Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 10 de Octubre de 2008

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 10 de Octubre de 2008
  • Núm. Resolución: R080078

Resumen

El transcurso de tres meses entre la fecha de vencimiento de una deuda y la aprobación de la correspondiente providencia de apremio que recarga el importe adeudado no significa concesión de aplazamiento. Ni el principio de seguridad jurídica ni el de la confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica que comportan un enriquecimiento que se estima injusto deban mantenerse irreversibles.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a diez de octubre de dos mil ocho. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 137/08, interpuesta por contra la resolución, de 20 de junio de 2008, del Director de Hacienda que confirma cuatro providencias de apremio, de 29 de mayo anterior, dictadas en los expedientes 2008-139/1, 2, 3 y 4, seguidos por impago de las deudas derivadas de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto núms. 7, 10, 16 y 21/2008, correspondientes a los cuatro primeros meses del ejercicio 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La interesada presentó las declaraciones-liquidaciones referidas, sin ingresar las deudas derivadas de las mismas, que ascendieron a 868.581,62 €, 839.377,37 €, 827.338,98 € y 924.366,31 €, respectivamente.

Ante ello, el Director de Hacienda dicta las providencias de apremio citadas en el encabezamiento, que recargan las deudas en un 10% ó 20% conforme a la fecha en que se satisfagan, según el art. 28 de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

Segundo.-Formulado recurso de reposición, con base en que fue concedido aplazamiento mediante acuerdo verbal, el mismo es desestimado por resolución del Director de Hacienda porque la mercantil no ingresó las deudas en plazo y porque no consta que hubiera solicitado aplazamiento del pago de las mismas.

Tercero.-Contra el último acto citado, la representación de la interesada interpone la presente reclamación económico-administrativa, en la que solicita que se anule con base en las siguientes alegaciones: 1ª.- La entidad obtuvo el 21 de julio de 1999 autorización para y, desde el comienzo de las operaciones, viene presentando las declaraciones-liquidaciones del impuesto en plazo e ingresando el importe resultante tres meses más tarde, práctica ésta consentida por la Hacienda Foral, supeditada a que la sociedad aportara y mantuviera un aval bancario en garantía de los saldos pendientes; 2ª.- El hecho de que no hubiera una solicitud periódica y formal de aplazamiento no obsta para que existiera realmente dicha solicitud y concesión y para ello la mercantil aportó un aval, expedido el 20 de julio de 2000, por un importe de 450.759,078 €, que ha sido ejecutado en el seno del actual procedimiento. También pignoró un saldo de su cuenta en la Caja Vital Kutxa por importe de 300.000 €, en garantía del pago del impuesto; 3ª.- Esta situación provocó el convencimiento de que el pago de las cuotas resultantes de las declaraciones-liquidaciones mensuales quedaba aplazado automáticamente tres meses sin necesidad de solicitarlo, sin que la Administración pueda reclamar recargos o intereses ni iniciar el procedimiento de apremio; y 4ª.- Por tanto, concurre el motivo de oposición a las providencias recogido en el art. 171.3.b) de la Norma Foral General Tributaria y la emisión de las mismas vulnera el principio de confianza legítima en la legalidad y estabilidad de la situación que la Hacienda Foral ha generado.

La mercantil adjunta a su reclamación: 1º.- Copia del aval bancario expedido por el Banco de Vitoria (hoy Banesto)'para responder del pago de las obligaciones tributarias que pudieran resultar exigibles en todo el ámbito territorial comunitario, por el IMPUESTO , de conformidad con lo dispuesto en el art. , de 16 de septiembre'; y 2º.- Copia de una certificación de la Caja Vital Kutxa, de 26 de mayo de 2008, de que mantiene un saldo pignorado por importe de 300.000 € para responder del pago de impuestos .

Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento regulador del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión planteada consiste en si concurre o no la causa de oposición a las providencias de apremio consistente en solicitud de aplazamiento en período voluntario de pago.

Segundo.-El art. 171.3.b) de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, recoge como motivo de oposición a la providencia de apremio la solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

El art. 165 del mismo texto establece que:

' 1. El período ejecutivo se inicia:

… b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.'

La Orden Foral , por la que se aprueban diversos modelos de impresos relativos a los Impuestos , dispone en su art. 4 que la presentación de las declaraciones-liquidaciones e ingreso simultáneo de las cuotas líquidas del Impuesto se efectuará'dentro de los veinticinco primeros días naturales siguientes a aquél en que finaliza el mes en que se han producido los devengos.'

Tercero.-El representante de la interesada alega que el hecho de que no hubiera una solicitud periódica y formal de aplazamiento no obsta para que existiera un aplazamiento consistente en ingresar la deuda tributaria tres meses después de la presentación de las declaraciones-liquidaciones y que, para garantizarlo, la mercantil aportó aval bancario y pignoró un saldo de la cuenta de la Caja Vital Kutxa por importe de 300.000 €, por lo que la actuación de la Hacienda Foral al dictar las providencias de apremio conculca el principio de confianza legítima.

Frente a dichas alegaciones, lo primero que hay que señalar es que no existe en el expediente constancia de acuerdo alguno con la Administración para que las deudas se fueran ingresando de forma aplazada.

