Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 23 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 23 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: R070024

Resumen

IRPF 2002. La anulación de las primeras liquidaciones por vicios procedimentales no significa que decaiga el derecho de la Administración, siempre que el mismo no haya prescrito. No obstante, las posteriores liquidaciones, motivadas por referencia a un acta de inspección, deben ser anuladas porque no responden al contenido de dicha acta.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintitrés de marzo de dos mil siete. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 223/06, interpuesta por , contra las liquidaciones núms. 2006/310.362, 310.293 y 310.169, giradas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2001 a 2003, y contra el acta de la Inspección de Tributos de la que derivan.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El 19 de julio de 2005 la Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava extendió el acta de disconformidad núm. 000753-BP al Sr. , por los ejercicios 2000 a 2003 del IRPF, y emitió el correspondiente informe ampliatorio.

Dicha acta fue extendida, según se hace constar en la misma, en presencia de D. José Luis , como persona autorizada por el contribuyente. Obra en el expediente administrativo copia del documento, fechado el 5 de febrero de 2005, mediante el que el Sr. había conferido representación al Sr. a efectos de las actuaciones inspectoras relativas al IRPF y al IVA de los períodos impositivos 2001, 2002 y 2003.

En esta acta se proponía una regularización de la situación tributaria del contribuyente consistente en modificar los rendimientos netos de la actividad económica declarados de acuerdo con el siguiente detalle:

Ejercicio

Rendimiento neto declarado

Rendimiento neto propuesto

2000

18.264,26 €

232.004 €

2001

18.629,50 €

162.342 €

2002

19.002,07 €

226.836 €

2003

19.762,16 €

379.823 €

En el informe ampliatorio se hacen constar, entre otros extremos, los siguientes: a) Los rendimientos netos de la actividad económica autoliquidados por el contribuyente fueron calculados de conformidad con la modalidad de signos, índices y módulos del método de estimación objetiva; y b) En el curso de las actuaciones de comprobación, la Inspección verificó que los rendimientos reales de la actividad en los períodos impositivos comprobados, de acuerdo con la documentación aportada por el sujeto pasivo (libros de facturas recibidas y emitidas), eran los propuestos en el acta.

El informe concluye ratificando la propuesta de regularización contenida en el acta en base a que la Norma Foral del IRPF establece que la aplicación de la modalidad de estimación objetiva nunca podrá dar lugar a que queden sin gravar los rendimientos reales de la actividad económica.

La Oficina Gestora del impuesto giró las liquidaciones núms. 2005/309.859, 309.409, 309.370 y 309.302 por, respectivamente, los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003, aplicando la regularización propuesta por el Servicio de Inspección. Tales liquidaciones fueron practicadas en la modalidad de tributación conjunta, en la que habían formulado sus declaraciones el Sr. y su esposa Dña. María Soledad .

Segundo.-Los interesados interpusieron sendos recursos de reposición contra las cuatro liquidaciones giradas en los que solicitaron su anulación en base a las siguientes alegaciones: a) Prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, respecto al ejercicio 2000; b) Falta de representación de ambos obligados tributarios, respecto al ejercicio 2000, y de uno de ellos, la Sra. , respecto al resto de períodos impositivos; y c) Incorrecta determinación de los rendimientos reales de la actividad económica ya que no se han tenido en cuenta todos los gastos de la misma sino sólo los incluidos en el libro de facturas recibidas, quedando excluidos otros como seguros sociales, amortizaciones y provisiones o gastos financieros.

En relación con la alegación de fondo, solicitaron expresamente la aplicación del procedimiento especial de la modalidad de estimación directa simplificada -por contemplar una minoración del 10% del rendimiento neto, en concepto de amortizaciones, provisiones y gastos de difícil justificación-, adjuntando anexos con los cálculos derivados de tal procedimiento que determinaron los siguientes resultados:

EJERCICIO

RENDIMIENTO NETO

2000

208.805,62 €

2001

144.841,93 €

2002

201.623,68 €

2003

334.793,56 €

Tales recursos fueron estimados mediante la resolución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 24 de noviembre de 2005, que anuló las liquidaciones derivadas del acta núm. 000753-BP y aprobó otras de carácter provisional que, imputando los rendimientos netos de la actividad económica autoliquidados por los sujetos pasivos, no arrojaron cantidad alguna a pagar o devolver.

Tercero.-Mediante comunicación, fechada el 22 de diciembre de 2005, el Servicio de Inspección de Tributos puso en conocimiento de los reclamantes el nuevo inicio de las actuaciones de comprobación de los ejercicios 2000 a 2003 del IRPF, confiriendo ambos cónyuges representación respecto a las mismas a favor del Sr. y otra.

