Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/5363/1997 de 06 de Octubre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 06 de Octubre de 2000
  • Núm. Resolución: 00/5363/1997

Resumen



Se rechaza la deducibilidad como gasto de la cuota de amortización, por 1,8 millones de pesetas, de un automóvil que, según se argumenta, está afecto a la actividad y es necesario para sus desplazamientos profesionales.

Descripción

FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO:Se plantean las cuestiones siguientes: Primera, si medió la caducidad del expediente y en caso negativo: segunda, si son deducibles los gastos de amortización del vehículo y los de restaurante, para determinar el rendimiento de la actividad profesional; tercera, procedencia de imputar por mitades los ingresos de dicha actividad entre el contribuyente y su esposa; cuarta, si los intereses liquidados son o no conformes a Derecho; quinta, calificación del expediente. SEGUNDO: En relación con la pretendida infracción del plazo de un mes que señala el artículo 60.4 del Reglamento General de la Inspección para dictar acto de liquidación e interrupción de actuaciones inspectoras durante más de seis meses, hay que recordar que ni tal infracción ni dicha interrupción de las comprobaciones producen la caducidad del expediente y consiguiente nulidad de la liquidación, según ha declarado este Tribunal Central en varias ocasiones (Resolución de 8 de julio de 1992, entre otras) debido a que dichos plazos no son de caducidad, ni resolutorios o preclusivos, ya que el retraso no impide la consiguiente actuación administrativa y no ha perjudicado en absoluto al interesado, con lo que de acuerdo con la Ley General Tributaria (artículo 106) sólo cabría la reclamación en queja sobre el correspondiente acto administrativo; es de notar que este criterio no ha sido rectificado, hasta la fecha, por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo; por otra parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido sólo implicarán la anulación del acto si así lo impusiera la naturaleza del término o plazo, condicionante que no se produce en este caso. Debe observarse que el Tribunal Regional, contrariamente a lo alegado por el recurrente, sí examina la presente cuestión referente a la caducidad, a la que dedica su Fundamento de Derecho séptimo. Finalmente, conviene hacer notar que la Audiencia Nacional, en Sentencia de 10 de diciembre de 1998, modificó el criterio mantenido en la de 25 de febrero de 1997, que el interesado invoca en apoyo de su tesis acerca de la caducidad; la Audiencia considera, entre otros razonamientos, que ante la inexistencia de la fijación de la duración del plazo para los procedimientos de comprobación e investigación por disposición legal, no procede la aplicación de la caducidad a los mismos, sin que ello sea óbice a la aplicación de la prescripción.TERCERO: Procede, por tanto, entrar en el examen de la siguiente cuestión, que se refiere a si la amortización del vehículo y las facturas de restaurantes tienen la consideración de gasto deducible para determinar el rendimiento neto de la actividad profesional. Por lo que se refiere al vehículo, tres son las razones por las que este Tribunal considera que no sería conforme a Derecho la deducibilidad de dicha amortización: en primer lugar, por no haberse probado la afección de este elemento a la actividad profesional, siendo ello necesario según lo establecido en el artículo 114 de la Ley General Tributaria; en segundo lugar, porque el carácter deducible de los gastos está legalmente condicionado a su necesidad, sin que baste la simple conveniencia y no aparece acreditado en el expediente que el uso de un vehículo cuya depreciación anual se estima en 1.809.850 pesetas, sea necesario para la obtención de los ingresos profesionales; en tercer lugar, cabe citar el artículo 12 del Reglamento del Impuesto (de 3 de agosto de 1981), que impide considerar afectos a la actividad los bienes de esparcimiento y recreo de su titular, habida cuenta, por otra parte, de que el interesado no ha aportado prueba alguna que autorice a modificar la conceptuación de un vehículo como el controvertido como bien de esparcimiento y recreo. Por lo que se refiere a los gastos de restaurante, el artículo 62 del citado Reglamento disponía que se deducirán de los ingresos los gastos necesarios para la obtención de aquéllos. El caso de los gastos de restaurante por razón de comidas con clientes puede entrar en la categoría de gastos convenientes, pero -a falta de prueba- no cabe entenderlos necesarios ya que según el artículo 114 de la Ley General Tributaria, también citado, "Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo". Por otra parte, y con independencia de la consideración que acaba de hacerse, conviene también observar que no se ha probado la relación entre las facturas de restaurante y la actividad profesional, extremo que sería necesario en todo caso para poder plantear la necesidad del gasto y por tanto su deducibilidad. En consecuencia, procede confirmar la liquidación impugnada en este punto. CUARTO: El tercer tema objeto de controversia es la procedencia de imputar los ingresos y rendimientos de la actividad profesional por mitades, como el recurrente pretende. Como acertadamente considera el Tribunal Regional, esta cuestión ha de examinarse a la luz del artículo 9 1 c) de la Ley 20/1989, de 28 de julio, que dispone que los rendimientos de actividades profesionales se considerarán obtenidos por quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades. Consta en el expediente la diligencia de 16 de octubre de 1992, a que se refiere expresamente la Resolución recurrida, en que se refleja la afirmación del contribuyente en el sentido de que su esposa no