Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/7398/2003 de 09 de Octubre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 09 de Octubre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/7398/2003

Resumen

El artículo 68 del Reglamento de Revisión (aprobado por el Real Decreto 520/2005) regula los incidentes de ejecución de forma que su contenido comprende también cuestiones nuevas, siempre que se planteen como consecuencia del acto de ejecución de la resolución económico-administrativa, aunque al remitir en lo no regulado al procedimiento general o abreviado aplicable para el recurso o la reclamación inicial, ofrece las mismas garantías al interesado de manera que no pueda producirse indefensión o desamparo alguno al mismo. Respecto a la pretensión de que se anule la sanción al considerar que es improcedente, pues no ha existido infracción, el órgano inspector en ejecución de la resolución se ha limitado a dar cumplimiento a la misma, sin retrotraer el procedimiento sancionador, de forma que las cuestiones que ahora suscita la entidad fueron ya examinadas en la resolución y el principio de firmeza en vía administrativa impide ahora conocer nuevamente de las mismas, pues constituye "cosa juzgada administrativa" en los términos que señala el Tribunal Constitucional en su Auto 313/2007, de 27 de julio de 2007. En cuanto a la improcedencia de la ejecución en base a que la resolución no es firme por cuanto ha sido impugnada en vía contencioso-administrativa, según el artículo 130 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la suspensión de la ejecución, como medida cautelar, exige el acuerdo previo del órgano contencioso-administrativo, por lo que agotada la vía administrativa, deja de tener eficacia la suspensión automática de las sanciones prevista legalmente y el órgano de gestión debe proceder a ejecutar el acto administrativo originario o en su caso la resolución dictada por el órgano económico-administrativo si modifica al primero, salvo que medie medida cautelar adoptada por un órgano contencioso-administrativo que suspenda. En el caso concreto, la Audiencia Nacional dictó Auto en el que se deniega la suspensión de la ejecución e interpuesto recurso de súplica, fue también desestimado por la Audiencia Nacional, por lo que teniendo en cuenta dicha denegación el órgano inspector procedió a la ejecución concediendo nuevo plazo de ingreso en periodo voluntario.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 9 de octubre de 2007 este Tribunal Económico-Administrativo Central ha visto el incidente de ejecución promovido por Don ..., en nombre y presentación de ..., S.A., con C.I.F. ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2006, del Inspector Jefe de la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el que se rectifica el acuerdo de ejecución de la Resolución de este Tribunal de fecha 10 de noviembre de 2005, número de registro 7398/03, en la reclamación interpuesta contra liquidaciones de la oficina Nacional de Inspección, recaídas en sus expedientes sancionadores números A51- ..., ... y ..., acerca del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1997, 1998 y 1999, y cuantías de 46.671,84 euros, 187.316,73 euros y 202.276,77 euros.

                                                ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 26 de febrero de 2003 la Oficina Nacional de Inspección formalizó tres Actas, modelo A01, a la entidad interesada, cuya actividad es la de ..., por el Impuesto sobre el Valor Añadido y períodos citados en el encabezamiento.

Mediante acuerdos notificados el 17 de junio de 2003 se iniciaron expedientes sancionadores por posibles infracciones tributarias graves en relación con los conceptos tributarios y períodos anteriores; acordándose propuestas de resolución de los expedientes sancionadores con fecha 6 de octubre de 2003, por infracción grave por el 50 por 100 sobre la cuota del artículo 87.1 de la Ley General Tributaria de 1963, con aplicación de las agravantes del 15% por resistencia, negativa u obstrucción, más el 25% por utilización de medios fraudulentos, alcanzando el 90% de la cuota y reduciendo el 30% por conformidad.

El 28 de octubre de 2003 la entidad interesada suscribió la conformidad con las propuestas de resoluciones sancionadoras.

SEGUNDO: Interpuesta reclamación económico-administrativa, fue resuelta por este Tribunal con fecha 10 de noviembre de 2005 en sentido de estimar en parte, debiendo reducirse las liquidaciones practicadas como se indica en el fundamento de derecho noveno, que expresaba: "respecto de las liquidaciones impugnadas, se mantiene el 50%, el 25% por medios fraudulentos queda sin efecto, y el 15% por obstrucción pasa primeramente al 10% y, por la nueva LGT a 300 euros, manteniéndose la aplicación a la suma del 50% más 300 euros de la reducción del 30% por la conformidad prestada al acta de Inspección".  

