Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 21 de Mayo de 2001

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 21 de Mayo de 2001
  • Núm. Resolución: R010134

Resumen

En aplicación del Concierto Económico vigente en 1993 y 1994, la competencia para inspeccionar el IRPF es de la Hacienda Foral aunque el contribuyente haya pasado a residir a Sevilla. La Orden Ministerial que se alega sólo afecta a los órganos de comprobación del Estado. Las actuaciones inspectoras se iniciaron y finalizaron con representante válidamente acreditado. El medio de prueba utilizado -valor catastral del inmueble enajenado- para determinar el incremento de patrimonio es válido, y su resultado ha podido ser desvirtuado desde el inicio de la investigación con la acreditación del precio de compra.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintiuno de mayo de dos mil uno. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 31/00, interpuesta por D. , con DNI 16.216.095 y domicilio a efectos de notificaciones en , contra la resolución del Jefe del Servicio de Tributos Directos, de enero de 2000, que confirma liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1993 y 1994, derivadas de Acta de Inspección; cuantía: 17.118.857,- ptas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El 29 de marzo de 1999, la Inspección de los Tributos de la Diputación Foral de Álava incoa el Acta nº 1185-HD, de disconformidad, la cual, en lo que aquí interesa, pone de manifiesto la existencia de un incremento de patrimonio irregular, en el ejercicio 1993, producido como consecuencia de la enajenación de un inmueble sito en el término municipal de Burgos.

Segundo.-Contra la resolución de referencia, que desestima el previo recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones giradas por la Oficina Gestora del IRPF de resultas de la propuesta realizada por el Servicio de Inspección, el Sr. interpone la presente reclamación solicitando se declare su nulidad. Alega lo siguiente: 1) la incompetencia de la Diputación en las actuaciones de la Inspección, dado que, al tiempo de iniciarse éstas, ya no tenía su residencia habitual en Vitoria-Gasteiz, sino en territorio común, falta de competencia a la que alude la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 23 de octubre de 1998; 2) la notificación del Servicio de Inspección emplazando al interesado para dar comienzo a las actuaciones mediante anuncio publicado en el BOTHA del 28 de octubre de 1998 -después de haberse intentado en un domicilio de Vitoria-Gasteiz- carece de efectos legales, puesto que este tipo de notificación sólo es aplicable cuando se desconoce el domicilio del sujeto pasivo, lo que no acontece en el presente supuesto, dado que se encuentra empadronado desde 1995 en (Sevilla), hecho éste que resulta conocido por la Administración; y 3) la Inspección de los Tributos, a efectos del cálculo del incremento de patrimonio imputado, ha considerado como valor de adquisición, según redacción literal del acta,el catastral más antiguo del que se tiene constancia, esto es, 4.862.547,- ptas.,el cual no se corresponde con la realidad dado que la compra tuvo lugar el 4 de enero de 1986 por un valor de 6.453.084,- ptas.

Tercero.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Las cuestiones a resolver en la presente reclamación son: 1) si la Hacienda Foral Alavesa es o no competente en las actuaciones de inspección iniciadas en 1998 referentes a los ejercicios 1993 y 1994; 2) si la notificación por edictos realizada en el BOTHA en orden a dar comienzo a las actuaciones de comprobación e investigación es o no lícita; y 3) en lo referente al fondo del asunto, si el incremento de patrimonio ha sido cuantificado de manera correcta.

Segundo.-Respecto a la primera cuestión planteada, con independencia de cuál es la Administración competente en orden a liquidar el IRPF, -punto que no admite duda dado que el Sr. , dada su condición de residente alavés, presentó, en los ejercicios 1993 y 1994, las autoliquidaciones correspondientes ante la Hacienda Foral- nos encontramos con el asunto de la competencia en orden a inspeccionar en 1998 unos hechos imponibles acaecidos en los ejercicios mencionados, cuando se ha producido en 1995 un cambio de domicilio a territorio común, para cuya solución debemos acudir al propio sistema que instaura la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, mediante el cual las instituciones competentes de los Territorios Históricos gozan de autonomía en el procedimiento de gestión tributaria, debiéndose entender ésta en un sentido amplio, conforme establece el artículo 2:'La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el Sistema Tributario de los Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales',subrogándose en definitiva aquéllos en los derechos y obligaciones en materia tributaria de la Hacienda Pública Estatal. Por otro lado, el IRPF, en cuanto tributo concertado de normativa autónoma, será exigido por la Diputación Foral competente por razón del territoriocuando el sujeto pasivo tenga su residencia habitual en el País Vasco, configurándose de esta manera como un tributo de carácter personal cuyo punto de conexión en orden a su 'exigibilidad' -en todas sus facetas, inspección incluida- es la residencia del contribuyente al tiempo de producirse los hechos imponibles.

