Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4358/2005 de 15 de Febrero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Febrero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/4358/2005

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 15 de febrero de 2006 en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden ante este Tribunal Central, interpuestas por D.ª X, con domicilio en ... y por D.ª Y, con domicilio a efectos de notificaciones en el de su abogado D. ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 16 de noviembre de 2004, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra sendos acuerdos de 30 de abril de 2004, señalando pensión ordinaria de viudedad compartida.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: D. Z, nacido ..., funcionario del Cuerpo ..., falleció en situación de servicio activo el ... de 1994, y D.ª X, su esposa en primeras nupcias con quien había contraído matrimonio el ... de 1967, que había sido disuelto por sentencia de divorcio de ... de 1983 en aplicación de la causa 3ª.a) del artículo 86 del Código Civil, solicitó la pensión de viudedad que pudiera corresponderle, que le fue reconocida por acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 18 de noviembre de 1994, con efectos desde ... de 1994 y cuantía íntegra mensual de 857,53 € (142.691 pts), sin perjuicio del derecho que pudieran tener otros familiares del causante.

SEGUNDO: D.ª Y, con fecha ... de 1996, presentó en la Delegación Provincial de Hacienda de ... impreso, fechado el día ..., en el que solicitaba  pensión de viudedad causada por D. Z, con quien había contraído matrimonio el ... de 1983 en ... (Francia) que se había inscrito en el Registro Civil del Consulado español en dicha ciudad y adjuntaba certificación en extracto de inscripción de defunción de D. Z expedida por el Registro Civil de ... (...) en la que se indicaba como estado civil: divorciado. Con fecha 27 de noviembre de 1996 la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas solicitó a la habilitada de Clases Pasivas, mandataria de la interesada, aclaración acerca del estado civil del causante al momento de su fallecimiento, ya que se hacía constar como divorciado, sin que en el certificado de matrimonio del Registro Civil de la interesada y el causante constase ninguna inscripción marginal de sentencia de divorcio. El referido escrito se reiteró a la habilitada de la interesada con fecha 28 de abril de 1997 y 14 de octubre de 1997, indicándose en este último que si en el plazo de 3 meses no se aportaban los documentos pedidos, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 30/1992, se procedería a declarar la caducidad del procedimiento. Con fecha 22 de enero de 1998 se reitera la petición de copia cotejada de la sentencia de divorcio de D. Z y la referida Sra. Y, que se reitera con fecha 18 de noviembre de 1998, con apelación al citado artículo 92 de la Ley 30/1992. Con fecha 21 de diciembre de 1998, en escrito presentado el día 28 en la Delegación de Hacienda de ..., la Sra. Y manifiesta: "Que le resulta imposible aportar original o fotocopia cotejada de la certificación literal de la inscripción del matrimonio, expedida por el Registro Civil español o por el Consulado correspondiente, con la inscripción marginal de divorcio de D. Z y D.ª Y, pues dicha inscripción marginal de divorcio ha sido solicitada en recurso que actualmente tramita la Sala 1ª del Tribunal Supremo, como se acredita con la certificación adjunta. Que por ello, y hasta tanto no acuerde el Tribunal Supremo la procedencia de dicha inscripción, interesa la suspensión del plazo concedido de 3 meses para aportar los documentos señalados. Con fecha 9 de mayo de 2003 la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas requiere a la habilitada de la Sra. Y certificación literal del Registro Civil con la anotación marginal de la sentencia de divorcio, a lo que se contesta el 27 de mayo de 2003 con escrito presentado en la Delegación de Hacienda de ..., dando cuenta del estado de tramitación de la inscripción de la sentencia de divorcio. Con fecha 27 de febrero de 2004 el citado Centro Gestor se dirige a la habilitada de la interesada solicitando: "Original o fotocopia cotejada de la certificación literal de la inscripción de matrimonio, expedida por el Registro civil correspondiente, en el que conste la inscripción de la sentencia de divorcio relativa a D. Z y D.ª Y. El documento anterior se solicita porque el certificado aportado carece de la inscripción marginal de divorcio. Si en el plazo de 3 meses no se han aportado los citados documentos, y de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento".

