Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/605/2005 de 15 de Junio de 2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Junio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/605/2005

Resumen

No hubo prescripción en el Tribunal Económico-Administrativo Regional desde la interposición de la reclamación económica-administrativa al existir actuaciones interruptivas del plazo de prescripción, como la formulación de alegaciones en vía administrativa. Estas actuaciones son actos que interrumpen la prescripción de acuerdo con las Sentencias del TS de 22 de julio de 1999 (F.D.3º), 6 de mayo de 2002 (F.D.2º) y 14 de abril de 2003 (F.D.4º) al considerar las alegaciones como acto principal e indispensable de desarrollo de la interposición de reclamaciones. La virtualidad del trámite de alegaciones para interrumpir el plazo de prescripción no puede estar en función de su contenido o de que sean más o menos sustanciales.

Descripción

          En la villa de Madrid, a 15 de junio de 2006 este Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en segunda instancia, promovida por DON A..., con domicilio a efectos de notificaciones en el de su hermano DON B, en ..., contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de 29 de octubre de 2004 recaída en reclamación ... y acumuladas ... y ..., referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991 y cuantía de 2.184.270,52 euros (363.432.034 pesetas).

                                                ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO:
Con fecha 21 de noviembre de 1995 la Inspección Regional de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en ... incoó al interesado Acta de disconformidad número ... por el concepto y ejercicio citado, en la que se hace constar que las actuaciones inspectoras se iniciaron el 1 de junio de 1995 y que tienen carácter parcial, al quedar circunscritas a las operaciones realizadas por el contribuyente con las acciones de ..., S.A. (en lo sucesivo, Y, S.A. y Z, S.A.). Se indica a continuación que, como resultado de las actuaciones, se concluye la procedencia de integrar en la base imponible 364.440.101 pesetas (2.190.329,12 €) en concepto de incremento de patrimonio producido por aportación no dineraria de las acciones de Y, S.A. en la constitución de Z, S.A. dicho importe equivale a la diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición de los títulos enajenados y se ha generado en 2 años. En el Acta se formulaba la correspondiente propuesta de regularización tributaria, comprensiva de cuota, intereses de demora y sanción por infracción tributaria grave.

        SEGUNDO: En el Informe complementario la Inspección relata los siguientes hechos: a) El contribuyente y sus familiares (padres y  hermano) son titulares de 61.380 de las 99.000 acciones en que se divide el capital de Y, S.A. que asciende a 99.000.000 pesetas (595.001,98 €); la Junta General de ésta acordó, el 8-12-1991, ampliar el capital social en 106.000.000 pesetas (637.072,83 €), sin prima de emisión; consta en el libro de actas que: "Por renuncia de todos los actuales socios a ejercer su derecho preferente de suscripción, las 106.000 acciones a emitir, serán suscritas y desembolsadas totalmente por la Sociedad de cartera a constituir de inmediato por D. C y sus hijos D. A y D. B; el patrimonio neto de Y, S.A. a 8 de diciembre de 1991, según el último balance a 31-12-1990, es de 2.343.518.633 pesetas (14.084.830,65 €).- b) El 24 de diciembre de 1991 se constituye Z, S.A. con un capital de 130.000.000 pesetas (781.315,74 €), totalmente desembolsado, del que el contribuyente suscribe el 32 por 100 y su padre y hermano el restante 68 por 100. El desembolso de dicho capital se efectúa con fondos prestados por entidad bancaria mediante aval de Y, S.A.- c) El 26-12-1991 se lleva a cabo la ampliación de capital de Y, S.A. previamente acordada; Z, S.A. suscribe y desembolsa las nuevas acciones; en esta última fecha se llevan a cabo, además, ciertas transacciones de acciones por cuya virtud quedan como únicos socios de Y, S.A. el contribuyente, su padre y su hermano, ya sea de forma directa, ya indirecta a través de Z, S.A.

        A la vista de lo anterior, concluye el actuario en su informe que Z, S.A., con un desembolso de tan sólo 106.000.000 pesetas (637.072,83 €), adquiere el 51,7073 por 100 del patrimonio de Y, S.A., lo que equivale a un valor de 1.211.780.287 pesetas (7.282.946,2 €); ello implica el desplazamiento de una parte del patrimonio de Y, S.A., que, de pertenecer a los socios personas físicas, pasa a ser detentado por la sociedad de cartera Z, S.A. Todo ello se hace -según el Informe- con la única finalidad de aportar la mayoría del patrimonio de Y, S.A., a una sociedad controlada por el contribuyente, su padre y su hermano, eludiendo la tributación correcta y constituye un negocio indirecto. Para la Inspección, el sujeto pasivo y sus dos familiares son quienes realmente suscriben la ampliación de capital de Y, S.A. para, posteriormente, aportar los títulos de ésta a Z, S.A. esto equivale en realidad y prescindiendo de las formas adoptadas, a la aportación de las acciones que les corresponderían en la ampliación, a la nueva sociedad Z, S.A.; y esta enajenación produce un incremento de patrimonio, por la diferencia entre el valor de transmisión (valor teórico según el último balance aprobado por Y, S.A.) y el de adquisición, que en este caso son los 106.000.000 pesetas (637.072,83 €) de aumento de capital social.

        TERCERO:  Sin que el sujeto pasivo formulara alegaciones, la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial en ... de la AEAT, el 10 de abril de 1996 acordó confirmar en lo sustancial el acta de referencia, aunque corrigiendo algunos errores de hecho apreciados en la misma y practicar liquidación por el Impuesto y ejercicio citados, con deuda tributaria integrada por cuota, intereses de demora y sanción por el 50 por 100 de dicha cuota.

        CUARTO: Impugnada dicha liquidación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de ..., éste, en sesión de ... de 2000 (reclamación ...), acordó estimar la reclamación, anulando el acuerdo impugnado y disponiendo la reposición de actuaciones, por apreciar defecto formal en la tramitación consistente en la falta de puesta de manifiesto del expediente para que el contribuyente pudiera formular alegaciones.

        QUINTO: Efectuados los trámites pertinentes en ejecución de lo resuelto por dicho Tribunal, el ... de 2001 el Inspector Regional practicó nueva liquidación, comprensiva de cuota e intereses de demora por un total de 389.581.105 pesetas (2.341.429,6 €). Además, con fecha 11 de mayo de 2001 se notificó al interesado la iniciación de expediente sancionador por los hechos reflejados en el Acta de que trae causa la anterior liquidación. El sujeto pasivo interpuso, en primera instancia, la reclamación ... contra la liquidación de cuota e intereses de demora y la ... contra el acuerdo de iniciación de expediente sancionador. El 19 de julio de 2001 el Inspector Regional acordó imponer al sujeto pasivo una sanción por infracción grave por 101.281.433 pesetas (608.713,67 €), que fue impugnada ante el mismo Tribunal Regional de ... mediante reclamación ...

        SEXTO: El Tribunal Regional de ..., en sesión de 29 de octubre de 2004, adoptó la Resolución ahora recurrida, en la que resolvió las tres citadas reclamaciones acumuladas, de las cuales fue declarada inadmisible la ... por falta de acto impugnable (el acuerdo de iniciación de expediente sancionador) y desestimadas las otras dos, si bien procede revisar la sanción en virtud de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 58/2003, practicando en su caso la Oficina gestora la oportuna liquidación. Esta Resolución fue notificada el 24-11-2004.

