Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4356/2008 de 13 de Mayo de 2008

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 13 de Mayo de 2008
  • Núm. Resolución: 00/4356/2008

Resumen

Para determinar la existencia de una sucesión en la actividad es necesario analizar de forma individualizada las circunstancias que se producen en cada caso y, en el presente supuesto, aunque no se ha formalizado un acto expreso de transmisión jurídica se aprecian todas las circunstancias indicativas de la concurrencia de una sucesión en la actividad tal y como se pone de manifiesto en la motivación del acuerdo impugnado.

Descripción

En la Villa de Madrid, en la fecha arriba señalada (13/05/2008), en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por DON ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha ... de 2007, recaída en expedientes ... y acumulados ..., en asuntos relativos a derivación de responsabilidad solidaria por sucesión de actividad, adopción de medidas cautelares y embargos preventivos y providencias de apremio por las deudas derivadas, por cuantía de 711.576,20 euros.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: El 29 de diciembre de 2005 el interesado presentó ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... reclamaciones económico-administrativas, a las que se asignaron los números ... contra los acuerdos de medidas cautelares adoptados al amparo del artículo 81 Ley General Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre, por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., consistentes en la retención cautelar de créditos pendientes y embargo preventivo de bienes inmuebles titularidad del reclamante y para asegurar el importe derivable de la deuda pendiente de X, S.L. y la diligencia de embargo cautelar de los anteriores bienes inmuebles. Posteriormente, el 28 de agosto de 2006 fueron formuladas las reclamaciones económico-administrativas números ... contra la desestimación de los recursos de reposición presentados al haberse reiterado las anteriores medidas cautelares. El 3 de enero de 2007 fue interpuesta la reclamación económico-administrativa número ... contra el acuerdo por el que le declaraban responsable solidario por sucesión en la actividad de X, S.L., en virtud del artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, por las deudas relativas al I.R.P.F.-Retenciones, y Sanciones tributarias derivadas del anterior concepto, al Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.)-Cuota Nacional, ejercicios 1997-2001 y liquidaciones practicadas por la Inspección por los conceptos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) 1993-1996 (liquidación ...) y su expediente sancionador (liquidación nº ...), Impuesto sobre Sociedades (I.S.) 1992-1996 (liquidación nº ...) e Impuesto sobre el Valor Añadido-Régimen General, 1993-1996 (liquidación ...). Con fechas 24 de abril, 7 y 14 de mayo de 2007 fueron interpuestas reclamaciones económico-administrativas contra las providencias de apremio derivadas de las liquidaciones por las que fue declarado responsable.

        SEGUNDO: Con fecha ... de 2007 el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... después de acumular las reclamaciones anteriores, acordó, desestimar las reclamaciones ..., confirmando el acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria, las medidas cautelares adoptadas y las providencias de apremio derivadas de las liquidaciones por las que fue declarado responsable, y estimar las reclamaciones ..., anulando las providencias de apremio al derivar las mismas de sanciones tributarias cuya ejecución estaba suspendida en virtud del artículo 39.3 del Real Decreto 520/2005, que regula la revisión vía administrativa o haberse girado el recargo de apremio sobre una cuantía que no se corresponde con la derivada y exigida al reclamante.

        TERCERO: Contra la citada resolución, notificada el 10 de enero de 2008, el interesado interpuso el 7 de febrero siguiente recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en el que solicita su anulación, alegando para ello en síntesis: 1) El acuerdo de sucesión en la actividad enumera una serie de liquidaciones de las que se detalla únicamente su número, concepto e importe, incumpliendo el artículo 102.2 de la Ley General Tributaria que obliga a incluir los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria; 2) El acuerdo indica en su página 18 que el ingreso se hará a través de entidades de crédito mediante los impresos "de abonaré, que de no haberse recibido con esta notificación, deberán solicitarse en la Dependencia de Recaudación de la Delegación", no constando en ningún precepto la obligación de desplazarse a la Delegación para solicitar los documentos de pago; 3) El expediente administrativo consta de 6 cajas, con dos carpetas cada una de ellas en las que únicamente figura como nº de identificación el número de folios que contiene cada una de ellas, señalando la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2004 que el expediente debe de ir acompañado de un índice; 4) De las liquidaciones relacionadas en el acuerdo no resultan justificadas liquidaciones por un importe de 169.914,44 euros, como tampoco consta justificación documental de las actuaciones en vía ejecutiva, las pruebas de la participación de D. ... en las infracciones cometidas por X, S.L., las pruebas de la canalización de la actividad de Y, S.L. hacia D. ... y la justificación documental de los embargos realizados. Asimismo no figura la declaración de fallido; 5) Prescripción para exigir la obligación de pago: el plazo de pago de las liquidaciones notificadas el 26 de noviembre de 2001 al deudor principal (X, S.L.) finalizó el 15 de diciembre de 2001, es decir que el 16 de diciembre de 2005 prescribió el plazo para exigir su pago, por tanto, la iniciación del presente expediente el 3 de agosto de 2006 se realizó una vez prescrito el derecho de la Administración; y 6) Presentada queja, el Consejo de Defensa del Contribuyente, en la comunicación remitida al Director General de la Agencia Tributaria pone de manifiesto que no es "conciliable con los derechos y garantías de los contribuyentes una sucesión de declaraciones de caducidad y acuerdos de reinicio de procedimientos con un mismo objeto, sin que la Administración motive o justifique este proceder".