efectuó ningún tipo de facturación durante los ejercicios 1986 a 1989. Por el contrario, no se observa en el expediente prueba alguna de que la esposa del recurrente haya generado ingresos profesionales, sino sólo de que tributó desde 1989 en el Impuesto de actividades económicas, epígrafe 799 (Otros profesionales, actividades financieras o jurídicas) o que recibió requerimiento para que presentara modelos 130 y 300 (IRPF pagos fraccionados de empresarios o profesionales e IVA, declaración trimestral) pero de ello no se sigue que haya facturado ingresos profesionales, y menos por importe del 50 por 100 de los correspondientes a su esposo. QUINTO: La cuarta cuestión que procede examinar se refiere a si el cálculo de los intereses de demora puede extenderse al período de duración que se prolongó más de lo necesario en caso de suspensión injustificada de las actuaciones inspectoras. Ahora bien, tampoco cabe acoger esta pretensión, por las siguientes razones: en primer lugar, porque el período a que ha de referirse el cálculo de los intereses de demora viene establecido en el artículo 69 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, de 25 de abril de 1986 (modificado por el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre); el tiempo de los intereses se extiende entre las fechas que dicho precepto precisa (en el caso planteado, entre la finalización del período voluntario de pago y el término del plazo para formular alegaciones al acta). Dicho plazo no depende, por tanto, del carácter justificado o no de las posibles interrupciones del procedimiento liquidatorio, sin que en la reglamentación de los efectos de la interrupción injustificada (artículo 31 de dicho Reglamento General, modificado por el Real Decreto 136/2000 de 4 de febrero) se prevea excepción alguna al respecto. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha conceptuado al interés de demora, en numerosas sentencias (la de 2 de noviembre de 1987, entre otras) como de carácter indemnizatorio o resarcitorio del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública por la demora en el cumplimiento de las obligaciones (y no como reacción a una infracción tributaria, como ocurre con las sanciones), lo que apoya la tesis de que la cuantía de dicho interés de demora, independiente del comportamiento de los sujetos de la relación jurídico-tributaria, debe atenerse al perjuicio económico objetivamente experimentado. En tercer lugar, cabría añadir que tampoco sería éste el lugar adecuado para plantear una hipotética reclamación de una parte de tales intereses de demora. Este Tribunal, pronunciándose sobre la pretensión de compensación de los gastos incurridos por los reclamantes para obtener la suspensión en la ejecución de las deudas tributarias impugnadas, ha declarado reiteradamente su incompetencia para entrar en esta cuestión, que ha sido objeto del Real decreto 136/2000, anteriormente citado.SEXTO: La quinta y última cuestión es la calificación del expediente. Este Tribunal entiende conforme a Derecho la sanción impuesta, porque el contribuyente no puede razonablemente ampararse en una oscuridad de las normas o en su difícil interpretación, para justificar la deducción de un importe de superior a los 3 millones de pesetas en concepto de gastos de restaurante realizados en el ejercicio. Para que los gastos sean deducibles de los ingresos han de ser necesarios para su obtención y las facturas de restaurante -además de la falta de prueba de que corresponden a comidas relacionadas con la actividad profesional del interesado- podrán considerarse, en general y como máximo, como convenientes, como este Tribunal ha tenido ocasión de razonar en numerosas ocasiones, de manera que su carácter necesario no cabe presumirlo con carácter general. Cosa parecida cabe decir en relación con la discutida amortización del vehículo, cuya afección a la actividad no ha podido probarse, además de faltar el carácter necesario del gasto. La deducción de estos gastos para determinar el rendimiento neto de la actividad sin contar con más elementos probatorios que las respectivas facturas, en un caso, o las afirmaciones del interesado, en otro, es una conducta, seguida por el contribuyente, que necesariamente ha de enfrentarse no sólo con el tenor literal de las disposiciones aplicables -que exigen carácter necesario y la prueba en todo caso- sino, además, con la doctrina administrativa sentada por este Tribunal, lo que da lugar a la conclusión de que aquella conducta incurre, como mínimo, en una falta de diligencia en el cumplimiento de las obligación tributaria que dio lugar a la falta de ingreso de una parte de la cuota impositiva, situación para cuya rectificación fue necesaria la intervención de la Inspección tributaria, siendo, por tanto, conforme a Derecho la sanción impuesta, que posteriormente fue adaptada por el Tribunal Regional a los términos establecidos en la ley 25/1995.POR LO EXPUESTO,EL TRIBUNAL CENTRAL, en SALA, en el recurso de alzada interpuesto por contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de    de fecha                     recaída en reclamación número              referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1989, ACUERDA: Su desestimación.

Caducidad
Actividades profesionales
Actuación administrativa
Intereses de demora
Cuotas de amortización
Automóviles de turismo
Rendimientos de actividades profesionales
Rendimientos netos
Gastos deducibles
Perjuicio económico
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Perjuicios económicos
Inspección tributaria
Resolución recurrida
Impuesto sobre el Valor Añadido
Actividades económicas
Cumplimiento de las obligaciones
Infracciones tributarias
Deuda tributaria
Obligaciones tributarias
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