Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/6605/1995 de 21 de Junio de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 21 de Junio de 2000
  • Núm. Resolución: 00/6605/1995

Resumen



No hay prescripción.

Las operaciones realizadas por la recurrente tienen la naturaleza de imposiciones a plazo, a prima o cuota única, sin cobertura de riesgo alguno, teniendo que efectuarse retención por Rendimientos del Capital Mobiliario por la diferencia entre las prestaciones satisfechas a los titulares y el importe por ellos invertido o aportado.

Procede la elevación al íntegro de los rendimientos satisfechos.

Descripción

FFUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO –Se  plantean son las relativas a determinar: 1) Si ha prescrito o no el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria por inactividad inspectora en relación con los ejercicios 1 de mayo a 31 de diciembre 1987, 1988 y 1989;  y, en  su caso, 2)  Sobre la  naturaleza de -las operaciones controvertidas; en su caso, 3) Si procede o-no efectuar  retención,  por   Rendimientos  del  Capital Mobiliario; 4) Sobre la elevación al integro, y,-5) Sobre la  calificación del expediente y la graduación  de  la sanción.SEGUNDO: La primera cuestión planteada, relativa a si ha prescrito o no el derecho de la Administración para determinar  la deuda  tributaria en  relación  con  los ejercicios 1 de mayo a 31 de diciembre de 1987. 1988 y 1989,  por interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras por más de seis meses, desde que se extendieron las Diligencias de fecha 12 de julio de 1994-hasta la de 25 de enero de 1995. Al respecto, hay que tener en cuenta que, en el ámbito estricto de las actuaciones inspectoras, el principio de seguridad jurídica exige que las mismas se realicen de una manera continuada hasta su culminación, y en  este  sentido  el  artículo  31  del Reglamento  de la Inspección de los Tributos, de 25 de abril de 1986, señala que: "1.  Iniciadas  las actuaciones inspectoras,   deberán proseguir   hasta  su  terminación,   de  acuerdo   con su naturaleza y carácter. 2. Las actuaciones inspectoras se desarrollarán durante los días que sean precisos. Cada día, la  Inspección    practicará las   actuaciones  que estime oportunas. Al término de las actuaciones de cada día se suspenderán y la Inspección podrá fijar el lugar,   día y hora para su reanudación; ésta podrá tener lugar desde el día hábil  siguiente hasta  el plazo máximo de   seis meses. . .3. Las actuaciones inspectoras podrán interrumpirse por acuerdo del órgano actuante adoptado bien por propia iniciativa, o como consecuencia de orden superior escrita y motivada. Se considerarán interrumpidas las actuaciones inspectoras cuando la suspensión de las mismas-se prolongue por más   de  seis meses". Esta norma   es de- inexcusable cumplimiento -hasta  el  punto  que  el propio  Reglamento sanciona la inobservancia de la misma con la producción de determinados efectos, entre otros, el interruptivo para el cómputo   de  la  prescripción.  Concretamente, el   propio artículo 31, en su número 4 dispone que: "La interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, producirá los siguientes efectos: a) Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones". Así, el artículo 31 del Reglamento General de Inspección viene a dar cumplimiento del principio de seguridad jurídica en protección de los derechos    del ciudadano/contribuyente/administrado que sanciona el artículo 9-3  de  la  Constitución Española; seguridad jurídica del contribuyente que no obstante, no puede actuar como obstáculo de las facultades de la Administración, surgidas del ejercicio de potestades también reconocidas constitucionalmente, en orden a la comprobación e investigación de la situación tributaria del administrado en orden a  su regularización  mediante la  "integración definitiva de las bases tributarias", de acuerdo con lo que establece el articulo 140-b de la Ley General Tributaria. Por ello, lo  que viene a penalizar   el apartado 4 del invocado artículo 31 del Reglamento de Inspección en aras a la seguridad jurídica, es la actitud pasiva, la "paralización  