Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 12 de Noviembre de 2004

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 12 de Noviembre de 2004
  • Núm. Resolución: R040065

Resumen

La indemnización satisfecha por la Administración de la Comunidad Autónoma en concepto de prejubilación del personal docente no universitario no está exenta del IRPF 2002 y se integra al 60%, porque, al no perseguir una adecuada organización de los recursos o superar una situación económica negativa, no es asimilable a las derivadas de expedientes de regulación de empleo. No hay equiparación con el Plan de Personal de la Administración General de la Diputación Foral de 1996.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a doce de noviembre de dos mil cuatro. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 106/04, interpuesta por contra la Resolución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 15 de abril de 2004, confirmatoria de la liquidación núm. 2004/300.922, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2002; cuantía: 11.834,63 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La liquidación de referencia -que arroja una deuda tributaria de 11.834,63 €- incluye entre los rendimientos de trabajo el 60% de la indemnización que, por importe de 48.050,28 €, el Gobierno Vasco había satisfecho a la interesada con ocasión de su jubilación voluntaria.

Segundo.-Frente a la misma, la Sra. interpone recurso de reposición alegando que la cantidad recibida está exenta porque su pago deriva de la ejecución de un plan estratégico de recursos humanos de las Administraciones Públicas. El citado recurso es desestimado mediante la resolución mencionada en el encabezamiento, por tratarse de una indemnización por prejubilación bajo el supuesto de pago único, sujeta y no exenta del impuesto.

Tercero.-Contra dicha resolución, la interesada promueve la presente reclamación económico-administrativa, en la que solicita su anulación, reiterando la pretensión formulada en vía de gestión.

Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión controvertida es si la cantidad satisfecha por el Gobierno Vasco a la reclamante, con motivo de su jubilación voluntaria, está exenta o no del IRPF.

Segundo.-En relación a ello y para el período impositivo de referencia el art. 9 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su apartado d) establecía:

'Estarán exentas las siguientes rentas:(…)

d) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato,(…).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despido o cese consecuencia de expedientes de regulación de empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de la autoridad competente, o producidos por las causas previstas en el artículo 52 c) de la misma Ley, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas o de fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.(…).

A los efectos de lo dispuesto en esta letra, se asimilarán a los expedientes de regulación de empleo del párrafo anterior los planes estratégicos de recursos humanos de las Administraciones públicas que persigan los mismos fines'.

Del precepto transcrito se extraen varias conclusiones. En primer lugar, que únicamente resultan exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador que sean obligatorias por la normativa laboral o -en los casos de expedientes de regulación de empleo o extinción colectiva por las mismas causas- que no superen la cuantía legalmente establecida para los despidos improcedentes. Se excluyen de la exención, en cualquier caso, las cantidades que, a pesar de corresponderse con el despido o cese del trabajador, obedezcan a pactos, contratos o convenios.

En segundo lugar, que las cantidades recibidas por el cese del personal de las Administraciones públicas se asimilan a las satisfechas en virtud de expedientes de regulación de empleo, con el límite de las cantidades fijadas para el despido improcedente, única y exclusivamente -en aplicación del principio de prohibición de la analogía en el ámbito de las exenciones tributarias- cuando deriven de la ejecución de planes estratégicos de recursos humanos que persigan los fines previstos en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, esto es, superar una situación económica negativa o garantizar la viabilidad futura mediante la adecuada organización de los recursos.

Tercero.- En el supuesto que nos ocupa, es necesario determinar si la indemnización cuestionada es consecuencia de un plan estratégico de recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca o, por el contrario, de la aplicación de las disposiciones contenidas en un convenio o pacto.

El art. 22 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en la redacción dada por la 16/1997, de 7 de noviembre -que, reforzando el carácter estratégico de los recursos humanos, vino a prever en nuestra legislación autonómica sistemas de racionalización de los mismos-, posibilita que la Administración pública vasca elabore programas destinados a la adecuación de dichos recursos y la contención del gasto público que incluyan, entre otras medidas, incentivos a la jubilación anticipada. El mismo precepto señala que su aprobación corresponderá al Departamento competente en materia de función pública -previo informe del que lo sea en Hacienda-, o al Departamento afectado -previo informe de los anteriormente citados- cuando el programa se circunscriba a uno sólo.

Pues bien, la interesada no ha acreditado que exista un plan estratégico en virtud del que se haya satisfecho la cantidad controvertida, es más, alega que la misma tiene su fundamento en el art. 65 del Anexo al Decreto 228/2002, de 1 de octubre -que aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco-, que regula las primas por jubilación voluntaria, reforzando la tesis de que su cobro se ha producido en virtud de un convenio, que contempla la extinción de mutuo acuerdo de la relación de empleo, y no de un plan estratégico de recursos humanos.

Todo lo anterior no queda desvirtuado por la alegación del paralelismo existente entre la cantidad controvertida y las establecidas en el Acuerdo 470/1996, del Consejo de Diputados, de 9 de julio -por el que se aprueba el Plan de Personal de la Administración General de la Diputación Foral (vigente hasta el 31 de diciembre de 1998)-, exentas de tributación, porque estas últimas derivan de un plan de personal, vinculado a un período de tiempo, elaborado y aprobado en atención a una racionalización de los recursos humanos de la Administración foral.

Esto es, las primas por jubilación reguladas en el citado plan, destinadas a la amortización de puestos de trabajo -característica no predicable de la satisfecha a la Sra. -, cumplen una función similar a la de los expedientes de regulación de empleo justificándose así su tratamiento fiscal.

Por ello, teniendo en cuenta que el cese de la reclamante y su correspondiente indemnización es consecuencia de acuerdos y no trae su causa en un plan estratégico de recursos humanos debe concluirse que la indemnización abonada está sujeta y no exenta del impuesto.

Cuarto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente reclamación y confirmar los actos impugnados por ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 106/04, interpuesta por contra la Resolución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio de 15 de abril de 2004, confirmatoria de la liquidación núm. 2004/300.922, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2002,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Expediente de regulación de empleo
Prejubilación
Jubilación voluntaria
Cese del trabajador
Despido improcedente
Indemnización por despido
Deuda tributaria
Rendimientos del trabajo
Período impositivo
Ejecución de sentencia
Funcionarios públicos
Fuerza mayor
Prohibición de la analogía
Jubilación anticipada
Condiciones de trabajo
Amortización de puestos de trabajo
Acto administrativo impugnado

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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