Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 28 de Agosto de 2009

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 28 de Agosto de 2009
  • Núm. Resolución: R090053

Resumen

La interpretación del donatario sobre la fecha de efectividad de la adquisición de sus acciones carece de todo fundamento para ser exonerado de culpabilidad. El procedimiento sancionador abreviado es aplicable cuando el órgano competente dispone de todos los elementos de hechos necesarios, de modo que el documento de notificación de iniciación tiene carácter de propuesta de resolución. Es intrascendente que el procedimiento se iniciara por el inspector actuario, porque la resolución es del Jefe del Servicio de Inspección y la misma puede adoptarse antes de la notificación de la liquidación que regulariza la situación del inspeccionado.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintiocho de agosto de dos mil nueve. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 50/09, interpuesta por , contra la resolución del Jefe del Servicio de Inspección de Tributos, de 20 de febrero de 2009, que impone una sanción por infracción en materia tributaria.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante diligencia de 8 de enero de 2009, suscrita por el inspector actuario y el representante del reclamante, se comunicó a éste la apertura de un procedimiento sancionador abreviado a consecuencia del procedimiento de comprobación e investigación que desembocó en el Acta de Disconformidad núm. 1441BJ, formalizada en la misma fecha, referida al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2006.

En dicha diligencia se formulaba una propuesta de sanción de 54.463,18 €, por la infracción tributaria consistente en dejar de ingresar parte de la deuda que hubiera debido resultar de la autoliquidación del impuesto y ejercicio mencionados, y se concedía al interesado un plazo de 15 días hábiles para examinar el expediente y formular alegaciones.

Finalizado tal plazo sin que se presentasen alegaciones, el Jefe del Servicio de Inspección de Tributos impuso a D. , mediante la resolución aquí impugnada, la sanción propuesta en la diligencia.

El importe de la multa se corresponde con el 50% de la deuda tributaria no ingresada, determinada por la Inspección de Tributos, en la mencionada Acta, al modificar -del 23 de julio de 1985 al 26 de febrero de 1999- la fecha de adquisición, consignada en la autoliquidación, de 1.111 acciones de ' , S.A.', vendidas a la propia entidad mediante escritura pública otorgada el 28 de julio de 2006. Tal modificación determinó la integración en la base imponible especial de una ganancia patrimonial de 726.175,77 €.

En la escritura pública de compraventa mencionada se señala como título de adquisición de las acciones por el reclamante la donación de sus padres'según escritura autorizada... el día 26 de febrero de 1.999'.

Segundo. Contra la sanción impuesta, el interesado promueve la presente reclamación, en la que solicita su anulación, alegando que la fecha de adquisición de las acciones consignada en la autoliquidación responde a una interpretación razonable de la normativa aplicable, lo que excluye la responsabilidad por infracción tributaria.

En relación con esta alegación, señala lo siguiente: a) La efectividad de la donación de los títulos estaba condicionada a la aceptación del nuevo socio por parte de la entidad, hecho que no se produjo hasta la Junta General de accionistas de ' , S.A.', celebrada el 30 de marzo de 2001; b) En tal fecha se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 41.3.c) de la Norma Foral 35/98, de 16 de diciembre, del IRPF, para que se entienda que no existe ganancia o pérdida patrimonial en las transmisiones lucrativas -en favor del cónyuge, ascendientes o descendientes- de determinadas participaciones en empresas; y c) La aplicación de tal régimen conlleva que, a efectos fiscales, de acuerdo con el artículo 44 de la misma Norma, se produzca la subrogación del donatario, en la posición de los donantes, respecto a la fecha de adquisición de las participaciones, lo que la retrotrae al 23 de julio de 1985.

Asimismo, aduce los siguientes defectos procedimentales que, en su opinión, determinan la nulidad de pleno derecho de la resolución sancionadora: a) El expediente sancionador se ha tramitado por el procedimiento abreviado cuando no se cumplían los requisitos para ello porque, en el momento de su inicio, no se conocían los elementos de hecho necesarios para formular la propuesta de sanción al no haberse practicado la regularización de la situación tributaria del contribuyente; b) Dicho procedimiento se inició por el inspector actuario cuando el órgano competente para ello era el Jefe de la unidad, de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento de infracciones y sanciones tributarias; y c) De conformidad con el artículo 12 del mismo Reglamento, la base de la sanción impuesta debe estar constituida por el importe a ingresar resultante de la regularización practicada y, en la fecha de la resolución sancionadora, no se había notificado la liquidación derivada del Acta de Inspección.

