Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 27 de Marzo de 1998

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 27 de Marzo de 1998
  • Núm. Resolución: R980048

Resumen

La liquidación no es conforme a derecho porque está basada en una diligencia que no contiene hechos constatados por el Agente Tributario que la extendió, ni recoge las manifestaciones del interesado, por lo que no puede entenderse prestada su conformidad. El pago fraccionado girado en base al rendimiento consignado en la diligencia no es conforme a derecho, pero al haberlo incluido la reclamante en su declaración, la reclamación al respecto queda vacía de contenido, por lo que procede su archivo.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho.- Vistas ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 180/94, y su acumulada, la núm. 192/94, interpuestas por Dª. , contra resoluciones del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de mayo y junio de 1994, que confirman la liquidación del impuesto por el ejercicio 1992, y el pago fraccionado del primer trimestre de 1994, respectivamente; cuantía: 235.718,- ptas..

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La interesada, en su autoliquidación por el impuesto y ejercicio citados, calculó el rendimiento neto de las dos actividades empresariales de las que entonces era titular (otros cafés y bares y restaurante de un tenedor) por el sistema de módulos del régimen de Estimación Objetiva, declarando únicamente una persona empleada, ella misma.

Segundo.- El 23 de noviembre de 1993, se persona en su establecimiento una agente tributario que extiende diligencia en la que hace constar, entre otros datos, que además de la titular, también trabaja en el negocio su hija, , por lo que cuantifica el módulo 'personal asalariado' correspondiente a 1992 en una unidad.

Tercero.- La Oficina Gestora gira liquidación imputando el rendimiento neto calculado por aplicación de dichos módulos, resultando una cuota a ingresar de 235.718,- ptas.. Posteriormente se le gira el pago fraccionado del primer trimestre de 1994 calculado sobre aquel rendimiento neto. Contra ambas liquidaciones, Dª interpone respectivos recursos de reposición y, contra las resoluciones que los desestiman, las presentes reclamaciones económico-administrativas, en las que solicita la anulación de la liquidación del impuesto porque los datos contenidos en la diligencia corresponden a 1993, pues la firmó en la convicción de que la misma se refería a tal ejercicio, y lo cierto es que su hija, Dª , comenzó a trabajar en la actividad en 1993, dándose de alta en el Régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social el 4 de noviembre de dicho año; y asimismo pide la anulación de la del pago fraccionado, porque está calculada sobre la primera.

Cuarto.- El 13 de octubre de 1997 la Hacienda Foral anula el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 1994.

Quinto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, incluida una prueba testifical propuesta por la actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión a resolver en las presentes reclamaciones económico-administrativas consiste en si las liquidaciones impugnadas, derivadas de la aplicación de los módulos de 1992 consignados en una diligencia extendida en 1993, son o no conformes a derecho.

Segundo.- El artículo 46 del Reglamento Foral de Inspección, de 9 de diciembre de 1986, dispone que las diligencias son documentos en los que la Inspección hace constar circunstancias relevantes y las manifestaciones de las personas con quienes actúa, y su artículo 62.2 siguiente, al igual que el 141.3 de la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, establece que hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario, siempre y cuando éstos resulten de la constancia personal de los actuarios o sean manifestados o aceptados por los interesados.

Tercero.- Estos preceptos implican la presunción de certeza del contenido de actas y diligencias y, por tanto, la traslación de la carga de la prueba -que como norma general recae sobre quien afirma- hacia el interesado, pero no con carácter absoluto, pues, además de ser una presunción iuris tantum, esto es, que admite prueba en contrario, la propia normativa la limita a los casos en que los hechos recogidos en los citados documentos resultan, bien de la inmediata y directa percepción por parte del agente o inspector, bien de las manifestaciones del interesado; pues como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de abril de 1990 (RTC 1990\76), el valor probatorio de actas y diligencias'... solo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias'.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa, y en relación con el aspecto controvertido -el personal asalariado de cada actividad-, por un lado, el hecho o los hechos que pudieran incidir en el mismo respecto del ejercicio 1992 no podían ser constatados por la agente tributario en 1993 -ejercicio en que realizó la visita- salvo a través de documentación tal como contratos, libros de matrículas, nóminas, etc. cuya existencia no se hizo constar ni siquiera de forma indirecta, pues el espacio destinado al alta está en blanco; y, por otro, la diligencia no refleja manifestación alguna de la interesada, sino únicamente la cuantificación del precitado dato en una unidad, para cuyo cálculo hay que acudir a lo dispuesto por el Decreto Foral 171/1992, de 17 de marzo, por el que se aprueban los signos, índices y módulos de la Estimación Objetiva del IRPF; es decir, el documento en cuestión no recoge simplemente hechos, sino que introduce calificaciones jurídicas. Además, el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de su hija, aportada al expediente y que tuvo entrada en la Seguridad Social el día 4 de noviembre de 1993 con efectos desde el día anterior, -veinte días antes de personarse la agente tributario- evidencia que la actuaria constató una situación que no concurría en 1992, ejercicio en el que la única persona de alta en la Seguridad Social era la titular.

Es por esto que el contenido de la citada diligencia no goza de la referida presunción de certeza, conclusión que no queda desvirtuada por la firma de la reclamante al final del documento, pues ésta nada puede significar respecto de lo que no consta como hechos ni como propias manifestaciones, y lo único que puede afirmarse sin dudas es que tuvo constancia de la visita del actuario y que recibió una copia del documento.

Quinto.- Por lo anteriormente expuesto, al no haber aportado la Administración Tributaria prueba suficiente que respalde su actuación, ha de concluirse que la liquidación impugnada es contraria a derecho.

Sexto.- Respecto del pago fraccionado recurrido, fue anulado el 13 de octubre de 1997, en el sentido demandado por la reclamante. Por tanto, a partir de ese momento la impugnación carece de objeto, pues ya no existe motivo de controversia. Se produce lo que la doctrina jurídica denomina 'impertinencia sobrevenida de la reclamación', que queda vacía de contenido por la anulación o revocación en vía de gestión del acto impugnado. Así, al haberse producido la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la reclamante, a tenor del art. 101.5.d) del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, que aprueba el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, procede finalizar el procedimiento y ordenar el archivo de las actuaciones.

Séptimo.- Por todo lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la pretensión de la reclamante, anular la liquidación correspondiente al ejercicio 1992, y ordenar el archivo del expediente relativo al pago fraccionado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núms. 180/94, y su acumulada, la núm. 192/94, interpuestas por Dª. , contra resoluciones del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de mayo y junio de 1994, que confirman la liquidación del impuesto por el ejercicio 1992, y el pago fraccionado del primer trimestre de 1994, respectivamente,RESUELVEESTIMAR las mismas y, en su virtud,

Primero.- Anular la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1992, por no ser conforme a Derecho, y ordenar a la Oficina Gestora la práctica de otra en la que, manteniendo el resto de elementos de la anterior, se cifre en cero unidades el módulo de personal asalariado de las dos actividades empresariales de la reclamante, y

Segundo.- Ordenar el archivo del expediente relativo al pago fraccionado de 1994.

Fraccionamientos de pago
Rendimientos netos
Liquidaciones tributarias
Estimación objetiva
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Actividades empresariales
Presunción de certeza
Régimen especial de trabajadores autónomos
Prueba de testigos
Carga de la prueba
Presunción iuris tantum
Fuerza probatoria
Prueba en contrario
Recibo de salarios
Alta en el RETA
Alta en la seguridad social
Satisfacción extraprocesal
Archivo de actuaciones
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

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