Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 13 de Julio de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 13 de Julio de 2000
  • Núm. Resolución: R000073

Resumen

Las liquidaciones provisionales deben notificarse de forma motivada, sin que dicha ausencia de información quede solventada por la simple mención de la posibilidad de examinar el expediente administrativo. En cumplimiento de la obligación que incumbe a los Tribunales Económico- Administrativos de conservar aquellos actos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido dicha infracción, procede anular todo lo actuado con posterioridad a la práctica de las liquidaciones impugnadas -en lugar de anular éstas- y reponer el procedimiento a ese momento para que la Administración efectúe la notificación de forma reglamentaria.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a trece de julio de dos mil.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 200/97, interpuesta por D. y Dña. con DNIs y domicilio a efectos de notificaciones en , contra la resolución del Jefe de Servicio de Tributos Directos, de julio de 1997, que confirma las liquidaciones provisionales números 95/321.194 y 95/319.979 giradas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1994; cuantía: 291.082 ptas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La Oficina Gestora del mencionado impuesto giró las liquidaciones provisionales indicadas, modificando diversos datos incluidos por los contribuyentes en sus autoliquidaciones separadas -referentes tanto a la cuantificación de la base imponible, como al importe de las deducciones en cuota íntegra-, de manera que las respectivas cuotas diferenciales pasaron de 741.942 a 362.649 ptas. a devolver, en el caso del marido, y de 110.661 a 291.082 ptas. a ingresar, en el de la esposa.

Dichos actos liquidatorios fueron notificados a los interesados mediante la técnica de las denominadas liquidaciones paralelas: documentos en los que figuran dos columnas contiguas, una reproduciendo los datos declarados por los contribuyentes, y otra con los correlativos utilizados por la Administración, marcando con un asterisco aquellos de estos últimos que se separan de los autoliquidados. En estas notificaciones no se incluía explicación o motivación alguna de las correcciones introducidas, si bien al dorso de las mismas se comunicaba a sus destinatarios la posibilidad de examinar el expediente, señalando expresamente la obligación de información de la Administración respecto a los datos rectificados, así como de presentar los oportunos recursos, con indicación de los correspondientes plazos.

Segundo.-Interpuesto recurso de reposición, en el que se solicitaba la anulación de las liquidaciones notificadas, debido a la falta de motivación de las mismas y a la indefensión para los contribuyentes que ello conllevaba, éste fue desestimado por la Oficina Gestora en base a que había cumplido todos los requisitos de notificación establecidos por la Norma Foral General Tributaria de Álava.

Tercero.-Contra la misma, los interesados promueven la presente reclamación económico-administrativa alegando que resulta aplicable al caso la Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1993, que declaró que las llamadas liquidaciones paralelas carecen de todo soporte legal o reglamentario por omitir los hechos y elementos que las motivan, produciendo una evidente indefensión del ciudadano; remitiéndose finalmente y en el mismo sentido a la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión a resolver en la presente reclamación consiste en si se han cumplido o no los requisitos formales de notificación y motivación de las liquidaciones provisionales exigidos por la normativa procedimental tributaria.

Segundo.-Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1993 (Ar. 4.590/1993), invocada por los reclamantes, se manifiesta en los términos expuestos en el Antecedente de Hecho Tercero.

Ahora bien, esta resolución judicial toma apoyo en el artículo 121.2 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, de conformidad con el cual:'El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven'. Sin embargo, esta redacción se aparta de la del precepto correlativo de la Norma Foral General Tributaria de Álava, de 31 de mayo de 1981, vigente en el momento en el que se notificaron las liquidaciones impugnadas y aplicable a los actos de gestión emanados de la Hacienda Foral de Álava.

Tercero.-El artículo 118.1 de la mencionada Norma Foral señala que la Administración tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos; añadiendo el apartado 2, en su redacción establecida por el artículo 1 de la Norma Foral 39/89, de 19 de julio, que: 'Toda modificación que introduzca la Administración, tanto en la base como en las deducciones, sobre los datos consignados en las declaraciones por los sujetos pasivos deberá notificárseles mediante la expresión del dato consignado por el contribuyente y el consignado, en su lugar, por la Administración, siendo suficiente la inclusión de una breve anotación de referencia situada próxima al mismo'.

Por su parte, el artículo 120.1, en la redacción dada igualmente por la Norma Foral 39/89, dispone que: 'Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión:

De los elementos esenciales de aquéllas.

...

d) Deberá indicarse que, en el supuesto de que la Administración haya modificado los datos consignados en la declaración por el sujeto pasivo, dispondrá de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente a la notificación del acto en cuestión, para examinar el expediente administrativo, en las dependencias administrativas, quedando la Administración obligada a informar en este acto de examen del expediente, de los hechos y elementos adicionales que han motivado la modificación introducida'.

La propia Exposición de Motivos de la disposición que introdujo los preceptos transcritos en nuestro ordenamiento tributario foral señala que, con ellos, se pretendió arbitrar una fórmula que, sin implicar una sobredimensión de los medios materiales y personales de la Administración, salvaguardase el derecho del contribuyente a conocer los hechos que motivan el incremento de la base, o la modificación de otros elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, a fin de que disponga de los elementos de juicio precisos y suficientes para, en su caso, interponer los recursos que considere procedentes.

Cuarto.-Llegados a este punto, se hace necesario plantearse si, en el supuesto objeto de la presente reclamación, ha quedado suficientemente garantizado el mencionado derecho o si, por el contrario, se ha producido una situación de indefensión de los interesados.

A este respecto, hay que tener en cuenta que no se ha cumplido la prescripción del artículo 118.2 de la Norma Foral General Tributaria, relativa a la inclusión, en la notificación de las liquidaciones paralelas, de una breve anotación de referencia junto a los datos modificados por la Administración, ya que difícilmente puede entenderse como tal un simple signo ortográfico, como el asterisco, que no proporciona ninguna orientación sobre los motivos de la corrección.

Por otra parte, la resolución que desestimó el recurso de reposición tampoco expone los hechos, elementos o fundamentos jurídicos que motivaron las liquidaciones impugnadas, lo que hubiera posibilitado a los recurrentes interponer reclamación económico-administrativa con pleno conocimiento de causa, sino que se limita a manifestar que se habían cumplido los requisitos de notificación de aquéllas.

En síntesis, hay que concluir que, no habiéndose notificado las liquidaciones provisionales de forma motivada, ni subsanado en reposición dicha omisión, ha resultado obstruido el derecho de defensa de los destinatarios de las mismas ya que la Oficina Gestora efectuó múltiples modificaciones respecto a las declaraciones presentadas, no sólo atribuyendo a algunos hechos y elementos de trascendencia tributaria autoliquidados unos efectos jurídicos diferentes, sino corrigiendo otros de conformidad con los datos obrantes en su poder, creando la ausencia de información sobre las mismas una situación de inseguridad jurídica que no queda solventada por la simple posibilidad de examinar el expediente administrativo.

Quinto.-De conformidad con el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el defecto de forma, en los actos administrativos, determina la anulabilidad cuando dé lugar a la indefensión de los interesados, circunstancia que, como queda dicho, concurre en el presente caso. Sin embargo, ello no implica que deba prosperar la pretensión de los reclamantes de anulación de las liquidaciones practicadas, puesto que el artículo 54.3 del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, obliga a los Tribunales Económico Administrativos a conservar aquellos actos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Sexto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede anular todo lo actuado con posterioridad a la práctica de las liquidaciones impugnadas y reponer el procedimiento a ese momento, para que la Oficina Gestora del impuesto notifique las mismas a los interesados con expresión de los hechos, fundamentos jurídicos y otros elementos adicionales que las motivan, de manera que éstos puedan tener un conocimiento preciso de las causas de la modificación de las cuantías de las cuotas tributarias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 200/97, interpuesta por D. y Dña. , contra la resolución del Jefe de Servicio de Tributos Directos, de julio de 1997, que confirma las liquidaciones provisionales números 95/321.194 y 95/319.979 giradas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1994,RESUELVEESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero.-Anular la resolución impugnada y todo lo actuado con posterioridad a la práctica de las liquidaciones, y

Segundo.-Disponer que la Oficina Gestora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas notifique las liquidaciones a los interesados con la motivación indicada en el Fundamento de Derecho Sexto.

Liquidación provisional del impuesto
Indefensión
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Cuota íntegra
Obligación de información
Liquidaciones tributarias
Deuda tributaria
Derecho de defensa
Omisión
Cuota tributaria

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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