Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 22 de Mayo de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 22 de Mayo de 2000
  • Núm. Resolución: R000051

Resumen

Si bien los recibos de la Contribución Urbana, y la inclusión en la autoliquidación del IRPF de rendimientos procedentes de la vivienda adquirida, constituyen indicios de que la transmisión ha tenido lugar efectivamente en la fecha del documento privado, no acreditan que tal documento haya sido efectivamente presentado ante funcionario por razón de su cargo, por lo que el derecho a liquidar el gravamen Transmisiones Patrimoniales no ha prescrito. No obstante, la liquidación debe practicarse aplicando el tipo de gravamen y las normas de valoración vigentes en la fecha real de transmisión, por lo que procede anular la liquidación practicada.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintidós de mayo de dos mil.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 370/96 interpuesta por d. , con DNI , y domicilio a efectos de notificaciones en , contra la resolución de la Jefa de la Sección de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 28 de mayo de 1996, que desestima el recurso de reposición relativo a la liquidación nº 4.581-1-V-96, del gravamen sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas; cuantía: 794.726 pts.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Mediante escritura de 22 de febrero de 1996 fue elevado a público un contrato privado de compraventa fechado el 20 de septiembre de 1989, por el cual el interesado adquiría de la Caja la vivienda sita en la calle

de por un precio de 8.150.000 ptas.

Segundo.-La Oficina Gestora giró la liquidación de referencia que arrojó una deuda tributaria de 794.726 ptas. como resultado de aplicar un tipo impositivo del 4% a una base imponible de 27.439.464 ptas. Tanto el tipo como el valor comprobado se fijaron de conformidad con las normas vigentes en la fecha de la escritura.

Tercero.-Contra la resolución arriba indicada, que desestima el previo recurso, el interesado interpone la presente reclamación económico-administrativa, en la que solicita que se anule y declare prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria derivada de la compraventa.

En defensa de su pretensión alega que: 1.- El plazo de prescripción debe computarse a partir de la fecha del documento privado, porque el recibo de la contribución urbana de la vivienda que le fue girado en 1989 presupone el conocimiento por la Administración de su titularidad y del negocio jurídico por el que la adquirió, y, porque incluyó en la autoliquidación del IRPF de dicho ejercicio rendimientos de capital inmobiliario por la misma; 2.- El art. 1227 de Código Civil no resulta aplicable cuando existen otros medios de prueba que acreditan la realidad de la fecha del documento privado, como la certificación de 3 de octubre de 1990 del Secretario General de la Entidad Financiera que reconoce la existencia del contrato privado.

En prueba de su derecho aporta el recibo correspondiente al ejercicio y contribución señalada, y cita, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1989 (Ar. 3900), 25 de enero de 1989 (Ar.123) y 23 de junio de 1995 (sic).

Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, habiéndose incorporado al expediente las declaraciones de los ejercicios de 1989 y 1990 del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas del reclamante, y solicitado del Servicio de Tributos Locales y Catastro la remisión del contrato privado si hubiera sido presentado en dicha dependencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión planteada en la presente reclamación económico-administrativa consiste en determinar cuáles son los efectos en el gravamen sobre Transmisiones Patrimoniales de la fecha de un contrato privado de compraventa elevado posteriormente a público.

Segundo.-El artículo 51 de la Norma Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 31 de mayo de 1981, dispone, en su apartado 1, que la prescripción se regulará por lo previsto en el artículo 64 y siguientes de la Norma General Tributaria de la misma fecha, y éstos, a su vez, establecen que el derecho de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescribirá a los cinco años contados a partir del día en que finalice el plazo para presentar la correspondiente declaración; plazo este último que, el artículo 103 del Reglamento Foral del impuesto de 14 de junio de 1982, fija en los 30 días hábiles siguientes a aquél en que haya tenido lugar el hecho imponible.

En virtud de estas normas la determinación del 'dies a quo' de la prescripción no presenta especial dificultad cuando la transmisión tiene lugar mediante escritura pública, por cuanto, de conformidad con el artículo 1218 del Código Civil, la misma hace prueba de su fecha. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando tiene lugar mediante documento privado pues la fecha carece de fehaciencia, y es por eso por lo que el artículo 51.2 del la Norma Foral del Impuesto señala que'A efectos de prescripción, en los documentos que deben presentarse a liquidación, se presumirá que la fecha de los privados es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 1227 del Código Civil, en cuyo caso se computará la fecha de la incorporación, inscripción, fallecimiento o entrega, respectivamente...';precepto este último que, a su vez, señala que 'Lafecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.'

Tercero.-El precepto fiscal transcrito tiene su fundamento en el principio de 'actio nata', según el cual no puede iniciarse el plazo de prescripción del derecho de la Hacienda Foral para liquidar el gravamen sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas en tanto que la misma no tenga conocimiento del documento, pleno e integro, mediante su presentación. Frente a esta regla general el precepto fiscal transcrito solo permite retrotraer el 'dies a quo' para el cómputo de dicho plazo cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1227 del Código Civil, pues en dichos casos se garantiza que, aunque la Hacienda Foral no tenga conocimiento de su contenido y existencia, la fecha del documento no ha sido anticipada en su perjuicio. En parecidos términos se pronuncia la Audiencia Nacional en su sentencia de 13 de mayo de 1999 (JT 1568).

Por tanto, para que pueda retrotraerse el inicio del plazo de prescripción a una fecha anterior a la de la presentación del documento, el contribuyente debe acreditar, de conformidad con el artículo 111.1 de la Norma Foral General Tributaria('Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.') el registro en el que fue inscrito, el funcionario público ante el que fue presentado o el fallecimiento del alguno de los firmantes, y, además, la concreta fecha en que tales circunstancias tuvieron lugar.

