Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 5905/2014, de 25 de enero de 2018. Las obligaciones de facturación pueden ser incumplidas por quienes no ejercen actividad empresarial o profesional

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Enero de 2018
  • Núm. Resolución: 5905/2014/00/00

Resumen

LGT. IVA. Infracciones y sanciones. Emisión de facturas con datos falsos o falseados. Art 201 LGT. Tipo infractor. Ámbito subjetivo: aplicación del tipo a personas a no tienen la consideración de empresarios o profesionales y que han emitido las facturas. Aplicación de la doctrina del TC en sentencia de 25 de junio de 2015, nº 146/2015, rec de amparo 6280/2012.

Descripción

En la Villa de Madrid, en la fecha indicada, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por ... en nombre y representación de Dª N..., con NIF: ... y domicilio a efectos de notificaciones en C/ ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de fecha 6 de marzo de 2014, por la que desestima la reclamación económico-administrativa 08/06709/2010 y se estima en parte la reclamación 08/07703/2010, interpuestas respectivamente frente a Acuerdo de liquidación y Acuerdo de imposición de sanción, por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO:

Realizadas actuaciones de comprobación e investigación por la Dependencia Regional de Inspección de Barcelona de la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT cerca de la obligada tributaria Dª N..., con objeto de comprobar el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, se concluye que el obligado tributario no realizó ninguna actividad real y no contaba con medios para ello.

 

La obligada tributara está dada de alta en el epígrafe 453 del IAE: “confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos”. Dicho epígrafe comprende la fabricación de géneros de punto en pieza, de algodón, lana, seda, fibras artificiales y sintéticas y otras, para toda clase de prendas.

La regularización practicada deriva de considerar que la actividad llevada a cabo por la sociedad SA..., S.L, y la realizada por D.ª N..., así como por D. C ...  y D.ª M ... y D.ª O... ...a través de LE..., SCP, (quienes facturan a la primera en calidad de proveedores), no son independientes, sino que desde un punto de vista económico, existe un “único ente”, SA..., S.L., que es quien lleva a cabo la actividad empresarial, al ser esta sociedad quien realiza la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos, con la finalidad de intervenir en la producción de los bienes que posteriormente vende a terceros. La anterior afirmación permite señalar, que puesto que la actividad textil es única, la relación de SA..., S.L., con las anteriores personas físicas es laboral y no empresarial.

-          Las dos sociedades y las personas físicas están dadas de alta en el mismo epígrafe del IAE.

-          SA... realiza su actividad (coser punteras, aparejado/control de calidad, confección, acabados) sobre un material que no adquiere de terceros sino que es aportado por sus clientes. Los trabajos se realizan por las trabajadoras de SA..., y además otra parte la subcontrata con contratos de maquila a terceros, terceros que son las propias administradoras de SA... y sus hijos.

-          Los proveedores son una sociedad civil que es también de las administradoras, y los hijos. Además, estos sólo facturan a SA..., no tienen más clientes.

-          Los hijos, Dª N... y D. C..., no tienen trabajadores. Tampoco tienen gastos por compra de material puesto que se lo cede SA..., y los medios de producción de que disponen son también cedidos por la empresa (máquina de coser y mesa).

-          Los conceptos por los que facturan los proveedores a SA..., SL, describen trabajos que también son realizados por las trabajadoras de SA..., SL. Además, se ha comprobado que algunos de estos conceptos son idénticos o similares a los conceptos por los que SA..., SL, factura a su principal cliente, A..., SA. Pues bien, de la comparación de estas facturas se han podido apreciar importantes divergencias en los precios facturados por trabajos que, a priori, son idénticos o similares. En concreto, en los hechos consta como en algunos casos los precios unitarios por los que LE..., SCP, Dª. N ... factura y D. C ... a la sociedad SA..., SL, son muy superiores a los precios unitarios facturados por esta última a su principal cliente, A..., en trabajos idénticos o muy similares. De la comparación, se puede observar que resulta más caro la compra que realiza SA..., SL, de servicios a LE..., SCP, o a las anteriores personas físicas, que la venta de los mismos a su cliente, lo que implica que incurriría en pérdidas por la realización de dicha actividad.