        TERCERO: Con fecha 16 de marzo de 2004, en nombre y representación de D.ª Y, Dª. ..., habilitada de Clases Pasivas, presentó escrito que dice así: "Que ha sido requerida mediante escrito de esta subdirección de fecha 27 de febrero para que aporte certificación literal de la inscripción de matrimonio, expedida por el Registro Civil correspondiente, en el que conste la inscripción de la sentencia de divorcio relativa a D. Z y D.ª Y. Que D.ª Y contrajo matrimonio en fecha ... de 1983 con D. Z. Que en fecha ... de 1991 se dictó por el Tribunal de Grande Instance de ... sentencia declarando el divorcio. Que se ha interpuesto por dos veces procedimiento de exequátur ante el Tribunal Supremo para el reconocimiento y ejecución de la sentencia francesa de divorcio en España. Que el Tribunal Supremo ha dictado en ambos casos sendas resoluciones devenidas firmes, desestimando la solicitud y acordando denegar el exequátur  a la sentencia de divorcio de D.ª Y y D. Z. Adjunto copia de ambas resoluciones. Que resulta imposible la inscripción marginal de divorcio sin la debida resolución estimando la ejecutoria. Que, por lo tanto, el divorcio no ha sido reconocido en España, y resulta, pues, improcedente e imposible su inscripción marginal en el Registro Civil, debiéndose entender que, en el momento de la defunción de D. Z, el estado civil de la Sra. Y era el de casada. Que en su virtud, solicitó a la Subdirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas que se tenga por imposible la cumplimentación del anterior requerimiento y acuerde el derecho a percibir la pensión de viudedad por parte de la Sra. Y por el período de tiempo transcurrido desde el matrimonio hasta la defunción del Sr. Z". Constan en el expediente: A.- Auto de ... de 2001 de la Sala Primera del Tribunal Supremo denegando el exequátur a la sentencia dictada el ... de 1991, por el Juzgado de Primera Instancia de ... (Francia) por la que se decretaba el divorcio de D.ª Y y D. Z, y Auto de ... de 2003, por el que se reitera la citada denegación.

        CUARTO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por sendos acuerdos de 30 de abril de 2004, reconoció pensiones de viudedad compartida, con efectos de 1 de diciembre de 1996, a D.ª Y, de cuantía íntegra mensual de 398,62 €, por haber convivido con el causante desde el ... de 1983 hasta el ... de 1994, un total de 4.124 días, porcentaje de pensión del 21,323, y a D.ª X, de cuantía íntegra mensual de 536,08 €, por haber convivido con el causante desde el ... de 1967 hasta el 4 de febrero de 1983, un total de 5.546 días, porcentaje de pensión del 28,676.

        QUINTO: Contra las anteriores resoluciones, D.ª X interpuso recurso de reposición mediante escrito certificado en Correos el 6 de agosto de 2004, en el que se solicita la alteración del período de convivencia de D.ª Y y D. Z modificando la pensión reconocida a la referida señora y ampliando la de la recurrente en base a las siguientes alegaciones: a) con fecha ... de 1991 se dictó sentencia de divorcio por parte del Tribunal de Gran Instancia de ... (Francia), previa demanda de divorcio de D.ª Y contra D. Z, lo que evidencia una ruptura de la convivencia marital de ambos, incluso antes de la mencionada fecha de la sentencia de divorcio dictada en Francia, a pesar de que dicha sentencia no haya tenido reconocimiento judicial en España, al no haberse reconocido el exequátur; b) sin embargo, la resolución recurrida reconoce como período de convivencia de ambos la de ... de 1983 hasta la fecha de defunción del Sr. Z, ... de 1994; c) el período de convivencia de D.ª Y y el Sr. Z fue desde el ... de 1983 hasta, como mucho, el ... de 1991, fecha en la que se dictó la sentencia de divorcio del Tribunal francés; d) que dado que el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha en la que Dª. Y solicitó pensión de viudedad (.../1996) y la fecha en la que se le notificó la resolución recurrida (4/8/2004) entiende que esta resolución no puede tener efectos retroactivos desde ... de 1996, y en todo caso, los efectos de la disminución de la pensión reconocida a D.ª X deben serlo a partir de la notificación de la resolución recurrida (4 de agosto de 2004) dado el enorme perjuicio que ello podría provocarle por causas absolutamente ajenas a la Sra. X. Por entender desestimado su recurso de reposición por silencio administrativo, D.ª X, por escrito certificado el 9 de octubre de 2004 en Correos, interpone reclamación ante este Tribunal, a la que se le asigna la referencia R.G. 4358-04, en la que reitera la súplica y alegaciones de su escrito de recurso de reposición.

