Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 23 de Noviembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 23 de Noviembre de 2007
  • Núm. Resolución: R070101

Resumen

Descalificación de Vivienda de Protección Oficial. En el caso de aplicación de exenciones condicionadas a la observancia posterior por el contribuyente de determinados requisitos que finalmente no se cumplen, el periodo transcurrido hasta el momento del incumplimiento no se computa a efectos de prescripción, según la doctrina legal para la unificación de criterio existente. La exención prevista, en el gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados, para los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual surtió efectos desde el 1 de junio de 2001, no resultando aplicable a las escrituras otorgadas anteriormente.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintitrés de noviembre de dos mil siete. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 170/07, interpuesta por contra la resolución de la Jefa de Sección del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, de 18 de mayo de 2007, que confirma las liquidaciones núms. 300.743 y 300.744-2007-V, giradas por dicho gravamen.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El día 23 de enero de 2001 fue otorgada escritura pública para documentar la constitución de una hipoteca sobre una vivienda sita en la calle , de Vitoria-Gasteiz, en garantía de un préstamo invertido por los reclamantes en su adquisición.

Los prestatarios presentaron autoliquidaciones, por el gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados, en las que aplicaron la exención prevista para las operaciones relacionadas con viviendas de protección oficial.

Segundo.-Mediante resolución del Delegado Territorial de Álava del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, de 6 de febrero de 2007, fue concedida, a petición de los reclamantes, la descalificación como vivienda de protección oficial del inmueble hipotecado que había sido calificado como tal en virtud de resolución de 20 de octubre de 1995.

La Oficina Gestora del impuesto giró las liquidaciones de referencia, notificadas el 29 de marzo de 2007, en las que, dejando sin efecto la exención aplicada en las autoliquidaciones, se determinan unas deudas tributarias de 464,86 € para cada prestatario.

Tercero.-Contra la resolución que confirma dichos actos administrativos, los interesados promueven la presente reclamación, en la que solicitan su anulación, formulando las siguientes alegaciones: a) Prescripción del derecho de la Administración a determinar las deudas tributarias derivadas de la formalización de la hipoteca; y b) En caso de no prosperar la anterior alegación, resultaría aplicable la exención prevista para los préstamos hipotecarios invertidos en la adquisición de vivienda habitual, ya que el inmueble de la calle Santo Domingo ha constituido su residencia durante cerca de siete años.

Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento regulador del procedimiento en las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/07, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Las cuestiones planteadas son las siguientes: a) Si, cuando se notificaron las liquidaciones impugnadas, había prescrito el derecho de la Hacienda Foral a determinar las deudas tributarias derivadas de la formalización de una hipoteca constituida el 23 de enero de 2001; y b) En caso contrario, si resulta o no aplicable a dicha operación la exención prevista para los préstamos hipotecarios invertidos en la adquisición de vivienda habitual.

Segundo.-En lo que se refiere a la primera, la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, vigente en la fecha de formalización de la hipoteca, establecía, en su artículo 64.a) -en la redacción dada por la 36/98, de 17 de diciembre-, que prescribía a los cuatro años:'El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación'.

Por su parte, el artículo 65, en la redacción establecida por la Norma Foral 17/85, de 29 de julio, añadía que dicho plazo comenzaba a contarse desde el día en que finalizase el establecido para presentar la correspondiente declaración, siendo este último -de conformidad con el artículo 84.1 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 22 de junio de 1982, en vigor en el año 2001- de 30 días hábiles a contar desde el momento en que se producía el hecho imponible.

Ahora bien, estos preceptos deben ser interpretados a la luz del principio de 'actio nata', consagrado en el artículo 1.969 del Código Civil, según el cual el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se cuenta desde el día en que puedan ejercitarse. Por ello, con carácter general, el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria se inicia con la finalización del de presentación de las correspondientes declaraciones o autoliquidaciones, ya que es a partir de ese momento cuando los órganos de la Hacienda Foral pueden revisar y comprobar aquéllas y, en su caso, practicar las oportunas liquidaciones provisionales o definitivas.

Sin embargo, esta coherencia quiebra cuando en una autoliquidación se hayan aplicado, con carácter provisional, exenciones u otros beneficios fiscales cuya efectividad quede condicionada al posterior cumplimiento por parte del contribuyente de cualquier requisito. Efectivamente, en tales casos, la Administración está impedida para actuar hasta que transcurra el tiempo legalmente previsto para el cumplimiento de la condición o hasta que se produzca el incumplimiento.

La controversia doctrinal y jurisprudencial sobre si, en estos supuestos, el cómputo del plazo de prescripción de la mencionada potestad administrativa sigue la regla general o se inicia cuando la Administración puede ejercitar sus facultades revisoras, ha quedado resuelta, en el segundo sentido, por las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2005 (Ar. 1662) y 7 de marzo de 2006 (Ar. 1632). La primera de estas resoluciones judiciales señala, en su Fundamento de Derecho tercero, que:

'La prescripción implica, siempre, una dejación, inactividad o paralización voluntaria del interesado, situaciones que no pueden ser apreciadas cuando, como en este caso acontece, la Administración acreedora no goza aún… de un derecho exigible.

En definitiva, como durante el plazo… en que la exención operaba provisionalmente la Administración no podía por imperativo legal ejercitar su derecho liquidatorio, tal plazo no puede conceptuarse como un tiempo computable… a efectos de la sanción prescriptiva'.

Tercero.-Sentado lo anterior, en el presente supuesto, los reclamantes, al constituir la hipoteca, formularon autoliquidación del gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados acogiéndose al beneficio fiscal contemplado en el artículo 46.I.B).13 de la Norma Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 31 de mayo de 1981, vigente en aquel momento, que establecía la exención de:

'… las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con viviendas de protección oficial en cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados;…

La exención se entenderá concedida con carácter provisional y condicionada al cumplimiento de los requisitos que en cada caso exijan las disposiciones vigentes para esta clase de viviendas'.

A este respecto, consta en el expediente administrativo que la vivienda de la calle Santo Domingo, , había sido calificada como de protección oficial el 20 de octubre de 1995, por un período de 30 años, como consecuencia de una actuación protegida de adquisición realizada por un propietario anterior.

Sin embargo, los reclamantes optaron por solicitar, el 18 de febrero de 2006, la descalificación en virtud de la Disposición Adicional tercera del Decreto del Gobierno Vasco 315/02, de 30 de diciembre, según la cual:

'Cabrá la descalificación con anterioridad al transcurso del plazo legal previsto en la normativa correspondiente, en el supuesto de viviendas calificadas como resultado de actuaciones protegidas de rehabilitación o de adquisición,…

La descalificación se concederá a petición del propietario de la vivienda, previo reintegro del importe de las ayudas directas que se hayan percibido para la rehabilitación o adquisición de la vivienda por su propietario actual o por cualquier anterior propietario, incrementado con los intereses generados desde su percepción, conforme al tipo de interés legal vigente'.

Finalmente, la descalificación fue concedida mediante resolución, de 6 de febrero de 2007, del Delegado Territorial de Álava del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, tras el reintegro de los importes correspondientes.

Ahora bien, siendo la exención que nos ocupa un beneficio fiscal condicionado al cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente en cada momento sobre viviendas de protección oficial, entre los que se encuentra el plazo de vigencia del régimen, la descalificación voluntaria con anterioridad al transcurso de dicho plazo implica la pérdida del beneficio.

En consecuencia, de conformidad con el principio de 'actio nata' -contenido en nuestro Código Civil y aplicable en materia de prescripción tributaria de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo citadas en el Fundamento de Derecho anterior-, el plazo de prescripción del derecho de la Hacienda Foral a liquidar se abrió en el momento en que se produjo la descalificación de la vivienda, incumpliéndose los requisitos de la exención, ya que sólo a partir de dicho momento la Administración podía ejercer sus competencias de revisión y comprobación respecto al beneficio fiscal aplicado. Por ello, cuando fueron notificadas las liquidaciones impugnadas, el 29 de marzo de 2007, no había prescrito la acción administrativa.

Cuarto.-En cuanto a la segunda cuestión planteada, la exención prevista para los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual fue introducida, en nuestro ordenamiento tributario foral, por la Norma Foral 14/01, de 10 de julio, que -con efectos desde el 1 de junio de 2001- añadió un nuevo número, el 31, al apartado I.B del artículo 46 de la Norma Foral del impuesto, de 31 de mayo de 1981.

Este nuevo número establecía la exención:'En cuanto al gravamen gradual de la modalidad … las primeras copias de escrituras notariales que documenten la constitución, modificación o cancelación de derechos reales de hipoteca constituidas en garantía del pago de un préstamo, siempre que el mismo se destine a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual'.

Ahora bien, este precepto no resulta aplicable en el supuesto que nos ocupa ya que en la fecha en que fue otorgada la escritura de constitución del préstamo hipotecario, el 23 de enero de 2001, no había entrado todavía en vigor.

Quinto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente reclamación y confirmar la resolución y las liquidaciones impugnadas, por ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 170/07, interpuesta por contra la resolución de la Jefa de Sección del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, de 18 de mayo de 2007, que confirma las liquidaciones núms. 300.743 y 300.744-2007-V, giradas por dicho gravamen,RESUELVEDESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar los actos administrativos impugnados por ser conformes a derecho.

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