Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/8096/1999 de 19 de Octubre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Octubre de 2000
  • Núm. Resolución: 00/8096/1999

Resumen

Se confirma la derivación de responsabilidad a los administradores de empresa fallida sin que pueda oponerse el que, para otras deudas, quedara declarado responsable penal por delito fiscal otro administrador por sentencia judicial, pues las deudas que aquí se derivan son distintas de las constitutivas de delito fiscal, ya por su cuantía (respecto de las cuales la propia sentencia penal insta a la Hacienda Pública querellante a que proceda a su exigencia por los cauces administrativos normales) ya por ser posteriores a su liquidación.

Descripción

FUNDAMENTOS DE DERECHO.PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos procedimentales de competencia, legitimación, plazo y cuantía establecidos en el Reglamento rector de las actuaciones en esta vía, para su toma en consideración por este Tribunal Central.SEGUNDO.- La única alegación formulada en esta segunda instancia se refiere a la incidencia que la Sentencia de 3 de octubre de 1996 que declaró responsable a                         de cuatro delitos fiscales cometidos probadamente por la sociedad deudora, pueda tener en la responsabilidad derivada que ahora se exige a los demás administradores de la Sociedad por la Administración tributaria.Ello requiere considerar, dada la prevalencia que la vía judicial tiene en todo momento sobre la administrativa, cuál sea el contenido de esta Sentencia, que vincula a la Administración en virtud de la eficacia erga omnes de las resoluciones judiciales; y la incidencia de la decisión judicial en la cuestión contemplada en el presente recurso puede resumirse en los siguientes extremos: 1º) La sentencia recae sobre las liquidaciones correspondientes al IVA, ejercicios 1988, 1990, 1991 y 1992, exclusivamente, ya que por los importes de las cuotas respectivas (15.260.387; 19.390.068; 25.268.576 y 25.859.825 pesetas) son constitutivas de delito fiscal y determinan la condena del acusado a penas privativas de libertad, multa del tanto de las cantidades defraudadas, accesorias e indemnización a la Hacienda Pública por la cuantía de lo defraudado más los intereses señalados en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2º) Respecto de esas mismas liquidaciones, la Sentencia condena subsidiariamente a la entidad deudora al abono a la Hacienda Pública de la misma indemnización más los intereses calculados de igual manera. 3º) Respecto de las demás deudas liquidadas, cabe distinguir dos supuestos diferentes: a) Deudas incluidas en la denuncia de débito fiscal hecha por la Inspección de tributos, y que por su cuantía no tienen relevancia penal y quedan al margen de la condena: son las correspondientes a las liquidaciones por  Impuesto de Sociedades (ejercicios 1988, 1989 y 1990) por importes respectivos de 9.396.890; 11.853.512 y 16.406.464 pesetas; y por Impuesto sobre el Valor Añadido, 1989, en el que la cuota defraudada fue de 13.125.594 pesetas aunque la responsabilidad derivada en la que se incluyen sanciones e intereses ascienda a 32.904.178 pesetas. b) Deudas no incluidas en la denuncia anterior y por lo tanto no contempladas en la resolución judicial, por Impuesto de Sociedades, ejercicios 1991 y 1992 (7.914.673 y 19.044.461 pesetas respectivamente), que únicamente son exigidas a los administradores solidarios designados en abril de 1992.TERCERO.- El acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria que se recurre no incluye a las deudas objeto de la resolución condenatoria judicial, como es lógico, puesto que sobre ellas habrán de recaer las posteriores actuaciones judiciales que pueden revestir al menos tres formas: la ejecución sobre el condenado, la ejecución subsidiaria sobre la empresa deudora, y, en caso de acreditarse debidamente la insolvencia de uno y otro, la Sentencia deja abierta (Fundamento de Derecho Cuarto) la extensión de la responsabilización "por las maniobras fraudulentas tipificadas como tales" y en virtud de las llamadas "normas de participación" a "los órganos colegiados con voluntad decisoria que, en definitiva, son quienes consienten, siempre que en sus componentes se den las condiciones de culpabilidad precisas". El acuerdo de derivación de responsabilidad, por todo ello y con buen criterio, prescinde de estas deudas cuya competencia corresponde exclusivamente al poder judicial y que, consecuentemente, no son objeto del presente  recurso de alzada; pero no es indiferente que en vía judicial se siga el mismo cauce de exigencia de responsabilidades (después de la condena individual) que en vía administrativa: responsabilidad de la persona jurídica y de los componentes de sus órganos de gobierno.CUARTO.- Respecto de las liquidaciones tributarias incluidas en la denuncia de la Inspección pero no constitutivas de delito fiscal por su cuantía (la Inspección las incluía por entender que se estaba en presencia de un delito continuado de defraudación a la Hacienda Pública, lo que la autoridad judicial rechaza) -esto es, Impuesto de Sociedades 1988, 1989 y 1990 e Impuesto sobre el Valor Añadido, 1989- en la propia Sentencia se establece (Fundamento de Derecho Tercero) que "las posibles contingencias o responsabilidades fiscales por estos periodos y conceptos impositivos, no relevantes penalmente, deberán determinarse en el procedimiento administrativo o tributario correspondiente", y éste no puede ser sino el ejecutivo o de apremio sobre la persona jurídica deudora y, de ser infructuoso el mismo como en este caso y previa declaración de su falencia, la derivación de responsabilidad hacia sus administradores (artículos 37 y 40.1 de la Ley General Tributaria, 12.2.c y 14 del Reglamento General de Recaudación). De esta forma, y frente a lo aducido por los recurrentes, la decisión judicial no solamente no les excluye de responsabilidad, sino que pudiera decirse que el Acuerdo recurrido, al menos en lo relativo a estas deudas tributarias, es cabalmente de ejecución de esa misma Sentencia, como se deduce del propio fallo en el que se ordena que se "deduzca testimonio de esta sentencia... a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de        a los efectos de que por el procedimiento administrativo-tributario correspondiente se dilucide, en su caso, las responsabilidades fiscales que haya lugar para la entidad "                   " por el periodo impositivo de 1989, relativo al impuesto de Impuesto sobre el Valor Añadido, y por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios económicos 1998 a 1992 ambos inclusive". De otra parte, no negados por los recurrentes su condición de administradores ni la realidad de las infracciones cometidas durante su mandato y comprobada en esta vía, ya por el Tribunal de instancia y también en alzada por este Tribunal, la corrección del procedimiento seguido en la adopción del acuerdo objeto de recurso, únicamente procede la confirmación del acuerdo respecto de estas liquidaciones.QUINTO.- Por último, el acuerdo impugnado recoge otras dos liquidaciones (Impuesto de Sociedades 1991 y 1992) que por no estar incluidas en la denuncia de la Inspección no son en absoluto objeto de consideración en la Sentencia judicial. Ello supone, de entrada, que lo establecido en ésta no puede esgrimirse como argumento de impugnación de actos diferentes y menos con la pretensión de inculpar exclusivamente al penalmente incriminado, pues ello supondría la aplicación extensiva de una sentencia judicial condenatoria criminalmente a supuestos distintos, lo que resulta ética y legalmente imposible. Sentado lo anterior, no puede desconocerse que las infracciones tributarias de que se trata se cometieron con posterioridad a la constitución de la entidad infractora en Sociedad Limitada, regida y gestionada por dos administradores únicos que son los declarados responsables subsidiarios por el acuerdo y aquí también cabe decir que ni la realidad de las infracciones, ni su notoria condición de administradores en el momento de la comisión de aquellas, ni la corrección del procedimiento de adopción del acuerdo impugnado, puede ser discutida en estos momentos, por lo que procede igualmente ratificar este último, debiendo este Tribunal remitirse, en cuanto al resto de las alegaciones formuladas por el interesado, a lo señalado por el Tribunal de instancia en el acuerdo recurrido, en el que se recoge y aplica con todo acierto al presente supuesto la reiterada doctrina de este Tribunal sobre los extremos planteados.EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por                        contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de             de fecha                  recaída en expedientes núms.                       en asunto relativo a derivación de responsabilidad y Actos del procedimiento recaudatorio, ACUERDA: Desestimar el recurso, confirmando el acuerdo recurrido y los actos de gestión a que el mismo se refiere.

Responsabilidad
Delitos contra la Hacienda Pública
Delito fiscal
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre sociedades
Derivación de responsabilidad
Administrador social
Persona jurídica
Cuota defraudada
Actuaciones judiciales
Actuaciones judiciales
Administrador solidario
Ejecución subsidiaria
Colegiado
Insolvencia
Voluntad
Delitos continuados
Liquidaciones tributarias
Administración Tributaria del Estado
Deuda tributaria
Mandato
Ejercicio económico
Período impositivo
Sociedad de responsabilidad limitada
Administrador único
Infracciones tributarias
Comisiones

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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