-          Otro punto a tener en cuenta es el coste del personal empleado. El importe de la media mensual de facturas emitidas por Dª N..., es muy superior al gasto anual por trabajadora en SA.... Además, el precio por hora trabajada también es muy superior a la realidad del sector analizado.

A juicio de la Inspección, en principio y salvo las tareas de control, y la mayor especialización que determinadas fases del proceso de producción conlleva, tanto las trabajadoras de SA..., SL, como sus tres proveedores mencionados, realizan la misma actividad (girar calcetines, aparejar guantes o manoplas, cortar pantys, etc). Esta afirmación implica que el coste para la sociedad de esa producción debe ser parecido, sea quien sea quien lo realice (trabajadoras de la sociedad o trabajadores contratados) admitiéndose para estos segundos un relativo mayor coste por mayor especialización y su labor de control. De acuerdo con lo anterior se ha puesto de manifiesto que el coste anual de una trabajadora de SA..., es inferior al coste de D.ª N ..., en un mes. Es decir, que realizando más o menos el mismo trabajo, el coste de las 12 o 13 trabajadoras es inferior al coste que representa el trabajo de D.ª N ..., lo cual no está justificado ni por una mayor especialización de ésta, ni por una posible dedicación parcial de las primeras. De hecho las diferencias anteriores sólo quedarían justificadas si el nº de unidades fabricadas por cada uno de los cuatro proveedores fuera superior al nº de unidades fabricadas por las 12 o 13 trabajadoras de la sociedad juntas, lo cual es del todo inverosímil, máxime si además tenemos en cuenta que D.ª O... y D.ª M ... realizan en SA..., SL, trabajos de gerencia, administración y dirección, y sus hijos son estudiantes.

-          También se aprecian anomalías relacionadas con los pagos efectuados por SA... a sus proveedores. Las salidas de efectivo no concuerdan con los importes facturados. Además, los ingresos en las cuentas de Dª N ... no coinciden con los pagos sino que son muy inferiores.

De todo lo anterior, señala la Inspección que, por un lado, D.ª N ... no pudo facturar los importe que reflejan las facturas, es decir, que las mismas están sobrevaloradas, puesto que realizando trabajos similares a los realizados por las propias trabajadoras de SA..., SL, su coste era muy superior al de las propias trabajadoras; y por otro lado, que existen indicios suficientes para afirmar que la actividad económica textil llevada a cabo por la sociedad SA..., SL, y LE..., SCP, y D. C ... y D.ª N ..., ha sido única, y que, en contra de lo alegado por la obligado tributaria, los anteriores no realizaban actividades económicas independientes y ajenas a SA..., SL, sino que todo el trabajo realizado por ellas se realizaba dentro de la normal cadena de producción que se organizaba por SA..., SL, para llevar a cabo los productos finales que se vendían a sus clientes. Por último, tampoco se ha podido justificar la necesidad de la independencia de dichos trabajos; es más en las alegaciones presentadas se reconoce que forman parte de un trabajo en cadena.

Por tanto, la Inspección considera que en este supuesto subyace la existencia de una negocio simulado, tal como lo define el artículo 16 de la Ley 58/2003, ya que nos encontramos ante una división artificial de la actividad económica desarrollada por la sociedad SA..., SL, una de las cuales se atribuye a la sociedad civil LE..., SCP, otra a D. C ... , y por último, otra parte se atribuye a D.ª N....

Se pone de manifiesto la existencia de un negocio simulado, con simulación relativa que afecta a la causa de los contratos de arrendamiento de obra (trabajo a maquila) que se pretende justificar, pues la actividad que aparentemente llevan a cabo la sociedad LE..., SCP, D. C ... y D.ª N..., en realidad, se realizaba de forma centralizada y unitaria por SA..., SL. Resulta evidente que el objetivo de esta simulación es que esta última sociedad puede deducirse, por un lado, unas cuotas de IVA soportado cuando las prestaciones del trabajo en régimen de dependencia es una operación no sujeta al IVA, y por lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, el beneficio fiscal proviene de deducirse mayores gastos como son los derivados de las facturas emitidas por la sociedad civil y por las anteriores personas físicas, quienes producen los mismos productos pero con un evidente coste de producción muy superior al de SA..., SL. Por tanto, si bien es cierto que dentro del ámbito textil es práctica común el denominado trabajo a maquila (arrendamiento de obra), en este supuesto no es aplicable, dada la falta de independencia que se produce entre las partes, y la clara confusión entre unos trabajos u otros, que en definitiva forman parte de la misma cadena de producción.

