Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/471/2005 de 02 de Febrero de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 02 de Febrero de 2007
  • Núm. Resolución: 00/471/2005

Resumen

Resulta aplicable a una indemnización por despido devengado el 20 de diciembre de 1999, fecha en que tuvo lugar el acto de conciliación, el límite para la reducción del 30% establecido en el artículo 17.2.a) de la Ley de IRPF (Ley 40/1998), en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 55/1999, pues resulta aplicable a partir de 1 de octubre de 1999, según la Disposición Transitoria Duodécima de dicha Ley.

Descripción

        En la villa de Madrid, a 2 de febrero de 2007 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en segunda instancia, promovida por DON ... y DOÑA ..., con domicilio en ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 25 de agosto de 2004 recaída en reclamación número ..., referente a liquidación provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1999, y cuantía de 414.860,44 euros.

                                                        ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: El 20 de diciembre de 1999 tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de ..., como consecuencia del despido del Sr. ... de la empresa en que venía prestando sus servicios, la cual reconoció su improcedencia. Al presentar su reglamentaria declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 1999, los contribuyentes incluyeron la parte de la indemnización sujeta y no exenta, a la que aplicaron la reducción del 30 por 100, que consideraron pertinente en virtud del artículo 17.2.a) de la Ley 40/1998, para los rendimientos con período de generación superior a dos años.

        SEGUNDO: El 28 de febrero de 2002 practicó liquidación provisional la Agencia Tributaria (Delegación de ..., Administración de ...) sobre el concepto y período citados cuya deuda a ingresar (suma de la cuota tributaria y los intereses de demora) ascendía al importe citado en el encabezamiento. Dicha cuota respondía a considerar incorrecta la reducción practicada sobre los rendimientos íntegros del trabajo personal, por devengarse éstos después del 1 de octubre de 1999 y serles aplicable, por tanto, el límite establecido por el artículo 17.2 de la Ley 40/1998

        TERCERO: Disconformes con esta liquidación, los sujetos pasivos la impugnaron ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que, en sesión de 25 de agosto de 2004, acordó desestimar la reclamación y confirmar el acto administrativo impugnado. Esta Resolución fue notificada a sus destinatarios el 22 de diciembre de 2004.

        CUARTO: El 21 de enero de 2005 formalizan los contribuyentes el presente recurso de alzada contra dicha Resolución, adoptada en primera instancia. En su escrito desarrollan los argumentos siguientes: a) Nulidad de la Resolución recurrida, por causarles indefensión.- b) Improcedencia de aplicar retroactivamente lo previsto en el artículo 1 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que introdujo un límite a la reducción del 30 por 100 sobre ciertos rendimientos irregulares, límite que según la Disposición Transitoria Duodécima fue aplicable a los rendimientos devengados desde el 1 de octubre de 1999.- c) Vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica y progresividad y de interdicción de la arbitrariedad.

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO


        PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa, en la que se plantean las siguientes cuestiones: Primera, si la Resolución recurrida generó indefensión en los interesados.- Segunda, si la liquidación impugnada incurre en las infracciones que los recurrentes señalan.

        SEGUNDO: Para la primera cuestión planteada, hemos de examinar los razonamientos del Tribunal Regional que le llevaron a desestimar las pretensiones de los reclamantes y que consisten, en esencia, en la aplicación de los preceptos que a continuación se transcriben. En primer lugar, el artículo 17.2.a) de la Ley 40/1998, tal y como quedó redactado por el artículo 1 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que introdujo un límite cuantitativo a la cuantía del rendimiento susceptible de reducción y que es el aplicado por la Administración tributaria en la liquidación ahora impugnada:

"2. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:

a) El 30 por 100 de reducción, en el caso de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

La cuantía del rendimiento sobre la que se aplicará la reducción del 30 por 100 no podrá superar el importe que resulte de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los declarantes en el IRPF por el número de años de generación del rendimiento. A estos efectos, cuando se trate de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se tomarán cinco años.

Reglamentariamente se fijará la cuantía del salario medio anual, teniendo en cuenta las estadísticas del impuesto sobre el conjunto de los contribuyentes en los tres años anteriores".  

