Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/466/2002 de 17 de Enero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 17 de Enero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/466/2002

Resumen

La Administración tributaria en ejecución de una resolución económico-administrativa referida a una sanción tributaria debe aplicar la nueva LGT (Ley 58/2003) al resultar más favorable y al no ser firme la misma a la entrada en vigor de la misma (1-7-2004), pues la resolución fue notificada el 18 de junio de 2004 y no había adquirido firmeza al disponer de un plazo de 2 meses para interponer el recurso contencioso-administrativo. En cuanto a la aplicación de la reducción por pronto pago (artículo 188.3 LGT), se incumple el segundo de los requisitos establecidos legalmente que es la no impugnación de la liquidación dictada o la sanción impuesta, puesto que, obviamente, la resolución viene originada por la interposición de la correspondiente reclamación económico-administrativa por parte de la entidad contra la sanción dictada.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 17 de enero de 2006 el Tribunal Económico-Administrativo Central ha visto el incidente de ejecución promovido por la mercantil X, S. A. (...), con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra el acuerdo de ejecución de fallo de 22 de junio de 2005 de la Resolución parcialmente estimatoria emitida por este Tribunal Central el 9 de junio de 2004 (R.G. ...), dictado por el  Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal Administración Tributaria, de 22 de junio de 2005 en el que se practica una liquidación como consecuencia de la imposición de una sanción por la comisión de una infracción tributaria grave, asociada a la conducta de la mercantil en relación al IVA de los ejercicios 1995, 1996 y 1997, por importe de 9.880,72€.

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-
Con fecha 8 de junio de 2001 se incoó a la mercantil Y, S. A. (actualmente X, S. A.) acta de conformidad A0171852502, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 1995, 1996 y 1997.

Prestada por el contribuyente la conformidad a la propuesta de regularización contenida en el acta, la liquidación se produjo de forma tácita transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de aquella, de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Reglamento General de Inspección, aprobado por Real Decreto 939/1986.

SEGUNDO.- Mediante acuerdo de 11 de julio de 2001, notificado al contribuyente el día 12 de ese mismo mes, se acuerda, previa autorización del Inspector Jefe de fecha 16 de mayo de 2001, la iniciación de un expediente sancionador, tramitado por el procedimiento abreviado, por la presunta comisión en los ejercicios 1995 y 1996 de infracciones tributarias tipificadas como graves, según el artículo 79.a) de la Ley General Tributaria de 1963, y en cuanto al ejercicio 1997, la comisión de una infracción tributaria grave tipificada según el artículo 79.d). de la LGT.

Posteriormente, el día 4 de septiembre de 2001 el instructor formula propuesta de sanción, en la que se considera que el contribuyente cometió en los ejercicios relacionados infracciones tributarias graves; ejercicios 1995 y 1996: artículo 79.a); ejercicio 1997: artículo 79.d) de la LGT.

El día 19 de noviembre de 2001 se dictó por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de la ONI acuerdo de imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de las infracciones tributarias anteriormente relacionadas.

           TERCERO.- El acuerdo de imposición de la mencionadas sanciones, notificado el día 21 de noviembre de 2001, fue recurrido en reposición el día 11 de diciembre de ese mismo año. Dicho recurso de reposición resulta desestimado el 15 de enero de 2002, siendo notificado el día 21 de enero de 2002. El contribuyente interpuso reclamación económico-administrativa el día 29 de enero de 2002.

           Con fecha 9 de junio de 2004 el Tribunal Central emitió Resolución parcialmente estimatoria en virtud de la cual las sanciones impuestas debían ser reducidas conforme se establecía en los fundamentos de derecho de la misma.

           CUARTO.- La Resolución fue formalmente notificada a la Oficina Nacional de Inspección y a la interesada el mismo día, el 18 de junio de 2004.

           En consecuencia, el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la Oficina Técnica de la ONI dictó el 22 de junio de 2005 acto administrativo de ejecución de fallo del TEAC, conforme a lo señalado en los artículos 110 y 111 del R.D. 391/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para el procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas y en el apartado doce.2.c) de la Resolución de la AEAT de 24 de marzo de 1992, según redacción dada por resolución de 27 de octubre de 1998. En consecuencia, se procedió a practicar una nueva liquidación de las sanciones impuestas en los siguientes términos:

"Concepto: Infracción Grave. Artículo 79 a) Ley 230/1963, de 28 de diciembre.