TERCERO:
En ejecución de la citada resolución, la Oficina Técnica de Inspección de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, dicta acuerdo el 9 de octubre de 2006, por el que se reducen las sanciones de referencia adaptándolas a la resolución del Tribunal resultando los siguientes cálculos:

                                                    1997                              1998                        1999

Base de sanción                 132.748,12                     534.590,67              577.333,64

Sanción 50%                        66.374,06                     267.295,33              288.666,82

Sanción fija                               300,00                           300,00                     300,00

Sanción subsistente              66.674,06                     267.595,33              288.966,82

Asimismo se indica que, en cuanto a los intereses derivados de la suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003, toda vez que sólo ha existido suspensión en vía económico-administrativa, al haberse denegado la suspensión en vía judicial, no procede liquidar intereses de demora.

CUARTO: Mediante acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2006, el Jefe de la Oficina Técnica de la Delegación de Grandes Contribuyentes rectifica el anterior acuerdo de ejecución al advertir un error de hecho consistente en que no se ejecutó la parte dispositiva de la resolución del TEAC, por lo que resultaba preceptivo aplicar el artículo 220 de la Ley 58/2003. Por ello se rectificó el acto de ejecución número 284, 285 y 286/2006de fecha 9 de octubre de 2006, por el error de hecho consistente en no haber dado cumplimiento a lo ordenado por el TEAC en su resolución RG 7398/03 en cuanto que se omitió la reducción de la sanción en un 30 por ciento, a aplicar a la suma del 50% más 300 euros. En función de esta rectificación quedaban subsistentes las sanciones en las siguientes cuantías:

                      SANCION                                 CUANTÍA

                      Sanción 1997                               46.671,84 euros

                     Sanción 1998                              187.316,73 euros

                     Sanción 1999                              202.276,77 euros

Dicho acuerdo fue notificado a la entidad interesada en fecha 17 de noviembre, según consta en acuse de recibo que figura en el expediente; y en el citado acuerdo se especifica: "si se considera que los actos de ejecución no se acomodan a lo resuelto, podrá exponerse ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de cinco días, para que éste adopte las medidas pertinentes, según establece el artículo 111.2 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas y sin perjuicio de lo señalado en el siguiente apartado".

QUINTO.- La entidad interesada había promovido asimismo incidente de ejecución contra el acuerdo dictado con fecha 9 de octubre de 2006, que dio lugar en este Tribunal Económico-Administrativo al procedimiento número de registro 7398-03-IE, resuelto el 20 de diciembre de 2006, en el mismo sentido que la rectificación efectuada por la Oficina Técnica en el acuerdo de fecha 2 de noviembre, esto es, reconociendo la existencia de un error en el acuerdo de 9 de octubre de 2006, al no haber aplicado la reducción del 30 por ciento por conformidad del obligado tributario con la regularización practicada por la inspección de los tributos.

SEXTO.- Contra el acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2006, la entidad interesada el 15 de diciembre de 2006 (con fecha de entrada en el registro de este Tribunal el 3 de enero de 2007) interpone reclamación económico-administrativa, presentando escrito de alegaciones el 21 de junio de 2007 en el que en síntesis alega que sigue estando disconforme con el acuerdo de ejecución, en la medida que entiende que no procede sanción alguna en el presente caso por las siguientes razones:

- Ausencia de firmeza de la resolución del TEAC, ya que se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (recurso número ...), motivo por el cual no procedería la ejecución de la misma en tanto en cuanto no se dicte sentencia en dicho procedimiento que ponga fin al mismo y sea por tanto firme la resolución del TEAC mencionada, máxime si tenemos en cuenta que una sentencia estimatoria de los intereses de esta parte vaciaría de contenido el acuerdo de ejecución aquí impugnado.

