Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/987/2004 de 01 de Junio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 01 de Junio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/987/2004

Resumen

Existe una transmisión de un bien que se ha desafectado de la actividad agricola desarrollada anteriormente, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley de IRPF (Ley 18/1991), en concordancia con la D.T.8ª, ya que los indicios alegados por la Inspección resultan insuficientes para acreditar que se ha transmitido la totalidad de la explotación económica y por tanto es la última operación empresarial del contribuyente, a la vista de lo alegado por el mismo.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 1 de junio de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en virtud del recurso de alzada interpuesto por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 26 de noviembre de 2003, recaídas en los expedientes nº ... y ..., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 1998 y sanción, cuantía de 350.575,76 € la mayor.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Por la Inspección de Hacienda de la Delegación de ... fue incoada  con fecha de 17 de diciembre de 1999, acta modelo A.02 número ... al interesado, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y período de referencia, en la que se hizo constar, en resumen, que el sujeto pasivo enajenó una finca agrícola que constituye una unidad de explotación, afecta a una actividad, obteniendo un incremento de patrimonio que debe incorporarse a la base imponible regular calculándose según las normas del Impuesto de Sociedades, no habiéndolo incluido en su declaración.

        SEGUNDO: Una vez efectuado el correspondiente informe reglamentario por el actuario y practicadas las alegaciones por el interesado, el Inspector Jefe dictó acuerdo en fecha 8 de septiembre de 2000, manifestando que: "En definitiva, el problema se centra en delimitar si lo que se ha producido es la transmisión intervivos de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo (o, una parte de su patrimonio afecto a la actividad), o por contra se ha producido el auténtico cese de la actividad y desafectación de los bienes, y la transmisión del negocio no se trata de la última operación empresarial. En el caso que nos ocupa, se produce el cese (12/11/97), y casi simultáneamente (elevación a escritura pública el 23/01/98, con parte del precio recibido antes de ese acto) la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, dado que no sólo se transmiten las fincas, sino también "todo lo que le es accesorio, unido o dependiente", en definitiva, un conjunto organizado de elementos patrimoniales y susceptible de ser inmediatamente explotado, lo que convierte a esta operación en la última de la actividad, y que se incluiría como rendimiento neto de la actividad (art. 41.Dos Ley 18/91)"., y practica una liquidación por importe de 58.330.898 pts (350.575,76 €) comprensiva de cuota e intereses de demora.

        TERCERO: Asimismo, en fecha 17 de julio de 2000, y previa autorización del Inspector Jefe, se acordó la iniciación del correspondiente expediente sancionador pro posible infracción tributaria grave, y, una vez presentadas las correspondientes alegaciones por el interesado, se dicta acuerdo de imposición de sanción, en fecha 8 de septiembre de 2000, por infracción grave graduada al 50% y dando lugar a una liquidación por importe de 27.421.098 pts (164.804,12 €).

        CUARTO: No conforme con los anteriores acuerdos, el interesado interpone sendas reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que en fecha 25 de noviembre de 2003 dicto sendas resoluciones desestimatorias, confirmando los acuerdos impugnados en base a considerar que "Todas las circunstancias que inclinan a la Inspección a considerar la operación de enajenación como la última operación de la actividad económica ejercida por el interesado estima este Tribunal que, si bien no son absolutamente concluyentes, sin embargo, si son lo suficientemente indiciarias para llegar a la conclusión a la que llega el órgano liquidador pues, con independencia de que se hubiesen podido llevar a cabo más actuaciones, lo cierto es que el interesado, no consignó la alteración patrimonial como la de un activo de su patrimonio personal -con lo cual la Inspección no ha tenido que destruir la presunción de certeza de las declaraciones tributarias-, ni ha desvirtuado, ni el procedimiento inspector ni en este de resolución de la reclamación, que el objeto de la transmisión no fuera una unidad de explotación agrícola, es decir un conjunto de bienes organizados empresarialmente capaz de continuar de forma inmediata tal actividad, por lo que este Tribunal considera ajustada a Derecho la liquidación practicada, motivo por el que debe mantenerse en su integridad"., asimismo dicta resolución de la misma fecha confirmando el acuerdo de imposición de sanción.