        SEXTO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por resolución de 16 de noviembre de 2004, desestimó íntegramente el recurso de reposición descrito en el antecedente de hecho anterior, en base a los siguientes argumentos: a) Fundamento de derecho tercero "Que, a la fecha en que falleció el causante, anterior a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de fecha 21 de marzo de 1995, este Centro Directivo, en caso de coparticipación de pensiones de viudedad utilizaba el criterio distributivo, en función de los periodos convividos por las cónyuges con el causante y, por ello, en las pensiones reconocidas a D.ª X y D.ª Y, se aplicó dicho criterio; b) que cabe ratificar los períodos de convivencia señalados a D.ª Y desde ... de 1983 a la fecha del fallecimiento del causante, ... de 1994, pese a las alegaciones hechas por la recurrente, puesto que el Centro Directivo al haberse denegado el exequátur de la Sentencia de divorcio dictado por el Tribunal Francés y, no poderse inscribir en España el divorcio del causante con la Sra. Y, considera vigente el matrimonio hasta la fecha de fallecimiento, por inexistencia en el Registro Civil Español de inscripción marginal de divorcio; c) Que, asimismo, debe desestimarse la petición de la recurrente, D.ª X de que, los efectos de la coparticipación de pensiones de viudedad debe serlo a partir de la notificación de la Resolución recurrida (4 de agosto de 2004), puesto que, tal como se dice en la presente Resolución (Antecedente de Hecho Tercero), este Centro Directivo, por oficio de 28 de abril de 1997, informaba a la Sra. X que, la otra copartícipe, Sra. Y, había procedido a solicitar la oportuna pensión de viudedad y, únicamente, la tramitación del exequátur, denegado finalmente, por Auto del Tribunal Supremo de ... de 2003, había impedido a este Centro Directivo dictar la oportuna Resolución, que, finalmente, adoptó, en fecha 30 de abril de 2004 (objeto de la presente impugnación); d) que si bien, las pensiones de viudedad se causan con el fallecimiento del causante, es lo cierto que, en el ámbito de Clases Pasivas, su legislación reguladora (referido texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado), en su artículo 37, establece: "...Artículo 37. Concurrencia con derechohabientes desconocidos o sobrevenidos. 1. Cuando, con posterioridad a haberse efectuado por la Administración el señalamiento de pensiones a favor de familiares del fallecido; aparecieran nuevos derechohabientes del mismo, como consecuencia de cualquier circunstancia, los efectos económicos de los nuevos derechos pasivos se contarán únicamente desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la oportuna solicitud, sin perjuicio de las acciones que eventualmente corresponda ejercer al nuevo titular, respecto de los anteriores o actuales, ante los órganos de la jurisdicción ordinaria en reclamación de las cantidades que hasta dicho momento le hubieran podido corresponder de acuerdo con las disposiciones de este texto...", por lo que, instada la pensión de viudedad por la Sra. Y, en fecha ... de 1996, los efectos económicos, tal como se hizo en las Resoluciones impugnadas, son los de ... de 1996.

