Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/6977/2003 de 15 de Marzo de 2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Marzo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/6977/2003

Resumen

Tanto en la nueva LGT (Ley 58/2003) como en la normativa anterior, las sanciones tributarias no son inejecutivas por el mero hecho de haber sido objeto del pertinente recurso o reclamación, sino que concurre la suspensión de su ejecución hasta que sean firmes en vía administrativa. La firmeza en vía administrativa se produce cuando los actos administrativos causen estado en dicha vía o bien cuando el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la pieza separada de la suspensión en aquellos supuestos en los que se haya ejercido el derecho a recurrir en vía jurisdiccional los actos dictados y se haya solicitado la suspensión de su ejecución. La liquidación de intereses de demora sobre las sanciones tributarias no procede hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa y por dicha resolución finalizadora de la vía administrativa debe entenderse el Auto dictado por el órgano jurisdiccional acordando la suspensión de la ejecución del acto sancionador impugnado. Por tanto, cabe admitir la procedencia de exigir intereses de demora desde ese momento hasta el día en que se deba ejecutar la Sentencia dictada por el órgano jurisdiccional.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 15 de marzo de 2006, en la reclamación económico administrativa que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesta por D. ..., en nombre y representación de ..., S.A., con N.I.F. n° ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Inspección (ONI) del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT de 27 de octubre de 2003 en ejecución de la Resolución de este Tribunal de 14 de noviembre de 2001 por la que se desestimaba la reclamación interpuesta contra el acuerdo de imposición de sanciones de 25 de septiembre de 2000 dictado por la ONI derivada del concepto IVA y ejercicios 1993 a 1996, por importe de 74.307,55 euros. El acto objeto de impugnación hace referencia a la ejecución de la sanción impuesta, se acuerda liquidar intereses de demora por importe de 5.486,54 euros y levantar la suspensión del acto administrativo en el que se procedió a liquidar intereses de demora por importe de 5.025,43 euros.

                                                   ANTEDEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-
Con fecha 28 de diciembre de 1999 la Inspección de los Tributos incoó acta de disconformidad a la reclamante en relación con el IVA de los ejercicios 1993 a 1996.

La propuesta de regularización contenida en el acta fue confirmada por el acto administrativo de liquidación de 12 de abril de 2000 dictado por el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la ONI, si bien en dicho acto se procedió a rectificar los intereses de demora propuestos en el acta del que derivaba.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la conducta apreciada en el acto de liquidación, se inició el correspondiente procedimiento de imposición de sanciones que concluyó con el correspondiente acuerdo de 25 de septiembre de 2000 en el que se tipificaba la conducta apreciada como constitutiva de infracciones tributarias graves, imponiéndose una sanción por importe de 12.363.736 ptas (74.307,55€).

TERCERO.- Disconforme con el acuerdo sancionador, la entidad interpuso la correspondiente reclamación económico administrativa ante este Tribunal con fecha 13 de octubre de 2000. Asimismo, el 16 de octubre de 2000 la reclamante presentó ante la ONI solicitud para la suspensión automática de la ejecución del acto impugnado, esto es, del acuerdo de imposición de sanciones.

Este Tribunal dictó el 14 de noviembre de 2001 resolución desestimatoria de las pretensiones de la reclamante. Dicha resolución fue formalmente notificada a la Oficina Nacional de Inspección el 30 de noviembre de 2001.

CUARTO.- El 5 de marzo de 2002 la ONI dictó el correspondiente acto administrativo ejecutando la Resolución del Tribunal Central, en el que se procedía a liquidar unos intereses de demora por el periodo transcurrido entre el último día del plazo de ingreso en periodo voluntario de la sanción (el 21 de octubre de 2000) y el día en que el TEAC dictó resolución (el 14 de noviembre de 2001). Dicho acto fue objeto de notificación a la interesada el 14 de marzo de 2002. La liquidación de intereses ascendió a 5.025,43 euros.