        SÉPTIMO: El 24-12-2004 interpone el reclamante este recurso de alzada contra dicha resolución económico-administrativa, mediante escrito en que alega lo que se resume a continuación: 1) Nulidad de las actuaciones por falta de competencia de la Dependencia Regional de Inspección, al faltar la notificación al interesado de la orden del Delegado Especial de la Agencia Tributaria o el acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Inspección por el que se atribuya a ésta la realización de actuaciones inspectoras con el recurrente.- 2) Prescripción por inactividad del Tribunal Regional de ..., durante un período superior a cuatro años: no interrumpe la prescripción la presentación de alegaciones complementarias, que en este caso no diferían sustancialmente de las plasmadas en el escrito de interposición.- 3)  Prescripción por paralización de las actuaciones inspectoras por más de seis meses: desde la fecha en que es notificado a la Administración el fallo del TEAR (22 de marzo de 2000) hasta que la Dependencia Regional de Inspección notifica el acuerdo de puesta de manifiesto (17 de noviembre de 2000) han transcurrido casi ocho meses.- 4) Efectos "ex tunc" de los actos nulos de pleno Derecho y efecto sobre la prescripción: el TEAR anuló la liquidación inicialmente practicada; al tratarse de nulidad de pleno Derecho, los efectos de ésta se retrotraen al momento mismo de la puesta de manifiesto del expediente, de modo que todos los actos posteriores a dicho momento no producen efecto jurídico alguno.- 5) Improcedencia de calificar como ampliación de capital en Z, S.A. a las operaciones relacionadas con la primera ampliación de capital de Y, S.A. las operaciones realizadas respondieron a legítimas motivaciones extrafiscales y fueron consecuencia, esencialmente, de dos circunstancias: a) la definitiva salida de la sociedad de varios de sus accionistas tradicionales, que no deseaban seguir soportando riesgos empresariales, y b) la decisión del padre del sujeto pasivo de poner al frente de la empresa a sus dos hijos; no existió ánimo de elusión fiscal; prueba de dicha ausencia de ánimo elusivo es que, de haber existido la más mínima conciencia de que el camino seguido no era correcto, hubiera bastado retrasar las operaciones unos días y realizarlas en enero de 1992, en que entraron en vigor las Leyes 29/1991 (que introdujo normas para facilitar operaciones de reestructuración empresarial) y la 18/1991 (que estableció el sistema de coeficientes de abatimiento); la interpretación que la Inspección hace sobre las operaciones realizadas es por completo artificiosa; en este caso no procede que la Administración aplique su facultad de calificación, porque el conjunto negocial es real y no puede ser calificado más que como se denomina y presenta por los intervinientes; señala el alegante dos elementos que, a su juicio, refuerzan la extrema artificiosidad de la posición mantenida por la Inspección y el TEAR: a) el hecho de considerar aportadas a Z, S.A. por el padre del contribuyente y sus hijos todas las acciones emitidas por Y, S.A., incluidas, por tanto, las que hubieran correspondido a otros socios de ésta; b) resulta sorprendente que el TEAR razone con base en la idea de "renuncia traslativa", ya que ésta siempre ha servido para hacer tributar como donación determinadas renuncias hechas con ánimo de liberalidad a favor de personas determinadas. - 6) Improcedencia del cálculo de los intereses de demora.- 7) Improcedencia de la sanción impuesta, por extemporánea iniciación del expediente sancionador y por no concurrir los requisitos para la existencia de infracción tributaria. 

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa, en la que se plantean las siguientes cuestiones: Primera, si la Inspección Regional era o no competente para llevar a cabo las actuaciones conducentes a la liquidación impugnada. Segunda, si se ha producido la prescripción del derecho de la Administración tributaria a practicar la liquidación, bien por  inactividad del Tribunal Regional de ..., bien por paralización de las actuaciones inspectoras, bien como consecuencia de la nulidad de la liquidación inicialmente practicada. Tercera,  si es correcto calificar como aportación no dineraria en Z, S.A a las operaciones relacionadas con la primera ampliación de capital de Y, S.A. Cuarta, si es o no correcto el cálculo de los intereses de demora. Quinta, si procede la sanción.

