Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 12 de Junio de 2009

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 12 de Junio de 2009
  • Núm. Resolución: R090036

Resumen

La ejecución de la deuda tributaria no estaba tácitamente suspendida en vía administrativa, porque la petición de suspensión, formulada dentro del período voluntario de pago y en el curso de la reclamación, fue objeto de archivo al resolverse la reclamación en el mismo día. El archivo no equivale a su concesión, sino a su denegación, pues la primera exige un acuerdo expreso, previa valoración de las garantías aportadas y de los perjuicios alegados. La notificación del acuerdo de archivo determina el inicio de un nuevo período voluntario de pago, mínimo de un mes, por lo que la providencia de apremio dictada antes de transcurrido éste es inválida por prematura.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a doce de junio de dos mil nueve. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 43/09, interpuesta por S.A., contra la resolución nº 12/2009, de 4 de febrero, del Director de Hacienda, que confirma la providencia de apremio nº 50/2008, dictada el 2 de octubre anterior, por impago de la deuda resultante de la liquidación 2008/300.477 correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, expediente 2008-231/1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Los actos impugnados tienen su origen en la liquidación de referencia que, derivada del acta de inspección núm. 860 PI, relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, arroja una cantidad a ingresar de 1.302.234,07 € (905.891,03 € en concepto de deuda tributaria y 396.343,04 € en el de sanción), liquidación que fue notificada a la interesada con indicación de que el plazo para el pago en período voluntario finalizaba el 10 de mayo de 2008.

Contra esta última, la representación de la mercantil promovió el 22 de abril reclamación económico-administrativa y el 9 de mayo de 2008 solicitó la suspensión de su ejecución en cuanto a la deuda tributaria -porque la sanción quedó automáticamente suspendida, en virtud de la reclamación formulada-. En garantía de la misma, ofrecía el aval personal de su socia mayoritaria, y, subsidiariamente, hipoteca inmobiliaria sobre una finca cuya tasación era inferior al importe de la deuda tributaria, lo que implicaba una solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías.

Segundo. Este Organismo Jurídico Administrativo remitió, el 15 de mayo de 2008, la petición de suspensión principal formulada por la reclamante al órgano competente para resolverla, quien, en virtud de resolución de 27 de mayo siguiente, la denegó. Contra este último acto la interesada formuló un incidente, en la reclamación económico-administrativa que tenía interpuesta, que fue estimado en parte en virtud de la resolución, de 4 de julio de 2008, que anuló la denegación impugnada y remitió nuevamente el expediente a la Sección del Impuesto sobre Sociedades para que ésta valorara la suficiencia o no del aval aportado.

El 14 de julio siguiente, la citada Sección deniega la suspensión por considerar que la garantía ofrecida es insuficiente. Contra la misma, , S.A (en adelante ), promueve, el 6 de agosto de 2008, un nuevo incidente en la reclamación solicitando que el aval personal ofrecido se considere garantía suficiente o, subsidiariamente, que se acuerde la suspensión con dispensa parcial de garantías.

Tercero.Finalmente, la resolución de 29 de agosto de 2008 -notificada el 12 de septiembre siguiente- desestima la reclamación formulada y confirma los actos impugnados. En virtud de acuerdo de esa misma fecha, notificado también el referido 12 de septiembre, se archiva el incidente planteado contra la denegación de la suspensión por insuficiencia de la garantía ofrecida, e igualmente la solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías. Todo ello porque la suspensión es una medida cautelar tendente a garantizar la efectividad de la resolución que pudiera recaer, lo que carece de sentido cuando ésta ya ha recaído.

El 6 de noviembre siguiente, formula recurso contencioso-administrativo contra la resolución citada y en su primer otrosí solicita la suspensión del acto impugnado.

Cuarto.Ante el impago de la deuda tributaria y de la sanción, el 2 de octubre de 2008 se dicta providencia de apremio que, notificada el 8 de octubre siguiente, recarga el importe de la liquidación en un 10% ó 20% en función de cuándo se produzca el ingreso. Formulado recurso de reposición contra la citada providencia, la misma es confirmada por la resolución mencionada en el encabezamiento.

Quinto. Contra la resolución que confirma la providencia de apremio porque la solicitud de suspensión en vía contencioso-administrativa se formuló después de emitirse la providencia de apremio, la mercantil formula la presente reclamación económico-administrativa en la que solicita su anulación, alegando que cuando se dictó la providencia de apremio la ejecución de la deuda y de la sanción estaban suspendidas: 1º. en cuanto a la deuda tributaria (la formada por la cuota e intereses de demora), porque dicha suspensión existió en todo el procedimiento, aunque sea tácitamente, toda vez que la solicitud de suspensión nunca fue denegada sino archivada, al resolverse la cuestión de fondo; y 2º. en lo referente a la sanción, porque la suspensión fue automática por la mera interposición de la reclamación.