Las conclusiones de este nuevo procedimiento fueron documentadas en el acta de disconformidad núm. 1.090-JM, extendida el 10 de abril siguiente en presencia del mencionado representante, cuya propuesta de regularización coincidía con la contenida en el acta núm. 000753-BP. Igualmente los antecedentes de hecho y la fundamentación del informe ampliatorio de la nueva acta eran sustancialmente idénticos a los del informe de 19 de julio de 2005.

Los interesados formularon las siguientes alegaciones al acta 1.090-JM: a) No se pueden realizar nuevas actuaciones de inspección por un impuesto y ejercicios que ya han sido objeto de comprobación con anterioridad; y b) Prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria correspondiente al ejercicio 2000.

A la vista de tales alegaciones, la Inspección de Tributos emitió un segundo informe ampliatorio del acta con las siguientes conclusiones: a) El nuevo procedimiento inspector es válido ya que el anterior fue anulado por los defectos del poder de representación; y b) No obstante, respecto al ejercicio 2000 se ha producido la prescripción alegada.

La Oficina gestora del impuesto giró las liquidaciones aquí impugnadas, por los ejercicios 2001 a 2003, en las que imputó los rendimientos netos de la actividad económica determinados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones mediante la modalidad de signos, índices y módulos, incrementándolos en las siguientes cantidades en concepto de prestación por incapacidad temporal:

EJERCICIO

IMPORTE PRESTACIÓN

2001

143.712,50 €

2002

207.833,93 €

2003

360.060,84 €

Cuarto.-Contra dichos actos liquidatorios, los contribuyentes promueven la presente reclamación, en la que solicitan su anulación y la del acta de la que derivan, en base a las siguientes alegaciones: a) La resolución estimatoria de los recursos de reposición y las liquidaciones derivadas de la misma no fueron impugnadas, por lo que adquirieron firmeza, y la Administración tributaria ha obrado contra sus propios actos al anularlas; b) Duplicidad del procedimiento inspector respecto a los mismos conceptos tributarios y períodos impositivos, sin que en la segunda comprobación se haya puesto de manifiesto ninguna circunstancia o elemento novedoso respecto a la primera; y c) Falta de motivación de las liquidaciones impugnadas, ya que su notificación no contiene respuesta alguna a las alegaciones formuladas al acta núm. 1.090-JM.

Quinto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava y del Decreto Foral 2/07, de 30 de enero, que aprueba el Reglamento regulador del procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestiones planteadas son las siguientes: a) Si el acta núm. 1.090-JM y las liquidaciones derivadas de la misma deben ser anuladas por la existencia de un procedimiento de inspección previo, relativo a los mismos elementos impositivos y ejercicios, que fue anulado a consecuencia de los recursos interpuestos contra los actos liquidatorios resultantes; y b) Si, en otro caso, lo deben ser las liquidaciones por falta de motivación en su notificación.

Segundo.-Respecto a la primera cuestión, hay que empezar señalando que la resolución estimatoria de 24 de noviembre de 2005 no entró a conocer sobre la alegación de fondo formulada por los recurrentes, ya que al haberse planteado en los recursos una cuestión procedimental, como era la relativa a la falta de representación, ésta era de previo pronunciamiento y su estimación conllevaba la anulación del acta y de las liquidaciones derivadas de la misma sin necesidad de examinar la cuestión de fondo planteada. En otro caso, las nuevas liquidaciones aprobadas no se hubieran limitado a reproducir la estimación de rendimientos contenida en las autoliquidaciones sino que hubieran aplicado la modalidad de estimación directa simplificada, tal y como solicitaban expresamente los recurrentes -Antecedente de Hecho segundo, segundo párrafo-.

Es decir -tal y como quedó posteriormente reflejado en el segundo informe ampliatorio del acta núm. 1.090-JM-, las liquidaciones derivadas del primer procedimiento inspector desarrollado fueron anuladas a consecuencia de un vicio formal, consistente en la falta de representación de uno de los cónyuges, que la Hacienda Foral entendió determinante de la invalidez del acta.

Por lo tanto, no cabe hablar, en el presente supuesto, de actos propios de la Administración, ni de anulación ulterior de la mencionada resolución estimatoria, puesto que el contenido de esta última se limitó a apreciar, aun sin expresarlo, un defecto formal posteriormente depurado en el curso del nuevo procedimiento inspector.