La Inspección considera que se ha probado suficientemente que quien realizaba la actividad textil es la sociedad SA..., SL, y no LE..., SCP, ni D.ª N ..., ni D. C ..., quienes carecían de medios propios para ello, y que el mantener formalmente actividades independientes se efectúa con la finalidad de eludir la carga tributaria total que debía soportar SA..., SL, al deducirse como gasto los importes facturados por la sociedad civil y por D.ª N ... y D. C ..., por la realización de unos productos que la propia SA..., SL, elabora, con unos costes muy inferiores, sin que la sociedad civil y las restantes personas físicas tributen por esos ingresos al beneficiarse del régimen de estimación objetiva en IRPF y régimen simplificado en IVA.

El Acuerdo de liquidación, de fecha 19 de mayo de 2010, supone que se devuelvan a Dª N ... las cantidades ingresadas por IVA en sus autoliquidaciones de los periodos comprobados, al considerar la Inspección que no era sujeto pasivo de IVA. Así, se acuerda la devolución de 5.422,68 euros, de los que 4.419,83 euros corresponden a cuota y 1.002,85 euros a intereses de demora.

 

SEGUNDO:

Asimismo, mediante Acuerdo de 28 de junio de 2010 se impone a Dª N ... UNA sanción por el IVA de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, Acuerdo del que resulta una cantidad a ingresar de 248.439,66 euros.

 

Considera la Inspección que dicha persona expidió facturas por trabajos no realizados por ella, considerando cometida la infracción tipificada en el artículo 201 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Se califican de las infracciones como muy graves (art. 201.3 LGT), y para la imposición de las sanciones se incrementa la cuantía mínima (75%) mediante la aplicación del incremento correspondiente derivado de la apreciación del criterio de graduación de incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

 

TERCERO:

Disconforme Dª N... con los Acuerdos anteriores, interpone reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (RG: 08/06709/2010 y 08/07703/2010).

 

Mediante Resolución de 6 de marzo de 2014, el TEAR desestima la reclamación interpuesta frente al Acuerdo de liquidación, confirmando la existencia de simulación en la actividad de Dª N ....

Por otra parte, se declara la prescripción del derecho de la Administración para imponer sanciones por las facturas expedidas antes del 3 de marzo de 2010, fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento sancionador, al considerar el TEAR que las actuaciones inspectoras realizadas no interrumpían el plazo de prescripción para sancionar por el artículo 201 de la LGT. Por ello, se anulan las sanciones impuestas, y sólo cabe sancionar por una única factura emitida con posterioridad al 3 de marzo de 2010. Respecto de esta factura, se confirman la tipicidad y la culpabilidad.

 

CUARTA: Con fecha 3 de julio de 2013, se interpone el presente recurso de alzada, en base a las siguientes alegaciones (las mismas que fueron presentadas ante el TEAR):

** Nulidad de la liquidación, pues se basa en hechos  reflejados en un  acta de conformidad que fue objeto de  anulación por la propia  inspección. Estos hechos consisten en la  afirmación que el precio de la hora facturada en el desarrollo de la  actividad era de 20 €, si bien, en ningún momento se  admitió  que dicho precio fuese el sueldo percibido  como consecuencia de una relación laboral.

** Considera  que la Inspección no ha  acreditado  que la contribuyente no hubiese realizado una  actividad  económica.  Y en base a dicha  argumentación considera  que no se produjo simulación  alguna en la  actividad desarrollada por la contribuyente, consistente  en un contrato de  arrendamiento de obra, denominado  como trabajo a maquila. 

** Por otro lado  argumenta  que si la Inspección consideraba  que existió simulación  tenía  que haber  acudido  al régimen de estimación indirecta para determinar  las retribuciones de la contribuyente.

