Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/5228/2002 de 25 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/5228/2002

Descripción

En la villa de Madrid, a 25 de julio de 2007 este Tribunal Económico-Administrativo Central, reunido en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, ha interpuesto la entidad X, (anteriormente denominada Y) con C.I.F.: ..., y actuando en su nombre y representación D. ..., con N.I.F.: ..., y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acto administrativo de liquidación (nº. ...) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Oficina Técnica de Inspección) de fecha 27-11-2002, referente al concepto tributario de Impuesto sobre la Renta de no Residentes del ejercicio 2000, derivado del acta A02-... y cuantía de 94.049.576,20 euros.

                                       ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Notificado el acto de referencia con fecha 02-12-2002 fue promovida contra el mismo la reclamación económico-administrativa nº. 00-05228-02 en fecha 18-12-2002.

Han sido incorporados al expediente los antecedentes remitidos por el órgano de gestión los cuales han sido puestos de manifiesto al reclamante con fecha 24-09-2003. Con fecha 07-10-2003 el interesado solicitó prórroga del plazo para la presentación de alegaciones las cuales fueron finalmente presentadas el 17-10-2003. Con fecha 30-06-2005 el interesado presenta ante este Tribunal escrito por el que se le comunica la iniciación de un procedimiento amistoso al amparo del Convenio Hispano-Sueco para evitar la doble imposición. Con fecha 20-06-2007 el interesado presenta ante este Tribunal, "por su relevancia para la resolución" de esta reclamación, traducción jurada de la contestación emitida por la Agencia Tributaria de Suecia a la consulta formulada por el contribuyente acerca del posible acuerdo amistoso entre dicha Administración y la Administración Tributaria Española en relación con la liquidación objeto de la presente reclamación económico-administrativa.

SEGUNDO.- El día 16-07-2002 D. ..., en calidad de representante del contribuyente, suscribió en disconformidad el acta referenciada, que tiene el carácter de definitiva, en la que se hacía constar, por lo que aquí interesa, lo siguiente:

- Apartado I.- La situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario es la siguiente: La entidad no lleva contabilidad oficial por considerar que no es residente en España y, por tanto, que no le afectan las normas españolas.

- Apartado II.- La comprobación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) se inició mediante comunicación de 17-05-2002 en la que se indica que por la Inspección se tendrá en consideración toda la documentación y actuaciones realizadas hasta la fecha que hacen referencia a la comprobación parcial del IVA-2000, que se inició con fecha 15-06-2001. Mediante Diligencia de 27-06-2002 se comunicó al interesado la apertura del trámite de audiencia previo a la propuesta; el interesado presentó alegaciones las cuales son contestadas en el informe ampliatorio que acompaña al acta. Hasta la fecha del acta no se han producido dilaciones imputables al obligado tributario ni periodos de interrupción injustificada.

- Apartado III.- De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta:

(1º) El interesado no había presentado autoliquidación por el concepto tributario y ejercicio que nos ocupa por entender que no opera en España con establecimiento permanente.

(2º) A juicio de la Inspección las actividades realizadas en España por la entidad supone la existencia de un establecimiento permanente (en adelante EP) y, por tanto, debe tributar en España de acuerdo con lo dispuesto el artículo 17 de la Ley 41/1998 (LIRNR) y 10 y siguientes de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

(3º) La determinación de la base imponible se ha realizado en estimación directa tomando los datos que se indican a continuación (cifras en pesetas):

        INGRESOS

        Ventas interiores                               79.346.259. 315

        Entregas intracomunitarias                     272.560.165

        Exportaciones                                     1.898.032.056

        Total ingresos                                   81.516.851.536

        GASTOS

        Adquisiciones intracomunitarias       32.384.824.580

        Importaciones                                        360.905.000

        Adquisiciones de bienes y servicios   4.162.095.716

        Comisiones                                         1.904.310.179

        Servicios ...                                           732.585.179

        Total gastos                                      39.544.720.699

- Apartado IV.- Como resultado de la regularización tributaria efectuada se determina una base imponible comprobada de 41.972.130.837 ptas. y se propone una liquidación con una deuda tributaria de 94.049.576,20 €. desglosada en una cuota de 88.290.155,38 € y unos intereses de demora de 5.759.420,82 €.

TERCERO.- El actuario acompañó al acta el preceptivo informe complementario en el que, resumidamente, se hace constar:

1.- Y opera en España mediante EP ya que:

1.1.- Efectúa adquisiciones intracomunitarias de los ... que vende en España.

1.2.- Manipula (...) en territorio español dichos ... con el fin de que puedan ser utilizados por determinados ... y sus distribuidores y, en definitiva, sean adquiridos por los consumidores finales.

1.3.- Utiliza los almacenes de los manipuladores con fines distintos de la manipulación (depósito).

1.4.- Parte de sus ventas a los operadores y distribuidores se lleva a cabo sin relación contractual escrita a través de la personación de los comerciales de Y ESPAÑA, finalizando acuerdos como representantes de Y en España.

1.5.- Utiliza la estructura comercial de Y ESPAÑA para gestionar los problemas de recepción de repuestos y todos los que puedan surgir entre los distribuidores y los Centros de asistencia técnica.

1.6.- Dispone de almacén para sus unidades de recambio (...) en los centros de asistencia técnica.

1.7.- Realiza cursos de formación, a través de Y ESPAÑA, para el personal de los centros de asistencia técnica cuando aparecen nuevos modelos de ...

2.- Respecto de la base imponible del EP:

2.1.- Y no dispone de contabilidad separada del EP tal y como la propia entidad reconoce.

2.2.- Al no poder partir de la contabilidad para determinar la base imponible, la Inspección acude a los registros de IVA, que recogen los ingresos del EP y las compras y adquisiciones intracomunitarias del mismo, todo ello soportado con facturas que constan en el expediente.

2.3.- En cuanto a otros gastos, la Inspección ha considerado los derivados de las facturas por re-facturación de servicios de Y ESPAÑA a Y, por la personalización y transporte de ... que no estaban registrados en las facturas recibidas de IVA. También se ha tenido en cuenta la comisión por los servicios de agencia que presta Y ESPAÑA a Y aplicando, a partir de las condiciones del contrato (que estipula el 2,4% de comisión sobre las ventas si se alcanzan el 120% de los objetivos marcados, y para el exceso del 120%, el 1,7%) el 2,4% sobre la totalidad de las ventas en el interior declaradas en el ejercicio 2000, coincidentes con sus registros de IVA.

CUARTO.- El contribuyente presentó alegaciones frente a la propuesta contenida en el acta. Con fecha 27-11-2002 el Jefe de la Oficina Técnica de Inspección, a la vista del expediente instruido y de las alegaciones presentadas, dicta la correspondiente liquidación confirmando la propuesta.

QUINTO.- Frente a las actuaciones realizadas por la oficina gestora y la liquidación practicada el reclamante expone ante este Tribunal, de forma sucinta y por lo que aquí interesa, los siguientes motivos de oposición:

1.- Sobre la inexistencia en España de establecimiento permanente.

1.1.- Y es una Compañía constituida debidamente al amparo de las leyes suecas, cuyo domicilio social y fiscal se halla en dicho Estado en el que se encuentra igualmente situada la sede de dirección y gestión efectiva de la actividad empresarial, siendo a todos los efectos una sociedad residente en Suecia.

1.2.- Y no tiene en el ejercicio objeto de comprobación domicilio o lugar fijo de negocios en España a los efectos del IRNR dado que la actividad empresarial se producía en todo caso sin la mediación de sucursal, sede de dirección, oficina u otro tipo de lugar fijo de negocio que pueda constituir un EP situado en territorio español.

1.3.- Los rendimientos obtenidos por la actividad empresarial de Y derivan principalmente de la venta de ... y ... a sus clientes españoles; ello se canaliza a través de compraventas internacionales de mercancías realizadas desde Suecia.

1.4.- La Inspección no precisa en ningún momento en qué lugar del territorio español se encuentra situado el/los presunto/s EP/s que se pretende/n atribuir a la reclamante y desde el/los que obtiene rentas susceptibles de imposición directa en España, siendo necesaria la identificación del "lugar/es fijo/s de negocios" para que pueda hablarse de la existencia de EP/s en España. Tampoco se identifica la actividad económica que se realiza en el/los mismo/s y, de existir varios, no se indican los rendimientos imputables a cada uno de ellos. Habla la Inspección de que determinadas actividades no pueden ser calificadas como de "accesorias" sin indicarse cual es la actividad principal de la pudieren o no considerarse accesorias.

1.5.- ... Y DISTRIBUIDORES (clientes de Y). Y e Y ESPAÑA se encuentran obligados jurídicamente por un contrato de agencia por el que esta última realiza para aquélla funciones de marketing y comerciales. Las actividades desarrolladas por el personal de Y ESPAÑA para Y son puramente comerciales, captando nuevos clientes y suministrando a éstos la información de los ... que Y comercializa en España así como realizando las actividades necesarias para la conclusión posterior de ventas directamente por Y a dichos clientes españoles. Las ventas de ... de Y en España se formalizan mediante sucesivas entregas realizadas en ejecución de los contratos de suministro firmados por los representantes de Y en Suecia, Y emite desde Suecia la correspondiente factura y corre con los gastos de transporte. Los empleados de Y ESPAÑA carecen de poder para obligar a Y en España y para concluir contratos de compraventa en su nombre, limitándose a la recepción de los pedidos por los clientes españoles, su inmediata remisión a Suecia y la recepción de posibles reclamaciones que Y puede aceptar o rechazar.

1.6.- MANIPULADORES. Según el artículo 5 del Convenio Hispano-Sueco para evitar la doble imposición (en adelante CDI) la utilización de instalaciones sitas en territorio español con el único fin de depositar, almacenar o entregar bienes o mercancías propiedad de la entidad no residente, así como, en su caso, para su transformación por otra empresa, siempre que no se vendan dichos bienes y mercancías directamente desde estas instalaciones, no constituye un EP a los efectos del CDI. Los servicios de manipulación prestados por Z y W eran contratados por el agente (Y ESPAÑA) directamente y no por Y. Dichas empresas realizan servicios de manipulación pero no de almacenaje. La Inspección no ha podido incardinar esta actividad de "manipulación" en alguno de los supuestos que el CDI califica como de EP ni tampoco ha podido relacionarla con la pretendida actividad de Y ESPAÑA como agente dependiente de ventas de Y en España.

1.7.- CENTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA. Ni el Informe ampliatorio ni el acuerdo de liquidación aclaran la actividad que se desarrolla en los mismos que sea susceptible de ser incardinada en alguno de los supuestos de EP previstos en el CDI.  Los contratos de prestación de servicios de asistencia técnica son suscritos por Y sin que en nada intervenga Y ESPAÑA en la operativa de esta "asistencia técnica". En cuanto a los cursos de formación impartidos por Y ESPAÑA a empleados de los centros de asistencia técnica, se desconocen los motivos por los que los cita la Inspección debiéndose destacar que la impartición de cursos de formación no forma parte de la definición que de EP hace el CDI.

1.8.- La argumentación jurídica que utiliza la Inspección para llegar a la conclusión de que Y tiene EP en España es altamente confusa y absolutamente imprecisa.

2.- Sobre el método utilizado para la determinación de la base imponible del IRNR.

2.1.- El método utilizado por la Inspección para determinar la base imponible imputable al presunto EP de Y en España supone una patente infracción del artículo 17.1 de la LIRNR y de los apartados 2º y 3º del artículo 10 de la LIS.

2.2.- Si bien se afirma por la Inspección que la base imponible del pretendido EP de Y en España se ha determinado en estimación directa, lo cierto es que se ha determinado en estimación indirecta, es decir, se ha prescindido totalmente del resultado contable que podría serle imputable al EP y se han tomado las cifras declaradas a efectos de otro impuesto (IVA), lo que supone una clara vulneración del principio de estanqueidad tributaria previsto en el artículo 9.1.b) de la LGT. Si se llega a la conclusión de que el método realmente utilizado por la Inspección es el de estimación indirecta; es de hacer notar que no se ha elaborado el informe específico que a estos efectos prevé la LGT y el RGIT por lo que, siguiendo el criterio de la SAN que se cita (de 27-01-1998) debe procederse a la anulación de todo lo actuado a partir del momento en que dicho Informe debió ser emitido.

2.3.- El beneficio que se pretende imputar al pretendido EP resulta desproporcionado desde el punto de vista económico-financiero dado que supone atribuir un margen de beneficio al presunto EP superior al 50%.

2.4.- Se propone un criterio proporcional, según relación entre la cifra de negocios del pretendido EP de Y en España y la del conjunto de la empresa Y, a los efectos de tomar en consideración el importe real de los gastos imputables al presunto EP en España, ya que con el método utilizado por la Inspección una gran cantidad de gastos han quedado sin computar. La imposibilidad de deducir todos esos gastos que han quedado sin computar supone una violación del principio de no discriminación previsto en el artículo 25.3 del CDI.

2.5.- La Inspección está generando una situación de doble imposición ya que los ingresos y gastos que se pretenden imputar al presunto EP en España ya fueron integrados en el impuesto personal de Y en Suecia.

3.- Sobre el procedimiento de comprobación e investigación.

3.1.- Las actuaciones se iniciaron el 15-06-2001 limitadas a la comprobación parcial del IVA 2000 y, casi un año después se ampliaron, el 17-05-2002, al IRNR del ejercicio 2000; tras una única comparecencia el 16-07-2002 se incoó el acta que nos ocupa, lo que demuestra que no ha existido una verdadera comprobación del IRNR/2000 sino que se utilizó la documentación obtenida a efectos de IVA para regularizar el IRNR.

3.2.-
Si bien el artículo 11.6 in fine del RGIT permite ampliar el alcance de las actuaciones que se inicien con carácter parcial, esta ampliación sólo puede entenderse en el sentido de que la comprobación se refiera a otros elementos del tributo y ejercicio objeto inicial del procedimiento, pero no habilita a la Inspección a ampliar las actuaciones a otros tributos distintos; ello se ve refrendado por lo dispuesto en los artículos 11.3 (red. RD 136/2000) y 33.bis.1 del RGIT. Por otro lado, No queda acreditado en el expediente que el IRNR-2000 estuviere en Plan de Inspección o que el Inspector Jefe haya ordenado motivadamente el inicio de actuaciones respecto del mismo.

3.3.- El acuerdo de ampliación del alcance de las actuaciones se notificó al representante de Y ESPAÑA que era la compañía representante en España de Y a efectos de IVA, sin que por ese motivo pueda entendérsela como representante también de Y a efectos de IRNR. La documentación aportada por el representante a efectos de IVA ha sido posteriormente utilizada para regularizar el IRNR, tributo éste para el que no ostentaba representación en el momento en que aportó la referida documentación.

3.4.- El acta incoada ha infringido el artículo 145.1.b) de la LGT en relación con los artículos 49.2.e) y 56.3 del RGIT, por no haber motivado suficientemente la propuesta de regularización en ella contenida.

3.5.- Y presentó el escrito de alegaciones sin poder disponer de toda la documentación que componía el expediente, lo que supone infracción de los artículos 46.1 y 56.1 del RGIT y vulneración del derecho a la defensa.