                                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada ...

        SEGUNDO.- El artículo 42.1.c de la Ley General Tributaria 58/2003, dispone que serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

"Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta Ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal".

El artículo 175 del mismo texto legal regula el procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, que según los casos será el siguiente:

"a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.

b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se notificará al responsable".

Y en el segundo apartado del citado artículo 175 establece que: "El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá expedir dicha certificación en el plazo de tres meses desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo".

         TERCERO.- En el presente caso, aunque no se haya formalizado un acto expreso de transmisión jurídica, se aprecian circunstancias indicativas de la concurrencia del supuesto considerado en el Fundamento de Derecho anterior. Así, a la vista del acuerdo ampliamente motivado, adoptado por el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., concurren las siguientes circunstancias:

                 a) Coincidencia de actividad, correspondientes a los mismos epígrafes del IAE, dándose de alta D. ... en el segundo trimestre de 2005, disminuyendo la facturación de X, S.L. y Y, S.L. (entidad declarada responsable subsidiaria por sucesión en la actividad de la anterior el 12 de enero de 2004) y recogiendo toda esa facturación la persona física.

b) Coincidencia de domicilio de realización de la actividad, de teléfono y de telefax.

c) Pertenencia de las empresas X, S.L., Y, S.L. y D. ... al mismo grupo familiar.

d) Coincidencia (salvo en el nombre) en las facturas emitidas por las tres empresas.

e) En cuanto a los trabajadores, la única empresa en la que figuran es X, S.L. y sus nóminas son satisfechas por Y, S.L. figurando como el trabajador con mayores retribuciones hasta el año 2005, D. ...
          
        f) Manifestaciones de los clientes acerca de que se realiza una única actividad que, posteriormente, se factura por uno de ellos.
        
Como razona la propia Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de noviembre de 1992, la determinación de la existencia o inexistencia de sucesión es una "cuestión de hecho, que requiere en cada caso concreto individualización". Pues bien, las circunstancias mencionadas son, a juicio de este Tribunal Central, suficientemente significativas en orden a considerar que, efectivamente, el interesado, ha sucedido en la actividad empresarial de X, S.L.

        CUARTO.- En relación a las alegaciones relativas a que el acuerdo de sucesión en la actividad enumera una serie de liquidaciones de las que se detalla únicamente su número, concepto e importe, incumpliendo el artículo 102.2 de la Ley General Tributaria que obliga a incluir los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, que las liquidaciones relacionadas en el acuerdo no resultan justificadas liquidaciones por un importe de 169.914,44 euros, como que tampoco consta justificación documental de las actuaciones en vía ejecutiva, las pruebas de la participación de D. ... en las infracciones cometidas por X, S.L., las pruebas de la canalización de la actividad de Y, S.L. hacia D. ... y la justificación documental de los embargos realizados, que asimismo no figura la declaración de fallido y que el expediente administrativo carece de un índice, debe señalarse que en contra de lo alegado, en el expediente administrativo figura un índice, en el cual se indica que el expediente de la actuación inspectora así como las liquidaciones giradas por la Dependencia de Gestión Tributaria se recoge en los folios 1 a 2.332, que las actuaciones ejecutivas en relación con la entidad X, S.L. se recogen en los folios 2.333 a 2.426, la declaración de fallida de esta última entidad en los folios 7.391 a 7.398, y finalmente las actuaciones de la Administración Tributaria dirigidas a probar la sucesión de actividad en los folios 2.427 a 7.390 y 8.095 a 8.551.
            
QUINTO.-Respecto a la alegación relativa a la prescripción para exigir la obligación de pago debe señalarse que el artículo 67.2 de la Ley General Tributaria 58/2003, establece que el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal, si bien en su artículo 68.7 aclara que, interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. Por ello y teniendo en cuenta que el artículo 68.2, del citado texto legal, dispone que, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas se interrumpe: a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria; debe rechazarse la alegación de prescripción dado que en el expediente constan numerosos actos interruptivos de la misma, bastando a estos efectos citar las diligencias de embargo notificadas al deudor principal el 11 de abril de 2003, siendo las deudas que no están incluidas en las mismas posteriores a la mencionada fecha, por lo que no ha transcurrido el plazo de cuatro años exigido en el artículo 66 en el momento en que se notifico al interesado el 28 de julio de 2006 el inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad.

          SEXTO.- Respecto al procedimiento ejecutivo seguido y sin perjuicio de las providencias de apremio correctamente anuladas por el Tribunal de instancia debe señalarse, que al no constar el ingreso de la deuda reclamada resulta procedente el mismo, al no concurrir ninguna de las causas tasadas del artículo 167 de la Ley General Tributaria Ley 58/2003, que establece: "3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. c) Falta de notificación de la liquidación. d) Anulación de la liquidación. e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada".