En este sentido, cabe añadir que las liquidaciones aprobadas por tal resolución fueron correctamente calificadas como provisionales al no derivarse de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas por la Inspección sino ser practicadas por la Oficina Gestora del impuesto, a consecuencia de la estimación de una alegación procedimental, para anular las deudas tributarias derivadas de las liquidaciones iniciales.

Tercero.-Sentado lo anterior, el hecho de que el primer procedimiento inspector fuera anulado por un defecto formal determinante de indefensión no significa en absoluto que por ello decayera el derecho de la Hacienda Foral a comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los interesados y a practicar la correspondiente regularización -puesto que la inicialmente propuesta no produjo efectos al considerarse que el acta que la contenía carecía de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin-, siempre que no hubiera prescrito tal derecho.

En este sentido se han pronunciado el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 29 de diciembre de 1998 (Ar. 1999/559) y 7 de octubre de 2000 (Ar. 7.877), la primera de las cuales señala que:'… la anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados', así como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la de 23 de diciembre de 2002 (Ar. JUR 2003/127.241).

Esta última resolución judicial desarrolla la problemática que nos ocupa afirmando, en relación con los pronunciamientos de las resoluciones anulatorias de actos administrativos, que:'Aspecto distinto,… es que tal pronunciamiento no sea de fondo, y por tanto, quepa la posibilidad de que los organismos administrativos facultados para gestionar y liquidar el tributo puedan producir nuevos actos relativos a los mismos conceptos impositivos y ejercicios, siempre que la acción liquidatoria no se haya extinguido por causas distintas previstas por el ordenamiento jurídico',y añadiendo que:'Es cierto que los recursos y reclamaciones no son el ámbito en el que la Administración puede subsanar los actos procedimentales defectuosos, pero es completamente ajeno a ello postular que porque el órgano revisor deje sin efecto la actuación impugnada en base a los motivos de índole formal o procedimental expuestos por el sujeto pasivo, (con importantes consecuencias ya en torno a ingresos efectuados, intereses de demora etc…), se prive de eficacia para el caso a la ley sustantiva del tributo y se tenga por extinguida una obligación tributaria sin fundamento jurídico material alguno, o sin revisar esa adecuación a la norma'.

Cuarto.-En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, el artículo 60 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos -aprobado por el Decreto Foral 2043/86, de 9 de diciembre, vigente en la fecha de inicio del procedimiento inspector-, establecía, en su apartado 1, que:'…la Inspección de los Tributos practicará propuesta de las liquidaciones tributarias que resulten de sus actuaciones de comprobación e investigación. Dicha propuesta constará en la correspondiente acta de inspección…No obstante, la competencia para dictar los actos administrativos de liquidación corresponderá a las Oficinas Gestoras de los distintos tributos', añadiendo en el 3 que:'Cuando el acta sea de disconformidad,…la Oficina Gestora, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda'

Ahora bien, aunque la única motivación que consta en las liquidaciones impugnadas es la siguiente:'Acta instruida por la Inspección de Tributos', el contenido de las mismas no responde en absoluto a la propuesta contemplada en el acta núm. 1.090-JM, al imputar unas prestaciones por incapacidad temporal a las que no se hacia referencia alguna en aquélla, lo cual conlleva que deban ser anuladas.

Quinto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar en parte la presente reclamación, confirmar el acta impugnada, por no concurrir el vicio procedimental alegado, y anular las liquidaciones 2006/310.362, 310.293 y 310.169 por no ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 223/06, interpuesta por,contra las liquidaciones núms. 2006/310.362, 310.293 y 310.169, giradas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2001 a 2003, y contra el acta de la Inspección de Tributos de la que derivan,RESUELVEESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero.- Confirmar el acta impugnada por no concurrir el vicio procedimental alegado.

Segundo.- Anular las liquidaciones impugnadas por no ser conformes a derecho.

Actividades económicas
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Rendimientos netos
Período impositivo
Procedimiento inspector
Estimación objetiva
Acta de disconformidad
Deuda tributaria
Falta de representación
Acta de inspección
Acta de la Inspección de Tributos
Estimación directa simplificada
Impuesto sobre el Valor Añadido
Tributación conjunta
Liquidación girada
Obligado tributario
Gastos financieros
Expropiación especial
Poder de representación
Incapacidad temporal
Obligaciones tributarias
Cuestiones de fondo
Actos propios de la Administración
Cumplimiento de las obligaciones
Inspección tributaria
Indefensión
Anulación de los actos administrativos
Intereses de demora
Prestación de incapacidad temporal
Liquidaciones tributarias

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