                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren en la presente reclamación los requisitos de competencia de este Tribunal, legitimación e interposición en plazo, que son presupuesto de su admisión a trámite, planteándose, a la vista de las alegaciones formuladas por el reclamante ante este Tribunal, las siguientes cuestiones sobre las que debemos pronunciarnos: (1ª) Analizar las irregularidades alegadas en cuanto al procedimiento de comprobación e investigación seguido por la Inspección. (2ª) Determinar si Y operaba o no en España, en el ejercicio objeto de comprobación, mediante EP. (3ª) Determinar si resulta o no conforme a Derecho la cuantificación de la base imponible del EP realizada por la Inspección.

          SEGUNDO.- La PRIMERA DE LAS CUESTIONES es analizar son las irregularidades alegadas en cuanto al procedimiento de comprobación e investigación seguido por la Inspección.

          Señala el interesado que el artículo 11.6 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RD 939/1986 adelante RGIT) únicamente habilita al inspector actuario a ampliar el alcance de las actuaciones inicialmente parciales a otros elementos del mismo concepto tributario y ejercicio respecto del que se iniciaron las actuaciones parciales.

            Dispone al respecto el referido artículo 11 del RGIT, por lo que aquí interesa:
            
"1. Las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación podrán tener carácter general o parcial.

            2. Tendrán carácter general cuando tengan por objeto la verificación en su totalidad de la situación tributaria del sujeto pasivo u obligado tributario, en relación con cualquiera de los tributos y deberes formales o de colaboración que le afecten dentro de los límites determinados por:

            a) La competencia del órgano cuyos funcionarios realizan las correspondientes actuaciones.

           b) Los ejercicios o períodos a que se extienda la actuación inspectora.

           c) La prescripción del derecho a la Administración para determinar las deudas tributarias mediante la oportuna liquidación y de la acción para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones tributarias que, en su caso, se aprecien.

           3. (...)

           4. Las actuaciones de comprobación e investigación serán parciales cuando se refieran sólo a uno o varios de los tributos o deberes que afectan al sujeto pasivo u obligado tributario, o a hechos imponibles determinados o cuando de cualquier otro modo se circunscriba su objeto a límites más reducidos de los que se señalan en los apartados anteriores.

           5. (...)

          6. Las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general podrán limitar su objeto cuando en el curso de su ejecución se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen y se acuerden por el órgano competente. Del mismo modo, a juicio de los actuarios, se podrá ampliar el ámbito de aquellas actuaciones que inicialmente tuvieran carácter parcial."

          De la redacción del apartado 6 del referido artículo se desprende que ninguna limitación, ni en cuanto a ejercicios ni en cuanto a tributos, establece el mismo respecto de la posibilidad de ampliar las actuaciones. Es más, definidas las actuaciones parciales como aquellas que "se refieran sólo a uno o varios de los tributos" y las generales como aquéllas que "tengan por objeto la verificación en su totalidad de la situación tributaria del sujeto pasivo u obligado tributario, en relación con cualquiera de los tributos (...) que le afecten", de la propia redacción del precepto mencionado ("se podrá ampliar el ámbito de aquellas actuaciones que inicialmente tuvieran carácter parcial") se desprende la posibilidad de que la ampliación de actuaciones alcance a otros tributos inicialmente no incluidos en las actuaciones de comprobación e investigación.

          No resulta relevante en contra de lo anterior lo dispuesto por los artículos 11.3 (red. RD 136/2000) y 33.bis.1 del RGIT pues dichos artículos están referidos al derecho del contribuyente a solicitar la ampliación a general de una actuación inspectora iniciada con carácter parcial (especificándose expresamente que dicha ampliación irá referida al mismo ejercicio y tributo afectado) y no al supuesto de ampliación del alcance de actuaciones decidida por el actuario a que se refiere el artículo 11.6 del RGIT.

          TERCERO.- Alega igualmente el interesado respecto de la ampliación del alcance de actuaciones que nos ocupa que no consta en el expediente la inclusión en Plan del reclamante respecto del concepto tributario al que se le amplía la actuación ni la orden del Inspector Jefe en tal sentido. Pues bien, a este respecto cabe indicar que el artículo 29 (red. RD 136/2000) del RGIT dispone que "Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se iniciarán: a) Por propia iniciativa de la inspección, como consecuencia de los planes específicos de cada funcionario, equipo o unidad de inspección, o bien sin sujeción a un plan previo por orden superior escrita y motivada del Inspector-Jefe respectivo. (...)".

