Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/508/2005 de 17 de Enero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 17 de Enero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/508/2005

Resumen

La diligencia de embargo no se anula, sino que se reduce su importe, como consecuencia de la anulación por los Tribunales Económico-Administrativos de algunas liquidaciones, ya que subsisten las actuaciones no afectadas por la causa de nulidad según el artículo 94.1 del RGR (1990). No se ha incumplido el orden de embargo establecido en el artículo 112 del RGR (1990), ya que se han embargado con anterioridad créditos e inmuebles, aunque para el cobro de otras deudas. El hecho de que no se pueda proceder a la traba de un grupo de bienes sin haber agotado la traba del precedente, siempre que este sea conocido por la Administración que debe realizar una investigación previa, no significa que no se pueda alterar dicho orden de prelación ante el desconocimiento de la Administración de bienes preferentes, que en este caso han sido aplicados al pago de otras deudas de la entidad reclamante.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 17 de enero de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por ..., S. A. y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra diligencia de embargo de participaciones sociales emitida por el Jefe de la Unidad de la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria el 21 de diciembre de 2004, importe a embargar 8.432.642,78 €.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Con fecha 21 de diciembre de 2004, le fue notificada a la interesada la diligencia de embargo de la misma fecha de participaciones sociales emitida por el Jefe de la Unidad de la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para cubrir las deudas que en dicha diligencia se especificaban por importe de 8.432.642,78 €.

        SEGUNDO: Frente a la referida diligencia de embargo, la interesada interpone el 10 de enero de 2005, la presente reclamación económico-administrativa y en trámite de alegaciones manifiesta que las dos deudas por tasas por explotación de obras y servicios del año 2003, por importes de 521,40 € y 5.722,00 €, respectivamente de principal, así como las dos deudas por canon de regulación de aguas del año 2003, por importes de 13.035,10 € y 144.300,00 € de principal respectivamente han sido anuladas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... en resoluciones todas ellas de 7 de marzo de 2005; asimismo la liquidación  por canon de vertidos por importe de 3.155.313,53 € de principal ha sido anulada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en resolución de 15 de diciembre de 2004. Por tanto anuladas las citadas liquidaciones la deuda susceptible de ejecución queda reducida de 8.432.642,78  € a 8.236.288,58 €. Alega la improcedencia de la aplicación de la doctrina de conservación de los actos administrativos y por ende la nulidad de la diligencia de embargo, la falta de remisión de la totalidad del expediente administrativo, el incumplimiento del principio de proporcionalidad y la inobservancia de la orden de prelación del embargo.

                                                  FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación económico-administrativa.

        SEGUNDO: De las deudas comprendidas en la diligencia de embargo objeto de esta reclamación económico-administrativa, las señaladas por la interesada han sido efectivamente anuladas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... y por este Tribunal Económico-Administrativo Central, tal y como queda acreditado en el expediente, por lo que el importe de las deudas a perseguir con la citada diligencia de embargo debe quedar reducido de 8.432.642,78  € a 8.236.288,58 €, pero debe confirmarse respecto de esta última cantidad la diligencia de embargo y no anularse como pretende la interesada, en virtud del principio de conservación de actuaciones que viene aplicando este Tribunal Central y que está establecido en el articulo 94.1 del Reglamento General de Recaudación a tenor del cual, "Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones en el procedimiento de apremio, se dispondrá la conservación de aquellas no afectadas por la causa de nulidad". En cuanto a la falta de la providencia de embargo, la misma está configurada en el Reglamento General de Recaudación como un trámite interno, que no necesita de su notificación al deudor, por lo que no procede esta alegación tal y como viene señalando este Tribunal Económico-Administrativo Central. El expediente administrativo remitido es suficiente para resolver la reclamación económico-administrativa, por lo que no se puede admitir que no está remitido en su totalidad.

        TERCERO: En cuanto que se ha incumplido el orden de embargo establecido en el artículo 112 del Reglamento General de Recaudación, consta en el expediente administrativo, que se han embargado con anterioridad créditos y inmuebles aunque para el cobro de otras deudas, por lo que no se ha incumplido dicho orden, porque el hecho de que no se pueda proceder a la traba de un grupo de bienes sin haber agotado la traba del precedente, siempre que este sea conocido por la Administración que debe realizar una investigación previa, no significa que no se pueda alterar dicho orden de prelación ante el desconocimiento de la Administración de bienes preferentes que en este caso han sido aplicados al pago de otras deudas de la interesada. En cuanto a que se ha incumplido el principio de proporcionalidad del artículo 131.1 de la Ley General Tributaria, no debe admitirse, puesto que aún en el caso de que la cantidad obtenida con el embargo fuese superior a la deuda perseguida, el artículo 152 del Reglamento General de Recaudación establece el levantamiento de los embargos de los bienes no enajenados, una vez cubiertos los débitos, intereses y costas.

        Por lo expuesto,

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la presente reclamación económico-administrativa y confirmar la diligencia de embargo impugnada si bien el importe a perseguir con la misma debe quedar reducido de 8.432.642,78  € a 8.236.288,58 €.

Diligencia de embargo
Administración Tributaria del Estado
Orden de embargo
Administración de bienes
Embargo de participaciones sociales
Participaciones sociales
Vertidos
Conservación del acto administrativo
Providencia de embargo
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
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