Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/7539/2003 de 28 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/7539/2003

Resumen

El recurso de alzada ordinario del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT se ha interpuesto en plazo, ya que consta en el expediente la fecha de recepción de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional por el citado Director y el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de 15 días fijado en el artículo 121 del RPREA de 1996.

Descripción

        En la villa de Madrid, a 28 de marzo de 2007 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en PLENO, ha visto la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA de la Agencia Tributaria, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid (28020) calle Infanta Mercedes, 37, contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 6 de noviembre de 2003 recaída en reclamación número ..., referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1994 y 1995 y cuantía de 1.472.271,07 euros.

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Con fecha 17 de noviembre de 1999 la Inspección de la Delegación en ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria incoó a Doña ..., casada en régimen de gananciales con Don ...), Acta de disconformidad número ... por el concepto y ejercicios citados. Tanto del acta como de su informe complementario y de la liquidación que a la vista de lo actuado practicó el Inspector Jefe, se deducía que en cada uno de los ejercicios comprobados la contribuyente vendió acciones -que, por lo que más adelante veremos, son consideradas bienes gananciales por la Inspección- de la entidad ..., S.A. de manera que los movimientos de dichos títulos en virtud de actos jurídicos a nombre de su cónyuge, Don ..., fueron los siguientes: a) El ...-1977, adquisición de 499 acciones por herencia "ab intestato" de su padre. - b) El 27-12-1982, compra de 374 acciones por un importe  total de 376.135 pesetas (2.260,62 €).- c) El 18-6-1987, venta de 374 acciones a un precio conjunto de 60.216.200 pesetas (361.906,65 €).- d) El 21 de febrero de 1994, nueva venta, esta vez de 399 acciones (números 502 a 900), por 2.866.815.000 pesetas (17.229.905,16 €).- e) El 22 de diciembre de 1995, venta de las acciones restantes, es decir, de 100 títulos, por 450.000.000 pesetas (2.704.554,47 €). Además de lo expuesto, la contribuyente suscribió una acción al constituirse dicha Sociedad y la vendió por 7.185.000 pesetas (43.182,72 €) el 21 de febrero de 1994.

        El Inspector Jefe, al confirmar la propuesta de regularización contenida en el Acta, considera que los títulos vendidos, no cotizados en mercados secundarios de valores, son homogéneos y que ha de aplicarse el artículo 48.Dos de la Ley 18/1991 (que establece el llamado "método FIFO" para determinar qué valores son los transmitidos, en caso de que existan varios homogéneos); de ahí que, según la Inspección, las 374 acciones vendidas en 1987, corresponden a las adquiridas en primer lugar, es decir, el ...-1977. Tras esta primera venta, entiende la Inspección que las 499 acciones restantes son las que se venden en las dos operaciones cuyas consecuencias tributarias se examinan, es decir, la enajenación de 399 títulos en 1994 y de otros 100 en 1995. Y de estas 499 acciones existentes a comienzos de 1994, 125 fueron adquiridas en 1977 y las restantes 374, en 1982. Como consecuencia de ello, practica la controvertida liquidación, comprensiva de cuota e intereses de demora y cuyo total asciende al importe citado en el encabezamiento; el incremento patrimonial liquidado según el criterio expuesto, se distribuye por mitades entre la contribuyente y su cónyuge, dado que aquél está originado por la transmisión de las 374 acciones adquiridas con posterioridad a la celebración del matrimonio.