injustificada de las   actuaciones inspectoras", estableciendo en su párrafo a) la sanción de tal conducta negligente por parte de la Administración Tributaria, la no interrupción del cómputo de   la prescripción, instituto jurídico este último como ya se ha indicado, estrechamente ligado a la Seguridad jurídica. En resumen, el artículo 31-4 del Reglamento General de Inspección pretende sancionar la parálisis  injustificada y  negligente de  la acción administrativa en la comprobación tributaria, no pudiendo ampliarse, en  ningún caso, su  esfera  de aplicación a aquellos supuestos en que no existe tal inactividad de la Administración Tributaria, sino precisamente la investigación o comprobación de los hechos o circunstancias, que si bien pueden ser  accesorios o  paralelos  al proceso de comprobación principal, tienen influencia directa y son determinantes del resultado de dicha comprobación.TERCERO: En  el   supuesto  examinado,  de  los antecedentes obrantes en este Tribunal  se desprende lo  siguiente: 1º- Que según consta en el Informe ampliatorio del  acta  de  referencia,  los  períodos  de declaracióEl número de personas que han presentado la declaración de la Renta hasta la fecha aumenta un 22,3% respecto al mismo periodo del año pasadoiquidación de enero a abril de 1987 no han sido objeto de comprobación   al  estar  prescritos. 2º.- Que  la entidad interesada presentó declaraciones liquidaciones mensuales por  el  concepto  de  Retenciones sobre Rendimientos  del Capital Mobiliario, por los ejercicios 1 de mayo a 31 de diciembre de 1987, 1988 y 1989. Conviene precisar que el artículo  152-1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta e las Personas Físicas de 1981, en la redacción dada. por   el  Real Decreto   2535/1986,  de 28 de  noviembre,  sobre retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobré la Renta de las Personas Físicas que entró en vigor el 1 de enero de 1987, introdujo la periodicidad mensual en la obligación de presentar declaración de las-cantidades retenidas para los  obligados   a  retener  cuyo volumen  de  operaciones superase el umbral    determinado por dicho concepto  mil millones   de  pesetas  en  el   año inmediato  anterior, concretamente en los veinte primeros días naturales de cada mes,  en relación    con  las cantidades retenidas  en  el inmediato anterior; por tanto, el plazo de presentación de las referidas declaraciones finalizaba el día 20 de cada uno de los meses de mayo a diciembre de 1987, el día 20 de cada uno de los meses de 1988 y 1989, y el dia 20 de enero de  1990.  3º.-  Que  la  comunicación del  inicio de  las actuaciones inspectoras de que se trata es de 10 de junio de 1992, y en ella, entre otros datos, se indica que las actuaciones a desarrollar    tendrá el siguiente  alcance: "Impuesto sobre Sociedades, período 1986-1987, 1988, 1989, y 1990; Impuesto sobre  el Valor Añadido, período 1987, 1988, 1989 y 1990;    Retenciones Trabajo Personal/Capital Mobiliario, período. 1987,  1988, 1989 y 1990; Declaración Anual de Operaciones con Terceros,   período 1986,  1987, 1988,  1989 -y 1990.. .Las  actuaciones tendrán  carácter general hasta el ejercicio    1990.. .Al propio tiempo les comunico que, por aplicación de lo dispuesto en el articulo 66 de la citada Ley General Tributaria y en el artículo 30-2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos de 1986, queda interrumpido el plazo legal de prescripción de los derechos y acciones de la Administración respecto de los  tributos y   ejercicios   a  que se  refieren  estas actuaciones...". Dicha comunicación reúne los requisitos exigidos por el articulo 45 del mencionado Reglamento de la Inspección   de   los  Tributos    para   interrumpir  la prescripción, pues  indica   los  conceptos impositivos y períodos a los que alcanza la actuación inspectora, así como los efectos interruptivos de la misma. Del examen de la mencionada comunicación se desprende que, se trata de una actuación de carácter general, lo que supone que la comprobación que efectúo la Inspección del Impuesto sobre Sociedades, por los ejercicios referidos, alcanzó también a las Retenciones que le