        QUINTO: Contra las anteriores resoluciones, notificadas el 19 de enero de 2004, el interesado interpone recurso de alzada el 3 de febrero siguiente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando en defensa de su derecho: 1) que el contribuyente ejerció la actividad agrícola hasta noviembre de 1997 en cinco fincas de las que dos fueron vendidas en 1998, y tres más que continúan siendo de su propiedad y que fueron arrendadas en 1997; 2) que con fecha 12 de noviembre de 1997 cesó en el ejercicio de dicha actividad, y en prueba de lo alegado presenta:  a) la baja en declaración censal b) la baja en la Tesorería de la Seguridad Social, c) certificado de ... en el que se manifiesta que a partir de la campaña 1997/1998, dejó de utilizar los servicios de dicha asociación, y la solicitud de ayudas a superficie de la PAC.; d) certificación de la entidad ... en el que se manifiesta que el ejercicio 1997 fue el último de relaciones comerciales, e) certificado de la Consejeria de ... en el que se certifica que la última ayuda cobrada por superficie como agricultor fue en 1997, f) certificado del gerente de la Cooperativa Agrícola de ... donde se certifica que fue en noviembre de 1997 cuando dejó de ser cliente como agricultor; 3) que la finca vendida en 1998 no constituye una unidad de explotación, sino un elemento aislado, dado que dicha unidad de explotación la constituían las cinco fincas alegadas junto con los dos tractores, equipo de riego, útiles, herramientas, personal...., y que en prueba de que no se enajenó la unidad de explotación se demuestra con las notas simples del Registro de la propiedad de las tres fincas que siguen siendo propiedad del interesado; 4) que el hecho de no haber declarado la venta en su declaración del Impuesto se debe a que se trata de una renta no sujeta conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 18/91; 4) Que ante la alegación de la Inspección relativa a que en la escritura de venta se manifiesta que se transmiten con las fincas "todo lo que le es accesorio, unido o dependiente", solo significa que se da cumplimiento a lo dispuesto en los art. 353 de Código Civil respecto del derecho de accesión de los bienes inmuebles; 5) por último, el hecho de que en la escritura de venta se manifieste que parte del precio se recibe antes de la fecha de la firma de la escritura, no significa más que se cobró el día anterior como lo demuestra  el hecho de la cancelación de la hipoteca que gravaba la mencionada finca en dicho día, según certificado del Delegado de la Caja de ..., 6) que por tanto procede la nulidad de la liquidación impugnada y en consecuencia de la sanción impuesta.

        SEXTO: Que dada audiencia al interesado con fecha 25 de enero de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se formularon alegaciones al respecto.

                                                        FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, para conocer en segunda instancia de la presente reclamación económico administrativa en que las cuestiones que se plantean consisten en determinar: a) problema se centra en delimitar si lo que se ha producido es la transmisión ínter vivos de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo (o, una parte de su patrimonio afecto a la actividad) o, por el contrario se ha producido el autentico cese de la actividad y desafectación de los bienes, y la transmisión del negocio no se trata de la última operación empresarial. b) si procede, en su caso, la sanción impuesta.

        SEGUNDO: Que la primera cuestión se reconduce a un tema de prueba relativo a si ha existido, o no, un auténtico cese de la actividad y desafectación de los bienes con la venta de elementos aislados. Que el art. 41 de la Ley 18/91, establece, en sus apartados Dos y Tres que: "Dos. Para la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales se incluirán los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de cualquier elemento patrimonial afecto a las mismas y, en su caso, el que resulte de la transmisión "inter vivos" de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo.

Tres. (...) Se entenderá que no ha existido desafectación, salvo en los supuestos de cese en el ejercicio de la actividad, si se llevase a cabo la enajenación de los bienes o derechos antes de transcurridos tres años desde la fecha de aquélla. (...)". Que dicho precepto determina, por tanto, que si el sujeto pasivo cesa en la actividad, produciéndose por ello la desafectación de todos los elementos que componían el patrimonio empresarial o profesional de su titular; en este supuesto no regía el plazo cautelar de tres años, de tal suerte que la plusvalía o minusvalía puesta de manifiesto con ocasión de la transmisión de todos o algunos de los elementos que conformaban dicho patrimonio pasaba a estar sujetos al IRPF bajo el régimen de los incrementos o disminuciones contenido en los artículos 44 y siguientes de la Ley. No obstante, tal y como manifesta el Tribunal de instancia en su resolución recurrida, esta segunda situación, merece ser puntualizada: en primer lugar, dentro de esta situación deben distinguirse, dos circunstancias, según que el cese fuera o no previo a la transmisión: si el cese se produce como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte del patrimonio empresarial, dicha transmisión constituiría la última operación de la actividad, estando por ello los incrementos o disminuciones de patrimonio sujetos al régimen propio de los rendimientos procedentes de la actividad económica a la que estuvieron afectos los bienes y derechos transmitidos; en cambio, si la transmisión se verifica con posterioridad al cese, los bienes o elementos transmitidos, por no estar afectos a actividad alguna (toda vez que ésta concluyó, dejando de tener el patrimonio empresarial o profesional de vida propia para convertirse en un conjunto de elementos patrimoniales inactivos), el incremento o disminución estaría sujeto al régimen recogido en los artículos 44 y siguientes de la Ley del IRPF. En segundo lugar, para que los incrementos o disminuciones de patrimonio originados por la transmisión de bienes y derechos estuvieran sujetos al régimen previsto en los artículos 44 y siguientes de la Ley era preciso el efectivo cese de la actividad, cese que -como el inicio- constituye un hecho, cual es, la efectiva inactividad, de tal suerte que, la unidad patrimonial deje de tener "vida propia", sin que para ello sean concluyentes, más que como indicios o presunciones reveladoras, ciertos datos formales tales como la baja en la actividad a los efectos fiscales (censo de empresarios, IVA, IAE, etc.), de previsión social (jubilación, etc), o cualquier otro signo de características similares. Luego, sin perder de vista que lo verdaderamente importa es la efectividad del cese de la explotación, esto es, el cese de la actividad de producción o distribución de los bienes y servicios objeto de la misma, era perfectamente lícito que la Administración lleve a cabo actuaciones de comprobación e investigación dirigidas a constatar tal circunstancia, a fin de corroborar si, pese a las bajas formales, el sujeto pasivo cesó o no efectivamente en el ejercicio de su actividad.