- No sancionabilidad de la conducta de la entidad. Las sanciones se apoyan en una liquidación practicada en aplicación del método de estimación indirecta de bases, la cual fundamentalmente, se trata de una valoración de la deuda tributaria, determinada en base a indicios y otros medios, pero en ningún caso mediante datos exactos e indiscutibles, hallándonos ante un procedimiento tributario subsidiario, que opera a base de presunciones y sobre las meras presunciones no podría fundamentarse una sanción. Apoya esta pretensión en la jurisprudencia y doctrina de este TEAC que cita así como en la Circular 2/1993, de 26 de marzo, del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

                                                  FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer del incidente de ejecución, que ha sido interpuesto por persona legitimada de conformidad con lo preceptuado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; debiéndose indicar en primer lugar que nos encontramos ante este procedimiento, a la vista de lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo de la Ley anterior en materia de Revisión en vía administrativa aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que en su artículo 68 regula los incidentes de ejecución de forma que su contenido comprende también cuestiones nuevas, siempre que se planteen como consecuencia del acto de ejecución de la resolución del tribunal económico-administrativo. No obstante, al remitir en lo no regulado por el precepto anterior al procedimiento general o abreviado que fueron aplicables para el recurso o la reclamación inicial, ofrece las mismas garantías al interesado de manera que no pueda producirse indefensión o desamparo alguno al mismo, otorgándose los recursos pertinentes en la resolución del incidente de ejecución.

SEGUNDO:
Hemos de partir para la resolución de este incidente de ejecución distinguiendo los razonamientos en base a los cuales plantea la entidad interesada su pretensión de anulabilidad del acuerdo de ejecución. De un lado alude a la inejecución del acuerdo por parte del órgano gestor en tanto no se dicte resolución firme por el órgano jurisdiccional. De otro, pretende la anulabilidad de la sanción al considerar que es improcedente, pues no ha existido infracción cometida por la entidad.

Respecto de esta segunda cuestión la entidad interesada considera que deben anularse las sanciones en la medida en que se apoyan en una liquidación practicada en aplicación del método de estimación indirecta de bases imponibles, esto es, la deuda ha sido determinada en base a valoraciones y estimaciones, por lo que falta el necesario principio de certeza que permita afirmar que se ha cometido una infracción tributaria y, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sustenta que la calificación de la actuación del sujeto pasivo como infracción tributaria por falta de ingreso no puede abarcar todas aquellas conductas cuyo resultado sea precisamente la ausencia de ingreso de la deuda tributaria, sino que debe prevalecer una interpretación restrictiva de la norma acorde con los principios elementales del derecho sancionador, de forma tal que la conducta tipificada en el artículo 79.a) de la Ley General Tributaria de 1963 obedece a una falta de ingreso derivada de una declaración-liquidación manifiestamente errónea o intencionalmente provocada por el sujeto pasivo. Concluye que la inculpación en el ámbito sancionador debe ser muy matizada, analizando las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes en cada caso concreto, lo que no ha ocurrido en el supuesto que nos ocupa, en el que la inspección ha fundado su decisión de imponer la sanción en el hecho de haber acudido a la estimación indirecta de bases sin recordar que precisamente por acudir a un método tan excepcional y subsidiario, la deuda calculada es un dato obtenido a través de estimaciones e indicios, motivo que de por sí excluye que los mismos datos puedan ser tomados para determinar la sanción aplicable; máxime si se tiene en cuenta que la propia inspección ha reconocido que la actuación de la entidad ha estado desprovista de cualquier ánimo de ocultación de datos o de eludir el tributo y que los libros de contabilidad son formalmente correctos atendiéndose al contenido de los libros del Código de Comercio que los regulan.

Si hacemos esta breve exposición de las alegaciones realizadas por la entidad interesada es para dejar constancia de que las mismas aluden directa y específicamente a la sanción impuesta por la inspección de los tributos en los acuerdos sancionadores que fueron objeto de impugnación en la reclamación originaria cuya ejecución es objeto ahora del presente incidente.

Esto es, la inspección de los tributos se ha limitado, bien en el acuerdo de 9 de octubre de 2006, bien en el que ahora examinamos dictado el 2 de noviembre de 2006, que rectifica al anterior corrigiendo el error padecido, a ejecutar lo previsto en la resolución de este Tribunal Económico-Administrativo de fecha 10 de noviembre de 2005. En dicha resolución se había entrado a analizar por parte del órgano económico-administrativo los acuerdos sancionadores, examinando, como indica el fundamento de derecho primero de la resolución dictada, tanto las cuestiones procedimentales que había planteado la entidad reclamante (la caducidad del procedimiento sancionador), como las cuestiones de fondo (si puede existir infracción tributaria grave en el supuesto de estimación indirecta de bases imponibles, o no puede haberla; si han existido infracciones tributarias y son procedentes las sanciones impuestas; si se ha producido la agravante de resistencia, negativa u obstrucción a la acción de la administración; y si se ha producido la agravante consistente en el empleo de medios fraudulentos). Finalmente, entró a conocer también del régimen sancionador aplicable de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003. El TEAC acordó estimar en parte la reclamación, en el sentido expuesto en el antecedente de hecho segundo.

El órgano inspector, en ejecución de la citada resolución económico-administrativa se ha limitado a dictar acuerdo dando cumplimiento a la misma, sin retrotraer el procedimiento sancionador, ni entrar a conocer de tipificación alguna de la conducta del obligado tributario, de la cuantía de la sanción y su calificación, o de las agravantes o eximentes que concurrían. Y ello, por cuanto la resolución dictada por el TEAC había entrado a conocer de todas las cuestiones que planteaban los acuerdos sancionadores, concluyendo en la minoración de las sanciones en la forma que exponía en sus fundamentos de derecho.

Queremos señalar con ello que el acuerdo de la inspección, dictado en ejecución de la resolución señalada, nada nuevo plantea que no haya sido ya examinado por este Tribunal Económico-Administrativo, al margen de la correcta ejecución del fallo dictado por este órgano. Por ello, las cuestiones que ahora suscita la entidad interesada fueron ya examinadas en la resolución de la reclamación número 7398/03, de fecha 10 de noviembre de 2005, y el principio de firmeza en vía administrativa impide ahora conocer nuevamente de las mismas, pues entrar a debatir ahora sobre ellas sería tanto como revisar las actuaciones que ya fueron objeto de revisión por este órgano económico-administrativo, esto es constituye "cosa juzgada administrativa" (términos que señala el Tribunal Constitucional en su Auto 313/2007, de 27 de julio de 2007) , al margen de que dichas alegaciones fueron efectuadas en la reclamación que se ha indicado y a las que este Tribunal dio cumplida contestación.

Como ha indicado ya en anteriores ocasiones este TEAC (entre otras en resoluciones 600/1998 de 11 de junio de 1998, y 3377/2003 de 14 de octubre de 2004) el artículo 55 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, y el actual artículo 213.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ("las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa, cualquiera que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217, rectificación de errores del artículo 220 y recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley. Las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán ser declaradas lesivas conforme a lo previsto en el artículo 218 de esta ley").

TERCERO.- Plantea además la entidad interesada, y ello si constituye una cuestión sobre la que debemos entrar a conocer, la improcedencia de la ejecución por considerar que la resolución no es firme por cuanto ha sido impugnada en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional por medio del recurso número ... (se refiere a la resolución dictada por este Tribunal con fecha 10 de noviembre de 2005).

Si bien es cierto que la ejecución de los acuerdos sancionadores queda automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso administrativo o de la reclamación económico-administrativa que contra aquellos proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa, tal como establecía el artículo 35 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, o el actual artículo 212.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ("la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación económico-administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos: a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa"); no ocurre lo mismo en la vía contencioso-administrativa, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la suspensión de la ejecución del acuerdo, como medida cautelar, exige del acuerdo previo del órgano contencioso-administrativo.

Esto es, agotada la vía administrativa, lo que en nuestro caso ocurrió con la resolución del TEAC de 10 de noviembre de 2005, deja de tener eficacia la suspensión automática prevista legalmente por la interposición de los recursos o reclamaciones económico-administrativas y el órgano de gestión debe proceder a ejecutar el acto administrativo originario o en su caso la resolución dictada por el órgano económico-administrativo si modifica al primero, salvo que medie medida cautelar adoptada por un órgano contencioso-administrativo que suspenda, esta vez no automáticamente sino por el acuerdo dictado por el órgano jurisdiccional, la fuerza ejecutiva del acto administrativo o de la resolución económico-administrativa.

Pues bien, interpuesto recurso contencioso-administrativo número ... por la entidad contra la resolución del TEAC de 10 de noviembre de 2005, y solicitada la suspensión de la misma, la Audiencia Nacional dictó Auto de fecha 13 de marzo de 2006 en el que se deniega la suspensión de la ejecución del acuerdo del TEAC, objeto de autos; e interpuesto recurso de súplica, fue también desestimado por la Audiencia Nacional.

El órgano inspector competente no procedió a la ejecución de la citada resolución en tanto no tuvo en su poder el auto citado, que entró en el registro de la AEAT en fecha 9 de mayo de 2006. Sólo a la vista de esta resolución judicial, procedió a la ejecución de la resolución del TEAC, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario ("una vez concluida la vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. Si, durante ese plazo, el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión") y en análogos términos se pronuncia el artículo 29.2 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. El órgano inspector pues, dio cumplimiento a la resolución del TEAC, concediendo nuevo plazo de ingreso en período voluntario, una vez que el órgano contencioso-administrativo acordó la no suspensión del acto impugnado, lo que hace que la suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones finalice y deba el órgano gestor proceder a ejecutar la resolución del TEAC en los términos establecidos por las normas reguladoras del procedimiento económico-administrativo.

Nuevamente la firmeza en vía administrativa del acto lleva consigo la obligación del órgano gestor de proceder a su ejecución, bien en los términos originarios del acto, bien en aquellos que dicte el órgano económico-administrativo, máxime cuando éste no ha ordenado la retroacción de las actuaciones, esto es, no ha ordenado que el procedimiento sancionador se reinicie o se devuelva a un trámite intermedio concreto para continuar desde el mismo, sino que la resolución económico-administrativa fijó con precisión los términos en los que quedaba rectificado el acuerdo sancionador de manera tal que el órgano gestor debía exclusivamente ejecutar o dar cumplimiento a lo dictado por el TEAC sin retrotraer el procedimiento a un trámite anterior, en definitiva cuantificar el importe de la sanción en los porcentajes y términos que señalaba la resolución. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativos a la eficacia de los actos administrativos, quedando demora la misma, como ha ocurrido en nuestro caso, por la suspensión de la ejecución, que se ha prolongado en el tiempo de acuerdo con los preceptos del procedimiento sancionador tributario a los que antes nos hemos referido.

Debe mantenerse pues el acuerdo dictado por la inspección de los tributos en ejecución de la resolución de este Tribunal Económico-Administrativo.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en el incidente de ejecución promovido por Don ..., en nombre y presentación de ..., S.A., con C.I.F. ..., contra el acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2006, del Inspector Jefe de la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en ejecución de la Resolución de este Tribunal de fecha 10 de noviembre de 2005, número de registro 7398/03, en la reclamación interpuesta contra liquidaciones de la oficina Nacional de Inspección, recaídas en sus expedientes sancionadores números A51- ..., ... y ..., acerca del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1997, 1998 y 1999, y cuantías de 46.671,84 euros, 187.316,73 euros y 202.276,77 euros ACUERDA: desestimar el incidente de ejecución.

Actos de ejecución
Expediente sancionador
Suspensión de la ejecución
Inspección tributaria
Impuesto sobre el Valor Añadido
Agravante
Estimación indirecta
Desamparo
Indefensión
Administración Tributaria del Estado
Procedimiento sancionador
Error de hecho
Infracciones tributarias
Jurisdicción contencioso-administrativa
Infracción tributaria grave
Recurso de súplica
Deuda tributaria
Obligado tributario
Acta de inspección
Intereses de demora
Procedimientos Tributarios
Revisión en vía administrativa
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Libros contables
Ocultación
Cuestiones de fondo
Caducidad de procedimiento sancionador
Ejecución de resolución judicial
Subsanación de errores
Nulidad de pleno derecho
Ejecución de las sanciones
Caución
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Plazos de interposición del recurso
Procedimiento sancionador tributario
Eficacia de los actos administrativos

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Real Decreto 2063/2004 de 15 de Oct ( Reglamento general del regimen sancionador tributario) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 28/10/2004 Fecha de entrada en vigor: 29/10/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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