          Es de destacar al respecto que dicho artículo 29, en el que se basa el interesado, está referido al inicio de actuaciones inspectoras y no a la ampliación de unas actuaciones ya iniciadas, ampliación que el mencionado artículo 11.6 del RGIT deja "a juicio de los actuarios" sin que se refiera al respecto a la necesidad de previa inclusión específica en Plan u orden del Inspector Jefe alguna.

          CUARTO.- Acerca de la posibilidad de ampliación del alcance de las actuaciones a tributos diferentes de los inicialmente previstos sin necesidad de previa inclusión específica en Plan o previa orden del Inspector Jefe se ha pronunciado reiteradamente la jurisdicción contencioso-administrativa y así, haciéndonos eco únicamente delos pronunciamientos más recientes cabe citar la SAN de 23-04-2001 y, aún más específicamente, la SAN de 04-05-2006 (rec. nº. 81/2006) que indica expresamente que:

          "El invocado artículo 29 del Reglamento de Inspección (RGIT), se refiere a las formas de iniciación del procedimiento de comprobación, exigiendo la autorización del Inspector-Jefe para el inicio, lo que no es óbice para que, en el curso de unas actuaciones ya abiertas y encaminadas a una verificación parcial o fragmentada de la situación fiscal del contribuyente, puedan aparecer hechos nuevos que justifiquen la extensión de la comprobación a tales hechos, a figuras tributarias o a ejercicios no contemplados inicialmente, extensión para la que no se precisa la autorización previa, escrita y motivada del Inspector-Jefe, no sólo porque el artículo 11.6 del propio RGIT apodera a los actuarios, término que no necesariamente obliga a la inclusión de ese ámbito subjetivo al Jefe de la Inspección, para la exigible ampliación. Así, el indicado artículo 11.6 se expresa de la siguiente manera: (...)  En suma, el artículo 11.6 se antepone, por su especificidad, al artículo 29 RGIT, pues este sólo entra en juego en el momento de autorizar el comienzo del procedimiento, no para extender el ámbito objetivo de unas actuaciones ya comenzadas y debidamente autorizadas".

           QUINTO.- Dentro de las irregularidades procedimentales alegadas manifiesta igualmente el reclamante que el acuerdo de ampliación del alcance de las actuaciones se notificó al representante de Y ESPAÑA, representante que sólo lo era a efectos de IVA.

           Consta al respecto en el expediente (pág 11 y ss.) que el presidente de Y, el 11-01-2000, ante notario público de ... (Suecia) otorgó poder a Y ESPAÑA en los términos siguientes:

          "1.- Que otorga Poder especial tan amplio como sea necesario en derecho a favor de Y ESPAÑA (...) para que pueda intervenir como representante fiscal  en España de la citada Sociedad (Y) a efectos de IVA de conformidad con el Artículo 164.1.7 de la Ley del IVA 37/1992 (...).

          2.- EJERCER la representación de la sociedad principal ante la Administración Tributaria Española y, en general, ante todas las administraciones públicas, locales, provinciales, regionales o estatales. Con este fin dará la dirección de ..., para cursar y recibir notificaciones fiscales, presentar declaraciones de impuestos, pagar impuestos, recibir devoluciones, mantener correspondencia y en general, desarrollar todas las actividades que puedan ser necesarias para ejercer la representación objeto de este Poder.

          3.- OTORGAR poderes para pleitos a procuradores y abogados con las facultades usuales para cualquier instancia o jurisdicción.

           4.- PARA LOS fines antes citados, otorgar los documentos públicos y privados que el Apoderado considere necesarios".