        SEGUNDO: La interesada impugnó la expresada liquidación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... y alegó, principalmente, que las acciones que adquirió su esposo por herencia de su padre no entraron en su patrimonio, como afirma la Inspección, el ...-1977, porque existía un segundo heredero, su hermano, que acabó por repudiar la herencia mediante acta de manifestaciones de fecha 12 de enero de 1994, es decir, después de la primera venta de acciones que tuvo lugar el 18-6-1987, por lo que ésta sólo pudo referirse a las 374 acciones compradas en 1982. El Tribunal Regional, en sesión de 6 de noviembre de 2003, estimó la reclamación y ordenó sustituir la liquidación impugnada, que se anulaba, por otra practicada de conformidad con los criterios que establecía. En definitiva, dicho Tribunal entendía que la interpretación más acorde con la Ley 18/1991 "es la que considera que los valores homogéneos existentes no son los que teóricamente le corresponderían al contribuyente como consecuencia de la aplicación del método FIFO a todos los valores que haya podido poseer, incluidos aquellos que hubiera transmitido con anterioridad, sino únicamente los que realmente poseía en el momento de la entrada en vigor del nuevo sistema, en relación con los cuales, y sólo con ellos, debe aplicarse el método FIFO. De la Ley -añade el Tribunal- no se deduce que haya que aplicar el método FIFO a valores que ya no poseía materialmente el sujeto pasivo, lo que excluye la posibilidad de efectuar una reconstrucción histórica de la cartera". Las acciones vendidas en los ejercicios regularizados, según dicha Resolución, "fueron las adquiridas en el año 1977" y la razón de este aserto se encuentra en el Fundamento de Derecho 5 (página 13) de la Resolución de primera instancia, cuando afirma que "La regla del artículo 48.dos de la Ley 18/1991 se aplica literalmente 'cuando existan valores homogéneos'. Sólo cabe hablar de la existencia de valores homogéneos cuando el contribuyente es titular de tales valores en el momento en que se pretende aplicar tal regla y sólo respecto de los títulos concretos de los que es titular. Para que pudiera referirse esta regla a valores anteriores, el legislador debería haberlo indicado expresamente". El Tribunal considera que el Sr. ... no podría haber vendido como titular exclusivo en 1987, más que las acciones que había comprado en el año anterior y no las que correspondían a la herencia de su padre, pendiente de adjudicación; de ahí que concluya que las acciones vendidas en 1994 y 1995 son las adquiridas (por su esposo) por herencia en 1977, sobre las que ha transcurrido con exceso el plazo de 15 años necesario para que los incrementos de patrimonio resultantes queden no sujetos.

        TERCERO: Notificado de dicha Resolución el 4 de diciembre de 2003, el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria  interpone el presente recurso de alzada el siguiente día 23 de diciembre. En su escrito de alegaciones argumenta lo que seguidamente se resume: se considera más correcto el criterio de la oficina gestora, amparado en la doctrina de la Dirección General de Tributos y cita varias Resoluciones de dicho Centro Directivo; de ello concluye el Director recurrente que "el criterio del art. 48.Dos L. IRPF se aplica también a todos los títulos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/1991". Niega que la aplicación de dicho artículo 48.Dos suponga una aplicación retroactiva de la norma.

        CUARTO:
Se dio traslado de dicho recurso a la contribuyente de conformidad con el artículo 122.3º del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas de 1 de marzo de 1996; el 10 de junio de 2004 formalizó aquélla sus alegaciones, en el sentido siguiente: 1º) Interposición extemporánea del recurso de alzada; el plazo para notificar al Director del Departamento lo resuelto en primera instancia finalizó a los 5 días, es decir, el 12 de noviembre de 2003, mientras que el acto de notificación fue emitido el 24 de noviembre, con entrada en la Agencia Tributaria el 4 de diciembre de 2003. En apoyo de su tesis, cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2002. - 2º) Procedencia de anular la liquidación, porque las acciones vendidas en 1987 únicamente pueden ser las adquiridas en 1982, al ser las únicas que formaban parte del patrimonio de su esposo en dicho momento.

                                                  FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia y legitimación que son presupuesto, entre otros, para la admisión a trámite del presente recurso ordinario del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, en que se plantea, ante todo, si se ha presentado extemporáneamente y en caso negativo, si la Resolución recurrida es o no conforme a Derecho, para lo cual ha de examinarse, en primer lugar en qué fecha fueron adquiridas por herencia las 499 acciones de que trata este expediente y, segundo, cómo ha de determinarse el coste de adquisición de las vendidas en los ejercicios comprobados.

