Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 26 de Marzo de 2002

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 26 de Marzo de 2002
  • Núm. Resolución: R020019

Resumen

La exención del IRPF de los ejercicios 1994 a 1996, de las pensiones de jubilación por enfermedad de los funcionarios incluidos en el régimen de clases pasivas, es aplicable a los perceptores afectos de incapacidad permanente absoluta, interpretada de forma equiparable a la laboral. La inconstitucionalidad del artículo de la Ley que exigía a este colectivo el grado de gran invalidez no puede abocar a la situación contraria, a encontrarse beneficiado fiscalmente frente al resto de pensionistas.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintiséis de marzo de dos mil dos. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 243/01, interpuesta por D. ,con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en la calle , contra la resolución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de agosto de 2001, que deniega la revisión de las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1994, 1995 y 1996; cuantía: 4.465,18 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Tras dos liquidaciones de los ejercicios 1994 y 1995 giradas por la Oficina Gestora en el año 1996, el reclamante, funcionario de la Administración, solicita, el 3 de octubre de 2000, la revisión de las reseñadas en el encabezamiento, al entender que tiene derecho a la devolución de las retenciones practicadas a cuenta del impuesto sobre las cantidades percibidas en concepto de pensión por incapacidad permanente.

Mediante resolución de abril de 2001, la Hacienda Foral deniega el reintegro de aquéllas porque, habiéndole requerido para ello, no había acreditado, a efectos de considerar dichas cantidades rentas exentas de tributación, de conformidad con doctrina del Tribunal Supremo, el grado absoluto de su invalidez.

Segundo.-Contra la resolución de referencia que la confirma, el interesado promueve la presente reclamación económico administrativa reiterando su pretensión. Alega que, teniendo en cuenta que el régimen de clases pasivas del Estado no exige un grado de minusvalía concreto para determinar la jubilación por enfermedad, y, habiendo sido declarado inconstitucional el precepto que restringía la exención de las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios, al supuesto de que el grado de disminución física o psíquica fuera constitutivo de gran invalidez, debería volverse a la redacción original, que no contemplaba ninguna graduación a este respecto.

Tercero.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión a resolver se circunscribe a si procede la devolución de las retenciones practicadas a cuenta del IRPF sobre las cantidades percibidas en los ejercicios 1994, 1995 y 1996, en concepto de pensión por incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de la Administración, lo que vendrá determinado por si dichas cantidades constituyen renta exenta de tributación.

Segundo.-El art. 1.c) del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/94, de 15 de febrero, restringe la exención para las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones Públicas, contemplada en el art. 9.c) de la Norma Foral 24/91, de 11 de diciembre, a los supuestos en los que se acredite que el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de una gran invalidez. A este respecto hay que señalar que la redacción de aquél coincide con la del art. 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, que modifica el art. 9.Uno.c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, que a su vez se expresaba en los mismos términos que su homólogo en la normativa foral.

Tercero.-Sentado lo anterior, a partir de la nueva regulación introducida por el art. 62 antedicho, la exención de que gozan las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de los funcionarios se circunscribe a los casos en los que concurra un grado de disminución física o psíquica que sea constitutiva de gran invalidez, mientras que para los trabajadores acogidos al régimen de la Seguridad Social dicha exención se proyecta, tal y como recoge el art. 9.1.b) de la Norma Foral del impuesto, en la redacción dada por el art. 1.b) del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal citado, no sólo sobre la situación de gran invalidez, sino además sobre la de incapacidad permanente absoluta. Es decir, resulta aplicable a los funcionarios públicos un régimen de exención fiscal más reducido que el establecido para el personal acogido a la Seguridad Social, produciéndose un trato legal diferenciado para situaciones que originariamente estaban en idéntica posición jurídica.

Esta desigualdad de trato fue solventada por la sentencia nº 134, de 22 de julio de 1996, del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional y nulo el art. 62 anteriormente mencionado,'sólo en la medida en que viene a suprimir, únicamente, para los funcionarios de las Administraciones Públicas que se hallen en situación de incapacidad permanente absoluta, la exención de dicho impuesto'.

Cuarto.-Alega el Sr. que la declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo obliga a volver a la redacción originaria del art. 9.Uno c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, y por extensión a la del art. 9.c) de la Norma Foral del impuesto. Sin embargo, esta circunstancia daría lugar a un resultado nuevamente discriminatorio, pues las prestaciones de la Seguridad Social constituirían rentas exentas en caso de invalidez permanente absoluta, mientras que en el caso de los funcionarios públicos no sería exigible un grado absoluto para que las percepciones obtuvieran dicha calificación. En consecuencia, tal y como recoge el Tribunal Constitucional en sentencia nº 72, de 10 de abril de 1997,'los funcionarios pasarían de verse perjudicados por la norma legal cuestionada a encontrarse beneficiados por la misma'.

Quinto.-Así las cosas, cabe señalar, no obstante, que la determinación del alcance del fallo de inconstitucionalidad mencionado dio lugar a resoluciones contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que llevó al Tribunal Supremo a pronunciarse en unificación de doctrina, en diversas sentencias, entre otras las de 29 de mayo de 1998 -Ar. 6954- y 17 de marzo de 2000 -Ar. 2818-, en el mismo sentido que en las de fecha 5 de abril de 2000 -Ar. 6042, 6043, 6044, 6045 y 6046-, en las que concluye que de lo establecido en dicho fallo no se pueden beneficiar todos los funcionarios que se encuentren en una situación de incapacidad permanente, pues la inconstitucionalidad del art. 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre,'sólo afecta a los funcionarios públicos, civiles o militares, incluidos en el régimen de clases pasivas perceptores de pensiones de jubilación o de retiro por incapacidad permanente absoluta, interpretada de forma equiparable a la laboral'.

Como quiera que el grado absoluto de la discapacidad viene definido en el art. 137 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como aquél que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio, el funcionario debe probar que se halla en esta situación, más amplia que la tenida en cuenta por la Administración para jubilar por motivos de enfermedad a sus empleados, para que resulte procedente la exención en el IRPF de las prestaciones percibidas, lo cual no sucede en este caso, pues consta en el expediente un certificado de la comisión de evaluación de incapacidades de la Seguridad Social en el que figura que el Sr. se encuentra afecto de'invalidez permanente en grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual', situación que, a su vez, fue homologada por el Instituto Foral de Bienestar Social, organismo competente en Álava para reconocer la condición de minusválido.

Sexto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, y dado que no queda probado el grado absoluto de la discapacidad del interesado que le inhabilitaría para toda profesión u oficio, las cantidades percibidas en concepto de pensión por incapacidad permanente se encuentran sujetas al impuesto, no procediendo la devolución de las retenciones practicadas sobre las mismas, lo que nos lleva a desestimar la reclamación y a confirmar la resolución recurrida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa 243/01, interpuesta por D. ,contra la resolución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de agosto de 2001, que deniega la revisión de las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1994, 1995 y 1996,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar el acto administrativo impugnado, por ser conforme a derecho.

Gran invalidez
Funcionarios públicos
Incapacidad permanente absoluta
Incapacidad permanente
Régimen de Clases Pasivas
Prestación por incapacidad permanente
Prestación de jubilación
Exención del IRPF
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Grado de minusvalía
Regímenes de la Seguridad social
Exenciones fiscales
Discapacidad
Incapacidad permanente total
Comisiones
Incapacidad
Grado de incapacidad permanente
Discapacitados
Resolución recurrida
Acto administrativo impugnado
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