Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/825/1997 de 10 de Marzo de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 10 de Marzo de 2000
  • Núm. Resolución: 00/825/1997

Resumen

El plazo de cinco años para compensar o solicitar la devolución del IVA soportado, establecido en los artículos 36 de la Ley de 1985 y 99 de la Ley de 1992 no es un plazo de prescripción del derecho a deducir que, como tal, se interrumpe por la constancia del saldo al final de cada ejercicio. Con arreglo a los preceptos citados, se trata de un límite temporal para la efectividad de la deducción, cuyo transcurso determina la caducidad del derecho. La devolución y la compensación son formas de haber efectivo el saldo a favor del sujeto pasivo, y ambas deben hacerse dentro del plazo señalado.

Descripción

FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO -. La cuestión controvertida, es decir, el ejercicio del derecho a la deducción solicitando la devolución del exceso sobre las cuotas devengadas, transcurridos más de cinco años desde las autoliquidaciones en las que se declararon la cuotas soportadas cuya devolución se solicita, es preciso dilucidar dos previas de carácter procedimental, ya que de ser positiva la respuesta a las mismas, no cabría calificar el recurso como de alzada ordinario, en relación con la primera de ellas, o, incluso calificándolo como tal, habría de inadmitirse por extemporáneo, respecto de la segunda, por lo cual la consideración anterior de la cuestión de fondo sería inadecuada. Así pues la primera de las cuestiones procedimentales es la de si el fallo impugnado debe entenderse dictado en única instancia, como reza su tenor, o en primera, como invoca el recurrente. Y la segunda es la de si el recurso fue promovido o no en tiempo hábil para ello.SEGUNDO -. En cuanto a la primera de las dos cuestiones procedimentales acabadas de mencionar, es de destacar que el artículo 46.2.b) del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas, dice: " En particular, la cuantía vendrá determinada por el importe de la deuda tributaria objeto de la reclamación".Es doctrina reiterada de este Tribunal que la expresión deuda tributaria ha de entenderse como comprensiva de la positiva o a ingresar por el contribuyente y de la negativa, es decir, aquella que ha de reembolsar la Administración, no sólo en función de los llamados ingresos indebidos, sino de la mecánica ordinaria del Impuesto, como ocurre en el supuesto del Impuesto sobre el Valor Añadido.En este sentido la reclamación estimada por el fallo impugnado consiste, como se expone en el Antecedente de Hecho Segundo de la presente resolución, en reivindicar la deducción de la cuota rechazada por la liquidación provisional, que no se limita a la deuda tributaria liquidada de 113.042 pts, sino que alcanza a la deducción rechazada de 11.785.248 pts.El artículo 119 del Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo, excluye del recurso de alzada, a partir de 1 de junio de 1.996, fecha de entrada en vigor del mismo conforme a su Disposición Final Unica, aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de cinco millones de pesetas, conforme al artículo 10.2. del propio Reglamento de Procedimiento.            Por ello resulta obligado concluir que la resolución debió dictarse en primera instancia, siendo susceptible de recurso de alzada ordinario, habiendo de calificarse como tal el promovido en el presente expediente por el Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda.TERCERO -. Respecto de la segunda de las cuestiones procedimentales, es de destacar que si bien el sello del Registro de Entrada de este Tribunal estampado en el escrito de interposición del recurso es de fecha 12 de febrero de 1.997, el de salida del Centro Directivo recurrente, que figura en el mismo escrito, es del día 4 de febrero de 1.997.Repetidas veces ha sido establecido por este Tribunal que la fecha de interposición de un escrito es la del sello del organismo público que lo recibe en primer lugar, siendo éste la Dirección General recurrente en los supuestos de interposición de alzadas ante este Tribunal.Razón por la cual ha de concluirse que la alzada ordinaria fue interpuesta en plazo hábil.CUARTO -. En cuanto a la cuestión de fondo, ésta consiste en determinar si el plazo de cinco años establecido en el apartado 5. del artículo 36 de la Ley 30/1985, reguladora del Impuesto hasta 1.992, y en el correspondiente del artículo 99 de la Ley 37/1992, que lo es desde 1.993, ambos de igual tenor, es un plazo para la prescripción del derecho a deducir, que como tal, se interrumpe por la constancia del saldo al final de cada ejercicio, como entienden el contribuyente y el fallo impugnado, o simplemente un límite o tope temporal para la efectividad de la deducción ejercitada que juega como de caducidad, en el sentido de que el saldo que no haya sido hecho efectivo transcurrido el plazo, queda anulado, como postula el recurrente.Para resolver dicha cuestión es preciso analizar si el término compensación, mencionado en el apartado en cuestión, comprende o no la devolución de cuotas, ya que el contribuyente entiende que, al no mencionarse en dicho apartado la devolución, el plazo no afecta a su solicitud.A tal respecto debe precisarse que existe un párrafo 2º del apartado 5 de los artículos 36 (Ley 30/85) y 99 (Ley 37/92) que dice: "No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de los dispuesto en esta Ley".  La regla general es que puede ejercitarse la opción al final de cada ejercicio y existen casos especiales (exportadores, etc). Pues bien de tal inciso, y de la expresión "saldo" empleada, se deduce que la devolución es sólo una forma de hacer efectivo el saldo a favor del sujeto pasivo, la otra es la compensación con cuotas devengadas posteriores, pero dicha devolución no es un concepto diferente del ejercicio del derecho a la deducción o de la compensación de cuotas deducibles.En su virtud ha de concluirse que la compensación o devolución pueden hacerse efectivas siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el momento de origen del derecho a la deducción (declaración-liquidación en que se incluyeron las cuotas soportadas), lo cual, en el supuesto del expediente, ocurrió el 24 de enero de 1.988 y el 20 de julio del mismo año, y como la solicitud de devolución se produjo el 24 de enero de 1.994, había transcurrido el plazo de cinco años mencionado, por lo que resulta obligado declarar procedente el rechazo de la devolución solicitada de las cuotas en cuestión, debiendo estimarse por ello el presente recurso.EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada ordinario promovido porcontra resolución del Tribunal Regional de                                     recaída en su expediente nº               acerca del Impuesto sobre el Valor Añadido, ACUERDA, estimarlo y, revocando el fallo impugnado, restablecer la vigencia y efectividad de la liquidación anulada por el mismo.

Deuda tributaria
Caducidad
Cuestiones de fondo
Devolución IVA
Plazo de prescripción
Impuesto sobre el Valor Añadido
Ingresos indebidos
Extinción de deudas tributarias
Liquidación provisional del impuesto
Organismos públicos
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
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