Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 21 de Diciembre de 2004

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 21 de Diciembre de 2004
  • Núm. Resolución: R040077

Resumen

La sentencia del Tribunal Supremo, que anuló determinados artículos de la Norma Foral de Valoraciones de 1990 por ser contraria al Concierto Económico, no afecta a las valoraciones hechas por peritos. El incremento patrimonial en el IRPF 2003, obtenido por la enajenación de inmuebles adquiridos a título lucrativo, se determina tomando como valor de adquisición el que fijó la Oficina del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a través de tercer perito.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintiuno de diciembre de dos mil cuatro. Vistas ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 156/04 y sus acumuladas la 162/04, 163/04 y 168/04 interpuestas por contra las liquidaciones núm. 304.376, 306.914, 305.383 y 308.810, relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2003; cuantía: 2.308,49 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el ejercicio de referencia los interesados enajenaron unos locales sitos en , adquiridos a título lucrativo en fecha 25 de noviembre de 1991. La Oficina Gestora sustituye el valor de adquisición en el que fundamentan las correspondientes autoliquidaciones -510.860,00 €- por el que estableció un tercer perito -338.646,28 €- en la comprobación de valores realizada con ocasión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y devenida firme. Las ganancias patrimoniales así determinadas quedan incorporadas a las liquidaciones citadas en el encabezamiento.

Segundo.- Frente a los citados actos, los interesados promueven las presentes reclamaciones económico-administrativas en las que solicitan su anulación alegando la nulidad del art. 2.5 de la Norma Foral 13/1990, de 20 de marzo, sobre determinación de los valores de bienes y derechos y sus repercusiones en relación con determinados impuestos, que dispone que el valor obtenido en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tendrá la consideración de valor de adquisición o enajenación -según corresponda- a efectos de la determinación de los incrementos o disminuciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, porque el art. 1.5 -de este mismo texto legal- que establecía los mismos efectos para el valor fijado en el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados fue declarado nulo en virtud de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 25 de marzo de 1993, confirmada por la del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 1996.

Tercero.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión controvertida es determinar si el valor de adquisición fijado en las liquidaciones impugnadas -el determinado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como consecuencia de una comprobación de valores- es conforme a derecho o si, por el contrario, el mismo carece de la cobertura normativa necesaria porque la sentencia del Tribunal Superior Justicia del País Vasco citada en el Antecedente de Hecho Segundo declaró la nulidad del art. 1.5 de la Norma Foral 13/1990, de 20 de marzo, sobre determinación de los valores de bienes y derechos y sus repercusiones en relación con determinados impuestos.

Segundo.-Antes de resolverla es necesario decidir si este Organismo Jurídico Administrativo de Álava puede entrar a conocer de la nulidad de un acto basada en la supuesta ilegalidad de la norma en que aquél se fundamenta.

Al respecto ha de señalarse, como también lo ha entendido reiteradamente el Tribunal Económico Administrativo Central en resoluciones, entre otras, de 4 de diciembre de 1998 (Ar. JT 1999/102) y de 21 de julio de 2000 (Ar. JT 2000/1528), que el ámbito de la reclamación económico-administrativa no alcanza a la ilegalidad o inconstitucionalidad de las normas reguladoras de los tributos, materias éstas reservadas en nuestro ordenamiento jurídico a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y al propio Tribunal Constitucional. Por ello, este Tribunal no puede abordar la posible ilegalidad del art. 2.5 de la referida Norma Foral debiendo limitarse a examinar si el acto impugnado se ajusta a las disposiciones aplicables.

No obstante lo anterior, las sentencias citadas -en lo que aquí interesa- analizaron la contradicción de la Norma Foral mencionada con la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco que en su redacción anterior a la 38/1997 concebía al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un tributo de normativa autónoma transitoriamente regulado por normas forales iguales a las del Territorio Común salvo las excepciones en él señaladas.

Así pues, la nulidad alegada por los interesados -en lo que aquí concierne- se fundamentó en que la normativa del Territorio Común establecía que el valor de adquisición -a efectos de la determinación de los incrementos y disminuciones patrimoniales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- era el importe real por el que se hubiera efectuado mientras que el precepto foral impugnado remitía al valor fijado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados contradiciendo esta distinción lo fijado en el Concierto Económico respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Aún en ese período transitorio, impugnado el art. 2.5 en relación con la repercusión de los valores fijados en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -tributo de normativa autónoma y distinta que la de Territorio Común- en el Impuesto Extraordinario del Patrimonio de las Personas Físicas -transitoriamente con una regulación igual a la común- su contenido fue admitido por el Tribunal Supremo al establecer que 'su validez y subsistencia se condiciona al supuesto de que las valoracionespracticadas lo sean conforme a normas forales iguales a las comunes como acontecería por ejemplo cuando se trate de valoraciones hechas por peritos de la Administración Foral'.

Tercero.-Sentado lo expuesto -y superada la situación transitoria anterior a la Ley 38/1997, de 4 de agosto, de modificación del Concierto con la Comunidad Autónoma Vasca- hay que tener presente que las liquidaciones impugnadas fueron ajustadas a derecho, no sólo a la normativa anterior sino también al párrafo primero del art. 44 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que -en relación a las transmisiones a título gratuito- establece lo siguiente:

'Cuando la adquisición o la transmisión hubiere sido a título lucrativo se aplicarán las reglas del artículo anterior, tomando por importe real de los valores respectivos aquellos que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones'.

La regulación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas remite a las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -tributo que acude al valor real de los bienes y derechos transmitidos-, sirviendo éstas para cuantificar el valor de adquisición de elementos adquiridos a título gratuito tanto a los efectos del propio tributo como a los del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. En este supuesto sustituido el valor declarado por el determinado como resultado de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -valor real fijado por un tercer perito en el procedimiento de comprobación de valores incoado a raíz de este último impuesto-, puede concluirse que el valor de adquisición fijado por la Oficina Gestora es conforme a derecho.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de diciembre de 1995 (Ar. RJ 1995/9957), referida a un supuesto en que se cuestionaban los valores de adquisición a tener en cuenta para determinar los incrementos de patrimonio obtenidos en la enajenación de unos bienes adquiridos a título gratuito, consideró que:'La Ley (…), se remite en bloque a las normas de valoración del Impuesto sobre Sucesiones, y, con toda prudencia, admite el valor concreto que haya señalado la Oficina competente, como resultado de la aplicación de las normas de este último Impuesto, pues no tendría sentido que los Servicios competentes para gestionar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hicieran su propia valoración a los efectos de este Impuesto aplicando las normas del Impuesto sobre Sucesiones, que podría ser distinta y que introduciría una duplicidad a todas luces innecesaria y perniciosa'.

Cuarto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar las presentes reclamaciones y confirmar los actos impugnados por ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 156/04 y sus acumuladas las núm. 162/04, 163/04 y 168/04 interpuestas por contra las liquidaciones núm. 304.376, 306.914, 305.383 y 308.810 respectivamente, relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2003,RESUELVEDESESTIMAR las mismas y confirmar los actos impugnados por ser ajustados a derecho.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Valor de adquisición
Perito tercero
Procedimiento de comprobación de valores
Enajenación de bienes inmuebles
Incremento del patrimonio
Ganancia patrimonial
Actos jurídicos documentados
A título gratuito
Jurisdicción contencioso-administrativa
Incrementos y disminuciones de patrimonio
Valor real
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Persona física
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
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