** También  señala  que la liquidación se basa  en el análisis de una documentación que contiene errores ya que: a) por un lado no es cierto  que la sociedad  pagaba  a los  autónomos unos importes superiores a los precios  que después vendía a terceros, b)  por otro lado, el precio de la hora  que la sociedad  facturaba a su cliente A...  consistía en un concepto esporádico de dicha facturación y se debía a pequeños defectos  no  apreciados  en el control de calidad  y por esto el precio de dichas reparaciones  era un importe inferior  al de mercado, c) la Inspección  utiliza conceptos diferentes  para calcular las horas trabajadas  en la regularización del IVA  que los utilizados en la regularización  del IRPF.

** En cuanto a la sanción  considera  por un lado que la Inspección ha tipificado mal la supuesta infracción, ya que, si el contribuyente  no era sujeto pasivo del IVA, al considerar que existía una relación laboral con la empresa, entonces no estaba obligada a expedir facturas y en consecuencia  no pudo incumplir las obligaciones  de facturación que se sancionan en el art. 201  que ha utilizado la Inspección para sancionar la conducta del contribuyente; y por otro lado argumenta que no existió culpabilidad pues se trata de una diferencia de criterio sobre si se realizó una  actividad  económica o  se trataba de una relación de dependencia,  pues incluso la Inspección en un primer momento  admitió  que se había realizado una  actividad  empresarial.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO:

Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer del recurso de alzada que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y en el RD 520/2005 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, de aplicación a este procedimiento.

 

SEGUNDO:

En primer lugar se ha de poner de manifiesto que el recurrente en su escrito de interposición del presente recurso de alzada reitera literalmente lo ya sostenido en su día ante el Tribunal Regional de Cataluña.

 

A la mera reproducción, en la segunda instancia administrativa, de las alegaciones planteadas en primera instancia, se ha referido en numerosas ocasiones este Tribunal Central, señalando en su resolución de 28 de septiembre 2008 (R.G.:8264/2008), lo siguiente :

"Cierto es que el artículo 237 de la Ley 58/2003, General Tributaria, atribuye a los Tribunales Económico-Administrativos la competencia para examinar “todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente”, pero, de igual manera, la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atribuye esa misma competencia a los tribunales de justicia que enjuician el recurso de apelación, y ello no ha sido obstáculo para que el Tribunal Supremo haya fijado una clara jurisprudencia en la que se condenan comportamientos como los ahora examinados (en los que la actora se limitaba a reiterar, a reproducir, a copiar en el recurso de apelación las previas argumentaciones de la demanda, sin someter a examen o crítica alguna la sentencia de instancia), imponiendo pronunciamientos desestimatorios sin necesidad de entrar en nuevas argumentaciones o consideraciones jurídicas respecto del asunto ya tratado por el Tribunal de instancia. Como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de marzo de 1999 (Recurso de Apelación Núm. 11433/1991):

 

“Los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. No es admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se desnaturaliza la función del recurso. Tal doctrina jurisprudencial viene siendo reiterada de modo constante por esta Sala que, entre otras muchas, afirmó en la Sentencia de 4 de mayo de 1998: «Las alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar el trámite previsto en el anterior art. 100 LJCA, son una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia, y aun cuando el recurso de apelación transmite al Tribunal "ad quem" la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar o bien la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, sin que sea suficiente como acontece en el presente caso la mera reproducción del escrito de demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del Tribunal de primera instancia si se entienden que se adecuan a una correcta aplicación del ordenamiento jurídico (en este sentido, las Sentencias de esta Sala de 10 de febrero, 25 de abril, 6 de junio y 31 de octubre de 1997 y 12 de enero, 20 de febrero y 17 de abril de 1998»”.

Examinada la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, se aprecia que la misma se encuentra ajustada a derecho.

En primer lugar, es cierto que el actuario en un primer momento incoó  un acta de conformidad, el Inspector-Regional Adjunto  a la vista de los hechos  reflejados en la misma  consideró  que las conclusiones alcanzadas no eran correctas y, de  acuerdo con las prerrogativas que le daba la normativa, ordenó  completar  el expediente a los efectos de  analizar si efectivamente el contribuyente había llevado a cabo una  actividad empresarial. Según la LGT (art. 156) y el Real Decreto 1065/2007 (art. 187) el Inspector-Regional  Adjunto podía  anular la propuesta de regularización  que figuraba en el  acta de  conformidad, por lo que actuó conforme a derecho;  y por otro lado,  las manifestaciones efectuadas  por los representantes del contribuyente, relativas a que  la  actividad realizada para la sociedad  se podía valorar en 20 € la hora,  y que  ahora cuestiona,  como dice el TEAR, fueron efectuadas en la diligencia nº 7 y recogidas tanto en el acta de conformidad como en la de disconformidad,  de forma que la Inspección actúa correctamente al tener en cuenta ese dato, que además no es mas que uno de los indicios tenidos en cuenta para apreciar la existencia de simulación, pero no el único.

En segundo lugar, respecto de la existencia de simulación, en base a todos los indicios expuestos en los antecedentes de hecho, consideramos suficientemente acreditado por la Inspección que la misma se ha producido. Los indicios han sido debidamente detallados, a juicio de este TEAC son suficientes para llegar a las conclusiones alcanzadas por la Inspección, y las alegaciones han sido contestadas ya dos veces (por la Inspección y por el TEAR), limitándose Dª N ... a reproducir de nuevo las mismas ante este TEAC.

Por tanto, confirmamos la  argumentación de la Inspección  respecto a la simulación apreciada. Como ha dicho el TEAR,  “ni los  “autónomos”  ni la sociedad  han desvirtuado las conclusiones de la Inspección, que partió de un  conjunto de indicios   que individualmente  podían no ser concluyentes, pero  analizados en  su conjunto  indicaban  que, el grupo de “ autónomos” junto con la sociedad SA... SL, vinculados todos  por lazos familiares, simularon que formalmente desarrollaban una  actividad empresarial, cuando en realidad dicha  actividad solo la realizó  la sociedad y por lo tanto la actividad que estos “autónomos” llevaron  a cabo se tenía que calificar como una relación de dependencia con dicha sociedad, simulación que pretendía  obtener una menor tributación tanto en sede de  la sociedad como en la tributación personal de éstos,  beneficiándose de la tributación de módulos y del régimen simplificado del IVA a los que se  acogieron dichos  “Autónomos””.

En tercer lugar, alega la entidad que debió acudirse al régimen de estimación indirecta para regularizar su situación tributaria. Esta alegación, igual que las anteriores, fue planteada en los mismos términos ante el TEAR, quien contestó que “dicha  alegación tenía su consistencia en la regularización efectuada por el IRPF y que el interesado impugnó a través de la reclamación nº 08/06752/2010  y que en esta sesión  ha sido fallada contestándole a la misma, sin embargo en relación a la regularización del IVA,  al haberse concluido  que el contribuyente no era sujeto pasivo del mismo y que la regularización ha consistido en la devolución de las cantidades  ingresadas en su momento, al tener éstas la calificación de ingresos indebidos, dicha  alegación carece de fundamento”.

La entidad no realiza alegaciones adicionales ante este TEAC sobre la cuestión, y estamos de acuerdo con lo resuelto por el TEAR, pues si se concluyó que Dª N ... no es sujeto pasivo de IVA, no hay bases imponibles que fijar de forma indirecta ni de ninguna otra forma.

 

TERCERO:

En cuanto a la sanción, considera la recurrente que la Inspección ha tipificado mal la supuesta infracción, ya que si el contribuyente  no era sujeto pasivo del IVA, al considerar que existía una relación laboral con la empresa, entonces no estaba obligada a expedir facturas y en consecuencia no pudo incumplir las obligaciones  de facturación que se sancionan en el art. 201; y por otro lado, argumenta que no existió culpabilidad pues se trata de una diferencia de criterio sobre si se realizó una  actividad  económica o  se trataba de una relación de dependencia,  pues incluso la Inspección en un primer momento admitió que se había realizado una actividad  empresarial.

Esta cuestión es la única sobre la que la entidad realiza alegaciones y hace un análisis crítico de la Resolución del TEAR, y ello lo hace incidiendo más en que no cabe sancionar por el artículo 201 de la LGT a quien no actúa como empresario y no debió expedir factura alguna. Considera que, de concluirse que no prestó servicio alguno como empresaria individual, la actuación de la Inspección habría vulnerado el principio de legalidad penal y sancionadora y el de tipicidad, al incurrir en una interpretación analógica y extensiva del artículo 201 de la Ley 58/2003, General Tributaria, al sostener el reclamante que tal precepto únicamente tipifica como sancionable la emisión de facturas falsas por empresarios y profesionales, pero no la emisión de facturas falsas por quien no goza de la condición de empresario o profesional. Esto es, sostiene que sólo los empresarios o profesionales tienen que cumplir las obligaciones de facturación, y al quitarle la Inspección la condición de empresario o profesional, no incurre en infracción alguna por no estar sujeto a ninguna obligación en materia de facturación.

No cabría discutir en este punto si el artículo 201 de la Ley General Tributaria contempla como sancionable la emisión de facturas con datos falsos o falseados, sino si tal actuación es sancionable únicamente cuando es cometida por quien ostenta la condición de empresario y profesional, como pretende el interesado.

El referido artículo 201 de la Ley 58/2003, General Tributaria, bajo el epígrafe ‘Infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o documentación’, dispone en sus tres primeros apartados que:

 “1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación, entre otras, la de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.

2.    La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será grave en los siguientes supuestos:

a) Cuando se incumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la obligación de facturación, ....

b) Cuando el incumplimiento consista en la falta de expedición o en la falta de conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos. ...

3.    La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será muy grave cuando el incumplimiento consista en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados.

Contestación

Criterio:

El tipo infractor del Art. 201 LGT abarca la infracción que pueden cometer los empresarios o profesionales por emitir facturas falsas en el ejercicio de su actividad, y también pueden cometer la misma infracción quienes no son empresarios o profesionales pero expiden facturas pretendiendo serlo, sin realizar actividad alguna más allá de su simulación, siendo estas facturas falsas.

 

La norma no tipifica como sancionable determinada actuación por quien ejerza una actividad empresarial o profesional, sino que el tipo infractor se delimita por referencia a cualquier incumplimiento de "las obligaciones de facturación". Atendida la definición del tipo establecida por la norma legal, no cabe duda que tan "incumplimiento de la obligación de facturación" constituye la emisión de facturas con datos falsas o falseados, por quien ejerce una actividad empresarial o profesional, como por quien realmente no la ejerce, pues ambas actuaciones vulneran los deberes de facturación que aquella norma impone a los sujetos pasivos, sean o no estos empresarios o profesionales.

 

Criterio relacionado en RG  00/00576/2014 (20-07-2017) sobre  la emisión como falsas de la totalidad de las facturas o de un número parcial de facturas.

 

Criterio relacionado en RG 00/05179/2008 (25-01-2011) sobre  el tipo infractor en la emisión de facturas falsas por empresarios o profesionales y por particulares. Tanto con relación a la LGT 58/2003 como a la LGT 230/1963.

Sociedad de responsabilidad limitada
Impuesto sobre el Valor Añadido
Proveedores
Persona física
Sociedad civil
Actividades económicas
Impuesto sobre Actividades Económicas
Actividades empresariales
Arrendamiento de obra
Obligaciones de facturación
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Acta de conformidad
Acta de conformidad
Obligado tributario
Incumplimiento de las obligaciones
Causa de los contratos
Sujeto pasivo de IVA
Tipicidad
Beneficios fiscales
Expedicion de facturas
Impuesto sobre sociedades
Estimación indirecta
Plazo de prescripción
Facturas falsas o inexistentes
Intereses de demora
Procedimiento sancionador
Estimación objetiva
Escrito de interposición
Empresario individual
Revisión en vía administrativa
Jurisdicción contencioso-administrativa
Valoración de la prueba
Infracciones tributarias
Tribunal ad quem
Ingresos indebidos
Régimen especial simplificado IVA
Cumplimiento de las obligaciones
Principio de legalidad penal
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