habían practicado a la entidad interesada en concepto de Rendimiento Capital Mobiliario, a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, así como a las que ella había practicado a terceros en concepto de Rendimiento de  Capital  Mobiliario,   a  cuenta del  Impuesto  sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según procediese. Por otro lado, conviene-precisar que,  en nuestro Ordenamiento Jurídico,  en contra de lo alegado por la entidad interesada, de la independencia o autonomía de la obligación de retener no cabe deducir que dicha retención equivalga a un tributo distinto a aquél a cuenta del cual se practica, como ocurría con los antiguos impuestos de producto anteriores a la reforma tributaria de 1978.   Por  tanto,  todas   las  actuaciones  inspectoras realizadas en relación a las retenciones del Rendimiento del  Capital Mobiliario,  se consideran efectuadas   en el ámbito de la comprobación del Impuesto sobre Sociedades, y, en   consecuencia,  tienen  efectos  interruptivos  de  la prescripción del referido concepto impositivo. 4º .- Que la entidad interesada alega prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria por los ejercicios 1 de mayo a 31 de diciembre de 1987, 1988 y 1989,  por paralización  injustificada de las actuaciones inspectoras por más de seis meses desde que se extendieron las Diligencias de fecha 12 de julio de 1994 y 25 de enero de   1995,  por  Retenciones    Rendimientos  del  Capital Mobiliario, ya que, a su juicio, las diligencias extendidas el 24 de mayo y 9 de septiembre de 1994, y de 19 de enero de 1995,  al referirse al   Impuesto sobre Sociedades,  no tienen efectos interruptivos de la prescripción en relación con el concepto tributario "Retenciones e Ingresos a Cuenta Capital Mobiliario".  5º.- Que el 24 de mayo de 1994 se extendió Diligencia por el Impuesto sobre Sociedades, y, desde dicha fecha: A) El 1 de junio y el 12 de julio de 1994,   se   extendieron   Diligencias   por   Retenciones Rendimientos del Capital Mobiliario; B) El 9 de septiembre de   1994 y  el  19  de  enero  de   1995,  se extendieron Diligencias por el Impuesto sobre Sociedades; C) El 25 de enero  de 1995,  se  extendió  Diligencia  por Retenciones Rendimientos Capital Mobiliario; D) El 15 de febrero de 1995,  se   extendió  Diligencia  por  el   Impuesto sobre Sociedades. 6º.- El 23 de febrero de 1995 se incoa el acta A02 de referencia. 7º.- El 21 de marzo de 1995 se presenta escrito de alegaciones ante la Inspección. 8º.- El 22 de agosto de  1995 se notifica -a  la entidad interesada  el mencionado acuerdo liquidatorio de la Oficina Nacional de Inspección de Barcelona de fecha 28 de julio de 1995.CUARTO: Lo expuesto en el Fundamento de Derecho precedente pone de manifiesto que,   desde  la Diligencia extendida el 12 de julio de 1994, fecha en la que se inicia el cómputo  del plazo de   la posible  inactividad de  la Inspección, y la Diligencia extendida el 25 de enero de 1995, ha habido actuaciones de la Inspección en concreto, el 9 de septiembre de 1994 y el 19 de enero de 1995, sin que entre ninguna de ellas haya transcurrido el plazo de seis meses  a que hace  referencia el  articulo 31-4  del mencionado  Reglamento General  de la  Inspección de  los Tributos; para nada afecta a la conclusión anterior el hecho  de  que  alguna de  las  citadas  Diligencias  se extendiesen  en relación   con  Rendimientos del  Capital Mobiliario, ya que, por lo razonado en el punto tercera del Fundamento de Derecho precedente, en el supuesto que nos ocupa,  todas las actuaciones   inspectoras realizadas en relación a las retenciones, se consideran efectuadas en el ámbito de la comprobación del Impuesto sobre Sociedades. Tampoco ha transcurrido el referido plazo de seis meses entre ninguna de las actuaciones que han tenido lugar hasta la notificación del citado acuerdo liquidatorio. Por todo ello, procede  concluir   que  no se   ha  producido  la prescripción alegada por inactividad inspectora en relación con los ejercicios 1 de mayo a 31 de diciembre de 1987, 1988, y 1989. QUINTO: La conclusión alcanzada en los Fundamentos de Derecho precedentes hace necesario entrar a conocer de las cuestiones  de   fondo  suscitadas  por  el presente expediente, en concreto, a la segunda de ellas, relativa a la naturaleza de  las operaciones controvertidas,  y que  constituye el  núcleo  de la  reclamación.   