Resolución de Tribunal Económico Administrativo Regional, 8/03110/2017/00/00 de 15 de Diciembre de 2020

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: TEAR de Cataluña
  • Fecha: 15 de Diciembre de 2020
  • Núm. Resolución: 8/03110/2017/00/00

Resumen

IRPF. Ganancia patrimonial. Indemnización por daños y perjuicios derivados de mala praxis de asesor fiscal que da lugar a una regularización tributaria.

Descripción

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña

ATF 1

FECHA: 15 de diciembre de 2020

 

PROCEDIMIENTO: 08-03110-2017; 08-03113-2017

CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF

NATURALEZA: RECLAMACION UNICA INSTANCIA GENERAL

RECLAMANTE: Axy - NIF ...

DOMICILIO: ... - España

En Barcelona , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento general.

Se han visto las presentes reclamaciones contra acuerdo de liquidación derivado de Acta de Inspección correspondiente al ejercicio 2013 por el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas así como acuerdo de resolución del procedimiento sancionador dictados por la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT de Barcelona de la Delegación Especial de Cataluña.

Cuantía: 128.124,5 euros

Liquidacion: ...

Sanción: ...

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Con fecha 12/09/2016 se notificó inicio de actuaciones de comprobación e investigación que dieron lugar a la formalización el 20/10/2016 de la acta de disconformidad, A02 - ...6, correspondiente al ejercicio 2013 por el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del RGAT.

SEGUNDO.-

El día 15/02/2017 se practicó la notificación de acuerdo de liquidación derivado del procedimiento inspector, que confirma la propuesta en la acta. El contenido del acuerdo A23 - ...6, puede resumirse en los siguientes puntos:

En el presente caso, la cuestión planteada se ha centrado en la integración en la base imponible del contribuyente de la ganancia patrimonial derivada de la indemnización percibida como consecuencia de la estimación de la acción por daños y perjuicios causados por la negligente actuación de su asesor fiscal, así como de las costas satisfechas por la parte demandada y los intereses de demora liquidados por la percepción de dicha indemnización.

Tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, el Sr. Axy fue objeto de un procedimiento de Inspección relativo a los conceptos IRPF e IVA, ejercicios 2006 a 2008, viniendo obligado a satisfacer como consecuencia del mismo (además de las cuotas tributarias resultantes de la liquidación) el importe de 208.603,63 euros que se corresponde con los intereses de demora y las sanciones impuestas por los órganos de Inspección. Ante esta situación el obligado ejercitó frente a su asesor fiscal la acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos por mala praxis.

En sentencia 65/13 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de ..., se reconoció la existencia de negligencia profesional por parte del asesor y reconociéndose el derecho del obligado a percibir una indemnización por los daños y perjuicios por un importe igual a 208.603,63 euros.

Dicho importe debe calificarse como ganancia patrimonial. Así resulta patente de la consulta vinculante V0157-13 (de 21/01/2013) que regula un supuesto análogo al analizado en el presente caso.

En particular, la cuestión planteada se centra en determinar la tributación en el IRPF de una indemnización percibida en 2012 como consecuencia del asesoramiento fiscal negligente en la transmisión de unas acciones y que dio lugar a que al consultante le fuese incoada en 1992 por la Agencia Tributaria un acta de inspección.

En la contestación a la consulta la Dirección General de Tributos manifiesta que la cantidad percibida por el consultante derivada del acuerdo alcanzado por el mismo con la asesoría que asumió el pago de una indemnización al mismo por las consecuencias derivadas de una actuación negligente merece la consideración de ganancia patrimonial y no de renta exenta, pues no se trata de una indemnización por daños personales. Además, el hecho de no proceder esta ganancia de una transmisión de elementos patrimoniales conlleva su consideración como renta general, por lo que su integración se realizará en la base imponible general.

Las consecuencias de esta consulta aplicada al caso que nos ocupa son las siguientes:

1. No procede la aplicación de la exención prevista en el artículo 7, párrafo d LIRPF (exención de las indemnizaciones percibidas como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales), ya que la indemnización percibida se corresponde con una indemnización de daños y perjuicios que el asesor fiscal (a través de su entidad aseguradora) se ha visto obligado a abonar, como consecuencia de la responsabilidad civil contractual (por la negligencia en el cumplimiento de la relación contractual que se establece entre el asesor fiscal y el cliente), por los daños causados por el incorrecto asesoramiento, daños que se corresponden con un perjuicio económico causado al consultante, es decir, daños patrimoniales, pero no los daños personales (físicos, psíquicos o morales) que ampara la exención.

