Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 18 de Febrero de 2011

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 18 de Febrero de 2011
  • Núm. Resolución: R110010

Resumen

IRPF 2009. Plan de pensiones y seguro colectivo de los empleados de Telefonica. Cualquiera que sea la modalidad aseguradora la normativa vigente califica las prestaciones como rendimiento de trabajo. Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que las primas satisfechas por el seguro colectivo vigente antes de su integración en el año 1992 en el actual Plan de Pensiones de los trabajadores de la empresa deben descontarse de las prestaciones recibidas en forma de capital, pero, si no se acredita el importe de las primas, se computa el total percibido y se integra al 60% en la base imponible. Las percepciones periódicas en forma de renta tributan al 100%.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a dieciocho de febrero de dos mil once. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 482/10, interpuesta por contra la resolución del Jefe de la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, de 24 de noviembre de 2010, que desestima la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Sra. presentó la autoliquidación por el impuesto y ejercicio reseñados en la que, entre otros rendimientos de trabajo, incluyó el 60% de 30.000 €, es decir, 18.000 €, además de 600 € percibidos en forma de renta, con las correspondientes retenciones de 1.488 €. Tal rendimiento provenía de la prestación por jubilación percibida, parte en forma de capital y parte en forma de renta, en el ejercicio 2009 del Plan de Pensions Plancaixa Invest 6, plan al cual traspasó durante el año 2004 el total de los derechos consolidados que tenía en el Plan de Pensiones de los Empleados de Telefonica, gestionado por Fonditel.

Segundo. Solicitada la rectificación de la autoliquidación en base a que el importe cobrado del Plan de Pensiones no debe tributar por provenir de la dotación inicial (36.539,99 €) en concepto de derechos por servicios pasados realizada el 1 de julio de 1992 en la constitución del Plan de Pensiones de los Empleados de Telefonica, como consta en documento emitido el 25 de junio de 2010 por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de los Empleados de Telefonica, conclusión que extrae de lo expuesto, entre otras sentencias, en la sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de febrero de 2007, tal pretensión es denegada por la resolución de referencia ya que dicha sentencia resolvía una cuestión que afectaba a un período impositivo en el que era aplicable la Ley 18/1991, de 6 de junio, del IRPF, normativa que no es aplicable en este ámbito territorial y temporal.

Tercero. Contra dicha resolución, la interesada interpone la presente reclamación económico-administrativa en la que reitera su petición, en apoyo de lo cual cita las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2002 y de 5 de marzo de 2007, la ya citada de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de julio de 2004.

Alega que si se somete a tributación la parte correspondiente a las cantidades transferidas al Plan de Pensiones como derechos por servicios pasados, que corresponde a las primas que pagó por el seguro colectivo y que le eran descontadas en las nóminas que constan en el expediente administrativo y reconocidas como retribución en especie, se incurre en una doble imposición. Considera por ello que tal importe no debe tributar al ser aplicable el tratamiento previsto para los rendimientos de capital mobiliario en la Disposición Transitoria Décima de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula el régimen transitorio de los contratos de seguro de vida generadores de incrementos o disminuciones patrimoniales con anterioridad a 1 de enero de 1999.

Cuarto. Solicitado a la Oficina Gestora del Impuesto que complete el expediente administrativo con las nóminas que la Sra. manifiesta que obran en el mismo, aquélla remite de nuevo el expediente y en el mismo no figuran.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión planteada en la presente reclamación consiste en determinar si la prestación percibida en el año 2009 del Plan de Pensiones Pensions Plancaixa Invest 6, al cual traspasó la interesada en el año 2004 la totalidad de los derechos consolidados que tenía en el Plan de Pensiones de los Empleados de Telefonica, de los cuales 36.539,99 € provienen de los derechos reconocidos el 1 de julio de 1992 por servicios pasados en la empresa, no ha de tributar, o, en su defecto, si debe hacerlo como rendimiento de trabajo o como rendimiento de capital mobiliario, y en qué forma.

Segundo. El art. 18 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que también se consideran rendimientos del trabajo:

'a) Las siguientes prestaciones:

3ª a')…

b') Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de pensiones….

6ª Las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.'