            SEPTIMO.-Respecto a las medidas cautelares adoptadas, el artículo 41.5, primer párrafo, in fine de la Ley General Tributaria 58/2003, establece que "con anterioridad a esta declaración -la de responsabilidad de un determinado sujeto- la Administración competente podrá adoptar las medidas cautelares del artículo 81 de esta ley...".

En el presente caso, se han adoptado medidas cautelares con anterioridad al acto de declaración de responsabilidad solidaria respecto de la persona física que ha sucedido en el ejercicio de su actividad empresarial a la mercantil deudora, al pretender evitar la oficina gestora que el reclamante pueda eludir la responsabilidad que pudiera corresponderle en el pago de la deuda pendiente de X, S.L. entretanto se instruye el correspondiente expediente, al considerar que D. ... canalizó la actividad de X, S.L. a través de la sociedad Y, S.L., y cuando ésta fue declarada responsable por sucesión en la actividad y se procedió al embargo de créditos, se repite la maniobra pasando a facturar otra vez a nombre de X, S.L. y posteriormente en nombre propio, entendiendo la Agencia Tributaria que si el deudor ya ha efectuado con anterioridad actuaciones con la finalidad de perjudicar los intereses de la Hacienda Pública, nada impide que vuelva a repetir esta conducta de manera que cuando la deuda de D. ... se encuentra en fase de embargo ya no existan bienes con los que hacer frente a esta deuda. Todo lo anterior lleva a considerar como ajustadas a Derecho las medidas adoptadas.
         
OCTAVO.- Por último en lo que se refiere al procedimiento establecido para la derivación de responsabilidad se han seguido todos los trámites exigidos para ello en los artículos, 174 y 176 de la Ley General Tributaria 58/2003 y 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, dado que se notificó el inicio del expediente de derivación de responsabilidad dándose trámite de audiencia y se dictó acto administrativo de derivación de responsabilidad, y el mismo contenía los elementos esenciales de la liquidación, la cantidad a que alcanzaba la responsabilidad, los medios de impugnación, así como el lugar, plazo y forma de ingreso. Por todo lo anterior no cabe a este Tribunal Económico-Administrativo Central sino confirmar resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha ... de 2007 impugnada.

        Por lo expuesto,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por DON ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 20 de septiembre de 2007, recaída en expedientes ..., y acumulados ..., en asunto relativos a derivación de responsabilidad solidaria por sucesión de actividad, adopción de medidas cautelares y embargos preventivos y providencias de apremio por las deudas derivadas, por cuantía de 711.576,20 euros, ACUERDA: Desestimarlo, confirmando la resolución impugnada.

Responsabilidad
Sociedad de responsabilidad limitada
Subrogación empresarial
Providencia de apremio
Responsabilidad solidaria
Derivación de responsabilidad
Impuesto sobre Actividades Económicas
Embargo preventivo
Deuda tributaria
Bienes inmuebles
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Responsable solidariamente
Impuesto sobre sociedades
Sanciones tributarias
Actividades económicas
Actos expresos
Administración Tributaria del Estado
Deudor principal
Diligencia de embargo
Expediente sancionador
Impuesto sobre el Valor Añadido
Recargo de apremio
Entidades de crédito
Plazo de prescripción
Caducidad
Obligado tributario
Retenciones e ingresos a cuenta
Obligaciones tributarias
Deudor concursado
Responsabilidad tributaria
Actividades empresariales
Procedimiento concursal
Persona física
Extinción de deudas tributarias
Recibo de salarios
Liquidación girada
Actividad inspectora
Gestión tributaria
Cobro de la deuda tributaria
Pago de la deuda tributaria
Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Extinción de las sanciones tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 14/01/2016

    NOVEDADES: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, modifica la Ley General Tributaria, con efectos (salvo excepciones) a partir del 12/10/2015. En materia de prescripción se ven modificados los Art. 67,Art. 68,Art. 69,Art. 70 ,LGT (1)   El Art. 1...

  • Sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 13/01/2016

    Tal y como dispone el Art. 181 ,Ley General Tributaria, serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes, siempre...

  • Sujetos responsables de las sanciones tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 21/10/2015

    La obligación del pago de la sanción puede exigirse, además de a los infractores, a los responsables y a los sucesores, cuando la Ley así lo establezca. El 181.2 ,LGT establece que el sujeto infractor tendrá la consideración de deudor principa...

  • Garantías de la deuda tributaria

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 07/10/2015

    La LGT establece, en su Art. 77 ,Ley General Tributaria, el derecho de prelación para el cobro de los créditos tributarios: Siempre que estos hayan vencido y no se satisfecho. Excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otr...

  • Prescripción de la deuda tributaria

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 22/10/2015

    NOVEDADES: Ley 34/2015, de 21 de septiembre, modifica parcialmente la Ley General Tributaria, con efectos (salvo excepciones) a partir del 12/10/2015.    DERECHOS QUE PRESCRIBEN A LOS 4 AÑOS COMIENZO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados