Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/531/2007 de 28 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/531/2007

Resumen

El procedimiento de devolución de cuotas soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del IVA, regulado en los artículos 119 de la Ley 37/1992 y 31 del Real Decreto 1624/1992, no exige trámite de audiencia al interesado, a la vista de lo dispuesto por los artículos 98.8 de la LGT (Ley 58/2003) y 84 de la Ley 30/1992. La denegación de la solicitud de devolución, así como la desestimación del posterior recurso de reposición, utilizando firma electrónica por el órgano administrativo es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la LGT y la Ley 59/2003 de firma electrónica. La fecha de presentación de la solicitud es la que figura en el sello del registro de entrada en la Delegación Especial de la AEAT y no la fecha en que, según alega la entidad, presentó dicha solicitud a través del servicio de correos del Consulado, ya que no aporta prueba alguna, lo que conlleva que dicha solicitud se haya presentado fuera de plazo.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 28 de marzo de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por ... con NIF ... y actuando en su nombre y representación D. ..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo nº ... de denegación de la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, de fecha 4 de mayo de 2006, dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes y referido al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2004 por importe de 3.454,61 euros de devolución.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La entidad ... presentó el modelo 361 de solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Dicha solicitud tiene el sello del registro de entrada en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ... en el que consta como fecha de recepción el día 8 de julio de 2005.

La solicitud de devolución mencionada asciende a la cantidad de 3.454,61 euros, y está referida a todo el período anual del ejercicio 2004. El modelo de solicitud se acompaña de una relación de los bienes o servicios adquiridos relativos a todo el período al que se refiere la solicitud, del certificado fiscal emitido por las Autoridades Fiscales de Bélgica, y de las facturas que originan el derecho a la deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas.

La Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes, dictó con fecha 4 de mayo de 2006 acuerdo nº ... de denegación de la solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, en síntesis por los siguientes motivos:

- Que el plazo para la presentación de las solicitudes de devolución concluye al término de los seis meses siguientes al año natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refieran, como establece el artículo 31.1 e) del RD 1624/1992 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

- Que a efectos del plazo, la única fecha que se tendrá en cuenta es una de las siguientes:

- Sello del registro de entrada en la Delegación Especial de ...

- O el de presentación en una Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

          - O el de entrada en representaciones diplomáticas o consulares españolas.

- O bien la realizada por "correo administrativo": presentación en oficina de correos en sobre abierto donde el funcionario estampe el sello con la fecha en la propia solicitud.

La notificación del acuerdo denegatorio anterior, tuvo lugar el día 2 de junio de 2006.

SEGUNDO: La entidad solicitante, ... presenta con fecha 27 de junio de 2006 recurso de reposición contra el acuerdo de denegación anterior, en el que efectúa una alegación única:

           - Que sea admitido el recurso de reposición presentado en tiempo y forma y que se revoque la resolución adoptada en fecha 4 de mayo de 2006, manifestando además, que no se había interpuesto reclamación económico administrativa.

La Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes, dicta el día 31 de agosto de 2006, resolución desfavorable nº ... del recurso de reposición interpuesto por la entidad solicitante. La resolución basa su motivación en los siguientes argumentos:

- Que el plazo para la presentación de las solicitudes de devolución concluye al término de los seis meses siguientes al año natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refieran, como establece el artículo 31.1 e) del RD 1624/1992 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

- Que a efectos del plazo, la única fecha que se tendrá en cuenta es una de las siguientes:

- Sello del registro de entrada en la Delegación Especial de Madrid

- O el de presentación en una Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

- O el de entrada en representaciones diplomáticas o consulares españolas.

- O bien la realizada por "correo administrativo": presentación en oficina de correos en sobre abierto donde el funcionario estampe el sello con la fecha en la propia solicitud.

- Que en su caso, el sello del Registro General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Servicios Centrales lleva fecha del 8 de julio de 2005.

La resolución desestimatoria del recurso de reposición fue notificada a la entidad recurrente el día 26 de octubre de 2006.

TERCERO: La entidad reclamante, ... presenta dentro del plazo legal concedido al efecto, la reclamación económico administrativa que se examina, ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. En dicha reclamación económico administrativa la entidad solicitante expone las siguientes alegaciones:

1. Según la copia del modelo 361 que obra en el expediente administrativo, la solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido fue presentada el día 23 de junio de 2005, es decir, en tiempo y forma, a través del Consulado de España en la modalidad de correo certificado y respetando los plazos establecidos.

2. El escrito de denegación está firmado por medios telématicos no reconocidos por la doctrina y jurisprudencia en temas de resoluciones que gravan al interesado.

3. La no concesión del preceptivo trámite de audiencia produce indefensión al interesado, vulnerando el artículo 24 de la Constitución Española.

                                                 FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO: Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer de la reclamación económico-administrativa que se examina, que ha sido interpuesta en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y en el RD 520/2005 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, de aplicación a este procedimiento.

Son cuestiones a resolver por este Tribunal Económico-Administrativo Central las siguientes: 1) Si es preceptivo el trámite de audiencia en el procedimiento de devolución que se examina y si la falta del mismo ha causado indefensión al interesado. 2) Validez de la firma electrónica del acuerdo denegatorio de la solicitud de devolución. 3) Si la solicitud de devolución se ha presentado en plazo conforme establece el artículo 119 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.

SEGUNDO:
En cuanto a la primera cuestión planteada por la entidad reclamante ... relativa a la falta del preceptivo trámite de audiencia al interesado, debemos plantearnos para su examen dos cuestiones fundamentales:

1. Si en el procedimiento de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, que es objeto de impugnación en la presente reclamación económico administrativa, es preceptivo el trámite de audiencia al interesado.

2. Si la falta del trámite de audiencia ha causado indefensión al interesado.

Con la presentación por parte de la entidad recurrente del modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, se inicia, a instancia del interesado, un procedimiento de Gestión Tributaria, concretamente el procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. La regulación principal de este procedimiento se encuentra recogida en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria en sus artículos 124 a 127.

En el caso que estamos examinando, el procedimiento se ha iniciado mediante la presentación por el interesado de una solicitud de devolución (es decir el procedimiento de devolución se inicia mediante la presentación del modelo 361). A este respecto, el artículo 126 de la Ley 58/2003 General Tributaria, dispone:

"1. Cuando así lo señale la normativa tributaria, el procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una solicitud ante la Administración tributaria o, en el caso de obligados tributarios que no tengan obligación de presentar autoliquidación, mediante la presentación de una comunicación de datos.

2. El plazo para practicar la devolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley comenzará a contarse desde la presentación de la solicitud o desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la comunicación de datos.

3. El procedimiento se regulará por las normas propias de cada tributo".

En nuestro caso, la normativa tributaria del Impuesto sobre el Valor Añadido, que es el tributo cuya devolución se solicita, sí que señala la posibilidad de iniciar el procedimiento de devolución mediante la presentación de una solicitud, así lo dispone el artículo 119 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, relativo a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. El apartado Diez de dicho artículo 119 dispone que reglamentariamente se determinará el procedimiento para solicitar las devoluciones a que se refiere este artículo.

El desarrollo reglamentario lo encontramos en el artículo 31 del RD 1624/1992 de 29 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, según el cual:

"El ejercicio del derecho a la devolución previsto en el artículo 119 de la Ley del Impuesto quedará condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

        a) El interesado o su representante deberán solicitar la devolución del impuesto en el impreso sujeto a modelo oficial que se apruebe por el Ministro de Hacienda, acompañando los siguientes documentos:

        1.º Declaración suscrita por el interesado o su representante en la que manifieste que no realiza, en el territorio de aplicación del impuesto, operaciones distintas de las indicadas en el artículo 119.dos.2.º de la ley. Cuando se trate de un empresario o profesional titular de un establecimiento permanente situado en el territorio de aplicación del impuesto, deberá manifestarse en dicha declaración que el interesado no realiza entregas de bienes ni prestaciones de servicios desde dicho establecimiento permanente.

        Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad Europea que se acojan al régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica, regulado en los artículos 163 bis a 163 quáter de la Ley del Impuesto, no estarán obligados al cumplimiento de lo dispuesto en este ordinal 1.º

        2.º Compromiso suscrito por el interesado o su representante de reembolsar a la Hacienda pública el importe de las devoluciones que resulten improcedentes.

        b) El interesado o su representante deberá mantener a disposición de la Administración tributaria, durante el plazo de prescripción del impuesto, una certificación expedida por las autoridades competentes del Estado donde radique el establecimiento del interesado, en la que se acredite que realiza en dicho Estado actividades empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido o a un tributo análogo durante el periodo en el que se hayan devengado las cuotas cuya devolución se solicita.

        c) Los originales de las facturas y demás documentos justificativos del derecho a la devolución deberán mantenerse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del impuesto.

        d) La Agencia Estatal de Administración Tributaria será la competente para la tramitación y resolución de las solicitudes de devolución reguladas en este artículo.

        e) Las solicitudes de devolución podrán referirse a las cuotas soportadas durante un trimestre natural o en el curso de un año natural. También podrán referirse a un período inferior a un trimestre cuando constituyan el conjunto de operaciones realizadas en un año natural.

El plazo para la presentación de las mencionadas solicitudes concluirá al término de los seis meses siguientes al año natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refieran aquellas.

        f) No serán admisibles las solicitudes de devolución por un importe global inferior a 200 euros.

        No obstante, podrán admitirse las solicitudes de devolución por un importe superior a 25 euros cuando el período de referencia sea el año natural.

        2. La decisión respecto a la solicitud de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado o su representante durante los seis meses siguientes a la fecha de su presentación, y se ordenará en dicho plazo el pago, en su caso, del importe de la devolución.

        3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior para notificar el acuerdo adoptado sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin necesidad de que el interesado así lo reclame".

Como se desprende del artículo anterior regulador del procedimiento de solicitud que examinamos, no se recoge la obligatoriedad del trámite de audiencia al interesado en el procedimiento de devolución a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, de manera que se hace necesario acudir, para su resolución, a las normas generales de aplicación a todos los procedimientos de aplicación de los tributos y en concreto, el artículo 34 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, relativa a los derechos y garantías de los obligados tributarios, en su apartado primero letra m) establece que constituye derecho de los obligados tributarios el derecho a ser oído en el trámite de audiencia en los términos recogidos en la presente ley.

Así, el artículo 99.8 de la misma Ley General Tributaria, dispone: "en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones".

Pero además, de lo anterior, es necesario que tengamos en cuenta, que ya con la Ley 1/1998 de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, se permitía prescindir del trámite de audiencia, en aquellos casos en que no figurasen en el procedimiento, ni fueran tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado. Este supuesto continúa en vigor, por la aplicación supletoria de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la Ley General Tributaria 58/2003, tal y como recoge el artículo 7 de esta última. Es decir, el artículo 84 de la Ley 30/1992 en su apartado cuarto, aplicable como hemos dicho de forma supletoria, dispone:".

        "4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".

La Oficina Nacional de Gestión Tributaria, partiendo del modelo de solicitud de devolución presentado por la entidad ..., así como de toda la documentación que adjuntó con la misma y que ya mencionamos en los antecedentes de hecho, dictó la resolución denegatoria de la solicitud de devolución, teniendo en cuenta para adoptar dicha resolución exclusivamente los datos, documentos y pruebas presentadas por la interesada. Es decir, que puesto que se cumple el requisito exigido por el mencionado artículo 84 de la Ley 30/1992, la Administración Tributaria, podía prescindir del trámite de audiencia al interesado.

A la vista de todo lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. El procedimiento de devolución objeto de impugnación es un procedimiento de Gestión Tributaria iniciado a instancia del interesado mediante la presentación del modelo 361.

2. En el artículo 31 del RD 1624/1992 que regula el procedimiento al que se debe ajustar dicha solicitud, se recogen de forma detallada todos los documentos a los que habrá de acompañarse la solicitud de devolución, tal y como realizó la entidad solicitante.

3. La Oficina Nacional de Gestión Tributaria, dictó acuerdo denegatorio de la solicitud de devolución a determinados empresarios o profesionales no establecidos, teniendo en cuenta exclusivamente los datos y pruebas aportados por el interesado con la solicitud en el modelo 361.

4. Que a tenor de las argumentaciones esgrimidas en los párrafos anteriores y que se desprenden de lo dispuesto en los artículos trascritos de la Ley General Tributaria y de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se puede prescindir en el caso que nos ocupa, del trámite de audiencia al interesado.

Pero es más, siendo en cualquier caso posible prescindir del trámite de audiencia al interesado, es necesario resaltar, que en ningún caso, se ha producido indefensión al interesado. Es decir, incluso en aquellos casos en los que resultara preceptivo el trámite de audiencia, la falta del mismo no determina por sí solo la nulidad del acto administrativo en cuestión. Es decir, el trámite de audiencia tiene la consideración de una garantía especial para los administrados y es un trámite calificado con carácter general de esencialísimo, tal y como se desprende del antedicho artículo 84 de la Ley 30/1992, si bien, no es menos cierto, que incluso en aquellos casos en los que éste fuera obligatorio, únicamente determinaría la nulidad de la resolución final cuando dicha omisión del trámite de audiencia determine una indefensión real y efectiva del interesado. Es decir, si la Administración puede demostrar que la decisión final hubiera tenido que ser la misma en todo caso, la jurisprudencia considera que lo que procede es prescindir del vicio formal y resolver sobre el fondo del asunto.

En la resolución objeto de estudio, como vamos a tener ocasión de exponer a continuación, la decisión de este Tribunal Económico-Administrativo no puede ser sino ratificar la denegación de la solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto relativo al ejercicio 2004. Es decir, además, de que la Oficina Nacional de Gestión Tributaria no tenía la obligación de conceder trámite de audiencia al interesado, tampoco se causa de ninguna forma una indefensión al interesado con la resolución de denegación de la solicitud. Es más, la entidad presentó el recurso potestativo de reposición, sin hacer en el mismo mención alguna a la falta del trámite de audiencia, teniendo en dicho recurso la facultad de formular alegaciones y presentar todos los documentos y las pruebas que considerara oportunos, limitándose como hemos expuesto en los antecedentes de hecho a formular la alegación única de no considerar el acuerdo ajustado a derecho. De la misma forma, la entidad recurrente, en las alegaciones presentadas en esta reclamación económico administrativa, no aporta pruebas que desvirtúen en modo alguno la resolución denegatoria dictada por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria.

TERCERO: La segunda cuestión planteada por la entidad reclamante en sus alegaciones, hace referencia a la falta de reconocimiento de la firma electrónica del acuerdo de denegación.

En este sentido, el artículo 96 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria relativo a la utilización de tecnologías informáticas y telemáticas dispone:

"1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan.

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

3. Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos garantizarán la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia. Además, cuando la Administración tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse.

4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta en la forma que se determine reglamentariamente.

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la Administración tributaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable".

Del artículo anterior, podemos extraer que el acto administrativo que se documente mediante estas técnicas, tiene validez y eficacia si se garantiza tanto la autenticidad del documento como la integridad del mismo. Ambos requisitos de integridad y autenticidad, se solventan mediante el mecanismo de la firma electrónica.

La firma electrónica se encuentra regulada en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica. El artículo primero de la misma dispone que esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación. Por su parte, el artículo 3º de la misma ley establece que la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Y finalmente, el artículo 4º es el que regula la utilización de la firma electrónica en el ámbito de las Administraciones Públicas y señala que esta ley se aplicará al uso de la firma electrónica en el seno de las Administraciones públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas y éstos entre sí o con los particulares.

Es decir, a la vista de todo lo anterior, no podemos sino desestimar las alegaciones formuladas por la entidad reclamante, relativas a la falta de reconocimiento de la firma electrónica, sin que por otra parte establezca de forma concreta cuáles son las argumentaciones en las que se basa para realizar tal afirmación.

Como ha quedado expuesto anteriormente, los documentos emitidos por la Administración Tributaria, en concreto, tanto el acuerdo de denegación de la solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación el impuesto relativo al período anual del ejercicio 2004, como la resolución desestimatoria del recurso de reposición, cumplen con los requisitos legales expuestos de autenticidad y de integridad, a través de la firma electrónica, que se ajusta a lo dispuesto en la Ley 59/2003 que la regula.

CUARTO: La última cuestión que debemos resolver, hace referencia en este caso, al fondo del asunto de la solicitud de devolución. Es decir, tanto el acuerdo de denegación de la solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación el impuesto relativo al período anual del ejercicio 2004, como la resolución del recurso de reposición posterior, basan su motivación para desestimar las pretensiones del interesado, en que la solicitud de devolución (el modelo 361) se ha presentado fuera del plazo legalmente previsto al efecto.

Como se deduce de lo expuesto en los antecedentes de hecho, el origen de la controversia se sitúa en determinar la fecha de presentación de la solicitud de devolución. La entidad recurrente, se limita a manifestar en las alegaciones a esta reclamación económico-administrativa, que tal y como consta en el propio modelo 361, la solicitud se presentó el día 23 de junio de 2005 a través del Consulado de España, en la modalidad de correo certificado.

Por su parte, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, señala como fecha de presentación de la solicitud de devolución (modelo 361) el día 8 de julio de 2005, que es la fecha que consta como recepción en el sello del registro de entrada de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ...