QUINTO.- No obstante, contra la resolución del TEAC se interpuso en plazo recurso contencioso administrativo solicitando la concesión de la suspensión de la ejecución de la Resolución y, en consecuencia, el mantenimiento de la suspensión dictada en vía administrativa. Mediante auto de 20 de febrero de 2002 se acordó conceder la suspensión condicionada a la aportación de caución, mediante aval bancario.

SEXTO.- Por otra parte, el 21 de marzo de 2001 se interpuso una nueva reclamación ante este Tribunal, esta vez contra el acto de ejecución dictado por considerar que la sanción no es ejecutiva puesto que al haber sido impugnada en vía jurisdiccional aún no es firme en vía administrativa. Este Tribunal dictó resolución el 22 de mayo de 2002 estimando la pretensión de la reclamante. En concreto, el fundamento de derecho sexto de la resolución disponía lo siguiente: "procede suspender la tramitación de la liquidación impugnada, limitando los efectos de la misma a la determinación de la garantía que, en su caso, establezca el órgano jurisdiccional, siempre que por la entidad se acredite que ha obtenido la suspensión de la ejecución del acuerdo de este Tribunal Económico Administrativo Central por haber aportado las garantías que se le exigían en el Auto de fecha 20 de febrero de 2002 o haber sido estimado el recurso de súplica que contra el mismo dice haber formulado".

En consonancia con la resolución dictada, la ONI dictó el 25 de octubre de 2002 acto de ejecución en el que se procedía a remitir a la Oficina Nacional de Recaudación el citado fallo del TEAC a efectos de la suspensión estimada.

SÉPTIMO.- El 2 de abril de 2003 la Audiencia Nacional dictó sentencia firme en el recurso interpuesto contra la Resolución del TEAC de 14 de noviembre de 2001 relativa al procedimiento sancionador, desestimando el recurso y confirmando la resolución por considerarla ajustada a derecho y, en consecuencia, confirmar la sanción impuesta.

OCTAVO.- El 28 de julio de 2003 tuvo entrada en la ONI la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional y, en consecuencia, el 27 de octubre de 2003 se procedió a dictar el correspondiente acto administrativo en ejecución de la misma, en los siguientes términos:

        - Notificar los plazos de ingreso de la sanción suspendida y confirmada por la Audiencia.

        - Liquidar los intereses de demora devengados por la suspensión de la sanción en vía jurisdiccional, toda vez que la sanción confirmada por la Audiencia ha sido declarada firme y ya fueron liquidados los intereses correspondientes a la vía administrativa.

Como queda acreditado en el expediente que la Audiencia tramitó pieza separada de suspensión, puede deducirse que en el presente caso ha mediado suspensión y no inejecutividad de la sanción.

El cálculo de los nuevos intereses de demora se practicó desde el día siguiente al último del plazo de ingreso en periodo voluntario reabierto por la desestimación del TEAC (el 5 de abril de 2002); hasta el día en que se debía ejecutar la Sentencia de la Audiencia, esto es, 10 días después de la fecha de recepción de la Sentencia (el 8 de agosto de 2003). En conclusión, se practicó una nueva liquidación de intereses por importe de 5.486,54€.

        - Asimismo, una vez que el principal de la sanción ha adquirido firmeza, se acordó notificar nuevos plazos de ingreso de la liquidación de los intereses derivados de la suspensión en vía administrativa.

NOVENO.- Contra el acto anterior, el 18 de noviembre de 2003 la entidad interpuso la presente reclamación ante este Tribunal Central. Evacuado el trámite de la puesta de manifiesto del expediente, la reclamante presentó escrito de alegaciones en el que invocaba en su favor el hecho de que la liquidación de intereses realizada era contraria a derecho dado que no procede la ejecución de la sanción hasta que ésta sea firme en vía administrativa. Esto es, hasta que no se dicte sentencia firme en el Recurso contencioso administrativo, no procede la exigibilidad de los pretendidos intereses de demora que sobre la sanción han sido liquidados, cuantificando dichos intereses en el importe total de 10.511,97€.