Base de sanción                                                3.914.317 ptas.

Sanción base (artículo 87.1 LGT):                                50%

Comisión repetida de infracciones (Art. 82.1 LGT)        10%

Sanción total                                                        60%

Reducción Conformidad (30%)                              704.577 ptas.

Sanción reducida                                           1.644.013 ptas.

Equivalencia en euros                                        9.880,72€"

El acuerdo de ejecución de fallo fue notificado a la entidad el 1 de julio de 2005.

QUINTO.- El 7 de julio de 2005 la entidad interpuso ante este Tribunal el presente  incidente de ejecución de fallo, invocando como única alegación que dicho acuerdo de ejecución de resolución llevaba a cabo una nueva liquidación de la sanción conforme a los Fundamentos de Derecho de la Resolución del TEAC, pero no aplicaba la reducción por pronto pago del 25% de la sanción, prevista en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Argumenta su alegación, en los siguientes términos:

        - Que dicha norma resultaba de aplicación al acto dictado a pesar de no encontrarse en vigor la Ley 58/2003 a la fecha de interposición de la Reclamación Económico Administrativa cuya resolución se ejecuta en el acto de referencia, por preverlo así expresamente la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada Ley 58/2003. El objeto o finalidad de la Disposición Transitoria tercera no es otro que el de dar la oportunidad de que todas las sanciones que a la entrada en vigor de la Ley General Tributaria no fuesen firmes puedan disfrutar de la citada reducción, siempre que se proceda al pago de las mismas, dejando de cuestionar con ello su procedencia.

        - Que concurren en X, S. A. todas las circunstancias legalmente exigidas para que le resulte de aplicación la reducción por pronto pago del 25% del importe de la sanción, al haber dejado de cuestionar la procedencia de la sanción y optar por su pago mediante la no interposición de recurso alguno.

En este sentido, la sanción impuesta a la mercantil por la Oficina Nacional de Inspección se encontraba pendiente de pago a la fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, ya que la notificación de la Resolución del TEAC se efectuó en fecha 18 de junio de 2004, sin que se hubiese adoptado todavía Acuerdo de ejecución por el óradministrativo correspondiente.

Así, a fecha 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria, la entidad se encontraba en plazo para recurrir la Resolución recaída en la Reclamación Económico Administrativa n° ..., habiendo renunciado a ello mediante el transcurso de los plazos legalmente establecidos para ello sin haber realizado interposición alguna.

        - Que la entidad dejó transcurrir el plazo de dos meses desde la notificación de la Resolución de la Reclamación n° ... sin interponer recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.

                                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El presente incidente de ejecución de fallo ha sido promovido en tiempo y forma por persona legitimada para hacerlo y este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocerlo de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, aplicable a este procedimiento.

Las cuestiones a resolver en la resolución de este incidente de ejecución de fallo hacen referencia, en primer lugar, a la procedencia de aplicar la Ley 58/2003 a las infracciones tributarias cometidas. Y, en segundo lugar, la aplicación de la reducción de las sanciones prevista en el artículo 188.3 de la mencionada Ley 58/2003.

SEGUNDO.- La primera cuestión sobre la que debemos pronunciarnos, pese a no haber sido invocada por la recurrente en sus alegaciones es la pertinencia o no de aplicar a las infracciones tributarias cometidas la Ley 58/2003, en el supuesto de que resultara más favorable para el sujeto infractor.

Y debemos pronunciarnos sobre la misma porque, pese a no tratarse de una cuestión invocada por la reclamante, el artículo 40 del mencionado Real Decreto 391/1996 atribuye a este Tribunal como órgano competente para conocer sobre la reclamación interpuesta, la revisión de todas las cuestiones que se puedan deducir del expediente hayan sido o no planteadas por los interesados.

Entrando ya en el fondo de la cuestión debemos destacar, en primer lugar, que la Ley 58/2003 entró en vigor el 1 de julio de 2004 según dispone su Disposición Final Undécima, salvo la excepción expresamente prevista en la mencionada Disposición en cuanto al plazo máximo para la conclusión de los procedimientos sancionadores iniciados antes de dicha fecha.

No obstante, la Disposición Transitoria Cuarta establece para las Infracciones y Sanciones Tributarias lo siguiente:

"1. Esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza".