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero, incluida la apertura de un plazo, a efectos de que el reclamante aportase al expediente la escritura de donación en virtud de la que había adquirido las acciones enajenadas, que finalizó sin intervención del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión planteada consiste en determinar si la sanción impuesta debe ser anulada por haber actuado el reclamante con la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias -al haber formulado su autoliquidación del I.R.P.F. de acuerdo con una interpretación razonable de la norma- o, en otro caso, por los defectos procedimentales alegados.

Segundo. El artículo 195 de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General Tributaria, establece que:

'1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo,...

2. La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción.

3. La sanción por la comisión de esta infracción tributaria consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por 100 al 150 por 100'.

Por su parte, el artículo 184.2 dispone que:

'Las acciones u omisiones tipificadas en las Normas Forales o en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:

...

Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma...'.

Respecto a esta causa de exclusión de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de diciembre de 1997 (Ar. 1998/524), señala:

'Aunque es cierto,... que una consolidada doctrina jurisprudencial excluye la existencia de infracción tributaria y, por tanto, la procedencia de sanción en aquellos supuestos en que se produzca una discrepancia sobre las normas jurídicas a considerar -en su alcance, contenido o aplicación al caso controvertido-, de suerte que llegue a demostrarse que no hay ánimo de ocultar o evitar a la Administración el conocimiento del hecho imponible del tributo cuestionado, es más cierto que, para que tal doctrina resulte viable y aplicable, es necesario que la discrepancia interpretativa o aplicativa pueda calificarse de razonable, es decir, que esté respaldada, aunque sea en grado mínimo, por fundamento objetivo.

En caso contrario, o sea, de no exigirse ese contenido mínimo de razonabilidad o fundamentación, en todo supuesto de infracción, bastaría la aportación de cualquier tipo de alegación contraria a la sostenida por la Administración para que conductas objetivamente sancionables... resultaran impunes. No basta, pues, que exista una discrepancia jurídica; es preciso, además, que la misma tenga el necesario grado de razonabilidad'.

En la misma línea, la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de julio de 2000 (Ar. JUR. 276503) sostiene que: 'El principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterios de interpretación absolutamente insostenibles'.

Tercero. En el supuesto que nos ocupa, el reclamante alega que la fecha de adquisición de las acciones vendidas, consignada en la autoliquidación, responde al hecho de haber entendido que la transmisión en su favor no se produjo hasta el 30 de marzo de 2001 -fecha de celebración de la Junta General de accionistas de ' , S.A.' que le admitió como socio- ya que, en la escritura pública de donación de 26 de febrero de 1999, se había condicionado la efectividad del negocio al cumplimiento de tal requisito.

Ello determinaría, en opinión del Sr. , la aplicabilidad del régimen de subrogación del adquirente en la posición del transmitente, respecto a los valores y fechas de adquisición de los elementos patrimoniales enajenados, contemplado en el artículo 44 de la Norma Foral 35/98, de 16 de diciembre, del I.R.P.F.

Dicho régimen estaba previsto para las transmisiones lucrativas -en favor del cónyuge, ascendientes o descendientes- de determinadas empresas y participaciones en las mismas cuando reunieran los requisitos, enumerados en el artículo 41.3.c) de la misma Norma, para no producir ganancia o pérdida patrimonial a efectos fiscales, uno de los cuales consistía en que el transmitente tuviera, al menos, 65 años de edad o se encontrara en situación de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, según consta en el expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social concedió al padre del reclamante, mediante resolución de 23 de febrero de 2001, una prestación por incapacidad permanente absoluta; así como que ninguno de los donantes había cumplido 65 años en el año en que efectuaron la donación, esto es, 1999.

Por ello -y a la luz de los criterios jurisprudenciales contenidos en las sentencias citadas en el Fundamento de Derecho anterior-, para determinar si concurre la causa de exclusión de la responsabilidad por infracciones tributarias invocada por el Sr. , resulta necesario examinar si la interpretación realizada por el mismo, según la cual no adquirió las acciones hasta la fecha de su aceptación como socio por la Junta General de accionistas de la mercantil, puede considerarse razonable.

Cuarto. A este respecto, hay que empezar señalando que, si bien el reclamante alega que en la escritura de donación de las participaciones se condicionó la efectividad de la transmisión a la aceptación del nuevo socio por la entidad, abierto un plazo por este Tribunal para la aportación al expediente de dicho título, el mismo no ha sido presentado, por lo que no ha quedado acreditada la existencia de tal cláusula.