        SEGUNDO: En la Resolución de este Tribunal Central de 22-11-2002 (R.G. 6114-01) que se cita en la Resolución recurrida, se consideró que la adscripción a la Dependencia Regional de Inspección de un determinado obligado tributario, no supone para éste merma alguna de sus derechos, siempre que sea notificado del órgano que lleva a cabo las comprobaciones; también entendió este Tribunal que han de interpretarse los requisitos establecidos por la Resolución de 24 de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no como una garantía de los derechos del obligado, a los que no afectan, sino más bien como medidas referentes al funcionamiento interno de la Administración, encaminadas a asegurar el respeto a los principios de eficacia y coordinación a que se refiere el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, la citación para comparecer el obligado tributario ante la Inspección Regional, que le fue cursada el 1 de junio de 1995, comenzaba diciendo: "Con el debido acuerdo del Inspector Regional según dispone el apartado cinco de la Resolución de 24 de marzo de 1992 (...) se le comunica que va a procederse a la comprobación de su situación tributaria por parte de la Inspección de los tributos (...)". De esta forma, tuvo el interesado conocimiento de que la comprobación que iba a iniciarse quedaba a cargo de la Inspección Regional en virtud del preceptivo acuerdo. Pero, según lo dicho, la hipotética insuficiencia de las razones que justifiquen la adscripción, en nada afectaría a los intereses del obligado. De ahí que no sea necesaria la constancia en el expediente de dicho acuerdo, según entendió este mismo Tribunal en la citada resolución y otras de la misma fecha. El recurrente se muestra disconforme con lo anterior e invoca el preámbulo del Real Decreto que aprobó el Reglamento General de la Inspección, de 25 de abril de 1986, cuando dice que la planificación de las actuaciones inspectoras

"supone no sólo el establecimiento de unos criterios generales para las actuaciones inspectoras, sino una regulación concreta de qué titulares de órganos han de decidir en cada caso y de forma sucesiva o eslabonada los contribuyentes objeto de las actuaciones inspectoras. De este modo, la planificación no sirve sólo a los fines de una correcta organización interna de la Inspección, sino también al principio de seguridad de los administrados en orden a los criterios seguidos para decidir quiénes han de ser los destinatarios de las actuaciones inspectoras".  

        Pero no podemos compartir la tesis del interesado. Lo transcrito, lejos de apoyarla,  trata sólo de explicar cómo la planificación de las actuaciones es un medio para proteger el principio de seguridad de los administrados en orden a los criterios determinantes de los que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras, es decir, de lograr que éstas vengan determinadas en virtud de criterios objetivos, no subjetivos. Por tanto, nada tiene que ver esta explicación del preámbulo con las competencias de los distintos órganos de la Inspección: mientras que la planificación de las actuaciones inspectoras es objeto del Capítulo II del Título I de dicho Reglamento (artículos 18 y 19) a aquellas competencias se dedica el artículo. Es más, aunque la cuestión debatida fuera la motivación en el expediente de su inclusión en el Plan de inspecciones, habríamos de recordar que el Tribunal Supremo en Sentencias de 20 de octubre de 2000 y 17 de febrero de 2001, ha considerado que la inclusión de un contribuyente en un Plan de Inspección es un acto de trámite, reservado y confidencial, que "per se" no afecta a los derechos subjetivos del contribuyente y que no es, por tanto, recurrible, lo que viene a significar que la tesis ahora examinada carece de toda apoyatura en el Reglamento General de la Inspección.

        TERCERO: Dentro de la segunda cuestión planteada -si se ha producido la prescripción, como el recurrente pretende- hemos de comenzar por el examen de si medió inactividad en el Tribunal Regional de ... durante un período superior a cuatro años, según se alega y en concreto si la formulación de alegaciones ante dicho Tribunal, interrumpe o no el plazo de prescripción. En esencia, lo que el recurrente alega es que durante la tramitación de su primera reclamación ante el TEAR mediaron más de cuatro años entre la interposición de ésta, el 6 de mayo de 1996 y la fecha en que le fue notificada la Resolución recaída el 28 de febrero de 2000 y que el escrito de alegaciones, presentado el 23 de noviembre de 1996, carece de eficacia para interrumpir el plazo de prescripción. Pues bien, este Tribunal Central, en Resolución de 8 de abril de 2005 (R.G. 1421-03) ha considerado lo siguiente:

"... siendo doctrina de este Tribunal Central, entre otras, en Resoluciones de 9 de marzo de 2001 (expedientes R.G. 7197-97 y 7198-97) y 15 de octubre de 2004 (R.G. 6775-01) la de entender que no sólo la puesta de manifiesto del expediente, sino la formulación de alegaciones en vía económico-administrativa, son actos interruptores de la prescripción. Este criterio, además, ha sido reiteradamente mantenido por el Tribunal Supremo, en sus Sentencias de 22 de julio de 1999 (F.D. 3º) 6 de mayo de 2002 (F.D. 2º) y 14 de abril de 2003 (F.D. 4º) al considerar las alegaciones como acto principal e indispensable de desarrollo de la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase a que se refiere el artículo 66.1 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, aún cuando literalmente no venga nominado entre las causas interruptivas que tal precepto establece".

        La virtualidad del trámite de alegaciones para interrumpir el plazo de prescripción no puede estar -como alega el recurrente- en función del contenido de aquéllas, o de que sean más o menos sustanciales para defender la tesis del interesado. Aceptarla exigiría cuantificar la fuerza o relevancia de lo alegado para  determinar si el escrito interrumpió o no la prescripción y ello plantearía el insoluble problema de cómo asociar efectos cualitativos -interrupción o no interrupción- a una valoración cuantitativa -relevancia de lo alegado- que, por otra parte carecería de viabilidad, al no ser medible dicha magnitud de "relevancia" o "carácter sustancial" de las alegaciones a que el interesado alude. En conclusión, hacer uso del trámite de alegaciones, previsto en el procedimiento económico-administrativo, ha de reputarse como ejercicio del derecho a aportar lo que el reclamante considera que mejor conviene a su derecho y al apoyo de la reclamación previamente interpuesta y de ahí que a ese acto sea de aplicación el expuesto criterio jurisprudencial sin necesidad de medir o cuantificar el contenido de tales alegaciones.

        CUARTO: El siguiente motivo en que el recurrente fundamenta su alegación de que ha mediado la prescripción de la deuda tributaria, es la pretendida paralización de las actuaciones inspectoras por más de seis meses; señala, en concreto, cómo medió un tiempo superior a dicho plazo entre la fecha en que fue notificado a la Oficina gestora el primer acuerdo del TEAR de ..., en que se resolvía reponer actuaciones (lo que tuvo lugar el 22 de marzo de 2000) y la notificación al sujeto pasivo, por la Dependencia Regional de Inspección, del acuerdo de puesta de manifiesto (el 17 de noviembre de 2000). Con independencia de que la tardanza que el recurrente acusa no se inscribe en un procedimiento de inspección, al ser previo a éste, hemos de tener en cuenta la existencia de otras actuaciones que interrumpieron la prescripción, como es la notificación, el 13 de junio de 2000, del acuerdo del Tribunal Regional de 28 de febrero de 2000, recaído en la reclamación 2185/96.  En resumen, tenemos  desde la interposición de ésta, el 6 de mayo de 1996, la presentación del escrito de alegaciones ante el mismo TEAR el  23 de noviembre de 1996, la notificación de la Resolución recaída en la indicada fecha de 13 de junio de 2000 y la notificación, por parte de la Inspección Regional, de la puesta de manifiesto acordada, el 17 de noviembre de 2000, hitos éstos que en ningún caso quedan separados entre sí por tiempo superior al plazo legal de prescripción.

        QUINTO: En tercer lugar, y dentro aún de esta materia referente a la prescripción, hemos de examinar si ésta se ha producido como consecuencia de la nulidad, acordada por el TEAR en su Resolución de 28 de febrero de 2000, de la liquidación inicialmente practicada y, con ella, de los actos posteriores a la misma. Pues bien, también sin necesidad de debatir, como hace el recurrente, si los efectos de los actos nulos de pleno Derecho se extienden "ex tunc" o sólo "ex nunc" ha de concluirse que tampoco puede convenirse en la prescripción que él defiende, porque, antes de que transcurriera el plazo de prescripción de cinco años -vigente entonces- contado desde el 22 de junio de 1992, último día hábil para formular declaración por el ejercicio 1991 (según la Orden de 31 de marzo de 1992), el interesado interpuso su reclamación ante el TEAR de ..., concretamente el día 6 de mayo de 1996, según hemos visto. Ha de desestimarse, en definitiva, la existencia de prescripción.

