Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/7442/1999 de 14 de Noviembre de 2001

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Noviembre de 2001
  • Núm. Resolución: 00/7442/1999

Resumen

Conforme a doctrina sentada por el Tribunal Constitucional resulta extemporánea la interposición de un recurso administrativo cuando se hace caso omiso de la indicación de la Administración referente a los recursos que procede interponer.

Descripción


ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO.- Según consta en el expediente la entidad recurrente en alzada presentó declaración correspondiente al        trimestre de 1995 solicitando la devolución del saldo existente a su favor, por un importe de 9.368.605 pesetas (56.306,45 €).

        SEGUNDO.- Emitido informe por la Inspección de los Tributos, se pone de manifiesto que durante el mencionado ejercicio la entidad había realizado operaciones exentas del Impuesto que determinan la aplicación de la regla de la prorrata, en un porcentaje del 78%. Ello implica que la cantidad que procede devolver al sujeto pasivo es la de 3.310.006 pesetas, practicándose la correspondiente liquidación provisional por ese importe.

        TERCERO.- No estando conforme con la resolución adoptada interpuso la entidad recurso de reposición, que fue desestimado por acuerdo adoptado por el órgano gestor el día             de 1996. En el acto administrativo, notificado el día 27 de septiembre de 1996, en pie de recurso se hacía constar que contra el acuerdo adoptado podía interponerse reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-administrativo Regional o Local, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de la notificación.

        CUARTO.- El               de 1996 la entidad presentó escrito ante el Tribunal Económico-administrativo Regional de                       , quien a la vista de las alegaciones presentadas en trámite de puesta de manifiesto del expediente, acordó declarar inadmisible la reclamación por formulación extemporánea de la misma. El fallo del Tribunal fue notificado al reclamante el día             de 1999.

        QUINTO.- El                de 1999 dedujo la interesada recurso de alzada ante este Tribunal Central. Manifiesta que notificada la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto, lo que tuvo lugar el día            de 1996, y antes de que transcurrieran quince días desde la citada notificación, estimando erróneamente que no era preceptiva la interposición de reclamación económico-administrativa para acceder a la vía jurisdiccional el día    de octubre dirigió escrito a la A.E.A.T. comunicando la intención de interponer recurso contencioso-administrativo; que dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución del recurso de reposición se presentó escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de                , Sala de lo Contencioso Administrativo de           , por el que se interponía recurso contencioso administrativo; que el día               de 1996 se dicta providencia concediéndose un plazo de diez días, bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones, para que se acreditase el agotamiento de la vía administrativa previa; que el día                   de 1996, en contestación a la citada providencia, se presentó escrito por el que se manifestaba:

1)        Que no se había interpuesto reclamación económico-administrativa por no considerarlo preciso, pero que dentro del plazo de quince días siguientes a la notificación de la resolución del recurso de reposición comunicó a la Administración su decisión de interponer recurso contencioso administrativo, por lo que de acuerdo con lo previsto por el artículo 110 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el escrito podía tenerse por anuncio de reclamación económico-administrativa.

2)        Que se había procedido a la interposición de reclamación económico-administrativa, dentro del plazo concedido para evacuar el requerimiento, solicitando por ello la suspensión del curso de recurso contencioso.

Alega el recurrente que el Abogado del Estado, en su escrito de alegaciones de              
    de 1996 ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señaló que "La tantas veces repetida naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa obliga a la no intervención de la misma en tanto en cuanto no se haya agotado la vía administrativa" y que "La interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo que no es firme, obliga a inadmitir dicho recurso, lo cual no es contradictorio al principio de tutela judicial efectiva, pues, entre otras consideraciones, la actora puede volver a interponer su recurso cuando la Administración haya expresado de modo definitivo su posición". Es decir, que el abogado del Estado niega que el acto administrativo hubiera adquirido firmeza.

        Continúa su escrito el recurrente señalando que en auto de           de 1997 el Tribunal Superior de Justicia declaró la inadmisibilidad del recurso, por entender que no se había agotado la vía administrativa.

        Entiende que existen actos propios de la Administración de los que ésta no se puede desvincular (se cita la posición del abogado del Estado manifestada ante el órgano jurisdiccional); que se ha vulnerado el principio de cosa juzgada, puesto que se declara en la resolución del Tribunal Regional, en definitiva, que el acto administrativo era firme cuando se interpuso la reclamación económico-administrativa, en tanto que el Tribunal Superior de Justicia de             mantiene que no se ha agotado la vía administrativa; que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, a cuyo abrigo se ha venido conformando un principio general para todo el ordenamiento jurídico que repudia los formalismos enervantes que impiden infundadamente un acceso a la vía jurisdiccional en donde se conozca sobre el fondo del procedimiento; que tanto la vía administrativa como la contencioso-administrativa tienen a gala ser antiformalistas, defendiendo este principio como santo y seña frente a otros órdenes jurisdiccionales; que siempre que se formule un escrito del que se infiera que se está plantando cara a un acto administrativo, que se está disconforme con él, y que se solicita su sustitución por otro acorde con los intereses de quien formula la propuesta, nos encontramos ante el supuesto contemplado en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992.

        En apoyo de su tesis el recurrente cita diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-
El recurso ha sido promovido en tiempo y forma por persona legitimada para ello y este Tribunal Central es competente para conocerlo en función de sus circunstancias, de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo. La única cuestión que se plantea en el presente expediente es la de determinar si la reclamación interpuesta contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición lo fue dentro del plazo establecido para ello, como pretende el recurrente, o fuera del mismo, como determinara la resolución impugnada.

        SEGUNDO.- El artículo 2.º del mencionado Reglamento de Procedimiento impone el carácter preceptivo de la reclamación económico-administrativa en materias de gestión, inspección y recaudación de los tributos, perteneciendo a la primera de estas categorías, el acuerdo adoptado por el órgano gestor practicando liquidación provisional por el Impuesto sobre el Valor Añadido de 1995, así como el posterior desestimando el recurso de reposición interpuesto contra ésta. Consecuencia obligada de ello es que si se omite este requisito esencial, no puede entenderse agotada la vía administrativa y, como declarara el auto del Tribunal, no es posible deducir recurso contencioso-administrativo.

        De ello, sin embargo, no puede inferirse una obligación por parte de los órganos de esta vía económico-administrativa de entrar al examen de las cuestiones de fondo que plantea el expediente, pasando por alto las cuestiones formales. Debe tener en cuenta la entidad que las normas procesales son de orden público y, por consiguiente de obligado cumplimiento. Interpuesta la reclamación económico-administrativa, la extensión de la revisión alcanza a ambas categorías, pues así lo impone el artículo 40 del Reglamento de Procedimiento, siempre con respeto a la situación particular derivada de la resolución impugnada en la medida en que sea favorable al recurrente. La exclusión de la reformatio in peius, expresamente contemplada en el artículo 113 de la Ley 30/1992, se funda en la vinculación de la Administración a sus propios actos, como ha declarado el Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de noviembre de 1991.

        La declaración de extemporaneidad, de ser apreciada por este Tribunal en alzada, es la expresión definitiva de la posición de la Administración, sin perjuicio de que el recurrente pueda interponer recurso extraordinario de revisión contra el acto de gestión firme o intente la revisión instando la iniciación de un procedimiento especial de revisión.

        Una vez agotada la vía administrativa se abren las puertas de la contencioso-administrativa, donde la entidad puede tratar de obtener satisfacción de su pretensión, mediante la interposición del correspondiente recurso que, entonces sí, deberá ser conocido por el órgano competente. Esa, y no otra, era la posición del Abogado del Estado expresada en su escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-administrativo de fecha de                  de 1996. En cualquier caso, la posición del abogado del Estado en ningún caso constituye un acto administrativo en sentido estricto, o una declaración de derecho, contra la que la Administración no pueda volver, pues en el seno del procedimiento contencioso-administrativo es al Órgano Jurisdiccional a quien corresponde hacer tales declaraciones, lo que hizo por medio de auto determinando la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.  

        TERCERO.- Del análisis de las actuaciones del expediente se desprende que la reclamación formulada el día 25 de noviembre de 1996 lo fue una vez finalizado el plazo de quince días de que disponía la entidad para hacerlo (habida cuenta de que la notificación de la resolución impugnada se verificó el día 27 de septiembre de 1996), lo que trae de la mano la extemporaneidad de la reclamación, como declarara el acuerdo del Tribunal Regional.

        Sólo debe cuestionarse si el escrito presentado ante la A.E.A.T. el día 7 de octubre de 1996 podía hacer las veces de reclamación económico-administrativa, como pretende la recurrente, en virtud de lo previsto en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992. Su contenido fue, básicamente el siguiente:

        "Que a la dicha sociedad se le ha notificado la resolución dictada por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto en el expediente de referencia                  , relativo a liquidación de I.V.A. del ejercicio de 1995, por lo que siendo su propósito interponer contra aquél recurso contencioso-administrativo vengo mediante el presente a ponerlo en conocimiento de esa Corporación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

        Suplicaba:

        "a la A.E.AT. tenga por realizadas las alegaciones que el mismo contiene a efecto de cumplimiento del requisito legalmente establecido para el acceso a la vía jurisdiccional".

        Del contenido trascrito se desprende tan sólo que la entidad tenía intención de interponer recurso contencioso-administrativo y que procedía a comunicarlo en cumplimiento de lo establecido por el artículo 110.2 de la Ley 30/1992 en su redacción anterior a la Ley 4/1999, que el sujeto pasivo consideraba aplicable al caso. Obsérvese que con las fuentes en vigor actualmente, en la nueva redacción del artículo 110 citado, ha desaparecido el requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo de efectuar una comunicación al órgano que dictó el acto que pone fin a la vía económico-administrativa, por lo que es más que probable que, en el nuevo contexto, el escrito controvertido nunca hubiera sido presentado ante los órganos de la Administración Tributaria.

        Por otra parte, debe señalarse que en el acuerdo impugnado se hacía constar expresamente cuales eran las vías de impugnación que podía ejercitar la interesada en el caso de no estar conforme con la resolución adoptada. Reiterada jurisprudencia (entre las que se pueden citar las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1981, 6 de mayo de 1981, 28 de febrero de 1989 y 23 de febrero de 1990) ha venido a declarar que no puede estimarse extemporánea la interposición de un recurso administrativo cuando la Administración ha inducido a error al interesado, al indicar recursos que no procedían legalmente. Por lo que, a sensu contrario, cabe apreciar extemporaneidad cuando no se ha producido tal error.  

        A este respecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 15 de abril de 1991, en referencia a otra anterior, la 22/1985, ha declarado que:

        "Esta Sentencia constitucional con todo, no dejó de tomar en cuenta al fundamentar su fallo, la conducta procesal del recurrente que actuó entonces en contra de la instrucción de recursos hecha por la Administración, pues tan cierto como que los Tribunales han de propiciar y admitir el expediente del artículo 8.3 es que sobre los recurrentes pesa la carga de la diligencia procesal consistente en atender, para seguirla o para discutirla razonadamente, la instrucción de recursos que ha de hacer la Administración (art. 79.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo), instrucción que no se da sólo en favor del interés individual de quien pueda recurrir, sino que está al servicio, también, del interés institucional en la correcta iniciación y tramitación de los procesos. Este último interés, y la confianza que en terceras personas la propia instrucción haya creado, pueden quedar injustamente lesionados si los recurrentes hacen caso omiso sin razón discernible o un uso fraudulento de la indicación que sobre el órgano judicial competente haya hecho la Administración, y a los Tribunales corresponderá, en tal supuesto, extraer las consecuencias debidas de tal posible comportamiento no diligente o de otro modo irregular, examinadas todas las circunstancias que concurran en el caso. Entre dichas consecuencias puede estar la de declarar la inadmisión de un recurso cuya presentación en forma, ante el órgano competente, se haya demorado artificialmente por el propio actor, desbordando el plazo que marca el art. 58 de la Ley de la Jurisdicción, bien entendido que en tal supuesto el órgano judicial que declare la inadmisión deberá fundar su decisión en esa conducta negligente o acaso fraudulenta del recurrente, que no puede darse por supuesta y que actuaría así como excepción al tenor literal del art. 8.3 y en un sentido más amplio como límite del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. (...).  

        De que la recurrente hizo caso omiso de la indicación de la Administración sobre el recurso procedente no cabe ninguna duda y tampoco lo niega la entidad. En cuanto a que la razón de su comportamiento fuera o no discernible, el sujeto pasivo alega simple error. Por consiguiente, ha apreciarse, cuando menos negligencia en su conducta, por lo que debe ser confirmada la declaración de extemporaneidad contenida en la resolución del Tribunal Regional impugnada.

        En consecuencia, y

        POR LO EXPUESTO,
        
        El TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, EN SALA, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesto por                                          
., contra resolución del Tribunal Económico-administrativo Regional de          
    , nº              , de                   de 1999, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido de 1995 y cuantía de 6.058.599 pesetas (36.412,91 €), ACUERDA: Desestimar el presente recurso, confirmando la resolución impugnada.

Liquidación provisional del impuesto
Jurisdicción contencioso-administrativa
Derecho a la tutela judicial efectiva
Inspección tributaria
Prorrata IVA
Días hábiles
Recepción de la notificación
Impuesto sobre el Valor Añadido
Apercibimiento
Archivo de actuaciones
Vía administrativa previa
Agotamiento de la vía administrativa
Actos propios de la Administración
Cuestiones de fondo
Reformatio in peius
Procedimientos especiales de revisión
Procedimiento contencioso-administrativo
Indefensión

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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