Por otra parte, el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas -aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre- dispone:

'1. Sólo serán válidas frente a la sociedad las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones cuando recaigan sobre acciones nominativas y estén expresamente impuestas por los estatutos.

...

3. La transmisibilidad de las acciones sólo podrá condicionarse a la previa autorización de la sociedad cuando los estatutos mencionen las causas que permitan denegarla'.

Finalmente, obran en el expediente administrativo los Estatutos de ' , S.A.' que, tras establecer en el último párrafo de su artículo 6º que:'Las acciones son libremente negociables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º de estos estatutos, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y disposiciones complementarias',añaden en el artículo 8º que:

'El propósito de transmitir intervivos las acciones en favor de cualquier persona, deberá ser notificado, de forma fehaciente, en el domicilio de la Sociedad, al Organo de Administración, indicando el número e identificación de las acciones ofrecidas, precio de venta por acción, condiciones de pago y demás condiciones de la oferta de compra de acciones, que, en su caso, el accionista oferente alegase haber recibido de un tercero,... El Organo de Administración... lo comunicará a su vez a todos los accionistas, para que los mismos... comuniquen al Organo de Administración de la Sociedad su deseo de adquirir las acciones en venta.

Las transmisiones sin sujeción a lo dispuesto en el presente artículo no serán válidas frente a la Sociedad, que rechazará la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas.

En los casos de adquisición por causa de muerte, por herencia o legado, a favor de personas que no sean descendiente, ascendiente o cónyuge del causante, se aplicará igual restricción, debiendo la Sociedad, si no autoriza la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas, presentar al peticionario,... un adquirente de sus acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real...'.

De acuerdo con este clausulado, los dos únicos supuestos en los que existen restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones de 'Urbina, S.A.' son los siguientes: a) Transmisiones intervivos a título oneroso, ya que la restricción prevista hace referencia a las ofertas de compra de acciones recibidas por los socios y tiene por objeto garantizar un derecho de adquisición preferente en favor de los otros socios o de la propia entidad; y b) Transmisiones 'mortis causa' en favor de personas diferentes de los ascendientes, descendientes o cónyuge del causante.

Por ello, al no poder incluirse en ninguno de estos supuestos la donación en favor del Sr. , tal operación no estaba sujeta a limitaciones estatutarias por lo que la autorización de la entidad no era requisito necesario para la transmisión de los títulos.

En conclusión, no habiendo acreditado el reclamante que los donantes hubieran sometido la transmisión a condición suspensiva alguna, ni existiendo restricciones estatutarias aplicables a la misma, la interpretación efectuada por el donatario consistente en que la adquisición de los títulos no se produjo hasta su admisión formal como socio por la Junta General de accionistas de la entidad no puede considerarse razonable por carecer de todo fundamento.

En consecuencia, de acuerdo con la doctrina que se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional citadas en el Fundamento de Derecho segundo, no cabe apreciar la concurrencia de la causa de exclusión de la responsabilidad por infracciones tributarias alegada por el reclamante.

Quinto. En cuanto a la procedencia o no del procedimiento sancionador abreviado, el artículo 216 de la Norma Foral 6/05 regula dicho procedimiento, estableciendo en su apartado 1 que:'Si al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos de hecho que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, el documento de notificación de iniciación del procedimiento sancionador tendrá, además, el carácter de propuesta de resolución, advirtiéndolo así a los interesados a efectos de la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de quince días para que aleguen lo que a su derecho convenga y presenten, en su caso, los documentos, justificaciones y pruebas que estimen oportunos'.

En el presente supuesto, en la diligencia mediante la que se notificó el inicio del procedimiento: a) Se describen los hechos constitutivos de la infracción; b) Se califica la misma como la consistente en dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, tipificada en el artículo 195 de la citada Norma Foral; c) Se cuantifica la base de la sanción en 108.926,36 €, cuota íntegra resultante de aplicar el tipo de gravamen del 15% a la ganancia patrimonial de 726.175,77 € a integrar en la base imponible especial del impuesto; y d) Se propone un porcentaje de sanción del 50%.

A este respecto, alega el reclamante que, en el momento de formalización de la diligencia de inicio, no se había regularizado aún su situación tributaria por lo que no podía determinarse la base de la sanción que -de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de infracciones y sanciones tributarias, aprobado por el Decreto Foral 97/08, de 18 de noviembre- debe coincidir con el importe a ingresar resultante de la regularización.