SEGUNDO.- La interesada defiende la extemporaneidad del recurso planteado por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, citando en apoyo de su tesis la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2002 (recurso de casación núm. 7368/1996), referida a la normativa del RPREA de 1981, siendo ésta prácticamente idéntica en dicha materia a la regulación del RPREA de 1996 aplicable al recurso que nos ocupa.

Sin embargo, dicha sentencia, que desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección 2ª- de la Audiencia Nacional, se refiere a un caso totalmente distinto, en el que no pudo determinarse la fecha exacta en que el Director General de Tributos recibió la resolución dictada en primera instancia.

En efecto, el Tribunal Supremo en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia es muy claro al exponer que "Es inadmisible en un Estado de derecho que el plazo para interponer un recurso quede a merced del Órgano administrativo recurrente, y que, además, éste se niegue a facilitar los datos que sólo él posee, que permitan conocer el dies a quo del plazo reglamentario, circunstancia que ha ocurrido en el caso de autos, en el que se ha vulnerado el principio de derecho que dispone que no puede beneficiarse de los vicios o defectos jurídicos aquel que los ha cometido, en este caso la Administración Tributaria" y termina concluyendo dicho Fundamento: "Con todo respeto al Abogado del Estado, es menester aclarar que la doctrina seguida en su escrito de interposición del recurso de casación, que se puede sintetizar en que: a) La notificación de la resolución debe obrar en el expediente. b) No puede declararse la extemporaneidad del recurso, sino consta fehacientemente dicha notificación y su fecha. c) Si la notificación falta o es defectuosa esta circunstancia favorece la admisibilidad de los recursos, dicha doctrina, insistimos, se contempla desde la posición de los administrados, o sea que es aplicable a los contribuyentes, es decir a (...) debiendo recordarle que como defensor de la Administración Pública, recurrente, que ésta es la que en el caso de autos no ha incluido la notificación, o mejor dicho la fecha de recepción de la resolución estimatoria". Posteriormente, el Tribunal Supremo en el Fundamento de Derecho Quinto realiza una detallada argumentación de carácter histórico exponiendo las razones que aconsejan el rigor en materia de plazo para interponer el recurso de alzada por los Directores y demás órganos administrativos legitimados, concluyendo que debe rechazarse el único motivo casacional y, por tanto, desestimar el recurso de casación, pero con carácter previo había declarado cual debía ser el proceder del Tribunal Económico-Administrativo, exigiéndole el deber de probar "la fecha de recepción de la resolución recurrida, a efectos de fijar el dies a quo.

Lo anterior ha sido posteriormente reiterado por el propio Tribunal Supremo en las sentencias de 26 de enero de 2004 (recurso de casación núm. 3669/1998), referida a otro caso en que tampoco hay constancia de la fecha de comunicación al Director General de Tributos, y de 26 de abril de 2004 (recurso de casación núm. 1395/1999), en que ni siquiera existe comunicación de la resolución a la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

En relación con el sentido apuntado al comienzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que declaró la extemporaneidad del recurso de alzada que dio origen al recurso de casación de la citada sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero, en su sentencia de 9 de junio de 2005 (recurso nº 896/2002) confirma que la misma se refiere a un caso distinto:

"Además de lo anterior, la sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de enero de 2002, que los recurrentes citan en su demanda viene referida a una situación de hecho diferente a la que en este proceso se enjuicia, pues la extemporaneidad del recurso de alzada que se declaraba en la sentencia dictada en la instancia -precisamente por esta Sala y Sección- era la consecuencia de la inactividad reiterada de la Administración Tributaria a la hora de dar respuesta a la prueba documental acordada de oficio por el Tribunal, a fin de determinar la fecha de entrada en el Ministerio de Economía y Hacienda de las comunicaciones relativas a las resoluciones estimatorias dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., recepción de la que no había constancia y que, después de intentada para mejor proveer, permaneció sin determinar merced al silencio de la Administración".

