Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/711/2007 de 31 de Enero de 2008

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 31 de Enero de 2008
  • Núm. Resolución: 00/711/2007

Resumen

Se confirma la no procedencia del ajuste negativo por dividendos prescritos pues no está contemplado en ningún precepto de la LIS, ni como diferencia permanente ni temporal con el resultado contable, ni principios como el de capacidad económica o el de evitar la doble imposición justificarían el ajuste. Así, si bien el dividendo a pagar procede del beneficio que ya tributó por el IS, la renta que al prescribir el dividendo se somete a la imposición es una renta nueva y distinta del beneficio originario, pues se pone de manifiesto en un deudor que ve extinguida su obligación de pago.
No se ha acreditado el derecho de la entidad a la deducción en un ejercicio de la provisión realizada por depreciación de su participación en una sociedad no española, al no probarse la disolución y liquidación de la misma en dicho ejercicio conforme al ordenamiento extranjero. Por otra parte, se confirma la denegación de la solicitud de aplicación subsidiaria del artículo 12.5 de la LIS (Ley 43/1995) a la inversión de la entidad en otra sociedad extranjera, durante el mismo ejercicio, al no quedar acreditados suficientemente los extremos necesarios para la aplicación de dicho precepto.
En cuanto al diferimiento por reinversión de una transmisión a otra empresa en ejecución de contrato de venta de instalaciones y cesión de uso de terrenos, cada uno de los componentes del contrato debe tener su propia valoración económica, de modo que pueda distinguirse qué parte del precio global del contrato corresponde a los mismos. Sin embargo, como la Inspección no ha utilizado ninguno de los métodos del artículo 57 de la LGT (Ley 58/2003) debe anularse la liquidación, debiendo sustituirse por otra en la que motive y justifique suficientemente la valoración, en cuanto al reparto del precio del contrato entre los dos componentes.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 31 de enero de 2008, vistas las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovidas por la entidad X, S.A., como sociedad dominante del grupo consolidado ..., con N.I.F. ..., y en su nombre y representación por Dª. ... y D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra dos resoluciones de recurso de reposición de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT de fechas 29 de enero de 2007 y 2 de agosto de 2007, relativas al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, y cuantía, 87.479,64 euros (la mayor).

                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 7 de abril de 2006, los servicios de Inspección de la D.C.G.C. de la Agencia Estatal de Administración Tributaria incoaron a la hoy reclamante acta de disconformidad (A02) número ... por el impuesto y ejercicio antes citados. En dicha acta se hace constar, en síntesis, lo siguiente:

1.- Las actuaciones inspectoras se iniciaron mediante comunicación notificada el 6/7/2004. Mediante acuerdo del Inspector-Jefe de 9/6/2005, el plazo de duración de las mismas fue ampliado a 24 meses.

2.- Como consecuencia de las comprobaciones efectuadas, se proponen en la dominante X, S.A., entre otros, los siguientes ajustes:

a) X, S.A. contabiliza en la cuenta 682100000 "Amortización construcción" el gasto por la amortización de los bienes inmuebles que figuran en la cuenta 221000000 "Construcciones", tras la aplicación de un coeficiente de amortización del 3%, y en algunos casos del 10%. La Inspección considera que los inmuebles que no tienen un uso industrial (dos en ... y el de ... en ...) deben ser amortizados al 2%, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 537/1997, del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y en la Tabla de Coeficientes de Amortización anexa al mismo.

b) X, S.A. contabiliza la retribución de consejeros no como gasto, sino como distribución del resultado, realizando en la declaración del Impuesto un ajuste negativo al resultado contable por ese importe. La Inspección propone eliminarlo, ya que no existe ningún precepto en la LIS que autorice a realizar dicho ajuste negativo.

c) Dividendos activos a pagar prescritos. X, S.A. contabiliza el 31/12/2002 el abono en la cuenta "Ingresos extraordinarios" de 16.152,73 €, por dividendos activos a pagar de los ejercicios 1996 y 1997. Sin embargo, el ingreso contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido excluido de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades mediante un ajuste negativo al resultado contable declarado. De acuerdo al artículo 10.3 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, procede la regularización del ajuste negativo por dividendos activos a pagar no abonados por importe de 16.152,73 €, ya que no existe ningún precepto en dicho texto legal que de lugar a dicho ajuste negativo al resultado contable.

d) Dotación provisión Y, INC.  X, S.A. contabiliza en el ejercicio 2002 en la cuenta 696200149 "Dotación Provisión Y, INC.", un gasto contable y fiscal de 3.214.491,09 €, cantidad por la que estaba contabilizada desde el ejercicio 2000 la participación del 20% en el capital social de Y, INC.

