Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 24 de Abril de 1998

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 24 de Abril de 1998
  • Núm. Resolución: R980069

Resumen

Los tribunales económico-administrativos no son competentes para conocer sobre la nulidad de un acto basada en la posible inconstitucionalidad de la disposición general en que aquél se fundamenta. El Tribunal Constitucional ha estimado que la elevación de las tarifas de IRPF para el ejercicio 1992, establecida casi al final del periodo impositivo, no vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho.- Vistas ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 207/94, y su acumulada núm. 208/94, interpuestas por D. y Dña. , contra resoluciones, de 18 de julio de 1994, del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desestimatorias de recursos de reposición promovidos contra confirmación de autoliquidaciones presentadas por dicho Impuesto, ejercicio 1.992; cuantía 142.928 ptas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Los reclamantes, tras la presentación de las autoliquidaciones del Impuesto y ejercicio citados, solicitaron su rectificación por entender que la aplicación en las mismas de la escala de gravamen establecida por el Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio -adaptado al régimen tributario del Territorio Histórico de Álava por los Decretos Forales Normativos 532/92, de 31 de julio, y 701/92, de 6 de octubre-, vulnera los principios constitucionales de irretroactividad, seguridad jurídica e igualdad.

Segundo.- Desestimada dicha solicitud y el posterior recurso de reposición, los interesados interponen las presentes reclamaciones económico-administrativas, en las que, tras reiterar su alegación de que la aplicación de la citada escala de gravamen contraviene los referidos principios constitucionales, solicitan la práctica de liquidaciones conforme a la escala establecida en la Norma Foral 24/1991 y la devolución de las cuotas que resulten.

Tercero.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Antes de entrar a conocer sobre la cuestión planteada -si los actos administrativos impugnados deben ser anulados por estar fundamentados en una norma que vulnera los principios constitucionales de irretroactividad, seguridad jurídica e igualdad-, es necesario decidir si este Organismo Jurídico Administrativo de Álava, como tribunal económico- administrativo que es, puede entrar a conocer de la nulidad de un acto basada en la supuesta inconstitucionalidad de la norma en que aquél se fundamenta.

Segundo.- Al respecto resulta de aplicación la reiterada doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central, según la cual el ámbito de la vía económico-administrativa no alcanza a la ilegalidad o inconstitucionalidad de las normas reguladoras de los tributos, materias éstas reservadas en nuestro Ordenamiento Jurídico a los Órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y al propio Tribunal Constitucional, respectivamente. Por ello, éste tribunal debe declararse incompetente para conocer de la posible inconstitucionalidad del Decreto Foral Normativo 701/92, de 6 de octubre, que, entre otros aspectos, modificó la escala de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el ejercicio 1992.

No obstante lo anterior, hay que señalar que el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 28 de octubre de 1.997, ha considerado que la elevación de las tarifas para el ejercicio 1992, establecida en la Ley 28/1992 de 24 de noviembre -equivalente en Territorio Común al Decreto Foral Normativo citado-, no vulnera el principio de seguridad jurídica garantizado en el art. 9.3 de la Constitución Española, y ello atendiendo a las circunstancias concretas del caso, a saber: el grado de retroactividad de la norma (impropia o de grado medio); la finalidad de la medida que aprobaba y las circunstancias excepcionales y urgentes que justificaban su adopción (responder al espectacular crecimiento del déficit público que afectaba gravemente al equilibrio de la Hacienda Pública del Estado y al cumplimiento de uno de los requisitos del Programa de Convergencia económica); y lo limitado de su alcance (la subida es de escasa importancia).

Tercero.- Sentado lo anterior, las autoliquidaciones y los actos administrativos que las confirman resultan acomodados a la normativa vigente y en concreto a la escala de gravamen aprobada para el ejercicio 1992, por lo que resulta obligada su confirmación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 207/94, y su acumulada núm. 208/94, interpuestas por D. y Dña. , contra resoluciones, de 18 de julio de 1994, del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desestimatorias de recursos de reposición promovidos contra confirmación de autoliquidaciones presentadas por dicho Impuesto, ejercicio 1.992,RESUELVEDESESTIMAR las mismas y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a Derecho.

Seguridad jurídica
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Escala de gravamen
Principios constitucionales
Período impositivo
Acto administrativo impugnado
Jurisdicción contencioso-administrativa
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