Sin embargo, lo cierto es que la mencionada diligencia y el Acta de Inspección núm. 1441BJ fueron formalizadas en la misma fecha y que esta última contenía una propuesta de liquidación que fue íntegramente asumida por la Oficina Gestora del impuesto en la posteriormente girada.

En este sentido, el artículo 149 de la Norma Foral 6/05 señala:'Las actas que documenten el resultado del procedimiento de comprobación e investigación deberán contener, al menos, las siguientes menciones:

...

En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda,...'.

En otras palabras, cuando se notificó la diligencia de inicio, sí podía determinarse la base de la sanción procedente al constar en el acta la regularización resultante de las actuaciones inspectoras que se materializó en la liquidación posteriormente practicada.

Por último, el artículo 29.1 del Reglamento de infracciones y sanciones tributarias dispone en su segundo párrafo, en relación con el acuerdo de inicio de los procedimientos sancionadores que traigan causa de los de inspección, que:'Dicho acuerdo podrá adoptarse en cualquier momento del procedimiento de inspección de que se trate o una vez finalizado éste'.

En conclusión, no existe ninguna base legal para mantener que los expedientes sancionadores, se tramiten o no por el procedimiento abreviado, sólo puedan iniciarse una vez finalizado el procedimiento de inspección y regularizada la situación tributaria del sujeto inspeccionado.

Sexto.En lo que se refiere a la alegada incompetencia del inspector actuario para iniciar el procedimiento sancionador, el reclamante se remite al primer párrafo del citado artículo 29.1, según el cual:'Será competente para acordar la iniciación del procedimiento sancionador quien ostente la jefatura de unidad que hubiera desarrollado las actuaciones de inspección...'.

Asimismo, invoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 9 de mayo de 2008 (Ar. JUR. 303451), que anula unas sanciones tributarias por no constar la autorización del órgano competente para iniciar los expedientes sancionadores, así como una resolución de un Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo sentido.

Sin embargo, tal conclusión no puede ser trasladada al caso que nos ocupa porque la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone, en su artículo 63.2, que: '..., el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados'.

Por su parte, el artículo 67 siguiente establece, en su apartado 1, que la Administración podrá convalidar los actos administrativos anulables, añadiendo, en el 3, que:'Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado'. En este sentido, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 62.1.b) de la misma ley son actos nulos de pleno derecho: 'Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio', por lo que la incompetencia jerárquica no determina, en ningún caso, la nulidad radical.

Efectivamente, la Audiencia Nacional -en sus sentencias de 1 de marzo de 2007 (Ar. JUR. 102310), 25 de junio de 2008 (Ar. JUR. 293534), y 20 de noviembre de 2008 (Ar. JUR. 375493), relativas a procedimientos sancionadores derivadas de actuaciones de inspección tributaria- ha mantenido la aplicabilidad de los principios contenidos en los anteriores preceptos frente a alegaciones de incompetencia de los inspectores actuarios para iniciar el procedimiento.

En concreto, la segunda de ellas señala, en su Fundamento de Derecho cuarto, que:

'Resta por examinar el último motivo que en el orden formal propone el demandante, según el cual el procedimiento se habría iniciado por funcionario incompetente, a saber, el actuario.

...

...en cualquier caso, como quiera que la resolución sancionadora ha sido adoptada por el Inspector Jefe, en caso de que existiera el vicio denunciado..., entraría en juego lo previsto en el art. 67.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre la convalidación del acto administrativo...'.

Asimismo, la más reciente de dichas resoluciones judiciales añade: 'En cualquier caso, la parte, siempre hubiera tenido la posibilidad de hacer uso de la recusación del actuario, si consideró que mediante su actuación se vulneraba su derecho de defensa'.

Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 12 de abril de 2007 (Ar. JT. 1083), que desestimó un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución confirmatoria de una sanción por infracción tributaria -en el que se alegaba, entre otros defectos procedimentales, la falta de autorización del inspector jefe para el inicio del procedimiento-, afirma:

'Finalmente debe tenerse en consideración no solamente a los efectos de la autorización del inspector jefe, sino como un vector argumental que refuerza la respuesta dada a los alegatos de la recurrente basados en motivos formales, que la preterición de los mismos (la cual ha sido negada en el caso que nos ocupa) no supondría sino una irregularidad no invalidante en el supuesto enjuiciado, en la medida que no parece haberse originado indefensión alguna a la parte recurrente, siendo reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo frente a la alegación de posibles irregularidades en la tramitación de expedientes administrativos, que, en principio, la comisión o existencia de las mismas no ha de ser suficiente para proceder a anular el acto administrativo si no se ha producido indefensión del afectado (S. 6-mayo-1987).