        SÉPTIMO: Contra la anterior resolución de 16 de noviembre de 2004, cuya fecha de notificación no consta acreditada en el expediente, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa  mediante escrito certificado en Correos el 27 de diciembre de 2004, a la que se asignó la referencia R.G. 328-05, y en la que solicita se dicte resolución por la que: a) se modifique el periodo de convivencia de D.ª Y y del Sr. Z, reconociéndose únicamente como tal el comprendido desde el ... de 1983 hasta el ... de 1991, sin perjuicio de aportar la oportuna fecha de separación de hecho o de derecho de ambos con anterioridad a la fecha última indicada; b) Modifique la cantidad que en concepto de pensión tiene reconocida la Sra. Y, procediéndose de igual forma a ampliarse la pensión reconocida a D.ª X, en base a la disminución del periodo de convivencia solicitada en el punto anterior, y todo ello con efectos a partir de la notificación de las resoluciones de 30 de abril del 2004, que lo fue el 4 de agosto de 2004, o subsidiariamente, el ... del 2003, fecha en la que el Tribunal Supremo confirma la desestimación del reconocimiento en España de la sentencia de divorcio dictada en Francia. Para fundar su petición la interesada formula las siguientes alegaciones: A.- Que quien suscribe estuvo casada con D. Z desde e1 ... de 1967 hasta e1 ... de 1983, tal y como bien se apunta en la resolución recurrida. B.- Con posterioridad a dichas fechas, D. Z inició una segunda relación matrimonial con D.ª Y, el ... de 1983 en ... (Francia). En fecha ... de 1991, se dictó sentencia de divorcio por parte del Tribunal de Gran Instancia de ... (Francia), previa demanda de divorcio de D.ª Y contra D. Z, lo que evidencia una ruptura de la convivencia marital de ambos, incluso antes de la mencionada fecha de la sentencia de divorcio dictada en Francia, a pesar de que dicha Sentencia no haya tenido reconocimiento judicial en España tras sendos procedimientos de exequátur acaecidos, los cuales se adjuntaron como documentos números UNO Y DOS del Recurso de Reposición interpuesto en el presente procedimiento, al cual me remito a efectos de comprobación por parte del presente Tribunal; c) Sin embargo, a pesar de resultar acreditado que D.ª Y y D. Z cesaron la convivencia de hecho antes de que se dictase sentencia de divorcio de ... de 1991, siendo esta fecha, a todos los efectos, como fecha última a tener en cuenta a efectos de cómputo de pensión de viudedad, la resolución recurrida reconoce como período de convivencia de ambos la de ... de 1983 hasta la fecha de defunción del Sr. Z, ... de 1994. Por las razones expuestas, entendemos que dicho periodo de convivencia que la resolución recurrida da por probada, resulta plenamente erróneo, por cuanto el Sr. Z inició la relación matrimonial en fecha ... de 1983, finalizando la misma bastante antes de la fecha en la que se dictó la sentencia de divorcio mencionada en los párrafos anteriores (... de 1991). Así pues, entendemos que en todo caso, el periodo de convivencia de D.ª Y y el Sr. Z fue desde el ... 1983 hasta, como mucho, el ... 1991, fecha en la que se dictó la Sentencia de divorcio por parte del tribunal francés. Fecha última que deberá corregirse en tanto en cuanto se acredite una fecha anterior relativa, a la separación de hecho o de derecho que concierne a ambos. En este sentido, y como bien apunta la Sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1995, dictada para la unificación de la doctrina, esta parte entiende que a efectos de computar el periodo de convivencia entre D.ª Y y el Sr. Z debe atenderse no sólo al periodo de convivencia matrimonial entre ambos, sino que también debe tenerse en cuenta cuando cesó la convivencia de hecho, lo que resulta más que evidente cuando nos encontramos entre procesos de carácter matrimonial, ya sean de separación de hecho o de derecho, ya sean procesos de disolución del matrimonio mediante divorcio; procesos, todos ellos, en los que ha cesado la llamada "affectio maritalis" de ambos cónyuges.; d) La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas argumenta que el criterio que utilizaba dicho centro Directivo, en caso de coparticipación de pensiones de viudedad, "era el criterio distributivo, en función de los periodos convividos por los cónyuges del causante" (Fundamento de derecho tercero de la resolución de 16 de noviembre de 2004), por lo que la Sentencia de la Sala 4ª del Supremo, alegada por esta parte en su escrito de interposición de la Reclamación Económica Administrativa, interpuesta e1 19 de octubre de los presentes, no es aplicable. Sin embargo, esta parte sostiene que debe apreciarse el periodo durante el cual el causante y D.ª Y no convivieron de hecho, cesando pues cualquier tipo de vínculo entre ambos; situación que se produjo con total certeza tras la fecha de la sentencia de divorcio dictada en Francia, de fecha ... de 1991, aplicando así la doctrina establecida en la Sentencia anteriormente indicada, pues esta resulta plenamente aplicable al presente caso, pues no debemos olvidar que la Sra. Y solicitó formalmente la solicitud de prestación de la pensión de viudedad el ... de 1996, según se desprende del antecedente de hecho segundo de la Resolución expresa de 16 de noviembre de 2004, hoy impugnada. Pero a mayor abundamiento, la resolución de 16 de noviembre impugnada determina que en la época en la que el causante murió, la Dirección General seguía criterios basados en la convivencia de los cónyuges con el causante: "...este centro Directivo, en caso de coparticipación de pensiones de viudedad, utilizaba el criterio distributivo, en función de los periodos por los cónyuges con el causante"; por tanto, dicha Dirección General ya aplicaba el criterio establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo, en el sentido de apreciar también los periodos en los que brilla por su ausencia la convivencia de hecho entre el causante y su cónyuge; e) Por ello, entendemos que debe reducirse el período de convivencia que dicha resolución reconoce a D.ª Y, así como el porcentaje de pensión que se le reconoce a la misma, procediéndose de la misma forma, a ampliar el porcentaje de pensión que se le reconoce a D.ª X; f) Dado el enorme lapso de tiempo existente entre la fecha en la que, al parecer, solicitó D.ª Y ser merecedora de la pensión de viudedad (... 1996), y la fecha en la que se ha notificado la presente resolución recurrida (4/8/2004), entiende esta parte que la presente resolución, no puede tener efectos retroactivos, hasta el ... de 1996, por lo que en todo caso, los efectos de la disminución de la pensión de viudedad reconocida a D.ª X debe serlo a partir de la notificación de la resolución recurrida (4 de agosto de 2004), dado el enorme perjuicio que ello podría provocarle por causas absolutamente ajenas a la Sra. X. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas determina que la fecha de retroacción a tener en cuenta para el cómputo de la pensión reconocida a D.ª Y es la de ... de 1996, argumentando para ello que dicho centro directivo, por oficio de 28 de abril de 1997, informaba a la Sra. X que la Sra. Y había procedido a solicitar la oportuna pensión de viudedad. Al respecto, manifestar que la Sra. X nunca recibió oficio alguno, desconociendo de todas, todas, cualquier petición de coparticipación en la pensión de viudedad que tenía reconocida hasta la notificación de las resoluciones, también impugnadas, del mes de abril del 2004. Pero además del desconocimiento absoluto que la Sra. X tuvo de la presente situación, debemos tener en cuenta en el presente no sólo el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, al que muy conveniente hace mención la Dirección General, si no también su apartado segundo, que remite al artículo 7.2 de dicho texto legal: -Según se desprende del expediente administrativo, la Sra. Y solicitó en fecha ... de 1996 pensión de viudedad, causada por la muerte del Sr. Z. - En fecha no determinada, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas paralizó el expediente administrativo; hecho afirmado en el antecedente de hecho cuarto de la Resolución de fecha 16 de noviembre de 2004; paralización que duró hasta, ni más ni menos, el 30 de abril del 2004; fecha en la que se dictan las resoluciones también impugnadas. Antepuestos los anteriores datos, esta parte mantiene que en aplicación del artículo 7.2 del texto legal indicado, han transcurrido más de 4 años desde que la Sra. Y hizo su petición formal de solicitud de prestación de viudedad, sin olvidar que dicho plazo es de caducidad y no de prescripción, por lo que no procede la interrupción legal de dicho plazo. Así pues, sentadas las anteriores bases, y dado que la Sra. Y no subsanó los motivos que motivaron la paralización del expediente administrativo de solicitud de pensión de viudedad, así como tampoco lo hizo la propia Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la cual habría podido reconocer dicha pensión con un porcentaje provisional, en tanto en cuando se resolvía la situación legal de la segunda solicitante, dicha demora o negligencia en su tramitación no puede ahora imputársela a la Sra. X, la cual se percató por primera vez de la presencia de una solicitud de coparticipación en su pensión de viudedad en abril del 2004. Por tanto, esta parte mantiene su petición de que la fecha de efectos económicos de la pensión de viudedad de la Sra. Y debe de ser a partir de 1a notificación de la Resolución de 30 de abril del 2004 a la Sra. X, o bien, subsidiariamente, a partir de la fecha en la que la Sala Civil del Tribunal Supremo, mediante Auto de ... de 2003, deniega el exequátur a la Sentencia dictada por el Tribunal de Gran Instancia de ..., Francia, de ... de 1991; fecha en la que podría entenderse como subsanada la solicitud de prestación de viudedad solicitada el ... de 1996, ya que su solicitud presentaba defectos plenamente imputables a la Sra. Y, y no a la Sra. X como ahora se pretende, ya que ha sido la Sra. Y la que solicitó en su día el reconocimiento de la sentencia de divorcio dictada en Francia, en España.

