Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 27 de Abril de 2012

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 27 de Abril de 2012
  • Núm. Resolución: R120030

Resumen

Es improcedente la suspensión de ejecución de las liquidaciones porque no se aprecia a simple vista que las mismas contengan error material, aritmético o de hecho que se muestre patente y claro sin necesidad de acudir a interpretaciones jurídicas. La cuantía de la deuda y de los intereses de demora solo puede revisarse como cuestión de fondo.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de abril de dos mil doce. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la solicitud de suspensión de ejecución de los actos administrativos impugnados en la reclamación económico-administrativa núm. 41/12, interpuesta por,S.A., contra la resolución núm. 314/2012, de 2 de febrero, del Director de Hacienda, que aprueba ocho liquidaciones complementarias en ejecución de la Decisión de la Comisión Europea de 11 de julio de 2001 que declara Ayuda de Estado el régimen de bonificación del 45% de las inversiones aplicado al liquidar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1999 a 2006, ambos inclusive.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La resolución del encabezamiento fija en 2.726.323,96 € el importe de las Ayudas de Estado aplicadas por la empresa ahora reclamante que debe ser objeto de recuperación y en 1.156.426,91 € los intereses de demora correspondientes. La misma se notifica a la empresa el 7 de febrero de 2012, junto con las liquidaciones respectivas, con señalamiento del plazo de un mes para realizar el ingreso.

Segundo. El 16 de febrero de 2012 la sociedad promueve la presente reclamación, y, mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2012, manifiesta que ha solicitado al Servicio de Recaudación la suspensión automática de la ejecución con la prestación de aval bancario, y que, con carácter subsidiario, solicita al Organismo Jurídico Administrativo la suspensión de ejecución prevista en los arts. 222.4 de la Norma Foral 6/2005 y 19 del Decreto Foral 2/2007, de 30 de enero, por incurrir los actos impugnados en error material, aritmético o de hecho al fijar el importe base y el período de los intereses de demora.

El importe base está mal determinado, a su entender, porque en la última declaración-liquidación presentada por el Impuesto sobre Sociedades, la del año 2010, constan unas deducciones sin límite de cuota pendientes de aplicación distintas de las computadas en las liquidaciones cuya suspensión de ejecución se solicita. En concreto, en esta declaración consta un importe global de 1.980.974,52 € generado en los ejercicios 2001 a 2004 y en las liquidaciones impugnadas se ha computado un importe global de 268.737,23 €.

El período de los intereses de demora es erróneo porque el día final del plazo debió ser el 8 de marzo de 2012, en lugar del 9 de marzo computado en las liquidaciones.

Tercero. El 24 de abril de 2012, el Director de Hacienda aprueba su resolución núm. 917/2012 denegando la suspensión automática de la ejecución de los actos impugnados por, entre otras razones, la supremacía de los intereses públicos vinculados a la inmediata ejecución de la orden de ingreso emanada de la Decisión de la Comisión Europea.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en el presente trámite se circunscribe a si procede la suspensión de la ejecución de la resolución del Director de Hacienda y de las ocho liquidaciones recurridas ante este Organismo Jurídico Administrativo, en tanto se resuelve la reclamación, porque los actos impugnados incurren en error aritmético, material o de hecho al fijar el importe global a ingresar y el plazo de los intereses de demora.

Segundo.La medida solicitada está prevista en los arts. 222.4.b) de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y en el art. 19 del Reglamento que Procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas que la desarrolla citado en el Antecedente Cuarto.

El texto de este último es el siguiente:

'1. La suspensión de ejecución del acto o del componente del acto contra el que se haya promovido una reclamación económico-administrativa puede solicitarse en cualquier momento mientras dure la sustanciación de la reclamación.

2. La petición de suspensión de ejecución del acto o del componente del acto impugnado se dirigirá al Organismo Jurídico Administrativo exclusivamente en los siguientes supuestos:

…Cuando la petición se fundamente en que el acto impugnado incurre en error aritmético, material o de hecho.