El hecho de que se considere como fecha de presentación de la solicitud de devolución, una u otra fecha, es de vital importancia para la resolución del asunto, ya que será determinante de la presentación dentro o fuera del plazo señalado en la normativa que lo regula.

Pues bien, para poder abordar esta cuestión debemos en primer lugar acudir al artículo 119 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, según el cual los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, en quienes concurran los requisitos previstos en el apartado siguiente, podrán ejercitar el derecho a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan satisfecho o, en su caso, les haya sido repercutido en dicho territorio, con arreglo a lo establecido en este artículo.

Los apartados Dos y siguientes recogen los requisitos que en todo caso deben cumplir los solicitantes para el ejercicio del derecho a la devolución a que se refiere el artículo. Sin perjuicio del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos ahí establecidos, conviene resaltar, que las solicitudes de devolución únicamente podrán referirse a los períodos anual o trimestral inmediatamente anteriores. Efectivamente, en este caso, se trata de una solicitud de devolución de las cuotas soportadas durante el período anual del ejercicio 2004.

Ya hemos recogido en el fundamento de derecho anterior el desarrollo reglamentario del procedimiento para solicitar la devolución que hace el artículo 31 del RD 1624/1992 que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero conviene resaltar lo que el mismo preceptúa en relación con el plazo de presentación. Así, dispone que el plazo para la presentación de las mencionadas solicitudes concluirá al término de los seis meses siguientes al año natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refieran aquellas. Es decir, la entidad ... ha presentado solicitud de devolución referida a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas durante el ejercicio 2004, por lo tanto, el plazo para la presentación concluye al término de los seis meses siguientes al año natural (2004) en que se hayan soportado las cuotas.

Es decir, si la fecha de presentación resulta ser la alegada por la entidad recurrente (23 de junio de 2005), la solicitud de devolución se habría presentado dentro del plazo legalmente previsto, mientras que si la fecha de presentación es la determinada por la Administración Tributaria (8 de julio de 2005) la solicitud estaría fuera de plazo.

Para poder determinar la fecha en la que se entiende presentada la solicitud de devolución, acudimos al artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su apartado 4 establece:

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Es decir, que la presentación de la solicitud de devolución mediante el modelo 361 por la interesada prodría efectuarse en cualquiera de los registros arriba referenciados, siendo perfectamente válida siempre que la entidad aporte prueba de su efectiva presentación.

Teniendo en cuenta que la interesada alega que ha presentado la solicitud mediante el servicio de correos del Consulado de España, pero no aporta ni en esta reclamación, ni en el recurso de reposición, ni en la solicitud de devolución prueba alguna que acredite ese extremo, la fecha que debemos considerar de presentación de la solicitud es la que figura en el sello del registro de entrada en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ... Dicha fecha es el día 8 de julio de 2005.

Puesto, que ya hemos dicho que el plazo de presentación concluye al término de los seis meses siguientes al año natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refieran aquellas, y la solicitud se refiere a las cuotas soportadas por el período anual del ejercicio 2004, a fecha 8 de julio de 2005 la solicitud se ha presentado fuera de plazo.

Procede por tanto ratificar la decisión adoptada por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de desestimar la solicitud de devolución.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, vista la reclamación económico-administrativa interpuesta por ... con NIF ... y actuando en su nombre y representación D. ..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la denegación de la solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes y referido al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicio 2004 por importe de 3.454,61 euros de devolución ACUERDA: desestimarla, confirmando el acto objeto de impugnación.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Procedimiento de devolución
Devolución de las cuotas del IVA
Firma electrónica
Modelo 361. Devolución IVA empresarios
Gestión tributaria
Audiencia del interesado
Indefensión
Obligado tributario
Devolución IVA
IVA soportado
Comunicación de datos
Establecimiento permanente
Cuota del IVA
Actuaciones y Procedimientos de Gestión Tributaria
Plazo de prescripción
Prestación de servicios
Revisión en vía administrativa
Devolución de impuestos
Empresario individual
Entrega de bienes
Administración Tributaria del Estado
Régimen servicios vía electrónica
Actividades empresariales y profesionales
Derecho a ser oído
Fondo del asunto
Intereses de demora
Procedimientos Tributarios
Ciudadanos
Nulidad de los actos administrativos
Nulidad de las resoluciones
Recurso potestativo de reposición
Omisión
Organismos públicos
Entidades dependientes
Administración local
Oficina consular

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1624/1992 de 29 de Dic (Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 31/12/1992 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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