Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 08 de Septiembre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 08 de Septiembre de 2000
  • Núm. Resolución: R000079

Resumen

Las actuaciones inspectoras se han interrumpido de forma injustificada y sin causa imputable al inspeccionado durante más de seis meses, lo que conlleva que el acta y las liquidaciones son nulas; las citaciones para comparecer realizadas en 1994 fueron devueltas por ausencia en el domicilio en horas de reparto sin que la Inspección supliera esta falta de notificación con la publicación en el Boletín Oficial y la inserción de anuncios en el tablón de edictos municipal.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a ocho de septiembre de dos mil.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 229/97 interpuesta por D. , con D.N.I. , y domicilio a efectos de notificaciones en , contra las liquidaciones núms. 96/304.322, 304.329, 304.328 y 304.327, por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1988 a 1991, respectivamente, y contra las consiguientes providencias de apremio; cuantía: 12.666.412,- ptas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Las liquidaciones de referencia, por cuotas respectivas de 3.310.388, 607.088, 12.666.412 y 4.870.802 ptas., son consecuencia de actuaciones inspectoras que culminaron en acta de 26 de enero de 1996, extendida sin la presencia del obligado tributario y notificada a través de anuncio en el BOTHA (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava) del 6 de marzo.

Segundo.-Contra las mismas, notificadas mediante anuncio en el Boletín del 28 de octubre, y contra las correspondientes providencias de apremio, el Sr. interpone la presente reclamación y solicita, al amparo del art. 31 del Reglamento de Inspección, se anulen por prescripción, pues las actuaciones han estado paralizadas más de seis meses, remitiéndose al efecto a la sentencia del Tribunal Supremo de 28 octubre 1997. Y como motivos subsidiarios, porque la publicación no contiene el texto íntegro, el acta no está motivada y las sanciones se han impuesto sin audiencia del inculpado.

Tercero.-En el expediente administrativo que remite la Hacienda Foral consta que las providencias de apremio fueron anuladas doce días antes de que el Sr. promoviera esta reclamación.

Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Puesto que las providencias de apremio ya han sido anuladas, las cuestiones a resolver se circunscriben, en primer lugar, a si el 28 de octubre de 1996 -fecha de notificación a través del BOTHA de las liquidaciones por IRPF de los ejercicios 1988 a 1991 derivadas de acta de disconformidad- había o no prescrito el derecho de la Administración a liquidar; y, en caso de respuesta negativa, a si las liquidaciones, el acta y las sanciones se han aprobado conforme al procedimiento establecido.

Segundo.-Respecto de la primera, y habida cuenta de que la alegación fundamental es la interrupción de las actuaciones inspectoras durante más de seis meses, procede entrar a examinar el procedimiento seguido en línea con la doctrina jurisprudencial invocada.

A partir de los documentos del expediente, y además de los hechos que han quedado recogidos en los Antecedentes, está acreditado que las actuaciones se inician por medio de citación recepcionada por el propio sujeto pasivo el 20 de septiembre de 1993. Otra posterior, entendida también con el titular, tuvo lugar el 24 de mayo de 1994. Existen documentos bancarios referidos a suscripciones de Letras del Tesoro por el contribuyente, fechados en 23 de enero y 13 de julio de 1994, que según afirma el actuario en su informe se los aportó el inspeccionado. Las sucesivas citaciones llevan fechas de 2 de septiembre y 16 de noviembre de 1994, 4 de enero, 11 de abril y 23 de junio de 1995, y todas ellas fueron devueltas al remitente después de dos o tres intentos de entrega fallidos. En diciembre de 1995 el Jefe del Servicio de Inspección dirige comunicación a la Agencia Tributaria solicitando determinados datos del contribuyente.

A estos hechos son de aplicación los preceptos del Reglamento Foral de la Inspección de Tributos de 9 de diciembre de 1986 que regulan el desarrollo de las actuaciones, y en particular, los apartados números 3 y 4 del art. 31, que disponen:

'3. Las actuaciones inspectoras podrán interrumpirse por acuerdo del órgano actuante...La interrupción...deberá hacerse constar y se comunicará al sujeto pasivo u obligado tributario para su conocimiento.

Se considerarán interrumpidas...cuando la suspensión de las mismas se prolongue por más de seis meses.