Se trata de precisar si tienen el carácter de seguros, en cuyo caso, las prestaciones pagadas por la reclamante en ejecución o cumpliendo de las mismas tienen la consideración tributaria de incrementos patrimoniales para el cliente, o si, por el contrario, han  de   conceptuarse  como rendimientos del capital mobiliario  y  quedan sometidas a  retención. No obstante, antes de entrar en tal cuestión conviene examinar algunos preceptos relevantes del régimen administrativo de la actividad aseguradora, vigentes en los ejercicios a que se contrae la liquidación impugnada. El artículo 2 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado derogada por la Ley 20/1995, de 8 de noviembre disponía que: "Quedan sometidas a ella: a) Las operaciones de seguro y reaseguro; b) Las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial,  que consistan en obtener compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe, a cambio   de  desembolsos únicos  o  periódicos previamente fijados; c) Las actividades preparatorias o complementarias de las de seguro o capitalización...". De dicho precepto se   deduce que la  invocada Ley 33/1984, distingue dos ámbitos a ella sometidos: por una parte, los seguros y reaseguros, y, por otra, una serie de operaciones que no participan de la naturaleza de los primeros que hace referencia a las preparatorias y a las de gestión de fondos de jubilación. Es decir, que las entidades aseguradoras pueden legalmente practicar  ciertas  operaciones que no constituyen seguros, como es el caso de la capitalizaciónSEXTO: El concepto de seguro está esencialmente unido a la -idea de la cobertura de riesgos. Tanto si se  toma este vocablo en su sentido jurídico, como técnico o usual, para que exista seguro se requiere que exista un riesgo y que éste sea transferido por  el asegurado al asegurador. En concreto, el seguro consiste en la asunción por una persona asegurador de las posibles consecuencias económicas desfavorables que cierto acontecimiento futuro e incierto puede originar en los intereses de otra asegurado, por medio de la reunión de una masa de tales operaciones, suficiente para operar o llevar a cabo la compensación de las resultas  económicas de unas con las otras. Si, como en este caso, estamos ante operaciones que pretenden encuadrarse como seguros a  prima única, tal incertidumbre, de existir, no puede sino afectar a las prestaciones a cargo del asegurador. Pues bien, dichas   prestaciones pueden quedar determinadas contractualmente de forma que el grado de riesgo cubierto en las mismas-se reduzca hasta tal punto, que el contrato, formalizada bajo la apariencia de un seguro, evidencie una intención de las partes contrapuesta a las palabras o términos del contrato; en tal caso, según el artículo 1281 del Código Civil, hade prevalecer dicha intención evidente sobre aquéllas. Es decir, que en este supuesto el contrato no es en realidad  un contrato de seguros, sino de otra naturaleza, y para determinaría habrá que acudir a aquella intención de las partes manifestada en el contenido de lo pactado. En este sentido ha tenido ocasión da pronunciarse este Tribunal en Resoluciones de 9 y 22 de julio, 5 de noviembre y17 de diciembre de 1998.SEPTIMO: Previamente a la calificación jurídica de las operaciones discutidas, conviene repasar lo esencial de las mismas. Al respecto, de los antecedentes obrantes en este Tribunal se desprende lo siguiente:  1º.- Que en el Informe ampliatorio del acta de referencia, los actuarios hace  constar  que según la  Nota  Técnica del  referido contrato estamos ante un contrato de seguro que, a cambio de  una prima  única  pagada al  inicio de  la relación contractual, ofrece las siguientes prestaciones: a) Si al menos uno de los asegurados, en el caso de que existan dos, o el asegurado único, si sólo hay uno, sigue con vida al final  del  plazo contractual, percibiría el capital  de supervivencia pactado al. respecto. b) Si durante el periodo contractual muere el asegurado único, o ambos, en el caso de  que sean  dos, el  beneficiario designado al  efecto percibirá el capital estipulado para este evento.  