Así pues, entiende la reclamante, que, solicitada en la vía judicial la suspensión, con ocasión del recurso contencioso-administrativo formulado, ha de mantenerse la producida en vía administrativa hasta que el órgano judicial decida al respecto, lo que, además, señala que ha tenido lugar, en virtud del auto de 20 de enero de 2009, que dispone 'suspender la eficacia de la actuación impugnada previa la constitución de la garantía establecida dentro de seis días',garantía que la entidad manifiesta haber constituido.

Sexto.En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión que plantea la presente reclamación económico-administrativa es si la providencia de apremio que recarga la deuda tributaria y la sanción es o no conforme a derecho.

Segundo. La resolución impugnada confirma la providencia de apremio porque, cuando se emitió, no concurría ninguno de los motivos para impugnarla previstos en el art. 171.3 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava cuyo texto dice así:

'Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.'

De entre los citados, la empresa alega que concurre el previsto en el apartado b). A este respecto, el art. 222 de la Norma Foral 6/2005, antes mencionada, dispone que la suspensión de la ejecución del acto recurrido en reposición o reclamación económico-administrativa será automática cuando: 1º. se garantice -mediante depósito de dinero o valores públicos; aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución; o determinadas fianzas personales y solidarias- el importe del acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procedieran en el momento de la solicitud de suspensión; y 2º. la impugnación lo sea de una sanción.

A continuación, el citado precepto establece que cuando el contribuyente no pueda aportar las garantías necesarias para obtener la suspensión automática se acordará la misma previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes, y prevé también la suspensión con dispensa parcial o total de garantías cuando la ejecución del acto impugnado pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación.

De acuerdo a la normativa expuesta, la interposición de la reclamación económico-administrativa produjo, en este caso, la suspensión automática de la ejecución de la sanción, pero no la de la deuda tributaria, por cuanto las garantías ofrecidas -aval personal de la socia mayoritaria de la interesada o, subsidiariamente, hipoteca inmobiliaria con dispensa parcial de garantías- no implicaban la suspensión automática, sino que dicha suspensión exigía la existencia de un acuerdo de concesión, previa valoración de las garantías ofrecidas.

Tercero. Así las cosas, en este caso, en que la providencia de apremio es impugnada con base en que, cuando se emitió, la ejecución de la deuda y de la sanción estaba suspendida, por el obligado mantenimiento en vía judicial de la suspensión producida en la administrativa, es trascendental determinar si efectivamente la ejecución de los conceptos apremiados estaba o no suspendida y, en su caso, la extensión de dicha suspensión al ámbito contencioso-administrativo.

En primer lugar, respecto a la deuda tributaria, cabe señalar que, como se ha dicho anteriormente, la suspensión automática quedó excluida desde su solicitud y, por tanto, su concesión exigía un acuerdo de la Administración Tributaria -previa valoración de las garantías ofrecidas-, lo que no ha acontecido en este caso, sin que el archivo por este Organismo Jurídico del incidente presentado contra la denegación de la suspensión garantizada con aval de la socia mayoritaria, así como de la solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías (en ambos casos porque ya se había resuelto el fondo del asunto), permita entender la existencia de una suspensión tácita que no tiene respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo anterior, cuando se emitió la providencia de apremio, la ejecución de la deuda tributaria no estaba suspendida en vía administrativa, y, en consecuencia con ello, ninguna suspensión debía mantenerse, con ocasión de la formulación del recurso contencioso administrativo, pese a que en el mismo se solicitara la suspensión, que, de concederse, tendrá efectos a partir de su solicitud y, por tanto, suspenderá el procedimiento en el momento en que éste se encontrara cuando se produjo dicha solicitud.

En lo que concierne a la sanción, hay que decir que la interposición de la reclamación económico-administrativa suspendió automáticamente su ejecución, y que, de acuerdo al art. 222.7 de la Norma Foral 6/05, antes citado, la suspensión producida debe mantenerse en la vía judicial hasta que el órgano jurisdiccional resuelva sobre la planteada en su sede, pero siempre que se comunique a la Hacienda Foral tanto la interposición del recurso contencioso administrativo como la solicitud de la suspensión en el mismo. Es decir, la normativa tributaria, con base en la presunción de inocencia, extiende la suspensión de su ejecución, sin garantía, a la vía judicial, hasta que el órgano judicial decida, si bien, dicha extensión está condicionada a una mínima diligencia exigible al contribuyente, cual es, la comunicación del recurso y de la solicitud de suspensión formulados en lo contencioso-administrativo, lo que en este caso no ha tenido lugar. Así pues, debe concluirse que en este caso no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa tributaria para mantener en vía judicial la suspensión producida en vía administrativa.

