Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 17 de Febrero de 2005

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 17 de Febrero de 2005
  • Núm. Resolución: R050015

Resumen

Son inseparables el préstamo hipotecario y la compra de la vivienda pues ésta es la causa de aquél. La deducción en el IRPF 2003 por inversión en vivienda habitual se aplica en función del porcentaje de participación en la propiedad del inmueble, con independencia de que el préstamo obligue solidariamente a los prestatarios sin distinción de cuotas.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a diecisiete de febrero de dos mil cinco. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 192/04, interpuesta por contra la resolución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 12 de julio de 2004, que aprueba la liquidación núm. 2004/308.161 correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2003; cuantía: 778,63 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-En el ejercicio 2003 el interesado practicó una deducción por inversión en vivienda habitual por el 79,5% -porcentaje de propiedad en su vivienda habitual- de la amortización de un préstamo deducible en un 81%.

La Oficina Gestora del IRPF minora la deducción practicada, manteniendo que, a pesar de su cuota de propiedad en la vivienda, el préstamo obliga solidariamente a sus cotitulares -el reclamante y la Sra. A- a la devolución del capital entregado, sin especificación de cuota alguna, con lo que, de acuerdo a preceptos de derecho civil, dicha obligación ha de distribuirse al 50%. Por ello, corresponde al Sr. B, únicamente, la deducción del 50% -de la amortización e intereses- del 81% del préstamo.

Segundo.-Contra los citados actos, el interesado formula la presente reclamación económica-administrativa en la que solicita se anulen porque: 1º).- aunque el préstamo tenga el carácter de solidario, su pago se hará de acuerdo al porcentaje de propiedad en el bien adquirido con él (79,5%); y 2º).- la propia Administración, en resolución de un recurso de reposición en relación a la exención de una ganancia patrimonial obtenida en el ejercicio 1997 y reinvertida en la vivienda, estableció dicho porcentaje en el 79,5% -sobre el 81%- del préstamo.

Tercero.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión planteada consiste en determinar el porcentaje del préstamo objeto de deducción -en concepto de amortización e intereses- por inversión en vivienda habitual, en el impuesto y ejercicio de referencia del Sr. B, teniendo en cuenta lo siguiente: 1º).- que la vivienda pertenecía -hasta el citado período- en proindiviso a razón de un 79,5% y un 20,5% al interesado y a la Sra. A respectivamente; y 2º).- que en el contrato de préstamo se establece, expresamente, que la obligación de restitución del capital prestado en los plazos y condiciones establecidas en el mismo es solidaria, sin señalarse cuota específica de deuda.

Segundo.-En relación a ello, el 77 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone:

'1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción por inversión y, en su caso, financiación de la vivienda habitual.

2. Se entenderá por inversión en vivienda habitual:

Las cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda habitual. (…).

4. La deducción será el resultado de aplicar:

En concepto de inversión, el 15% de las cantidades invertidas en el ejercicio, incluidos los gastos originados que hayan corrido a su cargo (…).

No resultan cuestionados en la presente reclamación los siguientes hechos: 1º).- que la adquisición de la vivienda habitual por el Sr. B -realizada en escritura pública del 1 de agosto de 1997- se produjo en proindiviso participando el interesado en una cuota del 79,5% del inmueble; y 2º).- que en esa misma fecha, ambos copropietarios concertaron un préstamo hipotecario cuyo destino fue el pago de la citada vivienda.

La controversia se suscita entonces respecto a la base de la deducción, lo que dependerá de qué cantidades han de considerarse invertidas en el ejercicio -amortización e intereses del préstamo-, requiriendo tal precisión un ánalisis previo de los efectos jurídicos de la solidaridad pasiva voluntariamente contraída en virtud del préstamo hipotecario suscrito.

Tercero.-En relación a ello, el articulo 1.137 del C.C dispone: 'la concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria'.A continuación, dicho texto legal, en su artículo 1.144 establece que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios.

En este caso, se señala expresamente la solidaridad de los codeudores -'solidaridad ex voluntate'-,consistente en una relación (préstamo), un objeto (devolución del capital e intereses) y dos sujetos obligados indistintamente a su cumplimiento frente al tercero acreedor.

Por su parte, el artículo 1.145 del antedicho cuerpo legal establece que el pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación pudiendo reclamar a sus codeudores 'la parte que a cada uno le corresponda'. La mayoría de la doctrina civilista entiende que esta acción de regreso, fundamentada en el enriquecimiento injusto -experimentado por el deudor que no ha satisfecho la obligación frente al acreedor-, supone la liquidación de la obligación entre los deudores y viene precedida de las ideas de división y mancomunidad.

Del conjunto de ambos preceptos se concluye que la solidaridad pasiva provoca una doble relación: 1º).-'ad extra': la establecida respecto al tercero acreedor caracterizada porque cada uno de los deudores debe la totalidad que a su vez puede ser reclamada íntegramente a cada uno de ellos, liberándose el pagador a sí mismo y a los demás; y 2º).-' ad intra': la surgida entre los deudores, distribuyéndose la obligación'en la parte a que cada uno le corresponda', convirtiéndose la solidaridad pasiva, en su fuero interno, en una obligación mancomunada cuya máxima manifestación es la acción de regreso entre los codeudores regulada en el expuesto art. 1.145 del C.C.

Sentado lo anterior, resulta determinante cómo ha de distribuirse la obligación entre los distintos codeudores partiendo de que el artículo antedicho dispone que se haga'en la parte que a cada uno le corresponda'. Al respecto, el artículo 1.138 del C.C establece:'Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros'.Es decir, la división -en la relación interna de los codeudores- de la obligación ha de realizarse atendiendo a la relación subyacente generadora de la solidaridad y, en su defecto, ha de entenderse dividida en tantas partes como deudores haya. Así lo entiende la Audiencia Provincial de Valencia que, en su sentencia de 15 de julio de 1998 (Ar. AC 6738), afirmó: '…entre los deudores, se distribuye la responsabilidad en virtud del negocio jurídico constitutivo de la solidaridad (ej: socios, avalistas, etc..), de los pactos precedentes o posteriores o, en su defecto, por partes iguales.

Cuarto.-Llegados al punto de la distribución de la deuda en virtud del contrato por el que el interesado y la Sra. A se obligan solidariamente es donde surge la controversia. Estima la Oficina Gestora del impuesto que dado que el negocio jurídico que determina la solidaridad es el préstamo -no la compraventa del inmueble- y no establecido respecto al mismo cuota alguna específica de deuda ni pactos precedentes ni posteriores -conocidos- que determinen la división de la obligación principal, cual es, la restitución del capital al prestamista, ha de entenderse ésta contraída al 50% -operando la presunción legal del artículo 1.138 del C.C-.

Sin embargo, la tesis expuesta olvida el negocio jurídico previo al préstamo, causa y origen del mismo y, especialmente ligado a la deducción por inversión en vivienda habitual, cual es, la compraventa por la que el interesado adquiere el 79,5% de su vivienda habitual. En dicho contrato se establecieron porcentajes o cuotas de participación en el bien adquirido que, lógicamente, deben ser trasladados a la deuda contraída en virtud de tal adquisición -no resultando aplicable la regla supletoria de la distribución de la deuda en tantas partes como deudores haya- en tanto que el préstamo no puede desligarse de su destino, causa o negocio originario.

Lo anterior se concluye también por la necesaria aplicación del principio de equidad en la interpretación de las normas, recogido por la Audiencia Provincial de Valladolid, en su sentencia de 22 de febrero de 2003 (Ar. JUR 2003/76824), al afirmar: '…quien percibe los beneficios de una determinada situación jurídica debe soportar las consecuencias en iguales términos… si el demandante resulta propietario de unnoventa por ciento del inmueble resulta ajustado a los más elementales principios que aporte también esa misma proporción de las obligaciones…Es cierto como se dice en el recurso, que no existe documento alguno en el que se expresa la cantidad por la que cada uno de los deudores debe responder en la amortización del préstamo hipotecario pero no lo es menos, como ya se argumentó anteriormente, que la distribución de beneficios (participación en el inmueble) debe ser absolutamente idéntica a las cargas (cuotas de amortización)'.

Quinto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la reclamación y anular los actos impugnados, por ser no conformes a derecho.

Vistos los preceptos reglamentarios citados y los demás de general y pertinente aplicación.

Este Organismo Jurídico Administrativo de Álava, en las actuaciones de la reclamación económico-administrativa núm. 192/04, interpuesta por contra la resolución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 12 de julio de 2004, que aprueba la liquidación núm. 2004/308.161 correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2003,RESUELVEESTIMAR la misma y:

Primero.-Anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a derecho.

Segundo.-Disponer que la Oficina Gestora confeccione una nueva liquidación en la que tenga en cuenta que el interesado ha destinado el 79,5% del préstamo, concertado el 1 de agosto de 1997, a la adquisición de su vivienda habitual.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Vivienda habitual
Inversión en vivienda habitual
Préstamo hipotecario
Contrato de hipoteca
Deducción inversión vivienda habitual
Prestatario
Deudor solidario
Ganancia patrimonial
Acción de regreso
Contrato de préstamo
Negocio jurídico
Escritura pública
Copropietario
Base de deducción
Enriquecimiento injusto
Obligaciones solidarias
Responsabilidad
Presunción legal
Obligación principal
Prestamista
Cuota de participación
Equidad
Dueño
Cuotas de amortización
Acto administrativo impugnado
Distribución de beneficios

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