Por otra parte, la entidad invoca que contra la Sentencia de la Audiencia Nacional se ha interpuesto, en tiempo y forma, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la concesión de la suspensión de la ejecución de la liquidación contra la que se ha interpuesto la reclamación por importe de 74.307,55€.  

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presente reclamación económico-administrativa ha sido promovida en tiempo y forma por persona legitimada para hacerlo y este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocerlo de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, aplicable a este procedimiento.

Las cuestiones a resolver por este Tribunal Central en la presente reclamación son las siguientes: 1) La validez del acto de ejecución de Sentencia dictado por la Administración Tributaria, teniendo en cuenta que la Sentencia objeto de dicha ejecución se encuentra recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional y se ha solicitado su suspensión. 2) La posible nulidad de la liquidación de los intereses de demora, por haberse girado sobre una sanción y por la incorrecta determinación del periodo de devengo de los intereses suspensivos.

SEGUNDO.- La primera cuestión, por tanto, sobre la que debe entrar a conocer este Tribunal hace referencia a la procedencia o no del el acto de ejecución de Sentencia dictado por la Administración Tributaria, teniendo en cuenta que la Sentencia objeto de dicha ejecución se encuentra recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional y se ha solicitado su suspensión.

La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional en el artículo 56 y siguientes, establece la posibilidad de que la Sala que conozca de un recurso de amparo pueda suspender de oficio o a instancia del recurrente la ejecución del acto por el cual se reclama el amparo constitucional, cuando la ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad. Dicha suspensión, conforme al apartado segundo del mencionado artículo 56, podrá solicitarse en cualquier tiempo, siempre antes de haberse pronunciado Sentencia o decidirse el amparo de otro modo.

La normativa reguladora del Tribunal Constitucional no delimita nada en materia de los requisitos procesales o, en su caso, sobre la forma en la que debe actuar el órgano que dictó el acto por el cual se reclama el amparo constitucional. Lo único que queda claro de lo dispuesto para la suspensión, es el derecho que le asiste al recurrente para solicitarla en cualquier momento previo a la Sentencia o a la decisión que ponga fin al procedimiento por el que se salvaguardan los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos.

No obstante, es preciso poner de manifiesto que, desde el momento en que la Sentencia de la Audiencia Nacional deviene firme, como dispone el artículo 104.1 de la mencionada Ley 29/1998: "Luego que sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél". De lo dispuesto en este artículo, se deduce la procedencia de la actuación del órgano de la Administración Tributaria al dictar el acto de ejecución de la Sentencia, una vez que ésta ha adquirido firmeza y ha sido objeto de la correspondiente comunicación.

Todo ello sin perjuicio de reconocer la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acuerde la suspensión de la ejecución de la acción del órgano judicial que ha suscitado el proceso de amparo constitucional. Pero hasta que eso ocurriera, como ya se ha manifestado, al ser firme la Sentencia dictada, debe procederse a su ejecución por quien corresponda en cada caso.

Además, es el propio órgano jurisdiccional, cuya Sentencia es objeto de ejecución, quien acordó en su día la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Por tanto, a ese mismo órgano jurisdiccional  y no al órgano administrativo encargado de llevar a efecto la ejecución de la Sentencia es a quien corresponde acordar al levantamiento de la suspensión (como así ha hecho) o, en su caso, mantenerla con motivo del recurso de amparo constitucional, si lo considera oportuno. Por tanto, este Tribunal debe concluir, que el acto dictado por la Administración Tributaria en ejecución de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional es procedente, puesto que ha sido la propia Audiencia Nacional quien ha acordado el levantamiento de la suspensión y, por tanto, la ejecución de la Sentencia.

TERCERO.- Una vez acordada la procedencia de ejecutar la Sentencia dictada, la siguiente cuestión a resolver hace referencia a la posible nulidad de las liquidaciones de intereses de demora, por haberse girado sobre una sanción y por la incorrecta determinación del periodo de devengo de los mismos.