Por tanto, para concluir si la nueva Ley General Tributaria pudiera ser de aplicación a las infracciones y sanciones objeto de la presente controversia, debemos analizar la concurrencia de los dos requisitos que la Disposición plantea: 1) si a la entrada en vigor de la Ley 58/2003 (el 1 de julio de 2004) la sanción impuesta había adquirido firmeza y 2) si la aplicación de la nueva normativa resultaba más favorable para el infractor.

En cuanto al primero de los requisitos, es decir, la no firmeza de la sanción a 1 de julio de 2004, hay que entenderlo cumplido, dado que de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio el interesado dispone de dos meses para interponer el recurso contencioso administrativo contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa. Y en el presente caso la notificación de la Resolución del TEAC se produjo, según consta en el expediente el 18 de junio de 2004, por lo que a 1 de julio, aún estaba en plazo para interponerlo y, en definitiva, la Resolución dictada por este Tribunal aún no era firme, o lo que es lo mismo, el acuerdo sancionador no había adquirido firmeza.

        TERCERO.- En relación con el cumplimiento del segundo de los requisitos, esto es, si la aplicación del nuevo régimen sancionador establecido en la Ley 58/2003 resulta más favorable a los intereses del sujeto pasivo, debemos proceder a considerar dos cuestiones diferentes para verificarlo: 1) si existe algún tipo de diferencia a la hora de definir, por un lado, lo que se entiende por infracción tributaria, pues en caso de que lo que con la antigua Ley General Tributaria era calificado como infracción pudiera no ser considerado como tal con la nueva legislación, estaríamos ante una aplicación más favorable; y, 2) la forma en que la nueva Ley General Tributaria tipifica y califica las infracciones y cuantifica las sanciones aplicables.

En relación con la definición legal de las infracciones tributarias, la Ley General Tributaria de 1963 dispone en su artículo 77: "1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. (...)

Por su parte, la nueva Ley General Tributaria establece en su artículo 183, lo siguiente: "1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley."

De la comparación de los preceptos establecidos en las dos leyes y, teniendo en cuenta las circunstancias del caso que nos ocupa, podemos concluir que no existen diferencias apreciables a la hora de definir lo que se entiende por infracción tributaria, por lo que cabe afirmar que con la nueva ley, la conducta del obligado tributario sigue siendo constitutiva de infracción tributaria susceptible de ser sancionada.

CUARTO.- Por otra parte, debemos analizar si la aplicación de la nueva Ley General Tributaria genera efectos más favorables para el obligado tributario en relación con la tipificación y calificación de las infracciones cometidas y la determinación de las sanciones aplicables en cada caso.

Como dispuso la Resolución del TEAC de 9 de junio de 2002, y posteriormente concretó el acuerdo de ejecución de dicho fallo debía considerarse ajustada a derecho la imposición de una sanción por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 79.a) de la Ley ("dejar de ingresar") sancionada con multa pecuniaria proporcional del 50% (según dispone el artículo 87.1) e incrementada en 10 puntos porcentuales por la concurrencia de la comisión repetida, según dispone el artículo 82.1 de la mencionada Ley.

La nueva Ley General Tributaria de 2003 recoge también, de forma específica y concreta, en su artículo 191.1, como infracción "dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del artículo 161, ambos de esta Ley (...) 2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3000 € o, siendo superior, no exista ocultación. (...) La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por cien".  

De lo dispuesto en la nueva Ley General Tributaria, podemos deducir que la infracción cometida debe calificarse como leve, al no concurrir el requisito de ocultación y, por tanto, la sanción aplicable será del 50% sin que sea aplicable ningún criterio de graduación.

Por ello, dado que se cumplen los requisitos previstos en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 58/2003, en cuanto a que la sanción impuesta no era firme a la entrada en vigor de la Ley y a que la aplicación de la nueva Ley resulta más favorable para el sujeto infractor (la infracción pasa a calificarse como leve y no grave y la sanción a imponer es del 50% y no del 60%), debe aplicarse el régimen jurídico dado por la Ley 58/2003.

QUINTO.- La segunda de las cuestiones sobre las que debemos entrar a conocer hace referencia a la posibilidad de aplicar al presente caso la reducción por pronto pago prevista en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003.

Como consta en los antecedentes de hecho, la entidad invoca su derecho a que se le aplique la controvertida reducción bajo los argumentos de que a la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria la sanción impuesta aún no era firme y que la entidad se encontraba en plazo para recurrir en vía contencioso administrativa la Resolución recaída en la Reclamación Económico Administrativa n° ..., habiendo renunciado a ello mediante el transcurso de los plazos legalmente establecidos para ello sin haber realizado interposición alguna.

En relación con esta cuestión, debemos analizar las disposiciones legales reguladoras de la mencionada reducción por pronto pago, tanto en lo que respecta a la aplicación transitoria de la mencionada reducción en las sanciones impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, como de los requisitos que habilitan para ejercer el derecho a la práctica de la misma.

La aplicación de la reducción por pronto pago prevista en el artículo 188.3 de la nueva Ley General Tributaria en las sanciones impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, viene expresamente prevista en la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada disposición:

1. Los procedimientos tributarios iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Serán de aplicación a los procedimientos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley los siguientes artículos:

(...)

c) El apartado 3 del artículo 188 de esta ley, relativo a la reducción del 25 por ciento de la sanción, cuando el ingreso se realice a partir de la entrada en vigor de esta ley.

También se aplicará la reducción del 25 por ciento prevista en el apartado 3 del artículo 188 de esta ley cuando a partir de la entrada en vigor de esta ley se efectúe el ingreso de las sanciones recurridas con anterioridad y se desista, antes del 31 de diciembre de 2004, del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción.

(...)".

Por tanto, a la vista de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la nueva Ley General Tributaria nos encontramos ante un supuesto previsto expresamente en el párrafo primero de la letra c) del apartado 2 de la mencionada disposición transitoria, dado que el ingreso correspondiente a la liquidación de la sanción impuesta debía efectuarse con posterioridad a la entrada en vigor de la misma (el 1 de julio de 2004).

Y no es de aplicación el párrafo segundo de la misma porque en el mismo se establece como requisito fundamental para su aplicación un acto expreso de desistimiento en relación contra un recurso o reclamación previo interpuesto contra el acto administrativo dictado, si bien, en el caso que nos ocupa, a la entrada en vigor de la Ley 58/2003 no existía la posibilidad de desistir de ningún recurso o reclamación  puesto que no había ninguno pendiente de fallo. No obstante, conforme a lo dispuesto en el mencionado párrafo primero, debemos concluir la procedencia de aplicar en el presente caso la disposición transitoria transcrita.

SEXTO.- Ahora bien, una vez resuelta la procedencia de la aplicación temporal del artículo 188.3 de la nueva Ley General Tributaria a la sanción objeto de controversia, debemos entrar a analizar el contenido del propio artículo, cuya redacción es la siguiente:

"3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere el párrafo b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 25 por ciento si concurren las siguientes circunstancias

            a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en período voluntario sin haber presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago.

            b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.

             El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.

La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que procedan en los supuestos de actas con acuerdo".

Como se puede observar, el citado precepto otorga la posibilidad de aplicar la reducción del 25% siempre que se concurran las dos circunstancias previstas, esto es, el pago en plazo voluntario y la no impugnación de la liquidación dictada o la sanción impuesta.

Y en el presente expediente, se incumple el segundo de los requisitos establecidos, puesto que, obviamente, la resolución dictada el 9 de junio de 2004 por este Tribunal viene originada por la interposición de la correspondiente reclamación económico administrativa por parte de la entidad contra la sanción dictada.

Por tanto, debemos concluir la improcedencia de aplicar la reducción por conformidad a la que se refiere el artículo 188.3 de la Ley 58/2003 dado que no concurre en el presente caso la circunstancia prevista en el apartado b) del mencionado precepto en cuanto a la no interposición de recurso o reclamación contra la sanción impuesta.

En virtud de lo expuesto,

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en el incidente de ejecución promovido por la mercantil X, S. A. (...), con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra el acuerdo de ejecución de fallo de 22 de junio de 2005 de la Resolución parcialmente estimatoria emitida por este Tribunal Central el 9 de junio de 2004 (R.G. ...), dictado por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal Administración Tributaria, de 22 de junio de 2005 en el que se practica una liquidación como consecuencia de la imposición de una sanción por la comisión de una infracción tributaria grave, asociada a la conducta de la mercantil en relación al IVA de los ejercicios 1995, 1996 y 1997, por importe de 9.880,72€. ACUERDA: estimar en parte el presente incidente de ejecución de fallo dictado, conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho cuarto.

 



 

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