(…)

5. La solicitud ante el Organismo Jurídico Administrativo se formalizará en escrito independiente del de interposición de la reclamación, se acogerá a dispensa parcial o total de garantías e irá acompañada de los documentos que acrediten la causa alegada. …'.

Esta normativa deriva de la regla básica en materia de ejecución recogida en el art. 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dispone que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación.

De acuerdo con la misma, desde el 7 de febrero de 2012, y mientras no se disponga lo contrario, la resolución y las liquidaciones impugnadas se presumen válidas y obligan al ingreso de las cantidades liquidadas dentro del plazo señalado en su notificación, sin perjuicio de que la normativa que regula el procedimiento de las reclamaciones en vía económico-administrativa prevea supuestos, considerados excepcionales, en los que la ejecución puede quedar demorada.

Tercero.Pues bien, el supuesto que plantea la reclamante, la existencia de error en la cuantía y en los intereses de demora, exige analizar la temática de fondo, esto es, revisar la conformidad o no a derecho de las liquidaciones, su procedencia o no, y, en caso afirmativo, su cuantificación, y la aplicación o no de intereses de demora, tipo vigente en cada plazo y período de mora.

Es decir, la solución a estas interrogantes se encuentra en las disposiciones jurídicas que resulten de aplicación, lo que se hará al resolver la reclamación, pues esas causas de oposición a la ejecución son diametralmente distintas del supuesto de error material, aritmético o de hecho al que se refieren los preceptos que regulan la suspensión de ejecución de los actos administrativos, entendido histórica y unánimemente por la jurisprudencia y por la doctrina como aquél en que el error se aprecia con su sola contemplación, a simple vista, sin acudir a la aplicación de preceptos legales, ni a la valoración de pruebas, ni a la realización de operaciones aritméticas complejas.

En realidad, tanto el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como el 227 de la Norma Foral 6/2005, contemplan el supuesto de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, y, por la limitada trascendencia de los mismos, lo permiten sin formalidad alguna y sin límite temporal (en el caso de la Ley 30/1992) o dentro del plazo de prescripción (caso de la Norma Foral 6/2005). Por ello, la jurisprudencia recaída sobre dichos artículos ha entendido de modo unánime que su aplicación debe hacerse con criterio restrictivo para evitar que por una actuación de este tipo se modifique el significado jurídico de los actos administrativos, y que para poder calificar un error como aritmético, material o de hecho se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos; 2) que el error se aprecie teniendo exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte; 3) que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas; 4) que el error posea una realidad independiente de lo opinable; 5) que su apreciación no produzca una alteración fundamental en el sentido del acto o la anulación o revocación del mismo; y 6) en suma, que sea ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos.

Como quiera que en este caso no se ha señalado concretamente, ni se aprecia de oficio, un error de estas características en los actos impugnados, la petición de suspensión de ejecución de los mismos mientras se resuelve la reclamación no puede ser estimada, sin perjuicio de que las alegaciones al respecto puedan ser consideradas al resolver la propia reclamación.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la solicitud de suspensión de ejecución de los actos administrativos impugnados en la reclamación económico-administrativa núm. 41/12, interpuesta por la representación de , S.A., contra la resolución núm. 314/2012, de 2 de febrero, del Director de Hacienda, que aprueba ocho liquidaciones complementarias en ejecución de la Decisión de la Comisión Europea de 11 de julio de 2001 que declara Ayuda de Estado el régimen de bonificación del 45% de las inversiones aplicado al liquidar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1999 a 2006, ambos inclusive,RESUELVE DESESTIMARla misma por no concurrir error material, aritmético o de hecho en los actos impugnados.

Suspensión de la ejecución
Intereses de demora
Error material
Impuesto sobre sociedades
Comisiones
Ejecución de los actos administrativos
Acto administrativo impugnado
Cuestiones de fondo
Error aritmético
Bonificaciones
Inversiones
Aval bancario
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Interés publico
Oposición a la ejecución
Plazo de prescripción
Subsanación de errores
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