Se ha aportado declaración de disolución y liquidación de Y, INC., de 29 de junio de 2002, en el que dicen acordar los términos y condiciones de la distribución de los activos de Y, INC., por lo que se ha solicitado justificación de la no recuperación de la totalidad de la inversión en la citada entidad, sin que hasta la fecha se haya aportado algún documento en este sentido.

El valor teórico de la citada participación en el momento de su adquisición era de 724.219,58 euros, el 20 % de 3.621.098 euros (602.500.000 pts. de capital social).

En la Income Tax Return del ejercicio 2002 aportada no se constata que la entidad americana esté en proceso de disolución, información que sí consta en la declaración de 2003. Por tanto, en el ejercicio 2002 sería de aplicación el artículo 12.3 de la Ley 43/1995, diferencia entres valores teóricos al inicio y cierre del ejercicio como límite de la provisión contable por depreciación de la cartera de valores, en este caso, y por aplicación del artículo 19.3 de la Ley 43/1995, la Inspección entiende que sería deducible en el ejercicio 2002 el 20% adquirido del capital social, es decir, 724.219, 58 euros.

Posteriormente, y cuando se acrediten por el obligado tributario los términos exactos de la disolución y liquidación del patrimonio societario será deducible fiscalmente el resto de la pérdida patrimonial, el fondo de comercio financiero, que proceda de acuerdo a los artículos 10.3 y 148 de la Ley 43/1995. Por ello, se debe incrementar la base imponible declarada en 2.490.271,51 euros (3.214.491,09 - 724.219,58).

En alegaciones de 3 de marzo de 2006 se aportan estados financieros de los ejercicios 2002 y 2003.

3.- Transmisión por Z de ... a W, S.A.  En 28 de marzo de 2001, Z y W, S.A. suscribieron un contrato de "Compraventa de ... y de instrumentación de la cesión de uso en exclusiva sobre terrenos". La entidad obtuvo un beneficio por esta operación de 3.409.110.174 pesetas (20.489.164,80 euros), importe del saldo de la cuenta 7710200000 "...". Este beneficio se obtiene por diferencia entre el importe total percibido y el valor neto contable de los elementos del activo transmitidos en la referida operación: Edificios ... (ctas. 22101 y 22131), Instalaciones generales ... (ctas. 22901 y 22931) e Instalaciones y equipos ... (ctas. 22201 y 22231) y otros gastos derivados de la operación.

Para determinar la base imponible, la sociedad efectuó un ajuste negativo al resultado contable por el importe del beneficio obtenido de 20.489.164,80 euros, acogiéndose al diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios del art. 21 de la Ley 43/1995, y en este mismo ejercicio 2001 y ejercicios sucesivos ha practicado ajustes positivos por importe 202.913,99 euros por el mismo concepto.

Del importe total de la operación, según la valoración aplicada por W, S.A., corresponde un 14,93% a "Instalaciones Técnicas" y un 85,07% a "Cesión de terrenos". Esta valoración fue puesta de manifiesto al obligado tributario y en diligencia de 20 de diciembre de 2005 se entregó copia de la misma, a la vez que se solicitó una valoración alternativa, ante lo cual el representante de Z presentó a la Inspección, en 28 de diciembre de 2005, un escrito contestando que "como se ha declarado a lo largo de la inspección, la operación realizada con W, S.A. consiste en la venta de las instalaciones de ..., mientras que la cesión de uso de los terrenos sobre las que se ubican (o la cesión de la posición contractual que mantenía frente al propietario del mismo en los terrenos que no son de su propiedad), constituyen únicamente una operación accesoria que supone una garantía para que el adquirente pueda explotar las instalaciones adquiridas. En definitiva, la razón de ser de la cesión de uso de los terrenos es su accesoriedad a la venta del conjunto de instalaciones en ellos enclavadas y no otra, de ahí que el precio pactado constituyera íntegramente la contraprestación de la venta de ...".