Cuarto.-En el caso que nos ocupa, el interesado no afirma ninguno de los extremos antedichos y pretende deducir la concurrencia de las circunstancias señaladas a partir de la existencia a su nombre de un recibo de la contribución urbana de la vivienda correspondiente a 1989, y de la inclusión en la autoliquidación del IRPF correspondiente al mismo año de rendimientos de capital inmobiliario por la vivienda. Sin embargo, estas circunstancias no permiten deducir que el contrato hubiera sido efectivamente presentado ante funcionario por razón de su cargo, pues, por un lado, no consta copia del mismo ni en las autoliquidaciones del IRPF de los ejercicios 1989 y 1990, ni en el Servicio de Tributos Locales y Catastro y, por otro, el recibo de la Contribución Urbana aportado y la consiguiente alta en el registro fiscal correspondiente no acreditan, como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de junio de 1989 (Ar. 4668) y los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla la Mancha (sentencia de 17 de mayo de 1999 [JT 1067]), Andalucía, salas de Granada y Sevilla, (sentencias de 21 de abril de 1997 [JT 342] y 8 de julio de 1999 [JT 1641] respectivamente), y el de Castilla y León, sala de Burgos (sentencia 29 de marzo de 1999 [JT 312]), ni la titularidad jurídica, ni la existencia de la transmisión onerosa como hecho imponible del tributo, por lo que tampoco es infrecuente que figure en el Catastro quien no es propietario, sino mero detentador de un bien inmueble o usufructuario del mismo, también sujeto pasivo del actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Quinto.-Así las cosas, y como quiera que el contrato de compraventa fue elevado a público el 22 de febrero de 1996, y la cuota resultante de la liquidación impugnada fue satisfecha el 28 de marzo de 1996, ha de concluirse que fue practicada cuando aún no había prescrito el derecho de la Administración Tributaria, y ello aunque la documentación antes citada, junto con la certificación del Secretario General de la Entidad Financiera vendedora reconociendo la existencia de la compraventa, constituyen indicios suficientes para afirmar que la transmisión tuvo lugar realmente en la fecha consignada en el documento privado, pues, como ha señalado el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de Noviembre de 1995 (Ar. 9706), el artículo 51.2 contiene una ficción legal que, a efectos de la prescripción, altera o trastoca la realidad, sustituyendo la fecha del documento privado por la que resulta de aplicar dicho precepto, y que como tal ficción no admite prueba en contrario; doctrina ésta que no resulta contradicha por las sentencias citadas por el reclamante, pues, por un lado, la sentencia de 23 de junio de 1995, que se atribuye al Tribunal Supremo, corresponde en realidad al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ar. JT 824), y, por otro, las dictadas el 30 de mayo de 1989 y el 25 de enero de 1989 por la sala de lo civil del Tribunal Supremo, que señalan que el artículo 1227 del Código Civil solo es aplicable cuando no es posible probar la realidad de la fecha del documento privado por otros medios, no lo fueron con ocasión de la interpretación de aquel precepto fiscal, sino del citado artículo 1227.

Sexto.-Por tanto, procede confirmar la no prescripción del derecho de la Hacienda Foral para practicar la liquidación por el gravamen sobre Transmisiones Patrimoniales, pero dicha confirmación no puede alcanzar a la liquidación impugnada, por cuanto que la Oficina Gestora aplicó en ella el tipo de gravamen y las normas de valoración aplicables en el momento en que fue elevado a público el documento privado, cuando debió hacerlo de acuerdo con los vigentes en la fecha de este último, pues, como ha señalado el Tribunal Supremo en la sentencia de 29 de noviembre de 1995 antes citada, la ficción legal establecida y regulada por el articulo 51.2'solo puede aplicarse como indica textualmente , de modo que en cuanto a la determinación de las normas aplicables (devengo del Impuesto, base imponible, tipos, etc.) rige y prevalece la fecha real, verdadera, no fingida del documento privado y con mas razón deberán referirse a dicho momento los valores a fijar en la correspondiente comprobación administrativa.'

En consecuencia, procede estimar en parte la presente reclamación y anular los actos administrativos impugnados a fin de que por la Oficina Gestora se practique una nueva liquidación en la que tanto el valor comprobado como el tipo de gravamen se fijen conforme a las normas vigentes en la fecha del documento privado, sin que ello, en ningún caso, pueda conducir al agravamiento, prohibido por el artículo 113.3 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la situación inicial del reclamante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 370/96, interpuesta por d. , contra la resolución de la Jefa de la Sección de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 28 de mayo de 1996, que desestima el recurso de reposición relativo a la liquidación nº 4.581-1-V-96, en concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas;RESUELVEESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero.-Anular la liquidación y la resolución impugnadas, por no ser conformes a derecho.

Segundo.-Ordenar a la Oficina Gestora del Impuesto la práctica de liquidación aplicando el valor del bien y el tipo de gravamen vigentes el 20 de septiembre de 1989, que es la fecha del contrato privado.

Documento privado
Contrato privado
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Deuda tributaria
Plazo de prescripción
Tipos gravamen transmisiones patrimoniales onerosas
Catastro
Capital inmobiliario
Actos jurídicos documentados
Dies a quo
Entidades financieras
Fecha de la escritura
Funcionarios públicos
Tipos impositivos
Negocio jurídico
Medios de prueba
Persona física
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Escritura pública
Días hábiles
Actio nata
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Contrato de compraventa
Dueño
Usufructuario
Bienes inmuebles
Prueba en contrario
Acto administrativo impugnado
Devengo del Impuesto
Valor de los bienes

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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