        OCTAVO: Con fecha 24 de diciembre de 2004, D.ª Y certificó en Correos escrito dirigido a este Tribunal Central, fechado el día 23 anterior, que decía: "En contestación a la resolución dictada en el recurso interpuesto por D.ª X, que me notifican con fecha 25 de noviembre del corriente y haciendo uso del derecho de interponer recurso, paso a comunicarles que estoy de acuerdo con la denegación de la Dirección General al recurso presentado por D.ª X que le ha sido desestimado tal y como me notifican, pero que me reservo el derecho de contestar en base a la falsa convivencia entre el Sr. Z y la Sra. X, tal y como se indica en el apartado de fundamentos de derecho en el apartado tercero al aplicar el criterio de convivencia en el primer matrimonio del Sr. Z existe una diferencia de 8 a 10 años de más, documentación que tan pronto como se obtenga se aportará". Con fecha 1 de enero de 2005 D.ª Y dirigió escrito a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que decía: "Se tenga por interpuesta reclamación económico administrativa contra la Resolución de esa Dirección General de 16 de noviembre de 2004 mediante mi escrito de 23 de diciembre de 2004 y se remita este último, el presente escrito y el expediente de gestión al Tribunal Económico Administrativo Central a fin de que se ponga de manifiesto a la que suscribe a los efectos de elevar alegaciones y, en su caso, con proposición de las pruebas procedentes". A la referida reclamación se le dio por este Tribunal Central la referencia R.G. 329/05, dándosele traslado de la misma a D.ª X para que formulara las alegaciones que estimase pertinentes.

NOVENO: Concedido trámite de alegaciones, en nombre y representación de D.ª Y se presentó escrito el 1 de julio de 2005 en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., Dependencia Provincial de ..., en el que solicitaba el recibimiento a prueba de las siguientes: a) Certificación literal que tiene solicitada esta parte del Juzgado de Primera Instancia n° ..., de los de ..., de los documentos obrantes en Autos de divorcio ..., según copia del escrito que se acompaña, presentado en el día de la fecha, y que se, aportarán a la presente reclamación una vez recibidos del Juzgado; b) Autos de separación conyugal n° ..., del Tribunal Eclesiástico de ..., y que fueron admitidos a trámite el ... de 1975 promovidos por D. Z contra D.ª X y que serán remitidos por esta parte al Tribunal. Por Providencia de la Secretaría General de este Tribunal Central se admite la práctica de las pruebas propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236, nº 4, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y del artículo 57 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, concediéndose el plazo de dos meses para su realización. C.- Con fecha 21 de diciembre de 2005, D. ..., en nombre y representación de D.ª Y, en contestación a la providencia antes citada, adjunta los siguientes documentos: a) copia del escrito fechado el 23 de junio de 2005, dirigido al Juzgado de 1ª Instancia nº ... de los de ... solicitando certificación literal de todos los documentos obrantes en los autos de divorcio ...; b) providencia de 22 de julio de 2005 denegando la petición por parte de la Magistrada Juez por no ser parte en las actuaciones D.ª Y; c) copia de la sentencia del Tribunal Eclesiástico de ..., fechada el 30 de noviembre de 1979, en el juicio de separación conyugal de D. Z, actor, y de D.ª X, demandada, que concluye en su parte dispositiva: ...que no procede el reconocimiento del derecho a la separación de ninguno de los esposos, procediendo, en cambio, la restauración de la convivencia conyugal en común".

DÉCIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, este Tribunal Central, por providencia del Secretario General, acuerda la acumulación de las reclamaciones económico-administrativas presentadas por D.ª X y D.ª Y, referenciadas con los números R.G. 4358/04, 328/04 y 329/05.

                                                           FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de las reclamaciones, en las que la única cuestión planteaes determinar si se ha procedido correctamente, o no, por el Centro Gestor al distribuir entre la viuda y la excónyuge el importe de la pensión de viudedad causada por D. Z y cual debe ser la fecha de arranque del referido reparto.