Por su parte, el art. 19 de la Norma Foral antedicha, que regula el rendimiento íntegro del trabajo, establece:

'1. El rendimiento íntegro del trabajo estará constituido con carácter general, por la totalidad de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo.

2. No obstante, en los supuestos que se relacionan en este apartado, el rendimiento íntegro del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo:

a)…

b) En el caso de las prestaciones contempladas en el artículo 18 a) de esta Norma Foral, excluidas las previstas en el número 6º, que se perciban en forma de capital, la integración de la cantidad percibida se realizará al 100 por 100.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la cantidad percibida en forma de capital se integrará al 60 por 100 en los siguientes supuestos:

- Tratándose de la primera prestación que se perciba por cada una de las diferentes contingencias, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación…

c)…En el caso de prestaciones percibidas en forma de capital de los contratos de seguros colectivos a los que se refiere el artículo 18 a) número 6º de esta Norma Foral cuando las aportaciones efectuadas por los empresarios no hayan sido imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones el 60 por 100:

a´) cuando se traten de prestaciones de invalidez;

b´) cuando correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se perciban…

d ) Las prestaciones a que se refiere el artículo 18.a) de esta Norma Foral, cuando se perciban en forma de renta…, se computarán en su totalidad.'

Por otro lado, el art. 36.1 c) de la Norma Foral citada califica de rendimiento de capital mobiliario los'Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguros de vida o invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capitales.', indicándose en el art. 39.1 que'Tienen esta consideración los rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguros de vida o invalidez, excepto cuando, con arreglo a lo previsto en el artículo 18.a) de esta Norma Foral, deban tributar como rendimientos del trabajo.'

Tercero. Previamente a la resolución de la cuestión aquí planteada, se ha de señalar que similar cuestión ha sido ya tratada por diversas sentencias de los Tribunales de Justicia, algunas de las cuales son citadas por la interesada, como la dictada por el Tribunal Supremo el 5 de marzo de 2007 (Westlaw RJ\2007\2522), en recurso de casación para la unificación de doctrina, y la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 13 de julio de 2004 (Westlaw JUR\2005\41975) en las que se declaraba, al igual que lo que se ha establecido en otras sentencias del Tribunal Supremo -27 de julio de 2002 (Westlaw RJ 2002\8271), 10 de octubre de 2006 (Westlaw RJ 2006\6492), 20 de marzo de 2007 (Westlaw RJ 2007\2759), 9 de mayo de 2008 (Westlaw RJ 2008\5032), etc.- que las prestaciones recibidas de un seguro de supervivencia debían tributar como un incremento de patrimonio derivado de un contrato de seguro y no como un rendimiento de trabajo personal.

En el mismo sentido se manifestó también la Audiencia Nacional en su sentencia de 1 de febrero de 2007 (Westlaw JUR\2007\81070), que tras analizar las del Tribunal Supremo, y observar que una parte de la suma percibida por el contribuyente no procedía de las contribuciones y aportaciones al Plan de Pensiones, sino de fondos transferidos al Plan por una entidad preexistente, concluía que a la porción de la prestación que correspondía a dichas cantidades no podía aplicársele la normativa que preveía la tributación de las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los Planes de Pensiones (art. 25.k de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del IRPF), sino la que regulaba la tributación de los incrementos de patrimonio (art. 48.Uno.i) de la antedicha Ley), por lo que el incremento venía determinado por la diferencia entre la cantidad percibida y el importe de las primas satisfechas.

Para llegar a las anteriores conclusiones, en las sentencias del Tribunal Supremo citadas se relatan los siguientes hitos sobre la previsión social de la empresa Telefonica:

'…Telefónica tenía suscritas con la compañía de seguros Metrópolis, dos pólizas colectivas en beneficio de sus trabajadores, una de ellas de muerte e invalidez y otra de supervivencia a la edad de 65 años. Para su cobertura, se descontaba a los trabajadores de su salario y a los jubilados de su pensión, el importe de las cuotas necesarias.

El 31 de diciembre de 1982, Telefónica rescató dichas pólizas de seguro de supervivencia, cesando desde ese momento el abono de primas a la compañía aseguradora, fijándose el importe de los capitales asegurados hasta dicho rescate, a fin de garantizar las reservas técnicas necesarias para su abono, en el momento de la producción del riesgo asegurado.