2. Descartada la aplicación de la exención referida y no estando amparada la indemnización por ningún otro supuesto de exención o no sujeción establecido legalmente, su calificación (a efectos de determinar su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) no puede ser otra que la de ganancia patrimonial, pues la percepción de la indemnización comporta una alteración en la composición del patrimonio del contribuyente (incorporación de dinero) que da lugar a una variación (ganancia) en su valor, correspondiéndose así con el concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales que establece el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto:

3. Una vez calificada la indemnización como ganancia patrimonial, el hecho de no proceder esta ganancia de una transmisión de elementos patrimoniales conlleva su consideración como renta general, por lo que su integración se realizará en la parte general de la base imponible (artículo 45 Ley IRPF). Este tratamiento abarcaría a los "intereses" que constituyen parte integrante de la deuda tributaria.

Este mismo criterio es el que se recoge en la consulta CV DGT V2594-10 (de 30/11/2010), respecto a la indemnización de daños y perjuicios que el asesor (a través de su compañía aseguradora) se ha visto obligado a abonar, como consecuencia de la responsabilidad civil contractual por un incorrecto asesoramiento profesional (no se tuvo en cuenta en una donación de acciones a favor de los hijos de los consultantes la tributación como ganancia patrimonial en el IRPF), por los daños producidos por el incorrecto asesoramiento prestado.

TERCERO.-

En fecha 20/10/2016 se dictó acuerdo de inicio de expediente sancionador y propuesta de resolución A51- ...5, en relación con el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, periodo 2013. El acuerdo de inicio fue notificado en esa misma fecha en las oficinas de la Inspección al propio representante del obligado tributario La propuesta de sanción se formula en virtud de los hechos o circunstancias contenidos en el apartado 3 del cuerpo del acta del que el presente expediente sancionador deriva, acta de disconformidad A02 - ...6, en el informe ampliatorio de la misma, así como en el acuerdo de liquidación correspondiente. El acuerdo de resolución del procedimiento sancionador fue notificado el XXX en base a lo siguiente:

En el presente caso, tal como se ha puesto de manifiesto en los Antecedentes de Hecho, esta obligación ha sido incumplida por el obligado tributario al haber presentado de forma incorrecta la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2013.

Esta incorrecta declaración deriva de la omisión en su autoliquidación del importe de la indemnización percibida como consecuencia de la estimación judicial de la acción por daños y perjuicios ejercida frente al que fue su asesor fiscal por su negligente actuación, así como del importe de las costas satisfechas por la parte demandada y de los intereses de demora liquidados a favor del obligado tributario, importes todos ellos reconocidos en virtud de sentencia judicial (derivadas de la Sentencia 65/13 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de ...). El importe total de la ganancia patrimonial que no ha sido objeto de declaración asciende a 251.144,08 euros.

De esta forma, resulta claramente antijurídica la conducta del Sr. Axy en la medida en que, habiéndose producido una ganancia patrimonial en los términos previstos en el artículo 33 de la LIRPF y debiéndose imputar al ejercicio en que tiene lugar la alteración patrimonial (tal y como dispone el artículo 14.1.c) LIRPF), don Axy no incluye ganancia patrimonial alguna en su declaración, pese a existir numerosas consultas vinculantes de la DGT que se pronuncian en tal sentido (V0157-13, V2594-10). Además, se debe indicar que no ha incluido en la declaración ninguno de los tres conceptos que integran la ganancia patrimonial, esto es, la indemnización, las costas judiciales satisfechas por la parte demanda y los intereses de demora liquidados a favor del obligado

(...)

En el presente caso debe apreciarse culpa en la conducta del obligado tributario por la ausencia de declaración de la ganancia patrimonial correspondiente a la indemnización, las costas y los intereses de demora reconocidos judicialmente por la estimación de la acción ejercida frente al que fue su asesor fiscal como consecuencia de su negligente actuación.

En este sentido, el obligado tributario no puso la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, puesto que cualquier profano en la materia debe ser consciente de que la percepción de una indemnización como la analizada en este caso supone una alteración patrimonial y como tal debe ser objeto de declaración.

El hecho de que el obligado tributario invoque la aplicación de la regla específica del artículo 37.1.g) LIRPF, no justifica en ningún momento el proceder del obligado ni impide a esta inspección apreciar la falta de diligencia con la que actuó, dada la improcedencia de la aplicación de dicha norma al caso concreto.

Se debe poner de manifiesto que pese a que el importe de la ganancia patrimonial está integrado por varios conceptos (indemnización en sentido estricto, intereses de demora y costas judiciales satisfechas por la parte demandada) el obligado no declara ninguno, ya que si bien el artículo 37.1.g) LIRPF se podría invocar en relación con la indemnización en sentido estricto, no ocurre lo mismo con los intereses de demora y las costas. De hecho, en las consultas vinculantes aducidas por el obligado tributario en el procedimiento y en las propias alegaciones presentadas a la propuesta de sanción se hace mención expresa al carácter indemnizatorio de los intereses de demora, motivo por el cual deben calificarse de ganancia patrimonial e indicándose en las mismas la forma de tributación.

A mayor abundamiento, de la sola lectura de la contestación a las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (V0157-13 de 21/01/2013 y V2594-10 de 30/11/2010), el obligado hubiera estado en condición de declarar correctamente los importes que determinan la ganancia patrimonial. De hecho, la Inspección en la regularización ha invocado dos consultas vinculantes en las que se analizan supuestos análogos al que es objeto del procedimiento, no ocurriendo lo mismo con aquellas consultas que invoca el obligado y en la que no existe identidad de hecho (requisito exigido para la aplicación por parte de la Administración de los criterios expresados en la contestación a las consultas vinculantes).

Por último, en este punto se procede a dar contestación a la ALEGACIÓN efectuada por el obligado tributario en la que invoca la ausencia de culpabilidad por estar su conducta amparada en una interpretación razonable del artículo 37.1.g) LIRPF. Pues bien, esta inspección considera que la actuación del obligado no puede ampararse en una interpretación razonable, ya que el precepto invocado es claro en su redacción. Así, en dicho precepto se habla expresamente de "indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales", mientras que en el caso analizado se trata de una indemnización satisfecha por un daño que no se manifiesta directamente en un elemento patrimonial del obligado tributario. A mayor abundamiento, dicho artículo hace referencia expresa a que la ganancia patrimonial se determinará conforme a la diferencia entre "cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño". El hecho de que la propia ley hable de valor de adquisición es un claro indicativo de que el daño indemnizado debe producirse sobre un elemento patrimonial, cuestión esta que en el presente caso se incumple.

Además, en el supuesto analizado, hubiera bastado con acudir a la contestación a las consultas expuestas de la DGT (V0157-13 de 21/01/2013 y V2594-10 de 30/11/2010) para determinar la correcta tributación y la aplicación del citado precepto. Por tanto, el precepto no solo es claro, sino que además el obligado tributario tenía a su alcance los instrumentos necesarios para ser conocedor de la correcta aplicación del mismo.

En virtud de lo expuesto, esta Inspección procede a desestimar la alegación planteada por la obligada tributaria.

La concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo necesarios para calificar la conducta del obligado tributario como constitutiva de infracción tributaria justifica la imposición de sanción.

CUARTO.-

Disconforme con el acuerdo de liquidación ha entrado en este Tribunal en fecha 27/03/2017 la presente reclamación 08-03110-2017 interpuesta en fecha 10/03/2017 , así como 08-03113-2017 contra el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador interpuesta en fecha 10/03/2017 . En síntesis alega ausencia de la ganancia patrimonial así como de la improcedencia de la sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Este Tribunal es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT.

SEGUNDO.-

Las reclamaciones arriba señaladas se resuelven de forma acumulada al amparo de lo dispuesto por el artículo 230 de la LGT.

TERCERO.-

Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

Determinar la legalidad del acto impugnado así como de la sanción

CUARTO.-

En el presente caso, la cuestión planteada se ha centrado en la integración en la base imponible del contribuyente de la ganancia patrimonial derivada de la indemnización percibida como consecuencia de la estimación de la acción por daños y perjuicios causados por la negligente actuación de su asesor fiscal, así como de las costas satisfechas por la parte demandada y los intereses de demora liquidados por la percepción de dicha indemnización. No obstante, la parte reclamante sostiene que no se ha producido ganancia patrimonial ya que su patrimonio como consecuencia de la mala praxis pasó a tener una merma de 208.603,63.-euros y como consecuencia de la estimación íntegra de la demanda, la Sentencia acuerda una indemnización del importe de los intereses y de la sanción, un total de 208.603,63.-euros. Por tanto, el resultado de ello es la igualación del patrimonio al estado previo al perjuicio soportado consistente en la asunción de los intereses y la sanción. En refuerzo de sus alegaciones, el interesado ha aportado ante este Tribunal la sentencia 65/13 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de ... en el que se condena al asesor fiscal y a su aseguradora de manera solidaria al pago de los 208.603,63 euros que tuvo que pagar el reclamante como consecuencia de los sanciones impuestas por la Inspección y los intereses de demora derivadas de las mismas.

QUINTO.-

La regulación aplicable al caso concreto se encuentra contenida en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, artículos 33 a 39. Así, el artículo 33 LIRPF define las ganancias patrimoniales y pérdidas patrimoniales como las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.

Sobre la presente cuestión se ha pronunciado reiteradamente la Dirección General de Tributos en las consultas vinculantes V0157-13 de 21 de enero y V2594-10 de 30 de noviembre, citadas en el acuerdo impugnado. Más recientemente en consulta vinculante V0994-20 de 22 de abril en un supuesto de hecho en el que se cuestiona la tributación de una indemnización con las siguientes características y la aplicabilidad de la exención del artículo 7.d) LIRPF a los siguientes hechos

Por un asesoramiento fiscal negligente, al consultante y su cónyuge (casados en régimen de sociedad de gananciales) le fueron levantadas actas de inspección en relación con su declaración del IRPF 2014 presentada en régimen de tributación conjunta. Se interpone reclamación judicial contra el asesor. Finalmente se alcanza acuerdo extrajudicial y se percibe, el 3 de marzo del 2020, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados un importe de 15.000 euros.

Se resuelve:

Con un carácter general, la regulación de las rentas exentas se recoge en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), artículo que en su párrafo d) incluye "las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida".

En el presente caso la indemnización objeto de consulta no se corresponde con la indemnización exenta del artículo 7.d), sino que se corresponde con un perjuicio económico causado al consultante y su cónyuge, es decir, daños patrimoniales, pero no los daños personales que ampara la exención.

Por tanto, procede descartar la aplicación de la referida exención, no estando amparada la indemnización objeto de consulta por ningún otro supuesto de exención o no sujeción establecido legalmente.

Respecto a la calificación de la indemnización ¿a efectos de determinar su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas¿, en cuanto derivada de la responsabilidad civil contractual (por la negligencia en el cumplimiento de la relación contractual que se establece entre el asesor fiscal y el consultante y su cónyuge), no puede ser otra que la de ganancia patrimonial, procediendo su integración en la base imponible general, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 ¿"son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos"¿, 45 ¿inclusión en la renta general de las ganancias y pérdidas patrimoniales no procedentes de transmisiones de elementos patrimoniales¿ y 48 ¿integración y compensación de rentas en la base imponible general¿ de la Ley del Impuesto.

Complementando lo anterior, debe señalarse que al no proceder esta ganancia patrimonial de una transmisión, su cuantificación se corresponderá con el importe de la indemnización (15.000 euros en el caso planteado), así resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la misma ley, donde se determina que "el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será en los demás supuestos (distintos del de transmisión), el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales en su caso".

Por lo que se refiere a su imputación temporal, de acuerdo con el artículo 14.1.c) de la LIRPF, las ganancias patrimoniales "se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial", esto es, el periodo impositivo 2020.

Finalmente, por lo que se refiere a la individualización de esta renta, en cuanto no deriva de una transmisión previa, su atribución corresponderá -de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 11 de la LIRPF - a "la persona a quien corresponda el derecho a su obtención o que las haya ganado directamente". En el caso planteado, la ganancia corresponderá al consultante y su esposa al cincuenta por ciento.

En los mismos términos las consultas V3034-19 de 29 de octubre, V0687-19 de 27 de marzo o V1386-17 de 5 de junio.

La sentencia 65/13 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de ... que señala:

Por lo tanto, habiéndose acreditado, a la vista de las actas de conformidad y de los expedientes sancionadores que se aportan como documentos 28 a 38 de la demanda, que el importe de las sanciones e ingresos de demora que satisfizo el demandante ascendió a la cantidad de 208.603'63 euros, es ésta la cantidad a la que deberá condenarse solidariamente al sr. B. y a su aseguradora para hacer frente a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, de acuerdo con el arto 1101 CC. No obstante, de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico quinto a), debe descontarse para la aseguradora el importe de la franquicia de 1.500 euros.

De acuerdo con la sentencia los daños derivan de un incumplimiento contractual (artículos 1101 y siguientes del Código Civil que establece el primero de ellos "quedan sujetos a indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de us obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el teno de aquélla"). En este caso se trata de una indemnización que resarce un daño patrimonial consecuencia directa de una regularización tributaria que supone un evidente menoscabo en la composición de su patrimonio, es decir, de naturaleza patrimonial, frente a lo que son los daños personales o morales, normalmente incuantificables por su propia naturaleza como señalara el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de noviembre de 1996 (rec. 2892/1995). Sobre la delimitación de los daños morales y patrimoniales la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sentencia de 17 de junio de 2020 (rec. 2971/2017) expone (el subrayado es nuestro):

"La jurisprudencia de esta Sala, de la que es expresión, la STS 801/2006, de 27 de julio, reconoce que, atendiendo a su origen, el daño causado a los bienes o derechos de una persona puede ser calificado como daño patrimonial, si se refiere a su patrimonio pecuniario; daño biológico, si se refiere a su integridad física; o daño moral, si se refiere al conjunto de derechos y bienes de la personalidad que integran el llamado patrimonio moral. Igualmente sostiene que no es inexacto calificar como daño moral el que tiene relación con la imposibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales, integrados en el ámbito de la personalidad, como es el derecho a la tutela judicial efectiva. En tercer lugar, señala que deben ser calificados como daños morales aquellos que no son susceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sustancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito psicofísico de la persona y consiste, paradigmáticamente, en los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados que no tienen directa o secuencialmente una traducción económica, no obstante: "Cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial (aun cuando, insistimos, en un contexto descriptivo, ligado a la llamada a veces concepción objetiva, el daño padecido pueda calificarse como moral, en cuanto está relacionado con la privación de un derecho fundamental), el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones -y, desde luego, en el caso enjuiciado- tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico mediante el reconocimiento de un derecho o la anulación de una obligación de esta naturaleza"

En este sentido, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en sentencia de 18 de diciembre de 2019 (rec. 3514/2017), referido al daño derivado de una mala praxis de un Notario (perfectamente asimilable al presente supuesto), descarta la aplicación de daños morales argumentando:

Por todo ello, procede condenar al notario a indemnizar con el valor del inmueble fraudulentamente enajenado tasado pericialmente, tal y como se hizo por el Juzgado, sin que obre en autos otro antagónico que lo cuestione; pero sin adicionar los 10.000 euros por daños morales, cuestionados por la parte demandada, toda vez que la indemnización fijada por el Juzgado, por tal concepto, lo ha sido con el argumento de que los actores vieron frustrada la voluntad testamentaria de su padre, al instituirles herederos de sus bienes, por la venta fraudulenta.

Es cierto que el daño moral es susceptible de ser indemnizado; pero en este concreto caso no resulta de los datos de carácter fáctico que refiere la sentencia del Juzgado, toda vez que de los mismos no cabe apreciar una especial situación de molestia, disgusto, aflicción o perturbación sufrida por los actores más allá del perjuicio patrimonial causado por no llevarse a efecto la voluntad testamentaria de su padre de transmitirles dicho inmueble, que desde luego no exterioriza la sentencia del Juzgado.

Lo expuesto conduce a la confirmación del acuerdo impgunado.

SEXTO.-

Por lo que se refiere a la sanción impuesta, el interesado dejó de ingresar parte de la deuda tributaria mediante la no inclusión como ganancia patrimonial del importe percibido en concepto de indemnización obtenida por los daños derivados de una mala actuación por parte de su asesor fiscal concurriendo los requisitos contenidos en los artículos 183 y 191 LGT que tipifican el hecho infractor como sancionable.

A estos efectos, a la hora de determinar si la conducta del contribuyente resulta constitutiva de infracción sancionable es necesario tener en cuenta la doctrina consolidada por el Tribunal Supremo en el sentido de que en el ámbito del derecho tributario sancionador tiene plenos efectos el principio de culpabilidad, a cuyo efecto se debía vincular la punibilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se hallara amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Esta doctrina respaldada por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 26 de abril de 1990, se recogió de forma expresa en el artículo 77.4.d) de la Ley General Tributaria en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, y asimismo se contienen en el artículo 179 de la vigente Ley 58/2003 en el que se expresa que "Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: .....d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados"

Por ello, para determinar la responsabilidad tributaria será preciso examinar, en cada caso, la participación del sujeto infractor en las conductas tipificadas en la norma sancionadora o, lo que es lo mismo, la existencia del elemento intencional o voluntad de defraudar a la Hacienda Pública, y, en principio, dado el carácter cuasipenal de la actividad administrativa sancionadora, uno de los elementos esenciales para la existencia de infracción es, precisamente, la culpabilidad del sancionado, apreciable en toda la extensión de sus diversas gradaciones de dolo y clases de culpa.

Pues bien, en el presente supuesto este Tribunal no aprecia las circunstancias que permitan calificar la conducta como sancionable. Antes al contrario, se oberva una cuestión compleja que puede dar lugar a diversas interpretaciones como acreditan las diversas consultas emanadas de la Dirección General de Tributos en relación al supuesto de exención contenido en el artículo 7.d) de la Ley del Impuesto. Ha de añadirse que en el ejercicio en cuestión (2013) solamente existía una consulta a la que acogerse por lo que no puede considerarse que hubiera una posición consolidada de la Administración. Dichas circunstancias conducen a la anulación del acuerdo sancionador

SÉPTIMO.- En consecuencia procede:

Desestimar la reclamación número 08-03110-2017 confirmando el acuerdo de liquidación

Estimar la reclamación número 08-03113-2017 anulando el acuerdo sancionador.


 

Por lo expuesto

Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR EN PARTE la reclamación en los términos señalados en la presente resolución.


 


 

Contestación

Criterio:

No aplicabilidad de la exención del art. 7.d), al tratarse de daños patrimoniales y no daños personales, por lo que debe tributar como ganancia patrimonial.

DGT V0994-20 de 22 de abril.

Ganancia patrimonial
Daños y perjuicios
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Obligado tributario
Intereses de demora
Elementos patrimoniales
Indemnización de daños y perjuicios
Mala praxis
Acta de inspección
Procedimiento sancionador
Daño personal
Ganancias y pérdidas patrimoniales
Procedimiento inspector
Renta general
Responsabilidad civil contractual
Acta de disconformidad
Integración de rentas en la base imponible
Daño patrimonial
Expediente sancionador
Compañía aseguradora
Base Imponible General
Regularización tributaria
Responsabilidad civil por daños personales
Daños morales
Perjuicios económicos
Perjuicio económico
Relación contractual
Persona física
Pago de la indemnización
Impuesto sobre el Valor Añadido
Cuantía de la indemnización
Deuda tributaria
Cuota tributaria
Valor de adquisición
Negligencia profesional
Acción de indemnización de daños y perjuicios
Asegurador
Donación
Antijuridicidad
Rentas sujetas al IRNR

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 35/2006 de 28 de Nov (IRPF -Impuesto sobre la renta de las personas físicas-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 29/11/2006 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1065/2007 de 27 de Jul (Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos de aplicación de los tributos) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 213 Fecha de Publicación: 05/09/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2008 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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    Con carácter general, la base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por este impuesto obtengan sin mediación de establecimiento permanente estará constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las nor...

  • Exención por reinversión del importe obtenido por la transmisión de la vivienda habitual (IRPF)

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 19/11/2019

    El apartado 3 del art Art. 38 ,LIRPF indica que:"Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el i...

  • Importe de la Ganancia o Pérdida (IRPF)

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 19/11/2019

    Para determinar  el importe de la ganancia o pérdida patrimonial, es necesario distinguir entre:Transmisiones onerosas: la ganancia o pérdida patrimonial se determina por la diferencia entre  el valor es de enajenación o transmisión y de adquis...

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