Considerando la valoración que la entidad adquirente atribuyó a las instalaciones objeto de la operación referida y la correspondiente a la cesión de terrenos, la Inspección ha calculado el beneficio que corresponde a la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado a que se refiere el artículo 21 de la Ley 43/1995 y el resultado obtenido por la cesión de uso de los terrenos, según detalle:

Valor de venta de Inmovilizado      610.041.397 Ptas.

Coste Ventas                                    676.946.676 Ptas.

Resultado                                         Pérdida

Coste Ventas:

Valor Neto Contable                       533.335.394 Ptas.

Diversas Adquisiciones (Cta. 771)   71.791.807 Ptas.

V                                                        70.634.475 Ptas.

T                                                          1.185.000 Ptas.

                                                        676.946.676 Ptas.

Por tanto, el beneficio contabilizado en la cuenta "..." y por el que la entidad ha practicado un ajuste negativo al resultado contable, a juicio de la Inspección, corresponde en su totalidad a la cesión de uso de terrenos por lo que, al no tratarse de transmisión onerosa de elementos patrimoniales, no resulta aplicable el diferimiento por reinversión regulado en el artículo 21 de la Ley 43/1995, procediendo por tanto en el presente ejercicio 2002 la anulación del ajuste positivo al resultado contable practicado por importe de 202.913,99 euros.

4.- Deducción por actividad exportadora. X, S.A. acredita deducciones por actividad exportadora realizada por diversas sociedades del grupo, el grueso de las cuales son rechazadas por la Inspección. Los ajustes practicados son los siguientes:

                                                Declarado            Comprobado            Diferencia

X, S.A.                                4.534.686,84                           0             4.534.686,84

S, S.L.                                    155.848,71             26.287,17                129.561,54

R                                         2.149.283,53             43.063,40             2.106.220,13

a) X, S.A. La deducción de 4.534.686,84 euros de la cuota íntegra por actividades de exportación corresponde a una base de deducción de 18.138.747,36 euros por la adquisición y aumento de capital de diversas entidades residentes en ... integrantes del denominado Grupo Q.

b) S, S.L.. La deducción por exportación recoge los siguientes conceptos:

- Ampliación de capital de la sociedad P.

- Facturas recibidas por asistencia a ferias.

c) N. El obligado tributario declaró una deducción de la cuota íntegra, generada en el ejercicio 2002, por actividades de exportación de 2.149.283,53 euros, que corresponde a una base de deducción de 8.597.133,90 euros, desglosada en las siguientes inversiones y gastos:

- Adquisición, por importe de 8.424.880,51 euros, del 99,99% de las sociedades M y L.

- Gastos por concurrencia a ferias internacionales por importe de 172.253,41 euros.

La Inspección entiende que las inversiones realizadas no implican la realización de actividad exportadora alguna, tal como exige el artículo 34 de la Ley 43/1995, admitiendo únicamente las facturas por asistencia a ferias de S, S.L. y N.

Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio.

SEGUNDO.- Presentadas alegaciones por la entidad, el Jefe de la Oficina Técnica dictó en fecha 30 de junio de 2006 acuerdo de liquidación en el que, atendiendo en parte tales alegaciones, se rectifica la propuesta de regularización contenida en el acta. La deuda tributaria resultante asciende a 0 €, siendo las modificaciones practicadas por la Inspección las siguientes:

                                                                 Declarado        Comprobado      Diferencia

Base imponible del grupo       -16.523.853,66   -11.790.347,43   4.733.506.23

Deducciones Cap. IV Tít. VI     8.449.375,60       1.662.740,54   6.786.635,06

Este acuerdo fue notificado al obligado tributario el 3 de julio de 2006.

TERCERO.- Disconforme con el acuerdo de liquidación, la entidad interpuso el 31 de julio de 2006 recurso de reposición. En fecha 29 de enero de 2007 se dictó resolución, desestimando dicho recurso y confirmando el acto impugnado.

Dicha resolución fue notificada el 2 de febrero de 2007.

CUARTO.- Con fecha 20 de septiembre de 2006 se inició expediente sancionador, mediante la notificación del correspondiente acuerdo por parte del instructor, el cual había sido autorizado con fecha 2 de marzo de 2006 para la tramitación del citado expediente. La entidad presentó alegaciones.