En el presente caso, lo que realmente subyace en la pretensión de la interesada es que se declare la inadmisibilidad del recurso, pero no porque el Director legitimado haya superado el plazo de 15 días para interponer el recurso de alzada ordinario que fija el artículo 121 del RPREA de 1996 (como también establecía el artículo 131 del RPREA de 1981), sino por haberse superado el plazo de 5 días que el artículo 103 del RPREA de 1996, así como su antecedente artículo 107 en el RPREA de 1981, establece para que el Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local remita una copia de la resolución dictada a los órganos legitimados para recurrir. Sin embargo, este Tribunal Económico-Administrativo Central de forma reiterada (entre otras muchas la resolución de 4 de marzo de 2005 R.G. 00/4756/2002 que se refiere a otras anteriores) niega la extemporaneidad como consecuencia de haberse superado el plazo de 5 días (de remisión de copia por el Tribunal Regional o Local) más 15 días (de interposición del recurso de alzada ordinario), pues el incumplimiento del plazo de 5 días por parte del Tribunal Regional o Local para comunicar no puede perjudicar el derecho del Director recurrente, cuyo plazo de recurso se computa a partir de la recepción de dicha comunicación y no del transcurso del plazo de remisión de la copia. En el mismo sentido existen numerosas sentencias de la Audiencia Nacional, como las de 20 de enero de 2005 (Núm. de Recurso 130/2002), 17 de marzo de 2005 (Núm. de Recurso 311/2002) o 27 de septiembre de 2006 (Núm. de Recurso: 206/2005) que reitera lo dispuesto en anteriores sentencias, como la de 4 de noviembre de 2004 (Núm. de Recurso: 389/2002) con la siguiente argumentación:

(...) Por otra parte, al incumplimiento de los plazos dentro del régimen interno de la Administración, relativos a comunicaciones, no puede atribuírsele los efectos invalidantes que le asigna la demanda, pues en esta materia, como en la práctica generalidad del actuar administrativo, rige el principio general de la validez de las actuaciones administrativas extemporáneas, salvo que el plazo sea esencial, lo que consagra como principio el artículo 63.3. de la Ley 30/1992, al señalar que "la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo", dado que, en primer término, del incumplimiento del plazo con que contaba reglamentariamente el TEAR para efectuar la notificación a los interesados y a los órganos administrativos legitimados para recurrir no se deduce que se haya producido indefensión a los recurrentes y, además, las normas reglamentarias reguladoras del recurso de alzada no atribuyen a dichos plazos la relevancia pretendida, al no ser determinantes del nacimiento o extinción de derechos, sino que deja intactas las posiciones jurídicas de los recurrentes.

En consecuencia, constando en el caso que es objeto del presente recurso ordinario de alzada la fecha de recepción de la copia de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, que se produjo el 4 de diciembre de 2003 y habiéndose interpuesto el recurso de alzada ordinario el 23 de diciembre de 2003, cabe concluir que el recurso se ha interpuesto dentro del plazo de 15 días fijado en el artículo 121 del RPREA de 1996, computado a partir de la fecha de constancia de la recepción de la comunicación de la resolución del citado Tribunal Regional, por lo que no procede admitir la extemporaneidad invocada por la interesada.

        TERCERO: Una vez determinado que el recurso del Director del Departamento fue interpuesto en plazo hábil, hemos de entrar en la segunda cuestión debatida. Para ello, ha de tenerse en cuenta que el padre de Don ... falleció el ...de 1977 sin haber otorgado testamento. El 12 de enero de 1994 se extendió acta notarial de manifestaciones en la que el hermano de Don ... afirmó no haber tenido nunca ninguna pretensión respecto de las 499 acciones de que era titular su fallecido padre. La interesada alega que "la repudiación de la herencia por parte de su hermano (...) se realizó en 1994, por lo que difícilmente (...) pudo enajenar en 1987 algo que aún no era suyo, al estar integrado en una masa hereditaria. Por lo tanto, las acciones transmitidas en 1994 y 1995 fueron las adquiridas en 1977, dado que las adquiridas en 1982 ya habían sido transmitidas". La cuestión estriba, por tanto, en determinar cuándo adquirió el interesado las 499 acciones heredadas y la respuesta viene dada en el artículo 989 del Código Civil: "Los efectos de la aceptación y de la repudiación  (de la herencia) se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda". Aunque tales acciones formaron parte de la masa hereditaria, una vez aceptada la herencia por Don ..., los efectos de este acto y por tanto la atribución de la propiedad exclusiva de los bienes resultante de la partición, se producen desde el momento de dicho fallecimiento.

        Por otra parte, el "Acta de manifestaciones" otorgada ante Notario el 12 de enero de 1994 y cuya copia obra en el expediente, el hermano del contribuyente afirma que la sociedad ..., S.A., en anagrama ..., S.A. se constituyó el 23 de agosto de 1976 "por iniciativa de su hermano Don ..."; que "por circunstancias personales de su hermano Don ..., las acciones que le pertenecían fueron suscritas en interés de su hermano por su padre ya fallecido, Don ...", quien, según se afirma a continuación, suscribió 499 acciones "y las cedió inmediatamente a su hermano Don ... Sin embargo, le consta que no se formalizó esta cesión aunque su hermano ha venido siendo el poseedor y el propietario real de estas acciones desde entonces". Concluye por reiterar que "las mencionadas acciones ..., S.A. nunca pertenecieron en propiedad a su padre y que por consiguiente el declarante nunca ha tenido ninguna pretensión respecto de las mismas ni ha ostentado ningún derecho sucesorio". Por otra parte, Don ... aceptó la herencia, al menos tácitamente, como se desprende de las alegaciones presentadas por el reclamante. Es decir, que según se deduce de lo anterior, el hermano del reclamante nunca fue titular de derecho alguno sobre tales acciones, llegando incluso a afirmarse que ni siquiera el causante lo fue, sino de manera formal, por ser accionista de la sociedad, desde el primer momento, Don ... Se concluye, por tanto, que, a efectos jurídicos, Don ... es propietario de las 499 acciones heredadas, como mínimo, desde la fecha del fallecimiento del causante; dichos valores y los adquiridos ulteriormente a título oneroso son homogéneos entre sí, lo que lleva al artículo 48 Dos de la Ley 18/1991, con las consecuencias que se examinarán después. 

        CUARTO:
Sentado lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la evolución del número de acciones en el patrimonio del cónyuge de la contribuyente, ha sido: a) Dicho cónyuge recibió "ab intestato" 499 títulos el ...-1977.- b) El 27-12-1982, dicho cónyuge adquiere a su nombre 374 títulos.- c) El 18 de junio de 1987, vende 374 títulos.- d) El 21 de febrero de 1994, el mismo cónyuge vende 399 títulos.- e) El 22 de diciembre de 1995, el cónyuge vende las 100 acciones restantes. La Inspección, para determinar el incremento de patrimonio obtenido en 1994 con la venta de las 399 acciones de que era titular el cónyuge, más una a nombre de la interesada, considera que en el momento de la transmisión  "el Sr. ... poseía 399 títulos de esa entidad, de los cuales 125 habían sido adquiridos a título lucrativo al fallecimiento de su padre y el resto, 274 acciones, se adquirieron el 27/12/82  (...)"; es decir, que la Inspección aplica el artículo 48.Dos de la Ley 18/1991, que instaura el llamado "método FIFO". Y para cuantificar el incremento patrimonial generado por las 100 acciones vendidas en 1995, considera la Inspección, siguiendo el mismo método F.I.F.O., aplicado "ex tunc", que éstas proceden de las adquiridas el 27-12-1987.

        La Ley vigente hasta 1 de enero de 1992, que era la 44/1978, no seguía dicho criterio, sino el del "coste medio" y de ahí que surja la duda de cuál ha de ser el sistema en casos, como el ahora planteado, en que se venden, bajo la vigencia de la Ley 18/1991, acciones adquiridas antes de su entrada en vigor, parte de las cuales fueron enajenadas también cuando imperaba la 44/1978. Esta cuestión ha sido ya examinada por este Tribunal Económico-Administrativo Central, en sesión de 17 de febrero de 2005 (expediente R.G. 4544-02) así como en la 14 de julio de 2005 (R-G. 1442-03). En dichas ocasiones consideró este Tribunal que la determinación del valor de adquisición de las acciones vendidas antes de 1 de enero de 1992, hubo de hacerse por el método vigente entonces, es decir, el del coste medio (artículos 82, 83 y 84 del Reglamento del IRPF, de 3 de agosto de 1981). Se observaba en aquellas Resoluciones que el proceder seguido en este caso por la Inspección, podía dar lugar a distorsiones fundamentales, consistentes en hacer tributar rentas no obtenidas o, por el contrario y según los casos, en dejar de someter a tributación parte de las percibidas. A continuación, consideraba este Tribunal que la explicación de tales anomalías:
           
... radica en una inadecuada aplicación del artículo 48 Dos de la Ley 18/1991 (es decir, el que establece dicho método F.I.F.O.). La enajenación de bienes fungibles adquiridos a distintos precios plantea la cuestión de determinar su coste de adquisición; es necesario acudir a alguna regla convencional para fijar dicho coste. Tal regla exige precisa qué valores se entienden enajenados en cada ocasión y ello puede hacerse de dos formas equivalentes: concretando los títulos o determinando los precios a que se adquirieron. Ejemplo de la primera alternativa es el Reglamento del IRPF de 1981, cuando decía que el valor de adquisición será el coste medio, mientras que de la segunda lo constituye el citado artículo 48 Dos: se acude a la identificación de los títulos que se reputan enajenados, y no a su precio, aunque los primeros determinan unívocamente el segundo. Con base en esta reflexión llegamos a lo siguiente: la aplicación del método o criterio del coste medio no debe hacernos olvidar que, según él, el número de títulos homogéneos vendidos, procedentes de cada una de las distintas adquisiciones, será proporcional a la relación existente entre el número de los vendidos y el total de los existentes.

        QUINTO: El proceder de la Inspección, según ocurría igualmente en los actos administrativos impugnados en los expedientes que acabamos de citar, implica dejar sin efecto a lo acaecido bajo la vigencia de la Ley 44/1978. Concretamente, -y aplicando el criterio sentado en dichas ocasiones a los datos del expediente que ahora nos ocupa- según esta Ley y en virtud de lo razonado, las 374 acciones vendidas en 1987 procedían, en parte, de las adquiridas a título gratuito en 1977 y el resto de las compradas el 27-12-1982, según las proporciones siguientes: las adquiridas "mortis causa", la fracción 499/873 (dado que 873 era el total existente en la fecha de la venta) y las adquiridas en 1982,  374/873. Ello da lugar a que, a los solos efectos de determinar el incremento patrimonial en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las 374 vendidas en 1987, un número de 374 x (499/873) = 213,7755 acciones hayan de reputarse procedentes de las más antiguas, mientras que el resto, es decir, 374 x (374/499) = 160,2245 son de las adquiridas en 1982. Obsérvese que la aparición de números fraccionarios de títulos es consecuencia de aplicar el régimen vigente hasta finales de 1991 y a continuación el instaurado por la Ley 18/1991, y que tales números tienen exclusiva virtualidad en la esfera tributaria. A efectos jurídico-privados hay que estar a la identificación de los títulos vendidos o subsistentes, posible gracias a la numeración de los mismos que consta en la correspondiente póliza, debiendo observarse que bajo la vigencia de la Ley 44/1981 también podían generarse implícitamente tales números fraccionarios, puesto que el sistema se basaba en las proporciones determinantes del coste medio.