4. La interrupción injustificada...producida por causas no imputables al obligado tributario, producirá los siguientes efectos: a) Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones. b)...'.

De acuerdo con estos preceptos, entre una actuación y otra no pueden transcurrir más de seis meses de modo injustificado y por causas no imputables al obligado tributario, pues, en caso contrario, se considera que no ha existido interrupción del plazo para liquidar, lo que implica que el tiempo transcurrido se compute por entero y en perjuicio de la Administración hasta que tenga lugar un nuevo acto, proveniente de ésta o del particular, válido a efectos de interrumpir el cómputo del entonces plazo de cinco años previsto en el art. 64 de la Norma Foral General Tributaria de 31 de mayo de 1981.

En este caso, son válidas todas las actuaciones desarrolladas hasta el 13 de julio de 1994, y a partir de la misma las que constan son unilaterales, es decir, de la Hacienda Foral y sin intervención del inspeccionado, de quien no se tiene noticia hasta que interpone la presente reclamación el 30 de septiembre de 1997.

Tercero.-No hay duda de que entre ambas fechas, o entre la primera y el mes de diciembre de 1995 en que se solicitan datos a la Agencia Tributaria, han transcurrido más de seis meses, y que la interrupción fue injustificada, entendiendo por tal la ausencia de algún hecho o circunstancia que la motivara -por ejemplo, por el envío de actuaciones a los Tribunales ante indicios de delito fiscal- y que así se hubiera puesto en conocimiento del inspeccionado conforme regula el 31.3 antedicho.

La concurrencia o no del tercer requisito, esto es, que la paralización fuera imputable al particular, exige examinar si las citaciones del actuario se desarrollaron conforme al art. 45 del Reglamento que regula las comunicaciones de la Inspección. Este precepto, en sus apartados 1 y 2, después de referirse a ellas como medios de relación entre Inspector e inspeccionado, aptos para efectuar requerimientos, dispone que, una vez firmadas, se notificarán a los interesados en la forma señalada en el artículo 80 de la entonces vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, que modificó en esta materia la de 1958, dedica el artículo 59 a las notificaciones de los actos administrativos, y en concreto en el apartado 4 establece:

'Cuando...intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar...Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias..., que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores'.

Los envíos de las citaciones, cuyos sobres devueltos y cerrados están en el expediente, no indican que la devolución respondiera a rehuse por parte del destinatario o de su representante, único supuesto en el que el apartado 3 del artículo citado permite continuar el procedimiento sin necesidad de ningún otro trámite externo. Para el resto de supuestos, como es éste, en el que se presume que la causa de la devolución es la ausencia del destinatario en las horas de reparto, la ley exige que la notificación se haga por medio de anuncios en el tablón de edictos municipal del domicilio del destinatario y en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que pueda acudirse a la publicación abreviada prevista en el art. 61 cuando el órgano competente aprecie que el conocimiento público del texto íntegro puede lesionar derechos de algún administrado, empresa o institución y así lo haga constar.

Al no haberse hecho así, las notificaciones no son válidas, por lo que no puede afirmarse legalmente que la suspensión se debiera a causas imputables al inspeccionado, lo que conlleva, en virtud del art. 31 del Reglamento de Inspección, que las actuaciones se tengan por no realizadas a efectos de interrumpir el plazo de ejercicio del derecho de la Administración a liquidar, que el acta y las liquidaciones sean igualmente nulas porque derivan de las anteriores, y que el derecho de la Administración haya prescrito pues la última actuación válida tuvo lugar el 25 de junio de 1992 al presentar el contribuyente la declaración del ejercicio 1991.

Cuarto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede anular las liquidaciones recurridas y el acta de inspección que las precede.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 229/97 interpuesta por D. , contra las liquidaciones núms. 96/304.322, 304.329, 304.328 y 304.327, por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1988 a 1991, respectivamente, y contra las consiguientes providencias de apremio,RESUELVEESTIMAR la misma y, en su virtud: anular las liquidaciones impugnadas y archivar la reclamación en cuanto se refiere a las providencias de apremio.

Providencia de apremio
Obligado tributario
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Falta de notificación
Acta de disconformidad
Fecha de notificación
Delito fiscal
Delitos contra la Hacienda Pública
Acta de inspección

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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