Constituye la cuestión objeto de discusión fuente de un amplio debate jurídico en el que se han vertido distintos pronunciamientos jurisdiccionales. Así, en un primer momento, el TS, en su Sentencia de 28 de noviembre de 1997, de una forma implícita se decide por la procedencia de liquidación de intereses de demora en los supuestos de suspensión de sanciones. Luego, el 18 de septiembre de 2001, el TS dicta sentencia en recurso de casación en interés de la ley por la que se desestima el recurso formulado por el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, de 14 de abril de 2000, en virtud de la cual fue anulada la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía que confirmó la liquidación por intereses de demora por el tiempo en que estuvo suspendida la ejecución de la liquidación derivada de un acta de inspección incoada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía anula la liquidación por intereses de demora practicada como consecuencia de haber obtenido el contribuyente la suspensión de la ejecución de la sanción pecuniaria recurrida en vía económico-administrativa, una vez desestimada la mencionada reclamación. En definitiva se ordena la práctica de una nueva en cuya base no se incluye el importe de la sanción. El Abogado del Estado en su recurso de casación en interés de ley cita la doctrina contenida en la Sentencia de 28 de noviembre de 1997, pero el TS entiende que sólo a partir de una interpretación que se califica como de "puramente literalista" podría aplicarse al caso que se plantea.

CUARTO.- No obstante, este Tribunal Central, partiendo de que se trataba de una Sentencia desestimatoria de un recurso de casación en interés de ley por lo que  sus efectos vinculantes sólo se producirían si la misma pudiera considerarse complemento del ordenamiento jurídico, en los términos señalados por el Código Civil, lo que no sucedía en el presente supuesto por cuanto no había llegado a conocimiento de este Tribunal Central la existencia de otra sentencia que, pronunciándose sobre la exigibilidad de intereses suspensivos en los supuestos de impugnación de sanciones, hubiese llegado a la misma conclusión que la dictada en fecha de 18 de septiembre de 2001, sostuvo el criterio de que procedía la liquidación de dichos intereses suspensivos si bien matizado desde una perspectiva temporal en tanto en cuanto se hubiese acordado o no la suspensión en vía contencioso-administrativa.

La controversia se centraba en la distinta interpretación que el TS y este Tribunal Central daban al alcance del artículo 35 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que disponía que "La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa".

Así, por un lado, el TS, en su Sentencia de 18 de septiembre de 2001, entiende que el artículo citado "ha reproducido, ya, en el ámbito tributario, el contenido del artículo 138.3 de la Ley 30/1992". Precepto que dispone que, en materia sancionadora, "la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa", mientras que este Tribunal Central consideraba que si es terminante el mandato de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no puede predicarse lo mismo del artículo 35 de la Ley 1/1998, porque de la comparación de los dos textos legales se desprende que el legislador quiso establecer el principio de suspensión automática de la ejecución por la interposición de recurso y no el de no ejecutividad de las sanciones. Este distinto planteamiento lleva a este Tribunal Central a confirmar la procedencia de la liquidación de intereses suspensivos, entre otras resoluciones en la de 2 de abril de 2003, Nº 3068/2002, basándose a su vez en la literalidad del artículo 61.2 (antes 4.º) de la LGT, el artículo 37 del Real Decreto 1930/1998, "las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa", y el artículo 63 bis.11 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

QUINTO.- Sin embargo, la controversia jurídica anteriormente expuesta y el criterio sostenido por este Tribunal Central entre otras resoluciones en la de 2 de abril de 2003, Nº 3068/2002, se han visto sustancialmente afectados por la nueva interpretación que sobre esta cuestión expuso el Alto Tribunal en su Sentencia de 7 de marzo de 2005 que, si bien es desestimatoria del recurso de casación número 715/1999 interpuesto por el abogado del estado, no podemos obviar que supone un importante paso en cuanto a la aclaración de todas estas cuestiones que han originado tanta confusión.

De hecho, la postura expresada por el Tribunal Supremo en la mencionada Sentencia viene inspirada por el espíritu contenido en la Ley 58/2003 por el que se aprueba la Ley General Tributaria, realizando una interpretación "ex post facto" en relación con la normativa anterior.