c) En todo caso,  y siempre y. cuando siga vivo alguno de los asegurados,  la entidad aseguradora  satisface desde  el primer momento, y por períodos mensuales, trimestrales o semestrales, una renta inmediata pospagable. Estamos ante un seguro mixto, en el que se cubre tanto el riesgo de fallecimiento como de supervivencia del asegurado, al que se le añade una obligación a cargo de la aseguradora de pagar  una  renta temporal por el  plazo  pactado en  el contrato, siempre y cuando al final de dicho plazo siga con vida alguno. de los asegurados- 2º. Que según consta en el mencionado  Informe ampliatorio, la  operativa real  del producto analizada en sus dos modalidades (Plan A y Plan E) era la siguiente: A) Todos los contratos celebrados, tenían una duración de 10 años. B) La periodicidad de la renta fue siempre mensual. C) En todos los certificados individuales muestreados por la Inspección ha resultado que el importe de la prima pagada por el presunto asegurado coincidía con el capital fijado para el caso de muerte, y con el capital fijado para el supuesto de supervivencia.   Ello en ambas modalidades    (Plan A y  Plan  B); en  este sentido,   el representante de la entidad interesada, en Diligencia de fecha 4 de mayo de 1994, manifestó que ". el muestreo de certificados individuales efectuado por la Inspección es representantivo y permite extraer conclusiones aplicables a la  totalidad del producto". D) Cálculo de la renta mensual. 1/ En Diligencia de fecha 1 de junio de 1994, el representante de la entidad interesada que firma la misma, manifiesta que:    ".. .los cálculos que se reflejan en el Anexo - 1.. .son fruto de una correcta  aplicación de la notación actuarial. ..".  2/ La Inspección señala que en ninguno  de    los certificados  individuales muestreados coinciden renta    mensual contractual con renta mensual actuarial. 3/    Según documentos internos de la entidad inspeccionada, que denomina "hard-copy", el tipo de interés aplicado no es el tipo de interés técnico;    el tipo de interés aplicado al importe depositado da como resultado un interés a percibir de igual cuantía  con independencia de la edad de las personas a que correspondían las distintas rentas mensuales,   que oscilaban de los 21 hasta los 73 años. E) Valor de rescate. 1/ Seguro combinado de mixto y renta temporal inmediata en caso de vida. Plan A. Según documentos aportados por la entidad comprobada, el valor recibido por los suscriptores era siempre igual al importe pagado como "prima" al inicial la operación, sin descontar gastos alguno de realización de la inversión.   2/ Seguro mixto  creciente.   Plan  E. Cabe   repetir  lo  señalado anteriormente, y añadir que, como posteriormente veremos con  más   detalle,   la operación  podía  rescindirse  en  cualquier  momento  a  partir de su    celebración. F) La Inspección   considera que,  según  Informe  de auditoría emitido  por   un actuario  independiente  incorporado  al expediente mediante Diligencia de fecha 4 de mayo de 1994, las provisiones generadas por el producto que nos ocupa no pueden considerarse verdaderas provisiones matemáticas. G) En Diligencia de 17 de marzo de 1994, el representante de la entidad manifiesta que no se exigía declaración de-estado de salud ni reconocimiento médico alguno a los asegurados con carácter previo a la contratación del seguro. H) Hay personas que en un mismo día celebraban más de un contrato de  seguro para  cubrir los mismos riesgos;  a título de ejemplo cita a una misma persona que en diciembre de 1987 celebró seis contratos de seguro del mismo tipo, Plan B, por unos importes de 1.000.000 pts. y 1.500.000 pts., y que posteriormente,  en   marzo de 1988    celebró otros  seis contratos más,  todos ellos por un importe de 1.000.000 pts,,  y otro más   en abril de 1988 por un importe de 14.000.000 pts. 3º.