Respecto a que el aval bancario fue aportado para garantizar el aplazamiento, en el Antecedente de Hecho Tercero ha quedado transcrita la finalidad de dicho documento de garantía, que no es la pretendida por la reclamante, sino la de cumplir'con lo dispuesto en el art '.

El art. , se refiere a la garantía que, por los importes que se fijan en los apartados siguientes, con carácter previo a la inscripción de los correspondientes establecimientos en el registro territorial, deben prestar los para responder del pago de la deuda tributaria por cada establecimiento. El apdo. 3.c) 1º del mismo precepto fija el importe mínimo de la garantía en 450.760 €, cantidad que coincide con la asegurada.

Así pues, la prestación del aval no tuvo como finalidad la de servir de cobertura a la práctica que aduce la sociedad sino que se prestó en el marco de las obligaciones generales que la normativa de los Impuestos exige a cada sujeto pasivo. Por otra parte, dicha garantía sólo puede ser ejecutada en el marco del procedimiento de apremio, ya que el art. 141.1 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, aprobado por el Decreto Foral 48/1994 del Consejo de Diputados de 10 de mayo, establece que:'Si la deuda estuviera garantizada, se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía, lo que se realizará en todo caso por el órgano de recaudación competente y por el procedimiento administrativo de apremio.'

En lo que se refiere a la pignoración del saldo de la cuenta de la Caja Vital Kutxa, hay que señalar, por una parte, que no está acreditado en el expediente que tuviera como finalidad lograr el aplazamiento de pago de las deudas y, por otra, que no cubre el importe de las deudas derivadas de las declaraciones-liquidaciones, que asciende a 3.459.664,28 €, ya que el importe pignorado es de 300.000 € .

Cuarto.-Tampoco se puede apreciar que, al dictar las providencias de apremio, la Hacienda Foral conculcara el principio de confianza legítima, porque no se puede pretender, al amparo de éste, perpetuar una presunta práctica consistente en ingresar las deudas fuera de plazo, ni la concesión de aplazamiento alguno por parte de la Administración, ya que el mero hecho de que los ingresos se produzcan fuera de plazo sin que la Administración dicte providencia de apremio no puede ser considerado una decisión relativa a la concesión de un aplazamiento.

La conclusión precedente coincide con la alcanzada por la Audiencia Nacional en su sentencia de 27 de noviembre de 2003 (Ar. JT 2004\882), que, remitiéndose a la del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2002 (Ar. RJ 2002\6497), en su Fundamento de Derecho Séptimo dice:

'Respecto del principio de confianza legítima ha señalado el Tribunal Supremo… , en Sentencia de 15 de abril de 2002 -Recurso de Casación núm. 10381/1997- entre otras, que:

'… el principio de protección a la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la virtualidad del principio puede suponer la anulación de un acto de la Administración o el reconocimiento de la obligación de ésta de responder de la alteración (producido sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento (cfr. SSTS de 10 de mayo, 13 y 24 de julio de 1999 y 4 de junio de 2001). En el bien entendido de que, sin embargo, no pueden apreciarse los necesarios presupuestos para la aplicación del principio invocado en la mera expectativa de una invariabilidad de las circunstancias, y que ni el principio de seguridad jurídica ni el de la confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica que comportan un enriquecimiento que se estima injusto deban mantenerse irreversibles; o dicho en otros términos no parece legítima la expectativa de devolver la subvención sin intereses cuando no se cumple el fin al que está vinculada…'

En el supuesto que se examina, no cabe apreciar vulneración del citado principio pues, tal y como se expone en la resolución del TEAC recurrida, el criterio adoptado por la Administración Tributaria en una actuación inspectora, en relación con determinados conceptos y períodos, no vincula a dicha Administración para actuaciones de comprobación e investigación posteriores, siendo así que la reclamante no 'adquirió' derecho alguno al incoársele las actas relativas a los ejercicios 1983 a 1987, de tal forma que… dichas actuaciones inspectoras no vinculan ni a la Administración ni al funcionario que ha de actuar en otro expediente de comprobación posterior, siendo así que no puede invocarse con éxito el precedente administrativo pues, como es sabido, éste no resulta vinculante pudiéndose apartar de él con la adecuada motivación…'

Quinto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente reclamación y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 137/08 interpuesta por contra la resolución, de 20 de junio de 2008, del Director de Hacienda que confirma cuatro providencias de apremio, de 29 de mayo anterior, dictadas en los expedientes 2008-139/1, 2, 3 y 4, seguidos por impago de las deudas derivadas de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto núms. 7, 10, 16 y 21/2008, correspondientes a los cuatro primeros meses del ejercicio 2008,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Providencia de apremio
Aval bancario
Seguridad jurídica
Pago de impuestos
Aval
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Aplazamiento del pago
Pago de las obligaciones
Obligaciones tributarias
Cuota líquida
Días naturales
Deuda tributaria
Pago de la deuda tributaria
Acto administrativo impugnado
Buena fe
Interés publico
Medidas correctoras
Actividad inspectora
Precedentes administrativos
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