Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/705/2006 de 07 de Noviembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 07 de Noviembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/705/2006

Resumen

Se confirman las liquidaciones practicadas en concepto de canon por ocupación o uso especial de dominio público viario estatal, en base a lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 25/1988, de Carreteras. No existe falta de motivación de las liquidaciones alegada. Son sujetos pasivos todos los titulares, con independencia de que sobre un mismo dominio público lo ostenten uno o varios de ellos, ya que no se contemplan en la normativa supuestos de ocupación compartida del dominio público en la Ley de Carreteras, a diferencia de lo que ocurre en la Ley General de Telecomunicaciones. Sin embargo, la red de telecomunicaciones discurre en parte en terrenos que no consta que sean de dominio público viario y cuya superficie ocupada debe excluirse del cálculo de las liquidaciones, por lo que se ordena la práctica de nuevas liquidaciones que sustituyan a las impugnadas para excluir los metros cuadrados de superficie ocupada que se compruebe correspondan a terrenos de titularidad privada.

Descripción

         En la Villa de Madrid, a 7 de noviembre de 2006, en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuestas por Don ..., en representación de ..., S.A. con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra tres resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, todas de 21 de julio de 2005, que estiman en parte recursos de reposición sobre liquidaciones del canon por ocupación o uso especial de dominio público viario estatal.  

                                                     ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento practicó a la interesada, al amparo del artículo 21 de la Ley 25/1988, de Carreteras, liquidaciones del canon por ocupación o uso especial de dominio público viario estatal correspondientes a los ejercicios de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 por la autorización para ocupación de dominio público, red pública de telecomunicaciones, para el "Proyecto de ejecución de red de ... (R.G. 705-06), Carretera ... (R.G. 706-06); Carretera ... (R.G. 707-06); contra dichas liquidaciones la interesada interpuso recursos de reposición que fueron estimados en parte mediante resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, todas de 21 de julio de 2005, notificadas el 5 de agosto siguiente.

        SEGUNDO: Contra las indicadas resoluciones la interesada presentó el 2 de septiembre de 2005 las presentes reclamaciones, disponiéndose su acumulación conforme a lo prevenido en el artículo 230 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y, puestos de manifiesto los expedientes, remitió escrito de alegaciones en el que adujo, como ya lo hiciese ante el órgano gestor, que las modificaciones legislativas que sucesivamente se han producido en el artículo 21 de la Ley 25/1988, de Carreteras, han originado una ausencia de criterios o elementos esenciales para el cálculo de la base imponible del canon, con violación del principio constitucional de reserva de ley, ya que la redacción del apartado o párrafo 4 del citado artículo 21 quedó sustituida por la dada por el artículo 121 de la Ley 66/1997, desapareciendo los elementos esenciales del hecho imponible y los criterios para el cálculo de la base imponible del canon que contenía la redacción sustituida, precisando que, aunque las autorizaciones de ocupación que expresamente establecen la obligación del pago del canon no fueron objeto de recurso en plazo, ello no impide la impugnación de las liquidaciones practicadas a su amparo al tratarse de actos distintos; que las liquidaciones impugnadas carecen de toda motivación con infracción de lo preceptuado en el artículo 102, 2 de la Ley General Tributaria ya que no indican la superficie objeto de ocupación, ni cómo se llegó a la valoración del metro cuadrado ni se identifican los puntos kilométricos ocupados; que las liquidaciones practicadas incluyen terrenos de particulares que no son de dominio público viario y sobre los que discurre la red pública de telecomunicaciones, por lo que dichos terrenos deben excluirse de las mismas; que en todo caso falta el devengo de las tasas anteriores al 11 de octubre de 2001 correspondientes al expediente ... de las anteriores al 19 de octubre de 2001 correspondientes al expediente ... de las anteriores al 7 de diciembre de 2001 del expediente ... y de las anteriores al 25 de septiembre de 2003 de las correspondientes al expediente ..., ya que en las indicadas fechas los terrenos aún no habían sido...efectivamente ocupados ya que lo fueron en fechas posteriores por lo que no se ha realizado el hecho imponible; finalmente considera que el importe de cada uno de los cánones girados deben repartirse entre todos los autorizados para la ocupación o uso especial de dominio público viario estatal y que, al no hacerse, se ha producido un error en la determinación de la ocupación real del dominio público y falta de distribución equitativa de la carga tributaria; por todo ello, solicita la estimación de las reclamaciones y la declaración de nulidad de las liquidaciones impugnadas y, subsidiariamente, que se declaren nulas las liquidaciones anteriores a las fechas y expedientes antes indicados por no haberse devengados, y también subsidiariamente, que se ordene la rectificación de las liquidaciones para que graven únicamente la ocupación de terrenos de dominio público viario y se prorrateen entre todos los autorizados concurrentes.