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la omisión de un trámite, por muy importante que sea, no es bastante para declarar la nulidad de pleno derecho del acto ya que el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo exige para ello que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmenteestablecido (S. 14-julio-1987), y finalmente, que los defectos formales sólo pueden provocar la anulación cuando se aprecia la existencia de indefensión.

Por tanto, para que el defecto o irregularidad procedimental tenga incidencia o eficacia anulatoria, debe estar ligado a la situación de indefensión del interesado, de forma que no haya podido hacer valer sus alegaciones ante la Administración,...'.

En similares términos se ha pronunciado, también en relación con sanciones tributarias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en dos sentencias de 28 de abril de 2008 (Ar. JT. 660 y 787).

Por último, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia de 3 de abril de 2008 (Ar. JUR. 226525), responde a la alegación de determinadas irregularidades en relación con la autorización para iniciar el expediente sancionador tributario, que:

'...las irregularidades denunciadas en este motivo serían meros vicios formales no invalidantes, en cuanto que no han producido una situación de indefensión material -no simplemente formal- (el actor ni siquiera expresa que tipo de alegaciones -con una mínima eficacia respecto al sentido de la resolución final sancionadora- hubiera podido deducir en el caso de que se le hubiera dado el correspondiente traslado del documento por el que se autorizaba la iniciación del expediente sancionador),... '

La doctrina que se desprende de las anteriores sentencias resulta plenamente aplicable al supuesto que nos ocupa en el que: a) El documento que inició el expediente sancionador fue debidamente notificado al representante del interesado conteniendo, como ha quedado expuesto en el Fundamento anterior, la propuesta de imposición de la sanción -con todos los elementos determinantes de la misma-, así como la indicación del plazo de puesta de manifiesto del expediente y formulación de alegaciones; y b) La resolución sancionadora fue adoptada por el Jefe del Servicio de Inspección, superior jerárquico del actuario y competente para la imposición.

Por lo tanto, ninguna indefensión ha causado el hecho de que tal documento fuera firmado por el inspector actuario, en lugar de por el Jefe de la unidad, y la posible incompetencia jerárquica ha quedado subsanada.

Séptimo.Finalmente, el reclamante invoca el artículo 12.1 del citado Reglamento de infracciones y sanciones tributarias, que establece que:'La base de la sanción en la infracción prevista en el artículo 195 de la Norma Foral General Tributaria será el importe de la cantidad a ingresar resultante de la regularización practicada,...', para mantener que la sanción no podía imponerse antes de la notificación de la liquidación que regularizó la situación tributaria del contribuyente.

Sin embargo, tal interpretación no puede ser acogida ya que, como se ha señalado en el Fundamento de Derecho quinto, el Acta de Inspección núm. 1441BJ contenía todos los elementos de la regularización tributaria que se materializó en la liquidación núm. 2009/303.769, posteriormente girada el reclamante por la Oficina Gestora del impuesto.

Por lo tanto, independientemente de que la resolución sancionadora se dictase con anterioridad a la notificación de dicha liquidación, lo cierto es que la base de la sanción impuesta (108.926,36 €) coincide exactamente con la cuota a ingresar resultante de la misma por lo que se ha cumplido la previsión del artículo 12.1 transcrito.

Octavo.Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente reclamación y confirmar la resolución impugnada por ser conforme a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 50/09, interpuesta por D.,contra la resolución del Jefe del Servicio de Inspección de Tributos, de 20 de febrero de 2009, que impone una sanción por infracción en materia tributaria,RESUELVE DESESTIMARla misma y confirmar el acto administrativo impugnado por ser conforme a derecho.

Infracciones tributarias
Donación
Procedimiento sancionador
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Responsabilidad
Escritura pública
Junta General de Accionistas
Donatario
Descendientes
Ascendientes
Obligaciones tributarias
Expediente sancionador
Deuda tributaria
Sanciones tributarias
Donante
Comisiones
Cumplimiento de las obligaciones
Pérdidas patrimoniales
Subrogación
Órganos de administración
Acciones nominativas
Ganancia patrimonial
Acta de inspección
Incapacidad permanente absoluta
Indefensión
Acta de disconformidad
Autoliquidaciones tributarias
Días hábiles
Integración de rentas en la base imponible
Accionista
Libro registro
Nulidad de pleno derecho de la resolución
Incumplimiento de las obligaciones
Principio de culpabilidad
Prestación por incapacidad permanente
Gran invalidez
Elementos patrimoniales
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Liquidación provisional del impuesto
Procedimiento inspector

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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