        De esta forma, al entrar en vigor la Ley 18/1991 quedaba un total de 499 + 374 - 374 = 499 títulos, de los cuales 499 - 213,7755 = 285,2245 proceden del primer grupo, es decir, de los adquiridos "ab intestato" en 1977, mientras que 374 - 160,2245 = 213,7755 tienen su origen en la adquisición efectuada en 1982. En esta situación, a la venta de 399 títulos que tuvo lugar en 1994 hay que aplicar ya el método FIFO por estar vigente la Ley 18/1991, lo que lleva a entender que aquéllos tenían, a efectos tributarios, el siguiente origen: a) 285,2245 proceden de los adquiridos en 1977; b) Los 113,7755 restantes, son de los adquiridos en 1982; de éstos subsisten, por tanto, 213,7755 - 113,7755 = 100, que son precisamente los enajenados en 1995.

        SEXTO: Como resumen de lo expuesto, tenemos que, para determinar los incrementos de patrimonio obtenidos en cada uno de los ejercicios comprobados (1994 y 1995) han de tenerse en cuenta los siguientes datos:        

                               ------  Procedencia  de los títulos vendidos---------------
Ejercicio  nº accs. vendidas  nº acciones fecha adquisición      Antigüedad
------------      ------------------------    ------------      --------  -------------------

1994            399                  245                    ...     -77                    18 años

                                   113,7755                    27-12-82                    12 años

1995           100          100,0000                    27-12-82                    13 años

        Como consecuencia de lo anterior y según consta en la propia Acta de Inspección, los coeficientes a aplicar a los respectivos incrementos de patrimonio son 0; 28,60; y 21,46 por 100 según que el número de años de permanencia del elemento patrimonial transmitido sea de 18, 12 ó 13. La liquidación que procede para cada uno de ambos ejercicios, es, por tanto, la que resulta de los datos anteriores y, en lo demás, de los contenidos en la propia liquidación impugnada, incluyendo la consideración como gananciales de los títulos adquiridos en el ejercicio 1982, en virtud del régimen matrimonial aplicable a la contribuyente y su cónyuge. De ahí que, al igual que hace la Inspección, proceda imputar por mitades el incremento patrimonial resultante de lo anterior, a la interesada y a su esposo.

           POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en PLENO, en el recurso de alzada ordinario promovido por EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA de la Agencia Tributaria, contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 6 de noviembre de 2003 recaída en reclamación número ..., referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1994 y 1995, ACUERDA: Estimarlo en parte y anular la Resolución recurrida, aunque confirmando la anulación de la liquidación girada, que deberá ser sustituida por otra practicada según el Fundamento de Derecho Sexto de la presente Resolución.


Herencia
Inspección tributaria
FIFO (first in first out)
Abintestato
Incremento del patrimonio
Resolución recurrida
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Dies a quo
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Bienes gananciales
Acto jurídico
Administración Tributaria del Estado
Acta de disconformidad
Sociedad de gananciales
Mercado secundario de valores
Intereses de demora
Actuación administrativa
Caudal hereditario
Plazos de interposición del recurso
Dueño
Prueba documental
Gestión catastral
Indefensión
Repudiación de la herencia
Testamento
Valor de adquisición
Fallecimiento del causante
Poseedor
A título oneroso
Accionista
Derechos sucesorios
Ex tunc
Bienes fungibles
Acto administrativo impugnado
A título gratuito
Enajenación de bienes
Liquidación girada
Acta de inspección

Real Decreto 439/2007 de 30 de Mar (Reglamento del IRPF y modifica el Real Decreto 304/2004 -Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 78 Fecha de Publicación: 31/03/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/04/2007 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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