                                                        FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:
Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo necesarios para la admisión a trámite de las reclamaciones, donde la cuestión a dilucidar es si las liquidaciones practicadas se ajustan o no a Derecho.

SEGUNDO:
El artículo 21 de la Ley 25/1988, de Carreteras, en su apartado 4, regula el canon por el uso especial del dominio público o su ocupación, que debe ser satisfecho por el beneficiario de la correspondiente autorización; este apartado 4 fue añadido a la redacción inicial del indicado artículo por la Disposición Adicional vigésima segunda de la Ley 13/1996 y consta de ocho párrafos en los que son objeto de regulación el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, el tipo de gravamen y todos los demás elementos esenciales del canon; posteriormente, el artículo 121 de la Ley 66/1997, sustituyó la redacción de uno de los párrafos del citado apartado 4, el sexto, (aunque erróneamente se mencionó el cuarto), para subsanar un error padecido en un término utilizado; ello se comprueba fácilmente al comparar los párrafos en cuestión, ya que el sustituido decía: "La expropiación por terceros de obras y servicios públicos relativos a carreteras estatales, que supongan el abono de contraprestaciones económicas por parte de los usuarios de dichas obras o servicios, llevará aparejada la obligación de satisfacer a la Administración un canon" y el nuevo: "La explotación por terceros de obras y servicios públicos relativos a carreteras estatales, que supongan el abono de contraprestaciones económicas por parte de los usuarios de dichas obras o servicios, llevará aparejada la obligación de satisfacer a la Administración un canon"; únicamente se sustituye el término expropiación por el de explotación, para subsanar el error que por evidente no merece mayor consideración; según doctrina del Tribunal Supremo, las normas no deben ser interpretadas de manera que conduzcan a soluciones que no se adaptan al contenido y filosofía que inspira el cuerpo legal en el que están insertas o las mismas lleguen a ser absurdas o inoperantes, añadiendo que la interpretación de los preceptos positivos debe ser obtenida, no sólo de la letra estricta del texto, sino teniendo en cuenta su sentido lógico, lo que obliga a considerar el ordenamiento jurídico como un todo orgánico (sentencias de 15 de marzo de 1983, 21 de noviembre de 1994 y 30 de enero de 1995, entre otras muchas); la interpretación del apartado 4 del artículo 21 de la Ley 25/1998 que hace la reclamante pretende deducir que el legislador, con la corrección antes indicada, deslegaliza el canon suprimiendo la regulación  legal de sus elementos esenciales como los criterios para el cálculo de su base imponible, interpretación que no es posible aceptar a la luz de la  citada jurisprudencia.

TERCERO: En relación con la falta de motivación de las liquidaciones aducida, el artículo 102.2,c) de la Ley General Tributaria la circunscribe a los supuestos en los que no se ajusten a los datos consignados por los obligados tributarios o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, circunstancia que no se produce en el presente caso; a este respecto, conviene recordar que, como anteriormente se ha indicado, la Ley de Carreteras contiene todos los elementos esenciales reguladores del canon cuestionado de suerte que las liquidaciones no son más que el resultado de su aplicación por el órgano gestor a las condiciones concretas contenidas en el título de la autorización aceptadas por la reclamante, datos que ha conocido en todo momento lo que impide apreciar la indefensión alegada, máxime cuando el valor de los terrenos aplicado para el cálculo del canon fue el indicado por la propia interesada y aceptado por el órgano gestor en la resolución del recurso de reposición objeto de la presente reclamación.

CUARTO: Respecto a la alegación sobre falta de devengo de las tasas anteriores al 11 de octubre de 2001 correspondientes al expediente ...; de las anteriores al 19 de octubre de 2001 correspondientes al expediente ...; de las anteriores al 7 de diciembre de 2001 del expediente ... y de las anteriores al 25 de septiembre de 2003 de las correspondientes al expediente ..., ya que en las indicadas fechas los terrenos aún no habían sido efectivamente ocupados, consta en los respectivos expedientes que las fechas de ocupación de los terrenos, según informes de los ingenieros inspectores de explotación que obran en los mismos,  coinciden con las fechas empleadas para la determinación del devengo de los cánones practicados que tuvieron lugar para los titulares de las correspondientes autorizaciones en el momento de la ocupación de los indicados bienes, lo que, a falta de prueba en contrario, determina la imposibilidad de aceptar la pretensión de la interesada.

QUINTO: La reclamante alega error en la determinación de la ocupación real del dominio público lo que origina una distribución no equitativa de la carga tributaria al no distribuirse el importe de cada uno de los cánones entre todos los autorizados para la ocupación o uso especial de dominio público viario estatal, pero la Ley de Carreteras no contiene una figura análoga a la denominada "uso compartido de infraestructuras de telecomunicación" de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones, sino que establece que el hecho imponible del canon, según el artículo 21.4, párrafo segundo de aquella, es la ocupación de terrenos de dominio público que se hagan en virtud de autorizaciones reguladas en la misma sin distinción del título o naturaleza del derecho de ocupación, por lo que son sujetos pasivos todos los que sean titulares de dicho derecho, con independencia de que sobre un mismo dominio público lo ostenten uno o varios de ellos; por otra parte, en las propias autorizaciones de ocupación se especifica que la utilización del dominio público conlleva el pago del correspondiente canon de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 25/1988, de Carreteras y artículo 95.10 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, sin contemplar los supuestos de ocupación compartida del dominio público, razones por las que no es posible aceptar esta tesis de la reclamante.   

SEXTO: Finalmente, la interesada considera que las liquidaciones practicadas incluyen terrenos de particulares que no son de dominio público viario y sobre los que discurre la red pública de telecomunicaciones, solicitando su rectificación para que se circunscriban únicamente a la superficie  ocupada de terrenos de dominio público viario; consta en los expedientes debidamente acreditada la existencia de contratos de arrendamiento y constitución de servidumbre voluntaria y continua de paso de canalización en unos casos, o sólo de servidumbre en otros, con diversos titulares de terrenos de propiedad privada necesarios para la realización de la canalización de las telecomunicaciones, por lo que, efectivamente, la red pública de telecomunicaciones discurre en parte por terrenos que no consta que sean de dominio público viario y cuya superficie ocupada debe excluirse del cálculo de las liquidaciones del canon al no formar parte del hecho imponible del mismo que según el artículo 21.4, párrafo segundo, de la Ley de Carreteras citada, es "la ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público que se hagan en virtud de autorizaciones reguladas en esta Ley..." por lo que debe estimarse en este punto la reclamación de la interesada y ordenarse al órgano gestor la práctica de nuevas liquidaciones que sustituyan a las impugnadas para excluir los metros cuadrados de superficie ocupada que se compruebe correspondan a terrenos de titularidad privada.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, resolviendo las reclamaciones interpuestas por ..., S.A., contra tres resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, todas de 21 de julio de 2005, que estiman en parte recursos de reposición sobre liquidaciones del canon por ocupación o uso especial de dominio público viario estatal, ACUERDA: Estimarlas en parte en los términos señalados en el Fundamento de Derecho Sexto y desestimarlas en todo lo demás.

Secretarías de Estado
Contraprestación económica
Violación
Obligado tributario
Indefensión
Prueba en contrario
Constitución de la servidumbre
Propiedad privada
Servidumbre
Servidumbre voluntaria
Bienes de dominio público

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1812/1994 de 2 de Sep (Reglamento General de Carreteras) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 228 Fecha de Publicación: 23/09/1994 Fecha de entrada en vigor: 30/04/1999 Órgano Emisor: Ministerio De Obras Publicas, Transportes Y Medio Ambiente

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