad de Clases Pasivas del Estado causadas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, así como a las causadas en aplicación de la legislación especial de guerra, siempre que en uno y otro caso el límite de edad determinante de la condición de beneficiario de la pensión de orfandad fuese igual o menor de veintiún años". Por su parte, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 40 modifica el artículo 41 del Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987 suprimiendo el requisito del "derecho a la asistencia jurídica gratuita", con efecto desde 1 de enero de 2001. Por lo tanto, con efectos de 1 de enero de 2001, para tener derecho a la pensión de orfandad al amparo del Título II de la Ley 37/1984, es preciso acreditar la incapacidad para todo trabajo con anterioridad al cumplimiento de los 21 años o de la fecha del fallecimiento del causante.

QUINTO: Respecto a los órganos competentes y el procedimiento para declarar la incapacidad, la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, dispone la competencia de los Equipos de Valoración de Incapacidades de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de los correspondientes reconocimientos médicos y la emisión del correspondiente dictamen en orden a la existencia, o no, de la incapacidad de quienes soliciten el reconocimiento de prestaciones de Clases Pasivas, cuya declaración está atribuida a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, y la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de noviembre de 1996, estableció el procedimiento para la emisión de los dictámenes médicos a efectos del reconocimiento de pensiones de Clases Pasivas, entre las que se encuentran las pensiones de orfandad, y en su artículo 4 dispone: "los dictámenes necesarios para la resolución de las solicitudes de pensiones de orfandad a favor de huérfanos incapacitados, cualesquiera que sea su legislación reguladora, deberán indicar, en todo caso, si el interesado se encuentra incapacitado de forma permanente para todo trabajo con anterioridad a una fecha determinada, que habrá de facilitarse por los Servicios correspondientes a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en el momento de recabar el citado dictamen".

        SEXTO: D. A no ha sido examinado por ningún Equipo de Valoración de Incapacidades que determine la incapacidad que padece a efectos del Régimen de Clases Pasivas y declare cual es la fecha inicial, que debe ser en todo caso, anterior al fallecimiento del padre o del cumplimiento de 21 años. La sentencia de ... de 2001, cuando el interesado tenía 41 años, ... de edad, se dicta para el ámbito civil y no declara expresamente, pues no tiene obligación, cuando se ha iniciado su incapacidad y los grados de la misma a efectos laborales, como se advierte de su lectura, por lo que no se cumplen los requisitos legales exigidos por el artículo 41 del Texto Refundido de 1987 para otorgar pensión de orfandad, ni tampoco se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para acreditar los hechos que dan lugar a ella. En consecuencia, el Centro Gestor no debió dictar el señalamiento ahora impugnado hasta no aclarar los antecedentes de hecho que fundamentan su acuerdo.

        SÉPTIMO: Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas de 1987 establece en su Disposición Transitoria Novena: "Hasta tanto no se dicte por el Gobierno el Reglamento para la aplicación de este texto a que se refiere la siguiente disposición final primera, se entenderán aplicables a efectos reglamentarios, las disposiciones en materia de Clases Pasivas del Estado, vigentes a 31 de diciembre de 1984, en cuanto no se opongan a lo que en este texto se establece". Disposición Final primera: "El Gobierno declara, en el plazo de un año contado a partir de la publicación de este texto, un reglamento para su aplicación. En el mismo se integrarán las disposiciones administrativas que se hubieran declarado en desarrollo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985 o de este mismo texto, con anterioridad a la publicación del Reglamento a que se refiere el párrafo anterior". Hasta el momento presente no se ha publicado Reglamento alguno, y al 31 de diciembre de 1984, en la materia a que se refiere la presente reclamación, los Reglamentos existentes eran: a) Decreto 2427/1966, de 13 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Reglamento para la aplicación de la Ley de Derechos Pasivas de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, cuyo capítulo XII habla de los expedientes para justificar la incapacidad para todo trabajo o imposibilidad de una persona para ganarse el sustento, y en su artículo 43 dice: "1.- La imposibilidad de una persona para ganarse el sustento se estimará que existe cuando padezca enfermedad mental, si media declaración judicial de incapacidad, y en tal caso será suficiente acompañar, con la solicitud principal que se deduzca, testimonio de la correspondiente resolución"; b) Decreto 1211/1972, de 13 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Derechos Pasivos del Personal Militar y Asimilado de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Armada, cuyo capítulo XI habla del expediente para justificar la incapacidad para todo trabajo o la imposibilidad de una persona para ganarse el sustento, y cuyo artículo 46, número 1, dice exactamente lo mismo que el artículo 43 arriba citado.

        OCTAVO: Respecto de la aplicación al presente caso de las normas reglamentarias antes señaladas hay que tener presente: a) que como normas reglamentarias son de rango inferior al Texto Refundido de 1987, artículo 41, que debe prevalecer y que exige incapacidad para todo trabajo con anterioridad a una fecha determinada: antes de cumplir 21 años o antes del fallecimiento del causante, y sin embargo, en la sentencia citada en el antecedente de hecho segundo no se precisa la fecha desde la que empieza la incapacidad; b) las normas reglamentarias de los Decretos 2427/1966 y 1211/1972 son de carácter supletorio y deben aplicarse en defecto de otras principales dictadas con posterioridad, entre ellas las que establecen el procedimiento para declarar la incapacidad; c) No obstante lo anterior, nada impide que la sentencia de ... de 2001 sea completada por el órgano judicial aclarando desde qué momento se entiende producida la incapacidad declarada por el juez a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 41 del Texto Refundido de 1987, y así debió exigirlo el Centro Gestor, antes de declarar el acuerdo de concesión de pensión de orfandad.

        NOVENO: En todo caso, hay que tener presente que el derecho a la pensión de orfandad del interesado nació con el fallecimiento de su padre, ocurrido el ... de 1998, y habiéndose solicitado su declaración por escrito presentado el 7 de julio de 2006, los efectos sólo pueden reconocerse desde el ... de 2006, como hizo el acuerdo recurrido, primer día del mes siguiente al de la solicitud al haber transcurrido más de cinco años desde que le nació el derecho, conforme a las normas vigentes en la materia en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, por lo que, en ningún caso, podría accederse a la fecha de efectos pretendida en esta reclamación.

        DÉCIMO: Por lo expuesto, en aplicación del principio de la prohibición de la "reformatio in peius" este Tribunal Central no puede anular el acuerdo impugnado, que se mantiene en tanto no le anule el Centro Gestor, pero por las razones de la presente resolución, tampoco puede extender la fecha de arranque de sus beneficios como solicita el reclamante.

        Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL,  EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta en nombre y representación de D. A, contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 9 de octubre de 2006, sobre señalamiento de pensión de orfandad al amparo del Título II de la Ley 37/1984, que se mantiene en tanto no se anule por el Centro Gestor, por las razones de la presente.

Pensión de orfandad
Incapacidad
Tutor
Incapacitación
Patria potestad
Tutela
Práctica de la prueba
Registro Civil
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Pensiones de Clases Pasivas
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Procedimiento de incapacitación
Jurisdicción voluntaria
Tutelado
Voluntad
Indefensión
Haberes pasivos
Justicia gratuita
Beneficiario de la prestación
Reconocimiento médico
Régimen de Clases Pasivas

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

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