        SEXTO: La siguiente cuestión planteada se refiere al fondo de la presente reclamación y consiste en determinar si la calificación que la Inspección atribuye -y que el TEAR confirma- a las operaciones realizadas, es o no conforme a Derecho. Los hechos son, en esencia, los siguientes: El padre del contribuyente y sus dos hijos son titulares (de forma directa) de 47.610 de las 99.000 acciones de Y, S.A., cuyo patrimonio neto a 31-12-90 es de 14.084.830,65 € (2.343.518.633 pesetas); su capital social es de sólo 595.001,98 € (99.000.000 pesetas). En diciembre de 1991, Y, S.A. decide ampliar capital en 637.072,83 € (106.000.000 pesetas); todos los accionistas acuerdan renunciar a su derecho de suscripción, en favor de la futura entidad Z, S.A., que van a constituir el padre y los dos hijos. Éstos reciben las acciones de la sociedad recién constituida, en cuyo activo quedan los nuevos títulos emitidos por Y, S.A., por los 637.072,83 € (106.000.000 pesetas) de nominal, significativos de una sustancial cuota del haber social que, como acabamos de ver, es muy superior a la cifra escriturada. Es decir que el contribuyente parte de una situación en la que detenta un determinado porcentaje de dicho haber social y desemboca en otra, en la que este porcentaje es menor y a cambio adquiere la titularidad de un cierto número de acciones de Z, S.A. Es verdad que el camino que une ambas situaciones -inicial y final- no es directo, pero la Ley General tributaria de 28 de diciembre de 1963, en su artículo 25 (versión vigente durante el ejercicio comprobado) ordenaba exigir el impuesto con arreglo a la naturaleza jurídica o económica del hecho imponible, cualquiera que sea la forma elegida o denominación utilizada por los interesados y teniendo en cuenta las situaciones y relaciones económicas que efectivamente existan. Este precepto lleva a confirmar la calificación que la Inspección lleva a cabo, porque, efectivamente, atiende a lo que real y sustancialmente ha tenido lugar, más que a la apariencia de los negocios jurídicos que han ido sucediéndose instrumentalmente para alcanzarlo. El hecho de que el interesado no persiguiera específicamente la finalidad de obtener un ahorro fiscal, sino, como él alega, ciertas motivaciones extrafiscales, no es incompatible con esta conclusión, porque lo relevante, a efectos del citado precepto de la Ley General tributaria, es que se logró el resultado expuesto.

Tampoco existe contradicción alguna en la tesis de la Inspección -en la que el contribuyente cree ver una "extrema artificiosidad"- por el hecho de considerar aportadas a Z, S.A. por parte del sujeto pasivo, su padre y su hermano, la totalidad de las nuevas acciones emitidas por Y, S.A., y también, por tanto, las que hubiera correspondido suscribir a los restantes socios de ésta; en efecto, no se aprecian tales anomalías en la tesis de la Inspección, dado que dichos restantes socios renunciaron a su derecho de suscripción preferente -según se puso de manifiesto en los antecedentes- en los siguientes términos: "Por renuncia de todos los actuales socios a ejercer su derecho preferente de suscripción, las 106.000 acciones a emitir, serán suscritas y desembolsadas totalmente por la Sociedad de cartera a constituir de inmediato por D. C y sus hijos D. A y D. B.