           Así pues la comunicación de ampliación del alcance de las actuaciones fue notificada a representante de Y ESPAÑA, siendo Y ESPAÑA no solamente representante de Y respecto del IVA sino que tenía igualmente poderes para "EJERCER la representación de la sociedad principal ante la Administración Tributaria Española y, en general, ante todas las administraciones públicas, locales, provinciales, regionales o estatales".

          Sin perjuicio de lo anterior, en la comunicación de ampliación del alcance de las actuaciones de 17-05-2002 (pág. 346 y ss.) se deja constancia de que se entregaba al representante de Y ESPAÑA "modelo oficial de representación, por duplicado, con objeto de ampliar y adecuar a estas actuaciones los poderes aportados" dejándose constancia en la Diligencia de 27-06-2002 (pág. 115 y ss.) de que "En esta comparecencia se aporta la siguiente documentación: Original y copia de los poderes otorgados por Y a Y ESPAÑA para que ésta actúe como representante ante las autoridades fiscales españolas, acreditándose asimismo el poder de los firmantes", constando en el expediente (pág. 65 y ss.) copia de Escritura de otorgamiento de Poderes de Y, de fecha 13-06-2002, en la que se deja constancia de que los representantes legales de Y "confieren poder especial tan amplio y bastante como en derecho sea necesario a favor de Y ESPAÑA (...) para que actúe como representante fiscal en España de dicha sociedad mandante de acuerdo con lo establecido en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 43, números 1 y 2, y que le habilita para: PRIMERO.- EJERCER la representación fiscal o tributaria de la Sociedad poderdante ante la Hacienda Pública española y, en general, ante cualquier clase de administración pública, ya sea local, provincial, regional o estatal. A los efectos indicados, señalar como domicilio a efectos fiscales para practicar y recibir notificaciones de toda clase en Y ESPAÑA, Calle ..., presentar declaraciones de Impuestos a pagar y recibir devoluciones de los mismos, mantener correspondencia y, en general, realizar cualquier actividad necesaria o conveniente para el ejercicio de dicha representación".

          Por todo lo anterior, ningún vicio se aprecia en la comunicación de la ampliación del alcance de las actuaciones al representante de Y ESPAÑA.

          SEXTO.- Señala igualmente el reclamante que la documentación aportada inicialmente a efectos de IVA ha sido posteriormente utilizada a efectos de IRNR.

          A este respecto hay que indicar que lo que ha existido es un procedimiento de comprobación e investigación iniciado respecto de IVA y cuyo alcance se ha visto posteriormente ampliado a IRNR. Fruto del mismo se ha practicado regularización por ambos conceptos tributarios.

          La documentación requerida por la Inspección al interesado a efectos de IVA se obtuvo al amparo de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del RGIT según los cuales, entre las facultades de la Inspección, se encuentra tanto el examen de la documentación del interesado (art. 36.1 RGIT) como los requerimientos de la Inspección de los Tributos para la obtención de información (art. 37).

           El hecho de que la documentación así obtenida haya sido utilizada para la regularización practicada por IRNR nada de irregular tiene por cuanto que para el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación dispone el artículo 36.2 del RGIT que la Inspección.
           
"...podrá utilizar los medios que considere convenientes, entre los que podrán figurar:

           a) Declaraciones del interesado por cualquier tributo.

           b) Contabilidad del sujeto pasivo, retenedor u obligado tributario, comprendiendo tanto los registros y soportes contables como los justificantes de las anotaciones realizadas y las hojas previas o accesorias de dichas anotaciones, así como los contratos y documentos con trascendencia tributaria. Los estados contables deberán ir acompañados de los desgloses y comentarios precisos para la adecuada comprensión de la información financiera.

           c) Datos o antecedentes obtenidos directa o indirectamente de otras personas o Entidades y que afecten al sujeto pasivo o retenedor.

          d) Datos o informes obtenidos como consecuencia del deber de colaboración y del derecho de denuncia.

          e) Información obtenida de otros órganos u organismos administrativos.

           f) Cuantos datos, informes y antecedentes pueda procurarse legalmente".

