Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 23 de Enero de 1998

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 23 de Enero de 1998
  • Núm. Resolución: R980007

Resumen

El interés de demora que la Administración puede incluir en las liquidaciones se devenga desde que finaliza el plazo de presentación hasta la fecha de la liquidación, incluido el tiempo que transcurre hasta ejecutar la resolución del Tribunal Económico-Administrativo en el caso de que la anterior deuda hubiera estado suspendida de ingreso, pues el interés no tiene carácter sancionador, sino compensador. La liquidación que ejecuta la resolución del Tribunal no puede suponer el agravamiento de uno de los factores de la anterior que no había sido cuestionado, aunque la deuda tributaria resultante sea inferior.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 311/94, interpuesta por D. en nombre y representación de , S.A., contra la liquidación núm. 8.573-1-V-94 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; cuantía 785.634 ptas..

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La adquisición por la interesada de una parcela del polígono de esta ciudad, mediante escritura pública de 6 de octubre de 1986, fue autoliquidada como exenta del gravamen de Transmisiones Patrimoniales.

Segundo.- El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por Orden Foral de 23 de septiembre de 1989, declaró su no procedencia y, el 6 de julio de 1992, la Oficina Gestora practicó liquidación que, aplicando valores comprobados y exigiendo unos intereses de 156.000 ptas. por una demora de 34 meses, fue anulada por resolución de 23 de mayo de 1994 de este Organismo Jurídico Administrativo.

Tercero.- El 19 de octubre de 1994, la Oficina Gestora practicó nueva liquidación que, señalando una nueva base imponible comprobada, exigía el abono de 291.456 ptas. en concepto de intereses por una demora de 96 meses. Contra ésta, la interesada interpuso la presente reclamación solicitando que sea anulada ya que no le es imputable el tiempo transcurrido entre la modificación de la base imponible declarada y la fijada definitivamente.

Cuarto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El objeto de la presente reclamación consiste en determinar si es o no computable para el cálculo de intereses de demora el tiempo transcurrido desde el 6 de julio de 1992, fecha en la que fue practicada la liquidación anulada por este Organismo Jurídico-Administrativo, hasta el 19 de octubre de 1994 en que se practicó la ahora reclamada.

Segundo.- Los intereses de demora son una compensación específica del coste financiero que supone dejar de disponer de las cantidades dinerarias que son legalmente debidas, esto es, tienen, como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de mayo de 1997 (Ar. 4172), una función compensadora del incumplimiento de una obligación de dar, y, por tanto, se devengan desde la finalización del plazo de ingreso voluntario hasta que se produce el ingreso de la deuda tributaria. Así se desprende del artículo 59.2 de la Norma Foral General Tributaria de 31 de mayo de 1981, en la redacción dada al mismo por el Decreto 2341/85 de 19 de Junio, que establece que'Los ingresos realizados fuera de plazo comportarán el abono de interés de demora, sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser exigibles por las infracciones cometidas.'.

Tercero.- En el caso que nos ocupa, no consta que la interesada realizara pago alguno con anterioridad a la fecha en que fue practicada la liquidación ahora reclamada, por lo que ha de concluirse que la cuota tributaria fijada en la misma devengó interés de demora, sin que sea obstáculo para ello el que la primitiva liquidación fuera anulada por este Organismo Jurídico Administrativo, puesto que ni ésta, ni la practicada en su sustitución crean una cuota tributaria por obligación distinta de la impuesta el 6 de octubre de 1986, sino que se limitan, previa comprobación administrativa de valores, a exigir a la reclamante el pago de la que debía de haber ingresado, de conformidad con el 103.1 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 14 de junio de 1982,'dentro de los treinta días hábiles siguientes al que haya tenido lugar el hecho imponible', esto es, antes del 11 de noviembre de 1986; conclusión que, por otra parte, concuerda con la alcanzada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de julio de 1990 (Ar. 6161), que, en relación a liquidación practicada como consecuencia de la resolución de un Tribunal Económico Administrativo, señala que'cuando la reclamación prospera íntegramente, como la liquidación es absolutamente improcedente, no existe deuda tributaria ni por tanto intereses de demora imputables al importe de la misma, pero, en cambio, cuando la deuda permanece aunque disminuida en su cuantía a causa de una estimación sólo parcial de la reclamación, continúa presente la obligación de satisfacer intereses por su importe durante el periodo de suspensión, pues la cuota tributaria subsiste ...'.

Cuarto.- La solución alcanzada en el fundamento anterior debiera llevar a desestimar la presente reclamación y a confirmar la liquidación impugnada. Sin embargo, la misma no puede ser aplicada por cuanto el artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las resoluciones de los recursos administrativos deben ser congruentes con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que, en ningún caso, pueda agravarse su situación inicial, y como quiera que la liquidación anulada por este Organismo Jurídico Administrativo imputaba una demora de 34 meses, desde el 11 de noviembre de 1986 hasta la fecha en que se practicó (6 de julio de 1992), la ahora impugnada no puede imputar a la reclamante una demora superior por el mismo periodo, so pena de incurrir en el agravamiento prohibido de su situación, pues, aunque la deuda final descienda por otros motivos (señalamiento de un valor comprobado inferior), se ha producido, como ha señalado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 31 de mayo y 23 de noviembre de 1996 (Ar. 4345 y 8317), un detrimento económico en los factores parciales de la misma cuya subsanación puede determinar una mayor reducción, aún, de la deuda tributaria.

En consecuencia, procede estimar en parte la presente reclamación y anular la liquidación impugnada a fin de que se sustituya por otra en la que los intereses sean calculados computando una demora de 34 meses, hasta el 6 de julio de 1992, y de 835 días, desde dicha fecha hasta el 19 de octubre de 1994.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 311/94, interpuesta por la representación de , S.A., contra liquidación núm. 8.573-1-V-94 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,RESUELVEESTIMAR EN PARTE la misma y en su virtud:

Primero.- Anular la liquidación impugnada por no ser conforme a derecho.

Segundo.- Ordenar que por la Oficina Gestora se practique nueva liquidación conforme se señala en el último párrafo del Fundamento de Derecho Cuarto.

Intereses de demora
Deuda tributaria
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Cuota tributaria
Escritura pública
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Modificación de la base imponible
Modificación de la Base Imponible del IVA
Obligación de dar
Días hábiles
Recursos administrativos

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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