En definitiva, la Hacienda Foral Alavesa será competente en orden a la inspección del IRPF cuando el sujeto pasivo haya tenido la residencia habitual en territorio vasco en los ejercicios en los que se hayan realizado los hechos imponibles a inspeccionar, independientemente de dónde se resida al tiempo de iniciarse las actuaciones. Cuestión distinta es lo establecido en el artículo 8 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de mayo de 1986, que desarrolla el Reglamento General de Inspección Financiera y Tributaria aprobado por Real Decreto de 25 de abril de 1986, según el cual 'será el domicilio fiscal que el obligado tributario tenga al iniciarse las actuaciones inspectoras el determinante en su caso de la competencia del Órgano actuante de la inspección de los Tributos',-aspecto a que hace referencia la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de octubre de 1998 (Ar. JT 1856) alegada por el interesado- pero que en este caso carece de virtualidad, dado que la citada Orden regula las atribuciones propias de los órganos de la Inspección de los Tributos en el ámbito de la Administración del Estado, y no la distribución de competencias entre Administraciones, ámbito que se encuentra reservado a las disposiciones emanadas del poder legislativo.

Tercero.-En lo referente a la notificación efectuada comunicando el inicio de las labores de inspección, de la documentación obrante en el expediente se deduce que a las actuaciones de comprobación e investigación se personó desde el primer momento D. , en calidad de representante -válidamente acreditado mediante documento privado de fecha 12 de enero de 1999-, efectuando incluso alegaciones referentes a la falta de competencia de la Hacienda Foral y, sucesivamente, se realizaron hasta cuatro comparecencias, por lo que desde el inicio el Sr. tuvo cabal conocimiento del contenido de la notificación. Estos hechos resuelven por sí solos la cuestión planteada relativa a la notificación, dado que ésta ha cumplido el fin que la justifica.

Cuarto.- En lo que al contenido sustancial de la actuación inspectora se refiere, discrepa acerca del valor y la fecha de adquisición consignados a efectos del cálculo del incremento de patrimonio irregular producido por venta de un inmueble en el ejercicio 1993.

A este respecto, dichos elementos han sido considerados, ante la falta de acreditación por parte del inspeccionado y la carencia de datos reales, de acuerdo con los antecedentes disponibles en la Hacienda Foral. En este sentido, desde el comienzo de la inspección propiamente dicha hasta el momento actual, ha dispuesto de varias oportunidades para probar los hechos que afirma, a saber: 1) en las sucesivas comparecencias de las actuaciones de inspección; 2) en el momento de la firma del acta en disconformidad; 3) en el procedimiento abierto de resultas de la interposición del recurso de reposición contra las liquidaciones giradas por la Oficina Gestora del IRPF conforme a la propuesta realizada por el inspector actuante; y 4) durante la sustanciación de la presente reclamación económico-administrativa; sin que conste en ninguno de estos momentos la aportación de dato alguno conducente a enervar los cálculos originariamente realizados.

Sin ir más lejos, en el propio informe ampliatorio al acta de inspección, expedido el 30 de marzo de 1999, en el apartado d), se indica lo siguiente: '(...) la base imponible calculada (...) lo ha sido ante una carencia de datos reales (...), por lo que la aportación por el contribuyente de documentación relevante al respecto alteraría la liquidación propuesta en los términos que resultasen de dicha documentación', documento de cuyo contenido ha tenido perfecto conocimiento el reclamante, dado que en su momento realizó las correspondientes alegaciones.

Por lo que, de conformidad con el artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria, al establecer que tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho debe probar los hechos normalmente constitutivos del mismo, no cabe sino mantener en todos sus extremos el incremento de patrimonio imputado por la Oficina Gestora.

Quinto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la reclamación y confirmar la resolución y liquidaciones impugnadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 31/00 interpuesta por D. , contra la resolución del Jefe del Servicio de Tributos Directos, de enero de 2000, que confirma las liquidaciones el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1993 y 1994,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Inspección tributaria
Residencia habitual
Acta de inspección
Falta de competencia
Liquidación girada
Medios de prueba
Valor catastral
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Valor de adquisición
Fondo del asunto
Traslado de domicilio
Actuaciones y Procedimientos de Gestión Tributaria
Residencia
Obligado tributario
Domicilio fiscal
Documento privado
Actividad inspectora
Contenido de la notificación
Procedimiento abierto
Acto administrativo impugnado
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