        SÉPTIMO: El cuarto punto controvertido se refiere a los intereses de demora y, concretamente, si resulta conforme a Derecho extender su cálculo a períodos en que la Administración excedió el tiempo de que disponía para resolver; tal es el caso, según el interesado, del transcurrido entre la fecha del acta (21 de noviembre de 1995) y el 31 de octubre de 2000, en que se dictó el acuerdo de reposición de actuaciones, o también, del período en que el TEAR se excedió del  año de que disponía para resolver. Pero, según tiene declarado este Tribunal Central en numerosas oportunidades (Resolución de 6 de octubre de 2000, R.G. 8002-99, entre otras) haciéndose eco de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, los intereses no tienen carácter sancionador, sino que cumplen una función indemnizatoria y compensadora de la falta de disponibilidad financiera de unas cantidades que, debiendo haberse ingresado en el Tesoro en un tiempo determinado, se han mantenido fuera de él. Por otra parte, dicho Alto Tribunal, en Sentencia de 28 de noviembre de 1997, dictada en recurso de casación en interés de Ley y, por tanto, con valor de doctrina legal, ha venido a mantener el criterio de que "cuando se anula un acto administrativo de liquidación (...), al practicar la nueva liquidación procederá exigir intereses de demora del artículo 58.2.b de la Ley general tributaria, girados sobre la cuota liquidada de nuevo y calculados por el período de tiempo que media desde el día siguiente a la terminación del plazo de presentación de la declaración, hasta la fecha en que se entiende practicada la nueva liquidación (...)". Caso distinto al ahora planteado es, evidentemente, aquél en que la Ley excluya el devengo de intereses, como son los artículos 26.4 y  240.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, pero tales preceptos no son de aplicación al supuesto que examinamos por evidentes razones de temporalidad.    

        OCTAVO: La última cuestión planteada es si la sanción impuesta al interesado es o no conforme a Derecho. El primer motivo de oposición que el recurrente formula contra aquélla, es la extemporaneidad de la iniciación del expediente sancionador. Para una mayor claridad, conviene reproducir sucintamente los hechos más relevantes: el Acta de que trae causa la liquidación y acto sancionador impugnados, es de fecha 21 de noviembre de 1995; la liquidación dictada en virtud de ella (comprensiva de cuota, intereses de demora y sanción), fue anulada por el TEAR de ... el 28 de febrero de 2000, que acordó la reposición de actuaciones al momento previo al trámite de puesta de manifiesto del expediente al interesado. En cumplimiento de lo resuelto, la Inspección Regional dio de baja la liquidación girada y dispuso dicha reposición de actuaciones. A la vista de todo ello, el Inspector Jefe practicó nueva liquidación, esta segunda vez sólo de cuota e intereses de demora, dado que, al haber entrado ya en vigor la Ley 1/1998, consideró oportuno, en aras del espíritu garantista de dicha Ley y no obstante el tenor de su Disposición transitoria Única, incoar expediente sancionador separado e independiente; el 18 de abril de 2001 fue iniciado éste, lo que se comunicó al interesado el siguiente 7 de junio. Seguida la oportuna tramitación, el 20 de julio de 2001 dictó el Inspector Regional el acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria grave por importe igual al 50 por 100 de la cuota dejada de ingresar. Pues bien, a la vista de lo anterior es evidente que no pudo iniciarse dicho expediente dentro del plazo establecido por el artículo 49.2 del Reglamento General de la Inspección, en redacción según la Disposición Final primera del Reglamento 1930/1998, ya que, como queda dicho, tal plazo se cuenta desde la formalización del acta y ésta fue incoada en este caso el 21 de noviembre de 1995. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que la exigencia de procedimiento sancionador separado fue introducida en nuestro Derecho tributario por el artículo 34 de la Ley 1/1998, el cual, según su Disposición Transitoria única, sólo era de aplicación a "aquellos procedimientos de comprobación en los que, a la entrada en vigor de la presente Ley, aún no se haya documentado el resultado de las actuaciones en las actas correspondientes". Es claro, por tanto, que al expediente que ahora nos ocupa no era de aplicación la separación obligatoria del expediente sancionador con respecto al instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria. El Real Decreto 1930/1998 introdujo diversas modificaciones en el Reglamento General de la Inspección, como consecuencia de la entrada en vigor de dicha Ley 1/1998 y una de ellas es la del artículo 49, invocada por el reclamante. Pero se sigue de esto que las modificaciones del Reglamento General de la Inspección y concretamente el plazo para la iniciación de expediente sancionador de dicho artículo 49, son de aplicación a los procedimientos sancionadores sometidos a la Ley 1/1998 y no, necesariamente, a los demás. De ahí que si en este caso, la Inspección -pese a que el Acta de que traen causa las liquidaciones impugnadas ya incluía la correspondiente sanción- decidió iniciar procedimiento sancionador separado e independiente, no lo hizo en cumplimiento de una exigencia legal que no le afectaba, sino, al margen de ésta, para "una mayor seguridad jurídica del interesado", como se dice textualmente en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. Y a un procedimiento sancionador así iniciado, no puede serle de aplicación la normativa prevista para aquellos otros que venían legalmente exigidos. Por tanto, ha de concluirse que, en este caso, el plazo de un mes que el recurrente considera vulnerado, no es de aplicación al procedimiento sancionador, por la sencilla razón de que ni éste está sometido a la Ley 1/1998 y disposiciones que la desarrollan, ni era posible respetar tal plazo, sino que el Inspector Jefe pudo muy bien dictar liquidación comprensiva de cuota, intereses de demora y sanción, resultante de procedimiento único.