Con fecha 9 de marzo de 2007 se dictó acuerdo de imposición de sanción, siendo la sanción impuesta la siguiente:

          INFRACCION                           ART. 79.D) LEY 230/1963

          BASE SANCION AL 10%             850.546,61 euros

          BASE SANCION AL 15%               16.166,55 euros

          SANCION                                         87.479,64 euros (85.054,66 + 2.424,98)

Se aprecia la existencia de interpretación razonable en relación con la retribución de consejeros de X, S.A., los dividendos prescritos, la provisión de cartera de Y, INC. y la deducción por actividad exportadora realizada por distintas entidades del grupo.

           QUINTO.- Con fecha 12 de abril de 2007, la entidad interpuso recurso de reposición contra el referido acuerdo sancionador, el cual fue desestimado mediante resolución de fecha 2 de agosto de 2007, notificada el 3 de agosto siguiente.

SEXTO.- Disconforme con las citadas resoluciones de recurso de reposición, la entidad ha interpuesto reclamaciones económico-administrativas ante este Tribunal Económico-Administrativo Central el 13 de febrero de 2007 y el 8 de agosto de 2007 respectivamente. Puestos de manifiesto los expedientes, formula, en síntesis, las siguientes alegaciones:

1.- Alegaciones relativas al acuerdo de liquidación:

a) Nulidad de las actuaciones inspectoras por falta de acreditación del título habilitante para su inicio.

b) Nulidad de las actuaciones por vulneración del artículo 103 CE.

c) Vulneración del artículo 150 de la Ley 58/2003.

d) Deducibilidad fiscal de la amortización contable de los edificios.

e) Deducibilidad de la remuneración de consejeros de X, S.A.

f) Dividendos prescritos. La integración de dichos importes en la base imponible daría lugar a que una misma renta fuese objeto de doble imposición por el IS lo que no puede admitirse.

g) Provisión de Y, INC.: deducibilidad de la pérdida de disolución.

h) Improcedencia del ajuste inspector en relación con la transmisión por Z de los ... a W, S.A.

i) Procedencia de la deducción por actividad exportadora.

j) Aplicación subsidiaria del artículo 12.5 de la Ley 43/1995 a la inversión de X, S.A. en el GRUPO Q en el ejercicio 2002.

Igualmente se solicita la práctica de prueba documental pública, consistente en requerir de la D.C.G.C. el plan de inspección asignado al Equipo de Inspección nº ... para los años 2004 y 2005.

2.- Alegaciones referidas a la sanción impuesta:

a) Improcedencia de la sanción por inexistencia de conducta típica, ausencia de culpabilidad y de ocultación.

b) Incorrecta determinación del importe de la sanción impuesta. Los ajustes a favor del contribuyente deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la base de sanción. La Oficina Técnica aplica el artículo 8 del RD 2063/2004, norma no vigente y que resulta menos favorable.

                                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía de los actos impugnados, para conocer en única instancia de las presentes reclamaciones económico-administrativas, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por personas con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1) Validez de las actuaciones inspectoras (título habilitante para su inicio y vulneración del artículo 103 CE); 2) Validez del acuerdo de ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras; 3) Deducibilidad fiscal de la amortización contable de los edificios; 4) Deducibilidad de la remuneración de consejeros de X, S.A.; 5) Procedencia del ajuste negativo por los dividendos prescritos; 6) Deducibilidad de la provisión por la participación en Y, INC.; 7) Transmisión por Z de los ... a W, S.A.; 8) Procedencia de la deducción por actividad exportadora; 9) Posible aplicación subsidiaria del artículo 12.5 de la LIS a la inversión de X, S.A. en el GRUPO Q; 10) Procedencia de la sanción impuesta.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, la reclamante alega en primer término que no consta en el expediente ni la inclusión de las actuaciones en un plan específico de inspección, ni la autorización escrita motivada del Inspector Jefe (título habilitante).

En relación con la planificación de las actuaciones inspectoras, el artículo 116 de la Ley 58/2003, General Tributaria, señala que "la Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen".

Por su parte, el artículo 18 del R.D. 939/1986, por el que se aprueba el RGIT, establece que "el ejercicio de las funciones propias de la Inspección de los Tributos se adecuará a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad".

Finalmente, el artículo 19 del RGIT regula las clases de planes, disponiendo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"4. Aprobado el Plan Nacional de Inspección y de acuerdo con los criterios recogidos en él, los órganos que hayan de desarrollar las correspondientes actuaciones inspectoras formarán sus propios planes de Inspección, los cuales se desagregarán mediante comunicación escrita en planes de cada funcionario, equipo o unidad de Inspección.