        La eficacia temporal de esta nueva versión quedó delimitada en la Disposición Transitoria Duodécima de dicha Ley 55/1999, cuyo tenor literal es el siguiente:

"La modificación introducida en el artículo 17.2 a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, por el artículo 1 de esta Ley, será aplicable a los rendimientos devengados desde el día 1 de octubre de 1999.

A estos efectos, la cuantía del salario medio correspondiente a1999 será 2.500.000 pesetas".

        Se sigue de los preceptos transcritos que el TEAR se limitó a aplicar lo establecido en la normativa de aplicación, dado que -como se puso de manifiesto anteriormente- los rendimientos del trabajo de los que esta liquidación trae causa se devengaron el 20 de diciembre de 1999. Y es evidente que no compete a los órganos económico-administrativos el conocimiento de si una Ley resulta o no adecuada a la Constitución. Por tanto, nada hay en el pronunciamiento del TEAR que preste apoyo a la tesis de los interesados en el sentido de que medió indefensión por parte de éstos, puesto que la Resolución recurrida expuso sus fundamentos de Derecho, fundamentos que en este caso consisten, básicamente, en los preceptos legales que acabamos de transcribir.

        TERCERO: Lo anterior desvirtúa las tesis de los recurrentes acerca de la incompatibilidad de lo legalmente preceptuado con los principios constitucionales que citan. Pero, siendo ello así y sólo como argumentos adicionales, cabe argumentar, ante todo, que la retroactividad que los interesados denuncian -puesto que la transcrita Disposición Transitoria ordena aplicar la nueva versión del artículo 17.2.a) desde 1 de octubre de 1999, mientras que la Ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el siguiente 30 de diciembre- puede responder al deseo del legislador de que el ordenamiento tributario no condicione las decisiones de los particulares, sino que aquél sea neutral en éstas. Publicado el proyecto de Ley con la modificación tributaria a que nos venimos refiriendo -limitar una reducción de los rendimientos del trabajo- podría dar lugar, en muchos casos, a decisiones de los administrados orientadas a anticipar el devengo de forma que éste se produjera antes de la entrada en vigor de la Ley 55/1999. El que la Disposición Transitoria Duodécima fijara una fecha anterior -el 1 de octubre de 1999- a la publicación de dicha Ley, puede justificarse, precisamente, en el respeto a principios como los que los reclamantes creen vulnerados, como el de igualdad; así se evita que determinados contribuyentes, enterados de la modificación tributaria en ciernes, pudieran influir en el devengo de sus rendimientos del trabajo, anticipándolo, y se vieran así beneficiados con respecto a aquéllos otros que no tuvieran tal posibilidad. Cabe traer aquí a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de octubre de 1997, en que el Alto Tribunal examinó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Real Decreto-Ley 5/1992, cuyo artículo 2 modificó las escalas del IRPF del propio ejercicio 1992, cuando la publicación del mismo tuvo lugar en el Boletín Oficial del Estado de 23 de julio. El razonamiento del Tribunal Constitucional fue el siguiente:

"Respecto de la segunda línea argumental de los recurrentes contra dicho art. 2, basada en la supuesta infracción de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE), el mismo -se dice- ha sido redactado teniendo en cuenta la seguridad jurídica, pues la modificación de las escalas se aplicará sólo en aquellos casos en que los períodos impositivos finalicen en 1992, después de entrar en vigor el Real Decreto-Ley. La demanda contiene algún eco de la doctrina alemana sobre las "leyes por sorpresa" y la distinción entre retroactividad propia e impropia, siendo la doctrina relevante al efecto la contenida en las SSTC 6/1983, 126/1987, 150/1990, 197/1992  y 205/1992, con arreglo a la cual también es rechazable este motivo de inconstitucionalidad. De los principios invocados en la demanda al respecto sólo procede tomar en consideración el de seguridad jurídica, pues no cabe "considerar con carácter general subsumidas las normas fiscales en aquéllas a las que se refiere expresamente el art. 9.3 de la Constitución" (STC 126/1987), procediendo los límites a la retroactividad de las normas tributarias no de que el art. 9.3 CE prohíba dar retroactividad a las normas sancionadoras y a las restrictivas de derechos individuales sino de otros principios consagrados por el propio art 9.3 CE (seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad) o por otros preceptos constitucionales (capacidad económica, art. 31.1 CE). El principio de seguridad jurídica "no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal" (STC 126/1987). Cuando la retroactividad de la norma tributaria es impropia, el enjuiciamiento de su constitucionalidad se limita a una ponderación de bienes o intereses suficiente para descartar una decisión carente de base objetiva y racional (arbitraria); habiendo recordado la STC 126/1987, a este propósito, la jurisprudencia constitucional alemana según la cual son en principio constitucionalmente legítimas las normas fiscales retroactivas cuando la Ley pretende tener aplicación en el período impositivo dentro del cual entra en vigor, como también la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de las leyes fiscales cuyo objeto es gravar rentas o beneficios obtenidos durante el año en que se aprobó la Ley o incluso durante el año de la sesión legislativa anterior a la de su aprobación. Y la STC 150/1990 reitera la doctrina de la STC 126/1987, pero matizando que el principio constitucional de seguridad jurídica protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles, y calificando de "razonables" las dudas de constitucionalidad que arrojaba una Ley dictada el 19 de diciembre de 1984, publicada el 27 de diciembre de 1984 y en vigor desde ese mismo día, que pretendía gravar rentas obtenidas en 1984. A la luz de esa doctrina constitucional, el art. 2 del Real Decreto-ley 5/1992 no viola el principio de seguridad jurídica por las razones siguientes: Siendo el IRPF un impuesto de hecho imponible duradero, cuyo período impositivo es el año natural, salvo las excepciones legalmente previstas, y cuyo devengo se produce el último día de tal período, el precepto recurrido ha sido dictado para aplicarse solamente a períodos impositivos finalizados con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, por lo que su retroactividad es impropia; es una norma de carácter transitorio, limitada al ejercicio de 1992 (rasgo tomado en consideración por la STC 126/1987), que responde a una difícil coyuntura de crisis financiera por aumento del déficit público y se enlaza con la modificación de la tabla de retenciones a partir del 1 de agosto de 1992 en el marco de una política económica presidida por la idea de alcanzar los objetivos de equilibrio y estabilidad impuestos por el Programa de Convergencia, cuyas mayores escalas se justifican constitucionalmente en el propio art. 31.1 CE y a cuyo favor cabe también invocar los arts. 40.1 y 130.1 CE. Tampoco cabe entender lesionada la confianza digna de protección frente a cambios legales irrazonables o arbitrarios, pues no cabe calificar de imprevisto o irrazonable un cambio legal introducido en un caso de extraordinaria y urgente necesidad mediante un tipo de disposición legal prevista por la CE para esa clase de supuestos, habiendo existido -pues aún faltaba por transcurrir casi la mitad del período impositivo ordinario- margen suficiente para que los sujetos pasivos hayan podido adoptar nuevas decisiones o modificar otras anteriores. Y no sería aplicable al caso que nos ocupa la doctrina de los votos particulares a las SSTC 6, 41 y 51/1983, pues no ha habido aquí unas resoluciones individuales que previamente hayan reconocido unos concretos derechos".

           A juicio de este Tribunal Económico-Administrativo Central, el caso que ahora nos ocupa guarda suficiente paralelismo con el examinado por el Alto Tribunal para que pueda concluirse que, en la presente liquidación no se han vulnerado los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad. Por último, el principio constitucional de progresividad tiene su reflejo en el artículo 1 de la Ley 40/1998; cómo interprete el legislador tal principio, con qué alcance, cuáles sean sus consecuencias, etcétera, son cuestiones que, nuevamente, no competen a este Tribunal Central, que ha de atenerse en sus Resoluciones a lo legalmente establecido.

            POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa, en única instancia, interpuesta por DON ... y DOÑA ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 25 de agosto de 2004 recaída en reclamación número ..., referente a liquidación provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1999, ACUERDA: Su desestimación.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Seguridad jurídica
Acto de conciliación
Resolución recurrida
Indefensión
Liquidación provisional del impuesto
Rendimientos del trabajo
Indemnización por despido
Conciliación laboral
Período impositivo
Cuota tributaria
Rendimientos íntegros del trabajo
Intereses de demora
Acto administrativo impugnado
Nulidad de las resoluciones
Rendimientos íntegros
Constitucionalidad
Ciudadanos
Principios constitucionales
Recurso de inconstitucionalidad
Capacidad económica
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