          En la propia comunicación de ampliación del alcance de las actuaciones se informaba al interesado de que "...a los efectos de esta comprobación, se tiene en consideración toda la documentación y actuaciones realizadas hasta la fecha".

          La documentación utilizada por la Inspección a los efectos del IRNR fue válidamente obtenida por ella al amparo de lo dispuesto en los artículos 111 y 140 y ss. de la Ley 230/1963, General Tributaria (LGT) y nada de extraño hay en que la Inspección utilice datos (antecedentes) inicialmente obtenidos a los efectos de la regularización de un tributo en la regularización de otro al que también se han extendido las actuaciones cuando dicho dato resulta relevante para ambos tributos. Lo contrario llevaría al ilógico de tener que requerir de nuevo aquello de lo que ya dispone la Inspección pero ahora a los efectos de otro concepto tributario cuando, tras la ampliación del alcance de las actuaciones, éstas abarcan ambos conceptos tributarios.

          Se desestiman por tanto también las pretensiones actoras en este punto.

          SÉPTIMO.- Indica igualmente el reclamante que la Inspección no le puso de manifiesto el expediente completo.

          A este respecto consta en Diligencia de 27-06-2002 (pág. 350 del expte.) que "En cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 letra L y 21 y 22 de la Ley 1/98, de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, la Inspección en este acto pone de manifiesto el expediente al interesado haciendo constar que la comprobación se ha realizado con documentos que obraban en su poder con anterioridad al inicio de la comprobación por haberlos presentado el obligado tributario, otros han sido incorporados por los interesados a lo largo del procedimiento de comprobación y por último los que la Actuaria ha obtenido por requerimientos efectuados a terceros relacionados con la entidad objeto de estas actuaciones. De esta última documentació

Impuesto sobre la Renta de no residentes
Impuesto sobre el Valor Añadido
Asistencia técnica
Establecimiento permanente
Adquisiciones intracomunitarias
Comisiones
Obligado tributario
Actividades empresariales
Doble imposición
Mercancías
Estimación directa
Determinación de la base imponible
Deuda tributaria
Estimación indirecta
Administración Tributaria del Estado
Dilaciones imputables al obligado tributario
Impuesto sobre sociedades
Entrega intracomunitaria
Operadores
Importaciones de bienes
Consumidor final
Intereses de demora
Regularización tributaria
Relación contractual
Condiciones del contrato
Inspección tributaria
Marketing
Contrato de agencia
Actividades económicas
Contratos de suministro
Gastos de locomoción
Entidades no residentes
Contrato de compraventa
Actividad inspectora
Principio de estanqueidad
Prestación de servicios
Base imponible del IRNR
Cifra de negocios
Violación
Derecho de defensa

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 5/2004 de 5 de Mar (TR. de la ley del impuesto sobre la renta de no residentes) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 62 Fecha de Publicación: 12/03/2004 Fecha de entrada en vigor: 13/03/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

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    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 25/05/2017

    El Impuesto sobre la Renta de no Residentes en Bizkaia (IRNR Bizkaia) se encuentra regulado en la NORMA FORAL 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y en el DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, ...

  • Régimen foral de Navarra

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 11/09/2018

    En virtud del Régimen Foral, Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. Para la exacción, gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos propios de la Comunidad Foral, la Hacienda Pú...

  • Base Imponible rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente (IRNR)

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 14/07/2015

    Con carácter general, la base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por este impuesto obtengan sin mediación de establecimiento permanente estará constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las nor...

  • Régimen foral de Bizkaia

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 10/10/2018

    Los principales tributos que podemos encontrar dentro del Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia son:Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (IRPF Bizkaia)Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. (IRNR Bizkaia)Impuest...

  • Impuesto sobre la Renta de no Residentes ÁLAVA (IRNR)

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 10/05/2017

    El Impuesto sobre la Renta de no Residentes en Álava (IRNR Álava), se encuentra regulado en la Norma Foral 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y en Decreto Foral 3/2016, del Consejo de Diputados de 12 de enero, qu...

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