        TERCERO: Que del examen del expediente se observa que la Inspección, para fundamentar que la operación de enajenación es la última operación de la actividad económica ejercida por el interesado, basa sus argumentos, en tres hechos: a) que el cese de la actividad, 12 de noviembre de 1997, y la venta de la finca rústica son casi simultáneos; b) que en las escrituras de venta se dice que  se vende la finca "con todo cuanto le sea accesorio, unido o dependiente"; y c) que en la escritura de venta se dice que parte del precio "se confiesa recibido antes de este acto". Que tales argumentos, no obstante, no acreditan que se haya transmitido la totalidad de la explotación económica y por tanto sea la última operación empresarial del contribuyente, pues tal y como manifiesta el Tribunal de instancia, tales argumentos no son absolutamente concluyentes, ni desvirtúan lo aportado por el interesado, ni queda acreditado que la finca vendida (a cuatro adquirentes y en cuatro escrituras diferentes al ser la finca vendida la suma de cuatro fincas distintas registrales) fuese como exige el art. 41 de la Ley del IRPF "la totalidad del patrimonio empresarial" del sujeto pasivo. En la escritura de compraventa el reclamante vende "la finca descrita, con todo cuanto le sea accesorio, unido o dependiente,...", pero no se prueba que lo vendido constituya dicha totalidad; el interesado niega en sus alegaciones que sea así, y se refiere a otros elementos, no vendidos, dado que el conjunto de la explotación agrícola la formaban cinco fincas, dos tractores, equipo de riego, útiles, herramientas, personal, etc...,  que en prueba de lo dicho, el interesado aporta copias de notas simples del Registro de la propiedad de las tres fincas que continúan siendo de su propiedad y que fueron arrendadas, y con respecto a los tractores se acompañan documentación acreditativa de la adquisición y titularidad anterior a la venta y pagos de seguros en el año 2001, y revisiones de la ITV en el año 2000, es decir, después de la venta, siendo de observar, además, que nada se dice en dicha escritura sobre dichos elementos. Es decir  no queda acreditado que dicha venta sea constitutiva de todo el activo empresarial, más bien, tal y como manifiesta el interesado, el hecho de que en la escritura figure la expresión "con todo cuanto le sea accesorio, unido o dependiente", se refiere al terreno, instalaciones fijas, tuberías enterradas, pozos, pero no a tractores, aperos, útiles, personal...que también forman parte de la explotación. Que en cuanto al cese de la actividad, el interesado aporta tal y como se ha puesto de manifiesto en el antecedente de hecho quinto de la presente resolución, la baja en declaración censal, la baja en la Tesorería de la Seguridad Social, certificado de ... en el que se manifiesta que a partir de la campaña 1997/1998, dejó de utilizar los servicios de dicha asociación, certificación de la entidad ... en el que se manifiesta que el ejercicio 1997 fue el último de relaciones comerciales, etc..., documentos que acreditan la baja en el ejercicio 1997, y por último el hecho de haber percibido parte del precio con anterioridad sin especificar cuándo, pudiendo ser el día anterior, no implica que con ello se prueben las pretensiones de la Inspección, la cual pudo, a través del procedimiento de comprobación e inspección, probar la salida de los activos afectos bien mediante los correspondientes requerimientos o de probar la entrada en el patrimonio de los compradores, y no mantener una liquidación que se sustente por proximidad en el tiempo o de indicios poco motivados, lo que implica que la liquidación impugnada se ha practicado sin las suficientes comprobaciones inspectoras sin haberse acreditado los hechos que, según la interpretación del propio órgano liquidador, justificarían el acuerdo adoptado. Por último, el hecho de que el interesado no consignara la alteración patrimonial como la de un activo de su patrimonio personal, se debe a que el incremento de patrimonio generado estaba no sujeto, y por lo tanto no había que incluirlo en la declaración, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 18/1991, que establece que, respecto de los elementos patrimoniales transmitidos a partir del 1 de enero de 1997, "e) Estarán no sujetos los incrementos de patrimonio derivados de elementos patrimoniales que a 31 de diciembre de 1996 y en función de lo señalado en los párrafos b), c) y d) anteriores tuviesen un período de permanencia, tal y como éste se define en el párrafo a), superior a diez, cinco y ocho años, respectivamente (...)". Por tanto, y por aplicación de los art. 44 y siguientes de la Ley del Impuesto en relación con la Disposición Transitoria arriba reproducida, este contribuyente procedió a declarar una renta que no estaba sujeta al IRPF, por tratarse de un incremento de patrimonio generado por la transmisión de un elemento no afecto a una actividad empresarial, siendo superior a diez años el periodo de permanencia del terreno en el patrimonio del interesado, conforme al cálculo que recoge la citada disposición, esto es, desde la fecha de su compra,  10 de octubre de 1977 y 25 de febrero de 1985 hasta el 31 de diciembre del 1996. Expuesto lo que antecede procede anular la liquidación impugnada, así como la correspondiente a la sancion.

        POR LO EXPUESTO:

        EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA
, conociendo el recurso de alzada interpuesto por D. ..., contra resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 26 de noviembre de 2003, recaídas en los expedientes nº ... y ..., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 1998 y sanción, ACUERDA: estimar la reclamación interpuesta y anular las resoluciones impugnadas y en consecuencia la liquidación y sanción impuesta.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Patrimonio empresarial
Cese de actividad
Desafectación elementos patrimoniales
Actividad agrícola
Elementos patrimoniales
Actividades económicas
Rendimientos netos
Explotación económica
Inspección tributaria
Impuesto sobre sociedades
Escritura pública
Intereses de demora
Expediente sancionador
Infracción tributaria grave
Declaración censal
Registro de la Propiedad
Declaraciones Tributarias
Presunción de certeza
Procedimiento inspector
Sociedad cooperativa
Audiencia del interesado
Bienes inmuebles
Derecho de accesión
Cancelación de la hipoteca
Incrementos y disminuciones de patrimonio
Actividades empresariales y profesionales
Plusvalías
Minusvalía
Discapacidad
Resolución recurrida
Enajenación de bienes
Impuesto sobre Actividades Económicas
Censo
Impuesto sobre el Valor Añadido
Fincas Rústicas
Inspección técnica del vehículo
Actividades empresariales
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