        NOVENO: Sólo falta, por tanto, determinar si la sanción impuesta responde o no a la efectiva comisión de una infracción tributaria grave. El repaso de los hechos reflejados por la Inspección en su informe nos lleva a la respuesta afirmativa, dado que el contribuyente participó en una serie  de actuaciones societarias determinantes de sustanciales transferencias patrimoniales entre los diversos partícipes  y que determinaban, de no haber sido detectados y convenientemente calificados por la Inspección, el dejar de ingresar la cuota tributaria que en Derecho correspondía, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No cabe alegar, en este caso, ni duda razonable en la interpretación de las normas, ni otra posible circunstancia incompatible con la culpabilidad, aunque sea a título de simple negligencia, por parte del interesado y de ahí que la sanción haya de confirmarse en los mismos términos en que lo hace la Resolución recurrida

        POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en el recurso de alzada promovido por DON A contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de 29 de octubre de 2004 recaída en reclamación ... y acumuladas ... y ..., referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991, ACUERDA: Su desestimación.

Intereses de demora
Aumento de capital
Plazo de prescripción
Expediente sancionador
Aportaciones no dinerarias
Capital social
Infracción tributaria grave
Patrimonio neto
Obligado tributario
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Acta de disconformidad
Actos nulos
Propuesta de regularización tributaria
Ex tunc
Prima de emisión
Aval
Libro de actas
Accionista
Persona física
Valor de transmisión
Aumento del capital social
Deuda tributaria
Error de hecho
Acto impugnable
Falta de competencia
Nulidad de actuaciones
Alegaciones complementarias
Nulidad de pleno derecho
Coeficiente de abatimiento
Riesgo empresarial
Reestructuración empresarial
Resolución recurrida
Infracciones tributarias
Donación
Administración Tributaria del Estado
Procedimiento sancionador
Inspección tributaria
Derecho subjetivo
Actos de trámite
Prescripción de la deuda tributaria

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Resolución de 24 de Mar de 1992 (Organización y atribución de funciones a la inspección de tributos en el ámbito de la competencia del Dpto. de Inspección Financiera y Tributaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 77 Fecha de Publicación: 30/03/1992 Fecha de entrada en vigor: 04/01/1992 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 13/10/2015

    Se regula en el Capítulo III "Recurso de reposición", del Título V "Revisión en vía Administrativa" (Art. 222-225 ,Ley General Tributaria). Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico- administrat...

  • Infracción por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 27/10/2015

    Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Haciend...

  • El Patrimonio Neto

    Orden: Contable Fecha última revisión: 11/01/2017

    El Patrimonio NetoPuede definirse el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa.Los Bienes son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta la empresa. Por ejemplo, la maquinaria, el diner...

  • La reclamación económico-administrativa

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 23/01/2017

    El apartado 4 del Art. 112 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. A día de hoy, tal remisión debe entenderse efectuad...

  • Recursos contra sanciones en el procedimiento sancionador tributario

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 22/10/2015

    En virtud de lo establecido en el Art. 212 ,LGT, el acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumular...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados