Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 16 de Septiembre de 2011

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 16 de Septiembre de 2011
  • Núm. Resolución: R110052

Resumen

La falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión no puede calificarse como error material o de hecho que el Tribunal Económico-Administrativo pueda rectificar en cualquier momento sin infringir el principio de intangibilidad de la cosa juzgada en vía administrativa.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a dieciséis de septiembre de dos mil once. Vista la solicitud de rectificación de errores, formulada por , de la resolución de este Organismo Jurídico Administrativo, del 3 de junio de 2011, que estima la reclamación económico-administrativa núm. 100/11, interpuesta por la misma contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Locales y Catastro, de 14 de febrero de 2011, relativa a la titularidad catastral de una parte de la parcela urbana nº , manzana , polígono , del municipio de Vitoria-Gasteiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La resolución de este Organismo Jurídico Administrativo, del 3 de junio de 2011, concreta el contenido de la resolución del Servicio de Tributos Locales y Catastro que era objeto de impugnación en 'la titularidad catastral de una parte de la parcela urbana nº , manzana , polígono , del municipio de Vitoria-Gasteiz'.

El fallo de dicha resolución decide la cuestión en los siguientes términos:

' El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, … RESUELVE ESTIMAR la misma y, en su virtud:

Primero: Anular la resolución impugnada, por no ser conforme a derecho.

Segundo: Disponer que el Servicio de Tributos Locales y Catastro dé de alta en el Catastro, como nueva parcela catastral urbana de titularidad de la reclamante, el espacio correspondiente a la finca registral nº 10.350, y

Tercero: Fijar la nueva delimitación de la parcela urbana nº , manzana , polígono , del municipio de Vitoria-Gasteiz, en la resultante de la operación anterior, con notificación de todo ello a su titular catastral'.

La resolución fue notificada a la empresa reclamante el día 10 de junio de 2011, con la indicación de que contra la misma podía interponer recurso de anulación ante este Organismo Jurídico Administrativo en el plazo de quince días o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses.

Segundo. El 29 de julio de 2011 la representante empresarial solicita se complete la citada resolución o, en su defecto, y al amparo de lo previsto en el art. 44 del Reglamento de Procedimiento, se rectifique el error en que incurre la citada resolución al estimar la reclamación y no disponer lo que procede sobre la segunda pretensión planteada, la delimitación de la parcela en su colindancia con la .

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión que plantea la representante mercantil se circunscribe a si la resolución de este Organismo Jurídico Administrativo del 3 de junio de 2011, que puso fin a la reclamación económico-administrativa núm. 100/11, debe ser completada o rectificada por incurrir en el error material o de hecho de no pronunciarse sobre una de las pretensiones.

Segundo. El Reglamento de Procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas citado en el Antecedente tercero regula en su artículo 36.1 las causas o modalidades de finalización del procedimiento de las reclamaciones (renuncia, desistimiento, caducidad, satisfacción extraprocesal, imposibilidad sobrevenida y resolución) y en los arts. 39, 43 y 44 las causas y los procedimientos que posibilitan la revisión administrativa, por el propio órgano decisor, de los acuerdos y resoluciones que ponen fin a las reclamaciones.

El 39 se refiere al recurso de anulación que se interpone en el plazo de quince días en los casos específicamente previstos en él. El 43 regula el recurso extraordinario de revisión contra los acuerdos o las resoluciones firmes por las causas excepcionales que el mismo establece. Y el 44 está dedicado a la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos que contengan el acuerdo o la resolución, rectificación que puede realizarse de oficio o a instancia de parte.

Conforme a esta normativa, no existe procedimiento administrativo para que el fallo de una resolución de una reclamación económico-administrativa pueda ser completado después de haber sido notificada a los interesados y a la Administración, sin perjuicio de que la disconformidad manifestada pueda encontrar acomodo en el procedimiento de rectificación de errores al que se ha acogido la reclamante de forma subsidiaria.

Tercero. Dicho procedimiento se regula en el art. 44 del Reglamento de Procedimiento en los siguientes términos:

'1. El órgano que hubiera dictado el acuerdo o la resolución que puso fin al procedimiento económico-administrativo, de oficio o a instancia del interesado, rectificará los errores materiales, de hecho o aritméticos que contengan el acuerdo o la resolución, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

En particular, se rectificarán por este procedimiento los acuerdos y resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acuerdo o resolución que se rectifica'.

A juicio de la representante empresarial, el error de la resolución se produce porque:

En la reclamación había solicitado: a)'Se catastre como finca independiente el triángulo segregado de la parcela colindante según figura en Escritos, Registro Propiedad y plano de Fogasa (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) que son los que en su día nos vendieron la finca;y b)Se modifique la delimitación entre la finca (de mi propiedad) y de la parcela colindante, de forma recta según los mismos planos que adjuntamos', y La resolución del 3 de junio entiende que el objeto de la reclamación es únicamente la pretensión primera y la estima, disponiendo lo que ha quedado transcrito en el Antecedente primero.

Cuarto. Pues bien, la falta de pronunciamiento expreso sobre la pretensión del apartado 1.b) del Fundamento precedente, que la reclamante entiende se ha producido en la resolución cuestionada, de ningún modo puede calificarse como error material o de hecho que este Organismo Jurídico Administrativo pueda rectificar en cualquier momento -de oficio o a instancia de parte- sin infringir el principio de intangibilidad de lo que se conoce como 'cosa juzgada en vía administrativa', reconocido, para las resoluciones firmes en vía económico-administrativa, en el art. 55 del anterior Reglamento de Procedimiento aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, y actualmente en el 219.2 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y en el 40.1 del Reglamento de Procedimiento.

En efecto, de concurrir tal error, se trataría de una incongruencia omisiva o por defecto, esto es, de un error de derecho en la resolución por ser contraria a la obligación de resolver todas las cuestiones que ofrezca el expediente impuesta por los arts. 244.2 de la citada Norma Foral 6/2005 y 37.1 del también citado Reglamento, error que solo podrá enmendarse dentro de los procedimientos y plazos establecidos, y para cuya apreciación sería necesario examinar y valorar, además de las pretensiones esgrimidas en la reclamación, el contenido de la petición inicial al Servicio de Tributos Locales y Catastro -pues sin pretensión previa no existe habilitación para acudir a una instancia de revisión en vía económico-administrativa-, el contenido de la resolución recurrida, las pruebas aportadas -fundamentales en este caso-, y la normativa aplicable al caso.

El que el vicio de incongruencia en las resoluciones es una cuestión estrictamente jurídica, y no de hecho, se pone de manifiesto, por ejemplo, en la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 26 de abril de 1995 (Westlaw JT 1995/786), que no considera error de hecho la falta de pronunciamiento del Tribunal sobre una cuestión planteada; y en el ámbito judicial en el art. 88.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al regular, entre los motivos en que puede fundarse un recurso de casación, el de quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, una de las cuales es la de decidir todas las cuestiones controvertidas en el proceso (art. 67.1).

Por lo demás, el respeto al principio de congruencia -o correlación entre las pretensiones y las alegaciones de los reclamantes y lo decidido por el Organismo Jurídico Administrativo-, que imponen los artículos anteriormente citados, es perfectamente compatible con pronunciamientos en los que el silencio pueda entenderse como una desestimación tácita de la pretensión, y en tales casos no se produce una alteración decisiva de los términos del debate que determine la obligación de un pronunciamiento expreso, pues el órgano que resuelve no ha de quedar sujeto a las alegaciones de las partes, bastando con que establezca los hechos relevantes para decidir y aplique la norma del ordenamiento que sea procedente.

En definitiva, y siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo sobre el error material o de hecho, para compartir con la reclamante la pretensión de rectificación sería necesario que el error fuera apreciable de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos más o menos complejos, o a operaciones de calificación jurídica, o a nuevas y distintas apreciaciones de prueba, o a resolver cuestiones discutibles u opinables, por evidenciarse el error directamente, al deducirse, con toda certeza, del propio texto.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado procede desestimar la petición de rectificación de errores de la resolución de 3 de junio de 2011.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la solicitud de rectificación de errores, formulada por la representación de , de la resolución de este Organismo Jurídico Administrativo, del 3 de junio de 2011, que estima la reclamación económico-administrativa núm. 100/11, interpuesta por la misma contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Locales y Catastro, de 14 de febrero de 2011, relativa a la titularidad catastral de una parte de la parcela urbana nº , manzana , polígono , del municipio de Vitoria-Gasteiz,RESUELVEDESESTIMARLA.

Catastro
Error material
Subsanación de errores
Recurso de anulación
Fincas registrales
Caducidad
Satisfacción extraprocesal
Imposibilidad sobrevenida
Error de hecho
Revisión de los actos administrativos
Plazo de prescripción
Fondo de Garantía Salarial
Error de derecho
Incongruencia omisiva
Vicio de incongruencia
Pruebas aportadas
Resolución recurrida
Jurisdicción contencioso-administrativa
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