Cuarto. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el art. 165.3 de la Norma 6/05, antes mencionada, establece que, iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago, procedimiento que se iniciará, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 171.1 siguiente, con 'la notificación de la providencia de apremio al obligado tributario'.Por su parte, el mencionado art. 165, en su apartado 1, dispone que, en el caso de deudas liquidadas por la Administración, el período ejecutivo se inicia el día siguiente al del vencimiento del plazo referido en el art. 61 del mismo texto legal, que será el señalado por la Administración y que en ningún caso podrá ser inferior al plazo de un mes posterior al de la recepción de la notificación.

Como quiera que, como ha señalado el Tribunal Supremo, en su sentencia de 31 de julio de 1989 (Ar. RJ\1989\5864), la validez o no de la providencia de apremio depende, además de la ausencia de los motivos de oposición previstos en el art. 171.3, citado en el Fundamento Segundo, de la concurrencia de unos presupuestos procedimentales -entre los que se encuentra la falta de pago en el plazo establecido- cuya inexistencia determina la improcedencia del acto, debe determinarse si cuando se emitió la providencia de apremio, el 2 de octubre de 2008, había o no transcurrido el período voluntario de pago de la deuda tributaria -formada por la cuota tributaria y los intereses de demora- y de la sanción.

En cuanto al primero de los conceptos indicados, es preciso examinar los efectos que el archivo de la pieza separada de la suspensión -a la que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho Tercero- tiene respecto a la solicitud de suspensión de la ejecución de la liquidación impugnada. Debe decirse que el ordenamiento jurídico aplicable, si bien contempla los efectos de la inadmisión a trámite de una solicitud de suspensión, así como los de su concesión, no recoge los del archivo, que es, sin duda, la vía procedimental adecuada en aquéllos casos, como el presente, en que el fondo de la reclamación económico-administrativa ha sido resuelto en el momento procesal en que debía acordarse sobre la solicitud de suspensión formulada, al haber sido ésta, por su planteamiento, objeto de varias remisiones e incidentes en la reclamación interpuesta.

Así las cosas, lo cierto es: 1º. que el archivo de las actuaciones exige una previa admisión a trámite de la solicitud efectuada; y 2º. que la concesión de la suspensión, a excepción de la automática, exige un acuerdo, previa valoración de las garantías aportadas, o, en su caso, de los perjuicios alegados. Por ello, excluida la posibilidad de atribuir al archivo los efectos de la inadmisión a trámite de la suspensión solicitada, o incluso los de la concesión de ésta, puede considerarse que el archivo de la pieza separada de la suspensión solicitada, pese a no contener un pronunciamiento expreso acerca de la misma, supuso, en la práctica, su denegación, y, por tanto, a los efectos previstos para la denegación de la suspensión debemos remitirnos. Esta tesis se ve reforzada, además, porque la falta de regulación de los efectos de una situación anómala, cual es, el archivo de una solicitud de suspensión, por haberse resuelto el fondo, no puede perjudicar al contribuyente.

Quinto. Sentado lo anterior, y dado que el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero, por el que se regula el Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, no contiene una regulación expresa de los efectos de la denegación de la suspensión, para dilucidar la cuestión es preciso acudir al Decreto Foral 65/2008, del Consejo de Diputados, de 1 de julio, que aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos Especiales de Revisión, del Recurso de Reposición y Reembolso del coste de garantías -que entró en vigor el 22 de julio de 2008-. Y ello, pese a que dicha disposición no está referida al procedimiento económico-administrativo, porque no deja de ser razonable y coherente que la regulación relativa a la suspensión de los actos impugnados en un procedimiento revisor deba inspirarse en principios comunes, máxime si consideramos que la suspensión de la ejecución del acto sólo adquiere virtualidad en el ámbito del recurso de reposición y en el de las reclamaciones económico-administrativas, por lo que carecería de sentido identificar la falta de regulación expresa con la intención del legislador foral de recortar en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas los beneficios procesales de los que goza el contribuyente en el ámbito del recurso de reposición.

Así pues, dicha disposición, en su art. 39 establece:'si en el momento de solicitarse la suspensión con garantías la deuda se encontrara en período voluntario de pago, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo de un mes previsto en el apartado 1 del artículo 61 de la Norma Foral General Tributaria para que dicho ingreso sea realizado'.

En este caso, la suspensión fue formulada, de acuerdo a lo señalado en el Antecedente de Hecho Primero, cuando la deuda se encontraba en período voluntario de pago, por lo que, en aplicación de la normativa expuesta, con la notificación del acuerdo, que archiva el incidente planteado contra la denegación de la suspensión por insuficiencia de la garantía ofrecida y la solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías, en cuanto que supuso, a estos efectos, la denegación de la suspensión con dispensa parcial de garantías solicitada en esta instancia, abrió un nuevo plazo de ingreso de la deuda liquidada, que, conforme a lo previsto en el art. 61 de la Norma Foral 6/05, expresado con anterioridad, en ningún caso podría ser inferior al mes posterior al de la recepción de la notificación. Es por ello que, notificado el acuerdo el 12 de septiembre de 2008, la providencia de apremio dictada el 2 de octubre de 2008, para recaudar en vía ejecutiva el importe de la deuda tributaria, es prematura, ya que cuando se dictó no había transcurrido el período voluntario de pago abierto con la notificación del acuerdo de archivo de la suspensión solicitada.

Corrobora la conclusión alcanzada el contenido del art. 42.2 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, que en relación con la ejecución de las resoluciones, incluidas las recaídas en un procedimiento económico-administrativo, establece una regulación similar: 'Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo voluntario de ingreso, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo previsto en elartículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para que dicho ingreso sea realizado'.

Sexto.En relación con el inicio del período ejecutivo de pago de la sanción, el art. 218.2 b) de la repetida Norma Foral 6/05, referido a los recursos contra las sanciones, dispone que:'No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa'.Así pues, queda clara la intención del legislador foral de que la resolución (de la impugnación de una sanción) que ponga fin a la vía administrativa determine un nuevo plazo de ingreso, que, por remisión expresa del art. 194.2 de la Norma 6/05 -que dispone que 'Será de aplicación a las sanciones tributarias lo dispuesto en el Capítulo IV del Título II de esta Norma Foral (..)'-,es el del art. 61 de la citada Norma, es decir, el que señale la Administración Tributaria, que, en todo caso, no podrá ser inferior a un mes.

A esta misma conclusión ha de llegarse si analizamos el contenido del art. 42.6 del citado Decreto Foral 65/2008 que dispone que 'cuando la resolución confirme el acto impugnado y éste hubiera estado suspendido en período voluntario de ingreso, la notificación de la resolución iniciará el plazo de ingreso del apartado 2 del artículo 61 de la Norma Foral General Tributaria'y el del art. 66.6 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que contiene idéntica redacción en lo que, a estos efectos, interesa.

Así pues, dado que la resolución que confirmó la sanción y puso fin a la vía administrativa fue notificada el 12 de septiembre de 2008 y la providencia impugnada fue dictada el 2 de octubre siguiente, ésta última debe ser anulada por cuanto en dicho momento no había transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario abierto con la notificación de la resolución, plazo que, como se ha dicho, no puede ser inferior al mes.

Séptimo. Por lo expuesto y razonado, debe estimarse la presente reclamación económico-administrativa y anular los actos impugnados por no ser conformes a derecho, al no haber transcurrido, respecto a los conceptos apremiados, el plazo de ingreso en período voluntario, lo que, como se expresa en el propio titulo ejecutivo, es premisa básica y fundamento del mismo.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 43/09, interpuesta por la representación de , S.A., contra la resolución nº 12/2009, de 4 de febrero, del Director de Hacienda que confirma la providencia de apremio nº 50/2008, dictada el 2 de octubre anterior, por impago de la deuda resultante de la liquidación 2008/300.477 correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, expediente 2008-231/1,RESUELVE ESTIMARla misma y, en su virtud, anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a derecho.

Providencia de apremio
Deuda tributaria
Aval
Impuesto sobre sociedades
Intereses de demora
Hipoteca inmobiliaria
Pago en periodo voluntario
Acta de inspección
Suspensión de la ejecución del acto
Cuestiones de fondo
Falta de notificación
Omisión
Seguro de caución
Sociedad de garantía recíproca
Entidades de crédito
Ejecución de las sanciones
Depósito de dinero
Recepción de la notificación
Fondo del asunto
Presunción de inocencia
Procedimiento de apremio
Cuota tributaria
Pago de la deuda tributaria
Obligado tributario
Suspensión de la ejecución
Vencimiento del plazo
Realización forzosa
Procedimientos especiales de revisión
Reembolso
Archivo de actuaciones
Sanciones tributarias
Revisión en vía administrativa
Acto administrativo impugnado
Título ejecutivo

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

NF. 6/2005 de 28 de Feb Álava/Araba (General Tributaria ) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Álava Número: 30 Fecha de Publicación: 11/03/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2005 Órgano Emisor: Juntas Generales De Alava

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