- La Inspección, en el referido Informe ampliatorio, del requerimiento de información efectuado a la Caja de Ahorros de          -que actúa como tomadora-; destaca las siguientes manifestaciones de la misma: A) En Diligencia de 28 de febrero de 1994, consta que en el Pliego de condiciones en el que las partes detallan la operativa    a  seguir  en   la  gestión    del  producto controvertido, en el punto Segundo figura que                      estipulará el tipo de interés a devengar anualmente   por  cada  Prima  única   suscrita  por los Asegurados,  fijando  asimismo su forma de pago".   B)  En cuanto al cálculo de la pensión mensual: 1/ En el Informe confeccionado   por  la   misma,  señala   que  "es -  el correspondiente  al  tipo - de interés pactado"; --2/  En Diligencia extendida en el curso de la visita manifiesta que "el cálculo de la prestación mensual lo efectuaba Caja de                              financiera,  es decir, aplicando un tipo de interés al importe de la imposición  ("prima") efectuada por los asegurados". C) En la modalidad A, 9145, según manifiesta la referida             "en algunos supuestos se documentaba la imposición o pago de la prima única en una libreta de ahorro. Dicha libreta no recogía liquidaciones de intereses. Solo la aportación de fondos o   primas  y las  retiradas de los mismos..los intereses.. se abonaban  en  la  cuenta  corriente  del asegurado...".  D) En relación a  la modalidad B,   renta acumulada,  9155  en la que según la nota técnica y las condiciones contractuales de la misma no se  podía disponer de las rentas mensuales en tanto en cuando la operación siguiese viva, la citada                    manifiesta que: "El asegurado podía disponer de los intereses sin resolver la operación, sin cancelar la presunta operación de seguro. En tal supuesto el valor de rescate es inferior a la suma del importe de la imposición o prima única más intereses si la disposición de los intereses es total, el valor de rescate coincide con el de la imposición o prima". Añade que: "en los documentos de finiquito de las operaciones de dicha modalidad  aparece  en muchos casos únicamente   el importe de  la cantidad depositada, sin renta acumulada alguna". E) Manifiesta tambien  la citada                 que  "no  existió  en ningún caso boletín   de adhesión, declaración de estado de salud del asegurado o solicitud de reconocimiento médico alguno", en contra de lo dispuesto por  el artículo 50-3 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado de 1985 para los Seguros Colectivos de Vida.G) Según manifiesta la referida                          todos los contratos menos   uno, en   que falleció la  "asegurada", finalizaron por el ejercicio del "derecho de rescate". 4º.- Que a raíz de la publicación del Real Decreto 1203/1989, que prohíbe determinadas operaciones a las entidades que desarrollen la actividad aseguradora, la entidad interesada dejó  de  contratar el producto  controvertido,  pero se siguieron pagando  rentas   correspondientes a contratos previamente realizados y subsistentes.OCTAVO: De lo expuesto en el Fundamento de Derecho precedente  se   deduce lo   siguiente: A)  Que  en  las operaciones objeto de liquidación el componente de riesgo, que es esencial para que el seguro exista, queda eliminado o reducido a la mínima expresión. B)  En la práctica, las prestaciones  de  las partes  no se han obtenido  de la aplicación de la notación actuarial que aparece en los documentos  presentados  ante  la Dirección  General  de Seguros, sino pura y simplemente a un cálculo financiero, y, en la determinación de las mismas no se ha tenido en cuenta la edad de los "asegurados" ni del sexo del mismo, existiendo una certeza en cuanto a la cantidad a percibir, con independencia de la circunstancia de supervivencia, fallecimiento o rescate, que únicamente depende del tiempo que permanezca en vigor la póliza. C)                      que actúa como   tomadora era la que fijaba el   tipo de interés a devengar anualmente por la prima única. D) El Plan B era, si el suscriptor así lo deseaba, lo mismo que el Plan A,  en cuanto a poder disponer de los intereses devengados; por tanto, no se observan ni la Nota Técnica, ni las condiciones particulares y generales de contratación el referido Plan B, y se