Los planes de Inspección a que se refiere este apartado tendrán la extensión temporal que se determine por el Centro directivo competente.

(...)

6. Los planes de los órganos que han de desarrollar las actuaciones inspectoras tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad".

Tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 4-10-2004, la inclusión en el Plan de Inspección es un acto de trámite no recurrible. En todo caso, el carácter reservado de los Planes de Inspección justifica el hecho de que no exista obligación de notificar a los contribuyentes el hecho de su inclusión en un Plan concreto de Inspección, circunstancia que no ha modificado la Ley 1/1998, porque los Planes sectoriales y desagregados de Inspección siguen siendo reservados y confidenciales.

En el expediente que nos ocupa, figura la solicitud de 22-6-2004 del Jefe de Equipo ONI nº ... de incluir en Plan al grupo fiscal ..., cuya sociedad dominante es la hoy reclamante, así como la orden de carga en Plan de Inspección firmada el 1-7-2004 por el Inspector Jefe de la ONI. En consecuencia, sí obra en el expediente el título habilitante para el inicio de las actuaciones inspectoras de comprobación, debiendo desestimarse las alegaciones formuladas.

Al hilo de lo anterior, debemos rechazar igualmente la solicitud de práctica de prueba documental pública propuesta, consistente en requerir de la D.C.G.C. el plan de inspección asignado al Equipo de Inspección nº ... para los años 2004 y 2005, en atención al carácter reservado de dichos planes.

Igualmente alega la reclamante que la AEAT se financia con un porcentaje de la recaudación derivada de sus actuaciones y retribuye a sus funcionarios atendiendo al resultado de tales actuaciones (incentivos), lo que vulnera el artículo 103 CE.

En relación con lo anterior, debemos señalar, según criterio reiterado de este Tribunal (resoluciones de 16-2-2006, R.G. 2755/03; ...), que no puede admitirse la causa invocada de abstención, en primer lugar, porque la existencia de un complemento de productividad que retribuye la eficacia en el trabajo es una posibilidad regulada en la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, que establece el carácter de retribución complementaria del citado complemento, destinado a retribuir "el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeña su trabajo" y, de ella, no puede presumirse que el funcionario por el hecho de percibirla tiene un interés personal en los asuntos que constituyen el objeto de su trabajo. Del mismo modo, la AEAT se financia, como cualquier otro órgano de la Administración General del Estado, con cargo a lo consignado en los Presupuestos Generales del Estado, no existiendo por ello indicio de parcialidad de dicha organización en sus actuaciones. Procede por tanto desestimar lo alegado.

TERCERO.- Se plantea en segundo lugar la validez del acuerdo de ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras a 24 meses. Si bien la reclamante no se refiere expresamente a esta cuestión en los Fundamentos de Derecho de su escrito de alegaciones, sí alude a la misma en los Antecedentes de Hecho, motivo por el cual, será objeto de atención por este Tribunal. Alega la reclamante que la sola referencia al volumen de operaciones y a la tributación en régimen de grupos no justifican por sí la necesidad de ampliación, señalando igualmente que la referencia a la dispersión geográfica es tendenciosa al estar la información centralizada, así como que sólo 8 de las 70 sociedades del grupo han sido comprobadas.

          El artículo 150 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula el plazo de las actuaciones inspectoras, disponiendo:

          "1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de esta ley.

          No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otro período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

          a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo al volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fiscal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente.

          b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.

          Los acuerdos de ampliación del plazo legalmente previsto serán, en todo caso, motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho".

Las actuaciones inspectoras que nos ocupan se iniciaron mediante comunicación notificada el 6/7/2004. Mediante acuerdo del Inspector-Jefe de 9/6/2005, el plazo de duración de las mismas fue ampliado a 24 meses.