        SEGUNDO: La normativa reguladora de la pensión ordinaria de viudedad se encuentra en el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas aprobado por Real Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril, cuyo artículo 38.1 dice: "tendrán derecho a pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos, siempre en proporción al tiempo que hubieran vivido con el cónyuge fallecido y con independencia de las causas que hubieran determinado la anulación o el divorcio en cada caso". Para el cálculo del reparto de pensiones, además del citado texto legal, deben tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, el dictamen de 17 de mayo de 1996, de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado y el dictamen del Consejo de Estado de 26 de junio de 1997, sobre la interpretación con que debe aplicarse el citado artículo 38.1, que sustituye a la legislación que inició la Disposición Adicional Décima de la Ley 30/81, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, que dice: "El derecho a la pensión de viudedad y demás derechos pasivos o prestaciones por razón de fallecimiento corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio".

        TERCERO: A la vista de dichas normas, es de destacar que la doctrina del Tribunal Supremo, contenida en sus sentencias de 21 de marzo y 10 y 26 de abril de 1995, concede un sentido atributivo a la citada Disposición Adicional de tal manera que se reconoce el derecho a pensión a los beneficiarios concurrentes en función del tiempo de convivencia acreditado con el causante y, en su consecuencia, el miembro supérstite de un matrimonio declarado disuelto, aunque no concurra con cónyuge actual del fallecido, por no haber éste contraído un segundo matrimonio, si bien tiene derecho a pensión de viudedad, no lo tiene a la totalidad de la pensión teórica sino sólo a la parte correspondiente al porcentaje que represente el tiempo de convivencia respecto al transcurrido entre el momento en que se celebró el matrimonio y el fallecimiento del causante, quedando el resto vacante y amortizado en el caso de no existir otros beneficiarios, lo que resulta no sólo de la literalidad del texto de la norma, sino de la interpretación que el Tribunal Supremo ha establecido respecto de ella al señalar, en la primera de las sentencias citadas que: "3.- Los límites que sanciona la norma 3ª consisten en que la cuantía de la pensión que corresponde al divorciado (...) es la proporcional al período de su convivencia matrimonial con el causante. Se establece así un módulo temporal de referencia, en el que se inserta el período de convivencia matrimonial, el cual, con relación a tal módulo, permite obtener la proporción que establece el precepto. Tal módulo temporal de referencia no puede ser otro que el formado por un período que se inicia con el matrimonio que después quedó disuelto por el divorcio y que finaliza en la fecha en que muriera el causante (...). 4.- Lo hasta ahora razonado pone de relieve cuál es la cuantía de la pensión que corresponde al divorciado, consistente en la parte proporcional al tiempo de su convivencia matrimonial con el causante actuando como módulo temporal de referencia el período que inicia el matrimonio que después quedó disuelto por divorcio y que termina con el fallecimiento del causante. Por su parte, el derecho a la pensión de viudedad que corresponde al cónyuge supérstite, aun concurriendo con el divorciado, sigue siendo pleno, bien que restando de la cuantía de su pensión la porción que ha de asignarse a este último (...)".

        CUARTO: Aún cuando el citado criterio jurisprudencial ha sido establecido en relación con la aplicación de la normativa propia del régimen de la Seguridad Social que, en principio y con carácter general no es trasladable a ámbito distinto como es el régimen de Clases Pasivas, sin embargo, en estos supuestos, como han puesto de manifiesto tanto los informes al efecto emitidos por la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda y por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, como el Consejo de Estado en su dictamen de 26 de junio de 1997, dicho criterio jurisprudencial sí debe ser atendido en el ámbito de Clases Pasivas dado que no incide en una especificidad del régimen de la Seguridad Social sino que es conceptualmente predicable de toda normativa relativa a la cuestión y constituye interpretación de una norma legal, la Disposición Adicional Décima de la Ley 30/1981, de aplicación directa en ambos regímenes. A este respecto cabe señalar que con anterioridad al cambio jurisprudencial hecho por la referida sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1995 y continuado por otras, que se denomina criterio atributivo por atribuir al cónyuge viudo la totalidad de la pensión de viudedad con exclusión, solamente, de la parte de pensión que corresponde al excónyuge divorciado en proporción al tiempo de convivencia con el causante, fijado en proporción con un módulo temporal de referencia (desde el primer matrimonio hasta el fallecimiento del causante), se aplicó otro criterio de distribución de pensiones de viudedad denominado distributivo, en el que se repartía la pensión de viudedad a cada beneficiario en función del tiempo de convivencia con el causante. Los señalamientos de pensión de viudedad, en el presente caso, se han dictado el 30 de abril de 2004, cuando ya estaba vigente el cambio de criterio operado por el Tribunal Supremo por la citada sentencia de 21 de marzo de 1995, por lo que no cabe aplicar el criterio distributivo con el argumento de que el hecho causante (fallecimiento de D. Z) ocurrió en el año 1994 y por entonces se estaba aplicando el criterio distributivo. En este sentido, lo resuelto por el Centro Gestor no se halla ajustado a Derecho y procede declarar su rectificación.

