Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 21 de Octubre de 2011

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 21 de Octubre de 2011
  • Núm. Resolución: R110062

Resumen

IRPF 2003. Cuando se produce la interrupción injustificada del procedimiento inspector de comprobación e investigación, durante un plazo superior a 6 meses, la prescripción de la acción de la Administración para liquidar la deuda tributaria no se considera interrumpida por ninguna de las actuaciones inspectoras realizadas hasta la interrupción.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintiuno de octubre de dos mil once. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 159/11, interpuesta por , contra la resolución del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 26 de enero de 2011, que confirma la liquidación núm. 2009/308.889, girada por dicho impuesto, ejercicio 2003.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava tramitó un procedimiento de comprobación e investigación -referido a los ejercicios 2003 a 2005 del IRPF- que desembocó en el Acta núm. 847-BP, de 8 de enero de 2009, firmada en disconformidad por el inspeccionado. En dicha Acta y su informe ampliatorio se hacen constar, entre otros extremos, los siguientes: a) Que el Sr. no había presentado declaraciones-liquidaciones del IRPF en los ejercicios mencionados; b) Que la Administración tributaria alavesa era competente para la regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo por tener éste su residencia habitual en la calle , de Vitoria-Gasteiz (domicilio en el que se encontraba empadronado desde el 16 de marzo de 2001); y c) Que el inspector actuario estimaba procedente dicha regularización mediante la imputación, en lo que se refiere al ejercicio 2003, de los rendimientos del trabajo obtenidos por el Sr. , cuantificados en un rendimiento neto de 32.291,04 € con una retención soportada de 7.434,26 €.

A la vista del Acta y de las alegaciones a la misma formuladas por el interesado, la Hacienda Foral giró la liquidación de referencia -determinando una deuda tributaria de 288,97 € (intereses de demora incluidos)- que, tras dos intentos de notificación en el domicilio de la calle , los días 23 y 24 de julio de 2009, fue entregada al propio Sr. , el día 15 de octubre de 2010, según consta en el acuse de recibo incorporado al expediente administrativo.

Segundo. Contra la resolución que confirma dicho acto liquidatorio, el interesado promueve la presente reclamación, en la que solicita su anulación, formulando las siguientes alegaciones: a) La Diputación Foral de Álava resulta incompetente para girar liquidación por el IRPF del ejercicio 2003, ya que, en ese año, el sujeto pasivo no tenía su residencia habitual en dicho territorio histórico. A este respecto, se remite a las alegaciones y pruebas presentadas durante la tramitación de la reclamación económico-administrativa núm. 153/09, previamente interpuesta por el Sr. en relación con los ejercicios 2004 y 2005; b) En cualquier caso, se ha producido la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria; y c) Con carácter subsidiario, para el caso de que se entienda que el reclamante tenía su residencia habitual en Álava y no se aprecie la prescripción, solicita la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual correspondiente al préstamo invertido en la compra del inmueble de la calle , de Vitoria-Gasteiz.

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/07, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones planteadas son las siguientes: a) Si la Diputación Foral de Álava es o no competente para la exacción del IRPF del ejercicio 2003 correspondiente al reclamante; b) En caso afirmativo, si ha prescrito o no el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria; y c) De no haberse producido tal prescripción, si procede o no la aplicación de la deducción por la adquisición de la vivienda sita en la calle .

Segundo. En lo que se refiere a la primera cuestión, el artículo 6.Uno del Concierto Económico -aprobado por la Ley 12/02, de 23 de mayo- establece que la exacción del IRPF corresponde a la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Por su parte, la Norma Foral 35/98, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -vigente en el ejercicio 2003-, disponía en su artículo 3.1 -en la redacción dada por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/02, de 3 de diciembre- que:

'1. Se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en el Territorio Histórico de Álava aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número de días del período impositivo, el número de días que permanezca en Álava sea superior al número de días que permanezca en cada uno de los otros dos territorios del País Vasco...'.

En el presente supuesto, el reclamante niega la competencia de la Diputación Foral de Álava para la exacción del impuesto correspondiente al ejercicio 2003 porque en ese año no tenía su residencia habitual en dicho territorio histórico, remitiéndose a las alegaciones formuladas y a las pruebas aportadas en la reclamación económico-administrativa núm. 153/09.