En relación con el expediente que nos ocupa, debemos destacar lo manifestado por el Alto Tribunal en la mencionada Sentencia en cuanto a tres cuestiones: en primer lugar, la ejecutividad de la sanciones tributarias; en segundo lugar, el momento en el que se debe entender finalizada la vía administrativa; y, por último, las normas que deben inspirar la liquidación de intereses de demora girados sobre las sanciones.

La concreción de la primera de las cuestiones, esto es, de la ejecutividad de las sanciones tributarias acordadas, se hace especialmente relevante para proceder a la aplicación de los artículos 30 y 35 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes; 81.3 de la LGT de 1963, tras la modificación introducida en la misma por la citada Ley 1/1998; 37 y 38 del Real Decreto 1930/1998, sobre Régimen Sancionador Tributario, y 63.bis.11 del Real Decreto 939/1986, Reglamento General de la Inspección de los Tributos, tras la reforma entronizada por el precedente Real Decreto 1930/1998.

Dichos preceptos vienen a establecer, por un lado, que el contribuyente tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso o reclamación administrativa, a que se suspenda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente, a menos que, de acuerdo con la misma, proceda la suspensión sin garantía, precisándose, además, que cuando el contribuyente interponga recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión. Y, por otro lado, en relación con las sanciones tributarias (cuya imposición se realizará mediante un expediente distinto e independiente), que su ejecución quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. Al respecto, el Tribunal Supremo, en el Fundamento de Derecho Quinto apartado D) de la sentencia establece que:

"en relación con la frase con que terminan la mayoría de dichos artículos: «sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes -las sanciones, se entiende- en la vía administrativa», consistente, partiendo, aun -a pesar de la dicción literal de las normas-, de la inejecutividad inicial de las sanciones tributarias, en declarar que las referidas sanciones deben quedar suspendidas de forma automática hasta que no haya pronunciamiento jurisdiccional -incluso, por sentencia- sobre su validez y oportunidad (criterio este que es el patrocinado, en su escrito de alegaciones del presente recurso casacional, por la parte recurrida, WANG -frente al parecer del Abogado del Estado, que refiere, sólo, in genere, el alcance del artículo 35 de la Ley 1/1998 a la vía administrativa o económico-administrativa, sin trascendencia en la jurisdiccional-).

Pero tal criterio ha sido superado, ya, por lo declarado al respecto en la sentencia de la citada Sección Segunda de 5 de octubre de 2004, en la que se ha tomado en consideración no sólo la propia hermeneusis de los preceptos que venimos comentando sino, en especial, la derivada de lo establecido en los artículos 212.3 y 233.1 y 8 de la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre (de claro efecto retroactivo, en atención a lo que ya se sentaba en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 25/1995 (NFL002306) y en los preceptos posteriores -al ser, por su intrínseca naturaleza, más beneficiosos para los contribuyentes).

En efecto, tales artículos de la Ley 58/2003, establecen que "la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá el siguiente efecto: la ejecución de sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantía hasta que sean firmes en vía administrativa", "si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212", "se mantendrá la suspensión producida en la vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada", y "Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de aportar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial".

No se está, pues, ante un supuesto de inicial inejecutividad de la sanción tributaria (como ha venido aceptándose, en varias sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera, hasta la de fecha 5 de octubre de 2004), que determina que, mientras que el órgano jurisdiccional, en la sentencia del recurso contencioso-administrativo, o en otra resolución que lo ultime, no decida sobre la virtualidad o no de la infracción imputada y de la sanción impuesta, no será factible, sin necesidad de caución, la ejecución de la misma, sino ante un caso, por imperativo legal, de suspensión de la ejecutividad (propia, esta última, inicialmente, de todo acto administrativo) de la sanción, hasta un determinado momento procesal o procedimental, (...)"

Por tanto, a la vista de lo expresado por el Tribunal Supremo, la primera conclusión que debemos extraer es que las sanciones tributarias no son inejecutivas por el mero hecho de haber sido objeto del pertinente recurso o reclamación, simplemente concurre la suspensión de su ejecución hasta que sean firmes en vía administrativa.