        QUINTO: No obstante lo señalado en el fundamento anterior, el Régimen de Clases Pasivas mantiene, en relación con el Régimen General de la Seguridad Social, normas especiales para el cálculo de los servicios a tener en cuenta para los causantes de pensiones de viudedad, de modo que se consideran no sólo los prestados en el momento de su fallecimiento sino los que hubiera podido seguir prestando hasta que hubiera alcanzado la edad de jubilación forzosa. Por eso concluye el dictamen del Consejo de Estado, de 26 de junio de 1997: "1º) Que los criterios de reparto resultantes de la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 21 de marzo de 1995, son aplicables analógicamente al régimen de Clases Pasivas, con la excepción relativa al cónyuge viudo separado que -en los términos expuestos en el apartado III.C) del cuerpo del presente dictamen, deberá ser equiparado al cónyuge simplemente viudo. 2º) Que el módulo temporal de referencia que debe utilizarse para determinar la cuantía de la pensión del ex-cónyuge por divorcio o nulidad del matrimonio -cuando el fallecimiento del causante de los derechos se haya producido con anterioridad al momento de alcanzar la edad de jubilación o retiro forzoso- debe tomarse desde la celebración del matrimonio hasta la fecha en que el causante hubiese alcanzado la edad de jubilación o retiro...". Por ello, el módulo temporal de referencia que se debe tomar en consideración para el cálculo de la pensión de D.ª X debe ir desde el ... de 1967, fecha en la que contrajo matrimonio con el causante, hasta el día ... de 2004, fecha en la que D. Z, nacido el ... de 1939, hubiese cumplido 65 años y alcanzado la edad de jubilación forzosa. Es decir, un total de 29 días, 4 meses y 36 años, que hacen un total de 13.269 días, considerando los meses de 30 días y los años de 365 días. En consecuencia el período de referencia, tomado en consideración por el Centro Gestor, que termina el ... de 1994 (fecha del fallecimiento del causante), teniendo en cuenta que el interesado falleció en servicio activo, no se halla ajustado a Derecho y procede su rectificación.

        SEXTO: D.ª X contrajo matrimonio el día ... de 1967, que fue disuelto por sentencia de divorcio de ... de 1983, en aplicación de la causa 3.a) del artículo 86 del Código Civil, que dice: "Son causas de divorcio: ... 3ª el cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos, dos años ininterrumpidos: a) desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho o desde la firmeza de la resolución judicial o desde la declaración de ausencia legal de alguno de los cónyuges, a petición de cualquiera de ellos; b) cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de hecho, el otro estaba incurso en causa de separación". Por consiguiente, a la fecha de dictarse la sentencia de divorcio había un cese efectivo de la convivencia conyugal, al menos de dos años ininterrumpidos, mientras no se demuestre un período superior. Por consiguiente, el período convivido por D.ª X debe contarse, en principio, desde el ... de 1967 al ... de 1981, es decir, 13 años, 4 meses y 25 días (total 4.890 días) y no hasta el ... de 1983 (fecha de la sentencia de divorcio) como hace el Centro Gestor, que en este punto no se ajusta a Derecho. En consecuencia, en relación con el módulo de referencia el período convivido es el del 36 % (4.890 : 13.269 =0,36), que se corresponde con el 18 %  de la base reguladora de la pensión de viudedad. Por ello, el porcentaje del 28,676 de pensión de viudedad que se señala a D.ª X en el señalamiento de 30 de abril de 2004, descrito en el antecedente de hecho cuarto, letra B, no se halla ajustado a Derecho y procede la aplicación del nuevo que se indica.

        SÉPTIMO: Consta en el expediente que D.ª Y había contraído matrimonio con D. Z el ... de 1983, que se inscribió en el Registro Civil español y que con fecha ... de 1991 el Tribunal correspondiente de ... (Francia) había dictado sentencia de divorcio en relación con el referido matrimonio, pero el Tribunal Supremo Español, por auto de ... de 2001 había negado el exequátur de la referida sentencia, confirmado por otro auto de ... de 2003, por lo que la referida sentencia no ha sido reconocida en el ordenamiento jurídico español y la variación en el estado civil de la Sra. Y no se ha podido inscribir en el Registro Civil, por ser inexistente. En consecuencia, a los efectos que se derivan de la legislación de Clases Pasivas, la referida señora es la viuda legítima del causante y beneficiaria de la totalidad de la pensión de viudedad, excluida la cantidad que corresponda a D.ª X, en proporción al tiempo convivido con el causante, cuyo porcentaje se ha determinado en el precedente fundamento de derecho, en aplicación del criterio atributivo del reparto entre beneficiarios de pensiones de viudedad fijado por el Tribunal Supremo a partir de su sentencia de 21 de marzo de 1995.

        OCTAVO: D.ª Y solicitó la pensión de viudedad el 15 de noviembre de 1996, y conforme al artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas de 1987, los efectos económicos deberían contarse desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y, en este sentido, el Centro Gestor en el señalamiento de 30 de abril de 2004 fija su efectividad desde ... de 1996, pero también es cierto que desde 1996, en que se inició el expediente, hasta el año 2004, en que se resolvió, han pasado más de cinco años, y el citado Texto Refundido, en su artículo 7, en la redacción vigente hasta el 1 de enero de 2004, decía: "2. El derecho a la titularidad de las prestaciones de Clases Pasivas podrá ejercerse en cualquier momento posterior a la ocurrencia del hecho que lo cause, de acuerdo con lo que se dice en el número 2 del artículo anterior. No obstante, si el reconocimiento del derecho a la titularidad de las prestaciones no pudiera efectuarse, por causa imputable al interesado, dentro de los cinco años contados a partir del día en que éste se ejercitó, caducarán todos los efectos derivados de la petición deducida, y los efectos económicos de ese derecho sólo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la subsanación por el interesado de los defectos a él imputables. Igualmente, si el derecho se ejercitase después de transcurridos cinco años contados a partir del día siguiente al de su nacimiento, los efectos económicos del mismo sólo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de presentación de la oportuna petición". Después de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden social, en vigor desde 1 de enero de 2004, el referido plazo de cinco años se reduce a cuatro años. En cualquier caso, desde 1996 hasta 2004 han transcurrido más de cinco años, y en consecuencia, se hace preciso determinar si la paralización del expediente ha sido debida, o no, a la interesada Sra. Y.

        NOVENO: Conforme se describe en el antecedente de hecho segundo, después de presentada la solicitud inicial de pensión de viudedad, el ... de 1996, D.ª Y no aclaró cuál era el estado civil de su marido al tiempo de su fallecimiento, pese a las reiteradas peticiones del Centro Gestor al respecto, hasta que, finalmente con fecha 16 de marzo de 2004 declara, previa exposición de las vicisitudes habidas, que solicita se acuerde declarar el derecho a la pensión de viudedad que corresponda por resultar imposible la inscripción marginal de divorcio en el Registro Civil español al denegar el Tribunal Supremo el exequátur para la sentencia de un Tribunal francés que lo había declarado. Queda así manifiesto que la demora en la tramitación administrativa del expediente de pensión de viudedad no se debió al Centro Gestor, que solicitó reiteradamente los documentos que estimaba necesarios, sino a la propia interesada, que no logró del Tribunal Supremo la satisfacción de sus pretensiones, ni tampoco a la actitud de la primera esposa del causante, a quien la retroacción de los efectos de los señalamientos de pensión de 30 de abril de 2004 al ... de 1996 y la aplicación del artículo 37 del Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987 obligan a devolver la parte de pensión que se reconoce a D.ª Y. Conforme a lo solicitado por D.ª X, en aplicación del artículo 7 del Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987, habiendo pasado más de cinco años (cuatro a partir de 1 de enero de 2004) desde que se solicitó el reconocimiento de la titularidad del derecho a pensión de viudedad por la Sra. Y y habiéndose hecho imposible la resolución del expediente por causa imputable a ella, los efectos de su solicitud de ... de 1996 deben entenderse caducados y la efectividad de su derecho a pensión de viudedad debe retrotraerse al momento de la solicitud de 16 de marzo de 2004, descrita en el antecedente de hecho tercero, en la que, claramente, renuncia a la aportación de documentos y declara su deseo de que el expediente se resuelva con la documentación hasta entonces existente. Por ello, conforme al citado artículo 7 del Texto Refundido de 1987, los efectos económicos de su coparticipación en la pensión de viudedad causada por D. Z sólo se producirán a partir de 1 de abril de 2004, día primero del mes siguiente al de su petición de 16 de marzo de 2004, debiendo el Centro Gestor corregir, en este punto, los señalamientos de coparticipación de pensión de orfandad de las dos beneficiarias.
             
DÉCIMO: En consecuencia con lo expuesto, procede la anulación de los dos señalamientos de 30 de abril de 2004 y que por el Centro Gestor se dicten nuevos acuerdos en los que se recojan las conclusiones de los fundamentos de derecho precedentes.
            
Vistos los preceptos citados y demás aplicables,
             
EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar en parte las reclamaciones económico-administrativas interpuestas por D.ª X y D.ª Y, contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 16 de noviembre de 2004, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra sendos acuerdos de 30 de abril de 2004 señalando pensión ordinaria de viudedad compartida por viuda y excónyuge del causante, que deberán modificarse, dictándose nuevos señalamientos de pensión de viudedad, conforme a los criterios expuesto en los fundamentos de derecho precedentes.


Pensión de viudedad
Resolución judicial divorcio
Divorcio
Registro Civil
Exequatur
Resolución recurrida
Estado civil
Fallecimiento del causante
Caducidad
Separación de hecho
Inscripción de matrimonio
Demanda de divorcio
Viudedad
Reconocimiento judicial
Servicio activo
Mandatario
Inscripción de defunción
Silencio administrativo
Ejecución de sentencia
Ejecutoria
Cuantía de las prestaciones
Revisión en vía administrativa
Régimen de Clases Pasivas
Ex cónyuge
Disolución del matrimonio
Jurisdicción ordinaria
Cónyuge viudo
Edad de jubilación
Fecha de notificación
Regímenes de la Seguridad social
Affectio maritalis
Jubilación forzosa
Secretarías de Estado
Régimen General de la Seguridad Social
Prueba pertinente
Base reguladora pensión de viudedad
Nulidad matrimonial
Declaración de ausencia
Pensión de orfandad
Ausencia legal

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 62/2003 de 30 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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