La conclusión que se obtiene del análisis del artículo 150 LGT es la de encontrarnos ante una potestad o facultad de actuación de la Administración Tributaria, otorgada directamente por el Ordenamiento, referida a un ámbito concreto, que es el de fijar el tiempo en que ha de desarrollarse el procedimiento inspector. A tal efecto, se establecen unas causas o motivos para la ampliación del plazo fijado en la norma con carácter general y se fija un procedimiento (regulado en el RGIT), aunque ello no excluye que la Administración haya de realizar una estimación subjetiva de las circunstancias que concurren en el caso, para determinar si la actuación de la Inspección reviste una especial complejidad. Este proceso de aplicación de la norma al caso concreto, que exige la constatación y apreciación de los hechos determinantes, se traduce conforme a los artículos 54 de la Ley 30/1992 y 150 LGT en la necesidad de motivar el acto y, en aplicación del artículo 31.ter.2 párrafo 2º del RGIT, en la apertura del procedimiento al trámite de audiencia del interesado. En este sentido, la Audiencia Nacional ha manifestado, en sentencia de 15 de marzo de 2007 que "...la precisión de que las normas que habilitan a la Administración para ampliar el plazo máximo de duración de actuaciones también la apoderan, dados sus términos, para apreciar de forma discrecional la concurrencia de los requisitos configuradores, pues la dificultad o complejidad de las actuaciones de comprobación no es un mero dato objetivo que pueda ser valorado con posterioridad y abstracción hecha de las circunstancias concurrentes, de suerte que las propias reglas que permiten la ampliación también dotan a la  Administración de un cierto margen de apreciación que, dentro de los límites intrínsecos de la actividad de comprobación, resulta difícilmente fiscalizable en sede jurisdiccional, al menos si no se observa que la Administración ha obrado con arbitrariedad, lo que aquí es absolutamente descartable. De otro lado, que el motivo de la ampliación está perfectamente razonado, de suerte que no es válido invocar frente a la validez del acto de trámite que lo acuerda vicio alguno de motivación, que no puede estar presente por el mero hecho de que el interesado discrepe del razonamiento verdaderamente exteriorizado".

Pues bien, en el caso que nos ocupa, ambas exigencias (motivación y trámite de audiencia) se cumplen: hay motivación en la propuesta del inspector actuario y en el acuerdo de ampliación, cuando fundamenta la "especial complejidad", en el volumen de operaciones de la sociedad (superior al requerido para la obligación de auditar las cuentas de las sociedades), la tributación en régimen de grupos y la dispersión geográfica de la actividad, y es suficiente en los términos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencia de 3 de junio de 1991). Así consta en la solicitud que realiza el actuario al Inspector Jefe, de fecha 1 de junio de 2005, y en el acuerdo de ampliación del plazo del citado Inspector Jefe Adjunto de 9 de junio de 2005.

Debemos en consecuencia confirmar la validez del acuerdo de ampliación del plazo.

CUARTO.- Debe resolverse a continuación si los inmuebles de la reclamante de ... y ... deben considerarse edificios industriales, amortizables fiscalmente al 3%, o bien edificios administrativos, amortizables al 2%.

El Artículo 11.1 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, establece que "serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material o inmaterial, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.

Se considerará que la depreciación es efectiva cuando:

a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas de amortización oficialmente aprobadas (...)".

Tales tablas, incluidas en el Anexo del R.D. 537/1997, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto, fijan los siguientes coeficientes lineales máximos en el caso de edificios y otras construcciones:

                                                                                               Porcentaje máximo

          - Edificios industriales y almacenes                                                        3

Impuesto sobre sociedades
Obligado tributario
Dividendos activos
Capital social
Diferimiento
Sociedad de responsabilidad limitada
Doble imposición
Entidad dominante
Elementos patrimoniales
Aumento de capital
Capacidad económica
Base de deducción
Inversiones
Administración Tributaria del Estado
Acta de disconformidad
Coeficiente de amortización
Bienes inmuebles
Cuenta de pérdidas y ganancias
Base imponible Impuesto sobre sociedades
Nulidad de actuaciones
Pérdidas patrimoniales
Amortización contable
Grupo de sociedades
Cartera de valores
Contrato de compraventa
Fondo de comercio
Estados financieros
Beneficios extraordinarios
Valor neto contable
Práctica de la prueba
Dueño
Prueba documental
Enajenación de inmovilizado
Contraprestación
Cuota íntegra
Deducción de la cuota íntegra
Deuda tributaria
Expediente sancionador
Actos de trámite
Ocultación

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 634/2015 de 10 de Jul (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 165 Fecha de Publicación: 11/07/2015 Fecha de entrada en vigor: 12/07/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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