desvirtúan el pretendido capital de  supervivencia, el de fallecimiento y  el valor  de rescate.NOVENO: El  artículo   25  de  la  Ley  General Tributaria, en su redacción vigente en la fecha en que se dictó la liquidación objeto del presente Recurso de Alzada, disponía que: "El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica  o  económica  del  hecho imponible"; en términos similares se manifiesta el articulo 28 del invocado texto legal en su redacción hoy vigente, aunque  se  refiere  sólo  a   la  naturaleza jurídica. Centrándonos exclusivamente en dicha naturaleza-jurídica, debe concluirse que las discutidas operaciones no son de seguro, porque falta en ellas el elemento esencial de estos contratos, cual es la existencia del riesgo cubierto en grado suficiente para que sea admisible como causa de la operación; además,  en la  práctica,  en las  referidas operaciones se prescindió de  la técnica actuarial para calcular la renta. Todo ello, nos lleva a concluir que, como entendió la Inspección, se trata de una imposición retribuida de capital, en la que no existe elemento de incertidumbre o riesgo de ninguna clase. Por tanto,  el invocado artículo 25 de la Ley General Tributaria nos lleva a exigir el impuesto con arreglo a tal naturaleza,   es decir, imposiciones a plazo y no seguros. Por otro lado, debe precisarse que  el hecho de   que las partes  hayan revestido a la operación de la apariencia de pólizas de seguro no permite calificarías de tales, en virtud del artículo 1281 del Código Civil.DECIMO: Una vez sentado que las operaciones de que se trata tienen la naturaleza de imposiciones a plazo, a prima  o  cuota  única,  sin cobertura de  riesgo  alguno, procede entrar a resolver la tercera de   las cuestiones suscitadas  por el  presente expediente,  relativa  a si procede   o no efectuar  retención por  Rendimientos del Capital Mobiliario por la diferencia entre las prestaciones satisfechas a los titulares y el importe por ellos invertido o aportado. Al respecto, hay que señalar que, como entendió la Inspección, procede practicar retención, ya que dicha  diferencia tiene la conceptuación tributaria de rendimiento del capital mobiliario sometido a tributación.UNDECIMO: En cuanto a la alegación de la entidad reclamante relativa a que la obligada a practicar retención por  rendimientos de  capital mobiliario,  a cuenta  del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, era la                                hay que señalar que,   de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 y 36 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el artículo 12 de la Ley 5/1983,   de 29 de  junio,  la entidad  reclamante,  como pagadora  de los  aludidos  rendimientos calificados del capital   mobiliario, es  la  obligada  a  efectuar  las correspondientes retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta  de  las Personas Físicas, e ingresar,  al  ser la verdadera artífice de la operación, con independencia de la la                             sea quien comercialice las aludidas pólizas.DUODECIMO: En lo referente a la cuarta de las cuestiones suscitadas, relativa a la procedencia o no de la elevación al íntegro de los rendimientos satisfechos, el artículo 36 de la invocada Ley 44/1978, del Impuesto sobre la  Renta  de  las   Personas Físicas,  disponía que las cantidades efectivamente satisfechas por los obligados a retener se entenderán percibidas en todo caso con deducción del  importe de la retención, correspondiente,  norma que constituye  el  fundamento  de  la  elevación al integro practicada por la Inspección. Ahora bien, aunque en los ejercicios a que la liquidación se contrae estaba en vigor la citada Ley 44/1978, ha de tenerse en cuenta que 1 a Ley 13/1996,   de  30   de  diciembre, de  Medidas  Fiscales, Administrativas y de Orden Social, introdujo una sustancial  modificación en el régimen de elevación al' integro,  al disponer en su articulo 5-1 una nueva redacción al apartado dos del artículo 98 de la Ley 18/19981, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de  las Personas Físicas, de forma que cabe probar la cuantía de la "contraprestación íntegra