Durante la sustanciación de dicha reclamación, el Sr. alegó que, hasta el año 2005, tuvo su residencia habitual en el domicilio de sus padres, sito en la calle , de Oñate, añadiendo que, si bien figuró empadronado en la vivienda de su propiedad -sita en la calle , de Vitoria-Gasteiz- desde el 16 de marzo de 2001, la misma no tuvo condiciones de habitabilidad hasta la instalación de la cocina en abril de 2005. En prueba de esta alegación, aportó escritos de las personas que habían efectuado la mencionada instalación, en los que manifestaban que era la primera cocina que se instalaba en el inmueble, así como diversa correspondencia, remitida en los años 2004 y 2005 a la dirección de Oñate, de entidades de las que era socio.

A este respecto, como ya se indicó en la resolución de este Tribunal de 27 de abril de 2010 que puso fin a la mencionada reclamación núm. 153/09, las pruebas aportadas no resultan suficientes para desvirtuar la presunción de permanencia en el inmueble de la calle , creada por el empadronamiento en el mismo al menos por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2001 y el 26 de enero de 2009, según consta en el certificado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitido en esta última fecha e incorporado al expediente de dicha reclamación.

Tercero. Sentada, por lo tanto, la competencia de la Diputación Foral de Álava para la exacción del IRPF, en el ejercicio 2003, resulta necesario examinar la prescripción alegada por el reclamante.

En lo que se refiere a esta cuestión, el artículo 65.a) de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General Tributaria, establece que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, añadiendo, el artículo 66.1.a) que dicho plazo se computará desde el día siguiente a aquél en el que finalice el período reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. Tal período reglamentario, en el caso del ejercicio 2003 del IRPF, finalizó el 25 de junio de 2004, de conformidad con el artículo 5.Uno de la Orden Foral 151/04, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 23 de marzo.

Asimismo, la citada Norma Foral 6/05 añade, en su artículo 67.1.a), que este plazo de prescripción del derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria se interrumpe:'Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria'.

Por otra parte, el artículo 147.2 de la misma Norma Foral dispone que la interrupción injustificada del procedimiento inspector de comprobación e investigación, por no realizarse actuación alguna durante más de seis meses, producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

'a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada...

En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la reanudación de actuaciones con conocimiento formal del interesado tras la interrupción injustificada...'.

Cuarto. En el supuesto que nos ocupa, en la fecha en la que fue notificada la liquidación impugnada, el 15 de octubre de 2010 (e incluso en el momento en el que se realizó el primer intento de comunicación de la misma, el 23 de julio de 2009), habían transcurrido más de seis meses desde la formalización del Acta de disconformidad núm. 847-BP, el 8 de enero de 2009. Ello implica la existencia de una interrupción injustificada del procedimiento de comprobación e investigación, por un período superior a seis meses, que conlleva que ninguna de las actuaciones desarrolladas durante el procedimiento inspector haya interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a liquidar la deuda tributaria correspondiente al IRPF del ejercicio 2003.

Efectivamente, cuando el sujeto pasivo tuvo conocimiento formal de la liquidación finalmente practicada por la Hacienda Foral, al recogerla el 15 de octubre de 2010, ya había vencido sobradamente dicho plazo de prescripción de cuatro años, cuyo cómputo se inició el 26 de junio de 2004 -día siguiente al de la finalización del plazo reglamentario de presentación de la declaración-liquidación del ejercicio 2003 del IRPF- de conformidad con el artículo 66.1.a) de la Norma Foral 6/05.

En consecuencia, la liquidación impugnada debe ser anulada sin que resulte necesario pronunciarse sobre la cuestión planteada relativa a la deducción por adquisición de vivienda habitual.

Quinto.Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la presente reclamación y anular la liquidación y la resolución impugnadas por no ser conformes a Derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 159/11, interpuesta por , contra la resolución del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 26 de enero de 2011, que confirma la liquidación núm. 2009/308.889, girada por dicho impuesto, ejercicio 2003,RESUELVEESTIMARla misma y anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a Derecho.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Deuda tributaria
Residencia habitual
Procedimiento inspector
Residencia habitual en Álava
Prescripción de la acción
Rendimientos del trabajo
Rendimientos netos
Intereses de demora
Vivienda habitual
Pruebas aportadas
Plazo de prescripción
Persona física
Período impositivo
Obligaciones tributarias
Habitabilidad
Empadronamiento
Obligado tributario
Acta de disconformidad
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Acto administrativo impugnado

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