Desde ese momento, hasta el año 1992, en que Telefónica constituye un Plan de Pensiones a favor de sus trabajadores, la cuestión de supervivencia 'es totalmente oscura', en opinión de las sentencias.

No obstante ello, indican una serie de circunstancias o elementos a tener en cuenta entre ellos los de que el seguro de supervivencia o seguro colectivo siguió siendo tenido en cuenta, como acreditan diversos extremos documentales, entre ellos una nota de la Inspección de Zona de Madrid, de 15 de octubre de 1985, en que hace referencia al mismo, explicando que sus reservas se constituyen con las cuotas totales pagadas más sus rendimientos financieros, así como la Memoria de la entidad retenedora, correspondiente a 1990, donde específicamente se habla 'del seguro colectivo de capitales de vida', especificando que los trabajadores de Telefónica…devengan un derecho al cumplir sesenta y cinco años, se encuentren activos o jubilados, y que se materializa en un pago único en concepto de prestación de supervivencia.

Al propio tiempo, se declara probado que en las nóminas de los trabajadores se les descontaba un importe en concepto de prima del seguro colectivo, que generaba la correspondiente retención fiscal.'

Y en la de la Audiencia Nacional se afirman los siguientes:

'…las dificultades, finalmente devenidas en inviabilidad del sistema de previsión social de Telefónica e insolvencia de la Institución Telefónica de Previsión, disuelta y en proceso de liquidación según BOE de 13-6-92, dio lugar a un replanteamiento de todo el sistema de previsión de los empleados. En este marco se llevó a cabo la integración en el Régimen General de la Seguridad Social y se ofreció a los mismos sustituir el anterior sistema de previsión por un Plan de Pensiones que complementase al general de la Seguridad Social. En este sentido la propuesta consistía en el establecimiento de un Plan de Pensiones del Sistema Empleo, de Aportación Definida y Capitalización Financiera individual, con un reconocimiento inicial de derechos consolidados por derechos pasados de hasta 215.000 millones, cifra a asignar entre los partícipes, a quienes correspondería su titularidad; dicho citado reconocimiento individual lo sería sin imputación fiscal a cargo del partícipe.

A la luz de los elementos expuestos pueden verterse las siguientes conclusiones: la interesada se incorporó, con el colectivo de Telefónica, al Plan de Pensiones en 1992, en cuyo momento se produjo un reconocimiento de derechos consolidados en el mismo; ello equivalía a una aportación en bloque por la empresa que se asignó entre los partícipes en función de unos cálculos basados en el salario regulador, antigüedad y otras variables. Dado que esta asignación individual lo fue sin imputación fiscal al partícipe, en el ejercicio 1992 no debió producir impacto fiscal alguno en la renta de la interesada, en el sentido de computar ingreso ni correlativa reducción de la base por aportaciones.

Con el acuerdo alcanzado con los empleados y su adhesión al Plan en estos términos, el empleado renunciaba y la empresa se liberaba de la prestación de supervivencia existente en la empresa y a la parte que le correspondiese en el capital de riesgo del Seguro Colectivo, fórmulas las dos en que consistía el sistema de previsión anterior…'

En primer lugar se ha de decir, respecto a las sentencias a las que se ha hecho referencia, que, aun cuando efectuaron los pronunciamientos señalados, tales conclusiones no pueden sin más trasladarse al supuesto que nos ocupa, puesto que en este caso nos encontramos con importes percibidos en el ejercicio 2009, en el cual ya no se encuentra vigente la normativa aplicada por tales sentencias, es decir, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del IRPF, ni tampoco la que en nuestro ámbito territorial nos afectaba, la Norma Foral 24/1991, del IRPF, de 11 de diciembre de 1991.

Seguidamente se ha de señalar que tales pronunciamientos concluían que la prestación recibida, proveniente de aportaciones efectuadas hasta julio de 1992, debía tributar como incremento patrimonial determinado por la diferencia entre la cantidad percibida y el importe de las primas satisfechas. Ello era una manera de salvar una situación no contemplada normativamente, de modo que la consideración como incremento de patrimonio permitía eludir una doble imposición de las primas pagadas por el trabajador.

Cuarto. Y así, dado lo expuesto en la normativa aplicable para el período 2009, no puede prosperar la pretensión de la reclamante de considerar que el tratamiento fiscal que deba darse a las cantidades reconocidas por servicios pasados en la empresa a 1 de julio de 1992 e ingresadas en el Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica sea el de rendimiento de capital mobiliario de los previstos en el art. 36.1 c) de la Norma Foral del Impuesto, ni en consecuencia la pretensión de aplicar lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima de la citada Norma Foral 3/2007, que regula el régimen transitorio de los contratos de seguros de vida generadores de incrementos o disminuciones de patrimonio con anterioridad a 1 de enero de 1999 y es aplicable a determinados rendimientos de capital mobiliario, ya que la tributación del importe recibido que ahora nos ocupa, de acuerdo con los hechos relatados en las sentencias, tiene pleno encaje en la previsión del art. 18 a) 6ª, es decir, como prestación de jubilación percibida como beneficiaria de un contrato de seguro colectivo que instrumenta los compromisos por pensiones asumidos por la empresa, lo cual supone que la cuantía a considerar como rendimiento sea la que exceda de las contribuciones que le fueron imputadas fiscalmente y de las aportaciones por ella realizadas, es decir, que han de descontarse las cuantías que ya han tributado.

Por ello, dado que tal y como ha sido relatado en los hechos expuestos en la sentencia de la Audiencia Nacional, no hubo cantidades imputadas fiscalmente a la Sra. , las únicas cantidades que pueden detraerse del rendimiento para no incurrir en una doble imposición son las primas por aquélla abonadas.

Y como las primas abonadas no son los 36.539,99 € de la dotación inicial en concepto de derechos por servicios pasados -tal dotación se aportó por la empresa entre los partícipes en función de unos cálculos basados en el salario regulador, antigüedad y otras variables de cada trabajador-, ni tampoco los 30.600 € por los que la interesada pretende no tributar, no habiendo acreditado las primas que satisfizo, a lo que venía obligada por el artículo 101.2 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que establece que'En los procedimientos de aplicación de los tributos quien pretenda hacer valer su derecho tiene la carga de probar los hechos constitutivos del mismo, ha de desestimarse la presente reclamación y confirmar el acto administrativo impugnado que ratifica la tributación como rendimiento íntegro de trabajo del 60% de la parte cobrada en forma de capital y del 100% de la parte cobrada en forma de renta del Plan de Pensiones.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente reclamación económico-administrativa y confirmar el acto administrativo impugnado, por ser conforme a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 482/10 interpuesta por contra la resolución del Jefe de la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, de 24 de noviembre de 2010, que desestima la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009,RESUELVEDESESTIMARla misma y confirmar el acto administrativo impugnado, por ser conforme a derecho.

Plan de pensiones
Rendimientos del trabajo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Rendimientos de capital mobiliario
Rendimientos íntegros del trabajo
Recibo de salarios
Traspaso
Contrato de seguro
Seguro de vida
Seguro de supervivencia
Autoliquidaciones por IRPF
Doble imposición
Operaciones de seguro reaseguro capitalización
Persona física
Asegurador
Comisiones
Contrato de seguro de vida
Rentas en especie
Salario en especie
Período impositivo
Planes de previsión social empresarial
Compañía aseguradora
Fondos de pensiones
Riesgo asegurado
Suma asegurada
Producción del riesgo
Insolvencia
Acto administrativo impugnado
Primas de seguro
Régimen General de la Seguridad Social
Incremento del patrimonio
Prestación de jubilación
Rendimientos íntegros

RDLeg. 1/2002 de 29 de Nov (TR. Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 298 Fecha de Publicación: 13/12/2002 Fecha de entrada en vigor: 14/12/2002 Órgano Emisor: Ministerio De Economia

Ley 18/1991 de 6 de Jun (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) DEROGADO PARCIALMENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 136 Fecha de Publicación: 07/06/1991 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1992 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

NF. 6/2005 de 28 de Feb Álava/Araba (General Tributaria ) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Álava Número: 30 Fecha de Publicación: 11/03/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2005 Órgano Emisor: Juntas Generales De Alava

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