devengada" y sólo cuando tal prueba no concurra procede la elevación al íntegro. La Disposición Transitoria Undécima de la misma Ley 13/1996, extiende esta modificación a las liquidaciones practicadas con anterioridad a su entrada en vigor; no obstante lo anterior, a la presente liquidación no le es aplicable el nuevo régimen, ya que éste queda limitado a los rendimientos del trabajo, dejando fuera, por tanto, a los del capital mobiliario, que son los percibidos en el caso ahora planteado, por lo que, en definitiva, no cabe  aplicar    retroactivamente  las   modificaciones introducidas por el artículo 5 anteriormente citado, y ha de declararse procedente la elevación al íntegro de los rendimientos satisfechos.DECIMOTERCERO: No puede ser atendida la pretensión  de la entidad interesada relativa a que en el Plan B, el rendimiento   del capital  mobiliario  es un  rendimiento implícito, ya que,  como se   indicó en el  Fundamento de Derecho Séptimo de la presente Resolución, dicha modalidad, en la práctica, funcionaba como la modalidad A, y se podía disponer incluso de los intereses sin remover el capital depositado; por tanto, como entendió la Inspección, en la citada modalidad B estamos ante un rendimiento explícito, cuya retención debería haberse efectuado con las oportunas liquidaciones, y no al resolver el contrato retirando lo depositado como alega la sociedad reclamante.DECIMOCUARTO: En cuanto a la quinta de las cuestiones a resolver,  relativa a si concurre o no las circunstancias necesarias para ser calificado el expediente como de    infracción tributaria grave,  hay que tener en cuenta que en el acuerdo impugnado, se liquidan únicamente la cuota y los   intereses de demora,   y, en cuanto a la sanción,   en el citado acuerdo no se liquidaba la misma, únicamente   se  indicaba  la  cuantía   resultante de la legislación antigua y de la nueva .y se le daba plazo para formular alegaciones; por otro lado, no hay constancia en el  expediente   de  que   se  haya   dictado  el acuerdo liquidatorio referente a la sanción. En consecuencia con todo ello, al no haber acto administrativo de liquidación de la sanción, este Tribunal no puede pronunciarse sobre la cuestión controvertida, sin perjuicio de que, en su caso, si la entidad lo considera conveniente, cuando se practique la correspondiente liquidación por la sanción,   la misma pueda ser objeto de reclamación ante esta vía económico-administativa. DECIMOQUINTO: Procede confirmar la exigencia de intereses de demora,  a   tenor de lo  establecido en el artículo 87-2 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la invocada Ley 10/1985.ESTE TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,  en la Reclamación económico-administrativa interpuesta por la entidad                 contra acuerdo de la Oficina Nacional de Inspección de                de fecha                          relativo a Retenciones de Rendimientos del Capital  Mobiliario a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1 de mayo a 31 de diciembre de 1987, 1988, 1989 y 1990, por un importe total de                  ACUERDA: 1º.-. Desestimarla reclamación formulada por la sociedad interesada; y, 2º.- Confirmar el acuerdo impugnado.

Capital mobiliario
Impuesto sobre sociedades
Seguridad jurídica
Rendimientos de capital mobiliario
Asegurador
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Inspección tributaria
Tipo de interés
Deuda tributaria
Cobertura de riesgos
Prima única
Persona física
Contrato de seguro
Operaciones de seguro reaseguro capitalización
Reaseguro
Días hábiles
Obligado tributario
Declaración IRPF
Inactividad de la Administración
Días naturales
Declaración anual Terceros
Pagos a cuenta
Obligación de retener
Actividad inspectora
Actividad aseguradora
Retenciones e ingresos a cuenta
Riesgo cubierto
Reconocimiento médico
Incremento del patrimonio
Plazo de contrato
Relación contractual
Compañía aseguradora
Documentos aportados
Cajas de ahorros
Finiquito
Libretas de ahorro
Pago de primas de seguro
Condiciones del contrato
Intereses de demora
Sexo

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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