SEXTO.- A la vista de la conclusión anteriormente expuesta, la siguiente cuestión que conviene aclarar sería cuándo se debe entender que las sanciones son firmes en vía administrativa. Sobre esta cuestión se pronuncia el Alto Tribunal, en el apartado D) del Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia en los siguientes términos:  

"la frase "sin que puedan ejecutarse -las sanciones suspendidas sin garantía, se entiende- hasta que sean firmes en vía administrativa" contenida en el artículo 35 de la Ley 1/1998 (y en los demás preceptos posteriores semejantes que hemos venido comentando) sólo puede interpretarse o bien como "hasta que hayan causado estado en dicha vía" (y no quepa ya otro recurso administrativo o económico-administrativo), o bien, como máximo, hasta que se adopte, en la vía contencioso-administrativa, la pertinente resolución sobre la virtualidad de la suspensión que, concedida anteriormente, es instada, "ex novo", o reiterada, en la vía jurisdiccional (en la oportuna pieza separada), al amparo del artículo 122 y siguientes de la LJCA de 1956 ó 129 y siguientes de la LJCA 29/1998, pues, teniendo en cuenta, a modo de valor interpretativo "ex post facto", lo dispuesto en los artículos 212.3 y 233.1 y 8 de la LGT 58/2003, ese potencial mantenimiento de la suspensión acordada en la vía administrativa o económico-administrativa en la posterior vía contencioso-administrativa incoada (si se dan los dos condicionantes del artículo 233.8 de la citada LGT 58/2003) conservará su vigencia y eficacia, solamente, hasta que el órgano judicial adopte, en el ejercicio de su propia potestad cautelar, la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada (en el mismo recurso contencioso-administrativo), sin que pueda determinar e influir directamente en la decisión que, conforme a los criterios establecidos en la LJCA tanto de 1956 como en la 29/1998, adopte, dentro de su competencia, el Tribunal Jurisdiccional".

En consecuencia, debemos concluir que la firmeza en vía administrativa se produce cuando los actos administrativos causen estado en dicha vía o bien, cuando el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la pieza separada de la suspensión en aquellos supuestos en los que se haya ejercido el derecho a recurrir en vía jurisdiccional los actos dictados y se haya solicitado la suspensión de su ejecución.

SÉPTIMO.- Una vez sentado lo anterior, la última cuestión a la que debemos referirnos versaría sobre la liquidación de intereses de demora sobre las sanciones. Y también sobre esta cuestión se pronuncia el Alto Tribunal en su sentencia de 7 de marzo de 2005, en concreto en el ya destacado fundamento de derecho quinto en cuyo último párrafo viene a concretar lo siguiente:

"Y tan es así, o sea, el que se está ante una sanción en principio ejecutable, susceptible, no obstante, de poder ser suspendida sin necesidad de caución, que el artículo 37.2 del Real Decreto 1930/1998 dispone que "las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa" y que el artículo 212.3.b) de la Ley 58/2003 señala (con una redacción que en definitiva, a pesar de su poca claridad, viene a establecer lo mismo) que "no se exigirán intereses de demora -cualquiera sea el momento de su devengo, se debe entender- por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa". Devengo de intereses (con postergación de su cobro) que no sería factible si se reputara que las sanciones tributarias son, per se, y de entrada, inejecutables".

OCTAVO.- Por tanto, a la vista de todo lo dispuesto en  los fundamentos de derecho quinto, sexto y séptimo, en los que hemos procedido a aplicar la opinión del Tribunal Supremo vertida en su sentencia de 7 de marzo de 2005, debemos concluir, en primer lugar, que la interposición de los recursos y reclamaciones administrativos procedentes contra las sanciones tributarias originan la suspensión de la mismas (no su inejecutividad), si bien sí que se produce la suspensión automática de las mismas por el hecho de interponer los mencionados recursos y reclamaciones. Y, en segundo lugar, que no serán exigibles intereses de demora sobre las sanciones hasta que éstas no sean firmes en vía administrativa, entendiéndose producida dicha firmeza cuando los actos administrativos causen estado en dicha vía o bien, cuando el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la pieza separada de la suspensión en aquellos supuestos en los que se haya ejercido el derecho a recurrir en vía jurisdiccional los actos dictados y se haya solicitado la suspensión de su ejecución.

Y esta interpretación es aplicable tanto a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria de 2003 como a la normativa vigente anterior, puesto que el Alto Tribunal ha procedido a aclarar las ambigüedades existentes en dicha normativa teniendo en cuenta, a modo de valor interpretativo "ex post facto", lo dispuesto en la LGT 58/2003.

NOVENO.- Por tanto, no procederá la exigencia de intereses de demora hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Y, por dicha resolución finalizadora de la vía administrativa debe entenderse el Auto dictado por el órgano jurisdiccional acordando la suspensión de la ejecución del acto sancionador impugnado.

Cabe, por tanto, admitir la procedencia de exigir intereses de demora desde ese momento hasta el día en que se deba ejecutar la Sentencia dictada por el órgano jurisdiccional.

Debemos estimar la pretensión invocada por la reclamante en cuanto a que el cómputo del plazo en el que se ha producido el devengo de los intereses de demora no se ajusta a derecho.

En virtud de lo expuesto,

El Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, en la reclamación Económico Administrativa interpuesta por ... S.A., con N.I.F. n° ... y domicilio a efectos de notificaciones en la calle ..., contra el acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Inspección (ONI) del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT de 27 de octubre de 2003 en ejecución de la Resolución de este Tribunal de 14 de noviembre de 2001 por la que se desestimaba la reclamación interpuesta contra el acuerdo de imposición de sanciones de 25 de septiembre de 2000 dictado por la ONI derivada del concepto IVA y ejercicios 1993 a 1996, por importe de 74.307,55 euros. El acto objeto de impugnación hace referencia a la ejecución de la sanción impuesta, se acuerda liquidar intereses de demora por importe de 5.486,54 euros y levantar la suspensión del acto administrativo en el que se procedió a liquidar intereses de demora por importe de 5.025,43 euros. ACUERDA: estimar parcialmente la presente reclamación conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho noveno.

Intereses de demora
Ejecución de sentencia
Sanciones tributarias
Liquidación de intereses
Actos de ejecución
Suspensión de la ejecución
Ejecución de las sanciones
Inspección tributaria
Impuesto sobre el Valor Añadido
Suspensión de la ejecución del acto
Sentencia firme
Pago en periodo voluntario
Caución
Infracción tributaria grave
Acta de disconformidad
Recurso de súplica
Procedimiento sancionador
Aval bancario
Ciudadanos
Responsabilidad
Mandato
Acta de inspección
Impuestos especiales
Sanciones pecuniarias
Aduanas
Deuda tributaria
Plazos de interposición del recurso
Devengo de intereses

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Recursos contra sanciones en el procedimiento sancionador tributario

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 22/10/2015

    En virtud de lo establecido en el Art. 212 ,LGT, el acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumular...

  • Recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 13/10/2015

    Se regula en el Capítulo III "Recurso de reposición", del Título V "Revisión en vía Administrativa" (Art. 222-225 ,Ley General Tributaria). Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico- administrat...

  • Recargo por ingresos de las cotizaciones fuera de plazo

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 31/10/2017

    La falta de presentación de los documentos de cotización, así como del pago de la deuda fuera de plazo reglamentario de ingreso, determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora, en los términos fijados en los Art. ...

  • Extinción de las sanciones tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 14/01/2016

    NOVEDADES: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, modifica la Ley General Tributaria, con efectos (salvo excepciones) a partir del 12/10/2015. En materia de prescripción se ven modificados los Art. 67,Art. 68,Art. 69,Art. 70 ,LGT (1)   El Art. 1...

  • La reclamación económico-administrativa

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 23/01/2017

    El apartado 4 del Art. 112 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. A día de hoy, tal remisión debe entenderse efectuad...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados