Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 04 de Abril de 2008

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 04 de Abril de 2008
  • Núm. Resolución: R080033

Resumen

IRPF 2006. La sentencia que anula en parte una relación administrativa de puestos de trabajo tiene efectos para funcionarios no demandantes porque la relación es una disposición de carácter general. Los atrasos salariales consecuencia de dicha sentencia deben imputarse al período impositivo en que la resolución judicial adquirió firmeza.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a cuatro de abril de dos mil ocho. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 22/08 interpuesta por contra la resolución del Jefe de la Sección de Renta y Patrimonio, de 8 de noviembre de 2007, que confirma las liquidaciones provisionales números 2007/310.064, 310.065, 310.066 y 310.053, relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 2002 a 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 3 de junio de 2005, aportada por el reclamante y derivada de la impugnación del Decreto Foral 59/2002, de 12 de noviembre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto Foral del Bienestar Social (en adelante I.F.B.S.), declara en su fallo 'disconforme a derecho dicho instrumentoen cuanto se refiere y trae causa de la previa valoración del puesto de trabajo denominado 'Monitor de Centro Ocupacional' por ser procedente que se le atribuya el grado 4, en vez del 3, en los factores de 'experiencia' e 'iniciativa-autonomía' (…)',y reconoce 'que se les abonen(a los demandantes)las diferencias que resulten de esa mayor valoración a contar de 1 de enero de 2002.'

Segundo.-Consta en el expediente administrativo la solicitud del Sr. ante el Sr. Director-Gerente del I.F.B.S., presentada el 19 de julio de 2006, de que, como monitor del Centro Ocupacional ' ', se le extiendan los efectos de la sentencia citada en el Antecedente de Hecho anterior y, en consecuencia con ello, se le abonen las diferencias retributivas reconocidas en dicha resolución.

Admitida su petición, el reclamante percibió en el año 2006 las siguientes cantidades:

Ejercicio de devengo

Importe íntegro

Retención

2002

1.320,36 €

171,65 €

2003

1.375,81 €

178,85 €

2004

1.420,10 €

184,61 €

2005

1.469,84 €

205,78 €

TOTALES

5.586,11 €

740,89 €

Las liquidaciones impugnadas imputan cada uno de esos importes al IRPF del ejercicio en que se devengaron -sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno-, por cuanto, dado que el interesado no fue parte en el contencioso que culminó con la resolución judicial citada, el derecho a su percepción no ha sido determinado por dicha sentencia.

Tercero.-Contra los actos citados D. formula la presente reclamación económico-administrativa, alegando que las cantidades cobradas derivan de la anulación, por sentencia judicial firme, de parte de una disposición foral y, en consecuencia, deben ser imputadas en el IRPF del ejercicio 2005, es decir, en el del período impositivo en que la resolución judicial de la que traen su causa adquirió firmeza. Asimismo, alega que, al tratarse de rentas irregulares, deben ser integradas al 60%.

Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento regulador del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado mediante Decreto Foral 2/2007 del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Las cuestiones a dilucidar en la presente reclamación son: 1.-Si las cantidades cobradas por el Sr. en el año 2006 y devengadas durante los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005 deben imputarse en cada uno de dichos ejercicios o en su totalidad en el 2005, lo que dependerá de si el derecho a su percepción se entiende o no determinado por la sentencia judicial antedicha; y 2.- Para el supuesto en que deban computarse en el del 2005, si constituyen o no rendimientos irregulares del trabajo integrables al 60%.

Segundo.-En cuanto a la primera, el artículo 51 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que, con carácter general y conindependencia del momento en que se realicen los correspondientes cobros y pagos, los rendimientos del trabajose imputan al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

No obstante ello, en su apartado 2 establece las siguientes reglas especiales:

'a)Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.

b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, una declaración-liquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en la letra a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza.'

Tercero.-De acuerdo con la normativa expuesta, la imputación temporal de las cantidades percibidas por el interesado vendrá dada por si su percepción ha sido o no determinada por la resolución judicial citada en el Antecedente de Hecho Primero.

En relación a ello, tal como consta en el Antecedente de Hecho Primero, la resolución judicial dispone: en primer lugar, la anulación de parte de una disposición foral en cuanto trae su causa en una incorrecta valoración del puesto de trabajo 'monitor de centro ocupacional', y respecto a ello debe decirse que, al tratarse de una sentencia anulatoria de una disposición administrativa de carácter general, tiene efectos generales, es decir, no limitados a las partes del proceso; y, en segundo, reconoce una situación jurídica individual a los demandantes, cual es, el derecho a que se les abonen las diferencias retributivas de una mayor valoración con efectos desde el 1 de enero de 2002, siendo este pronunciamiento, en principio, únicamente aplicable a quienes fueron parte en el proceso.

Ahora bien, el art. 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción original, preveía la extensión administrativa de sentencias firmes en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública, con la finalidad de evitar múltiples procesos sobre idénticas situaciones. Ello conlleva la posibilidad de la extensión administrativa -en la actualidad, según la redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, sólo cabe la judicial- de los efectos de una sentencia previa y firme que reconozca una situación jurídica individualizada a otras personas siempre y cuando concurran determinados requisitos, entre otros, su solicitud por el interesado ante la Administración demandada en el plazo establecido para ello y que éste y los favorecidos por el fallo judicial se encuentren en idéntica situación jurídica.

Pues bien, eso es lo que ha acontecido en este caso, en el que, de la documentación aportada, se concluye que el escrito de fecha 19 de julio de 2006 tiene como finalidad que la Administración extienda al reclamante los efectos de la sentencia, y su estimación, por tanto, implica: 1.- el reconocimiento de que el solicitante goza de idéntica situación jurídica a los beneficiados por el fallo; y 2.- que la resolución judicial surte efectos frente al interesado aunque no intervino en el proceso.

Cuarto.- Lo argumentado hasta ahora conduce a determinar que los atrasos controvertidos son consecuencia de la sentencia antedicha en cuanto que derivan de la extensión administrativa al interesado de sus efectos y que, por ello, con independencia de su exigibilidad, deben imputarse en el IRPF del período impositivo en que dicha resolución adquirió firmeza.

Quinto.-Sentado lo anterior, procede ahora analizar el porcentaje de integración aplicable a los citados rendimientos, en relación a lo cual el artículo 16 de la Norma del Tributo establece la regla general de que los rendimientos íntegros de trabajo deben computarse en su totalidad. No obstante, y a los efectos que aquí interesan, procederá su integración al 60%, según se matiza en el apartado segundo, letra a) del citado artículo, cuando tengan un período de generación superior a dos años y no se obtengan de forma periódica o recurrente, como acontece en este caso con las diferencias retributivas percibidas.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 22/08 interpuesta por contra la resolución del Jefe de la Sección de Renta y Patrimonio, de 8 de noviembre de 2007, que confirma las liquidaciones provisionales números 2007/310.064, 310.065, 310.066 y 310.053, relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 2002 a 2005,RESUELVEESTIMAR la misma y, en su virtud:

Primero.-Anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a Derecho y,

Segundo.-Disponer que se compute en el IRPF del ejercicio 2005 el 60% de los importes íntegros que constan en el Antecedente de Hecho Segundo, esto es, 3.351,66 € y que se deduzcan las retenciones practicadas.

Período impositivo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Intereses de demora
Liquidación provisional del impuesto
Relación de puestos de trabajo
Renta irregular
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Imputación temporal
Partes del proceso
Sentencia firme
Jurisdicción contencioso-administrativa
Rendimientos íntegros
Acto administrativo impugnado
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