Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 28 de Septiembre de 1999

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 28 de Septiembre de 1999
  • Núm. Resolución: R990060

Resumen

La subordinación de la Administración a la autoridad judicial del orden penal determina la imposibilidad de un distinto pronunciamiento sobre los hechos declarados probados en aquel procedimiento. En relación con la sanción impuesta respecto del IVA del ejercicio 1989, no se vulnera el principio "non bis in idem", pues se ha impuesto por una infracción que no ha sido sancionada en la vía judicial. No ha prescrito la acción para imponerla, dado que la remisión del expediente a la autoridad judicial interrumpe el plazo.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y nueve.- Vistas ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 42/97 y su acumulada, la núm. 122/97, interpuestas por D. R ,contra la resolución del Jefe de Servicio de Tributos Directos, de enero de 1997, y la de la Jefa de Servicio de Tributos Indirectos, de 1 de abril de 1997, que desestiman los recursos de reposición impugnatorios de liquidaciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1988 y 1989; cuantía: 29.356.469,- ptas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Las liquidaciones impugnadas traen causa de sendas Actas de Inspección calificadas como de prueba preconstituida, que fijan los gastos de la actividad empresarial y el IVA soportado en cuantías inferiores a las declaradas, por haberse declarado probado en la Sentencia 90/96, de 20 de marzo de 1996, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vitoria-Gasteiz, confirmada por la Audiencia Provincial de Álava, que el interesado adquirió a S.A. facturas sin contenido material por importe de 14.520.313,-ptas. en 1988, y de 35.585.885.- ptas en 1989.

Dichas liquidaciones, que arrojaban unas deudas tributarias de 14.649.986,- ptas. y 29.356.469,- ptas., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de 469.873,- ptas. y 10.915.493,- ptas., por el Impuesto sobre el Valor Añadido, y que incluyen sanciones del 50% -IRPF 1988- y del 105% -IVA 1988 y 1989- fueron recurridas en reposición y confirmadas por las resoluciones arriba indicadas.

Segundo.-Contra estas últimas, el Sr. formula las presentes reclamaciones económico administrativas, en las que solicita su anulación en base a las siguientes alegaciones: 1.- Las facturas de S.A. responden a transacciones reales; 2.- En vía administrativa debe resolverse de conformidad con lo que se alegue y pruebe en la misma, sin que sea aplicable el contenido de una resolución penal, que no es firme por haber sido recurrida en amparo, ni al ejercicio 1989, por tratarse de una jurisdicción diferente, ni al ejercicio 1988, que no fue juzgado; 3.- Subsidiariamente, no procede incluir la multa de 4.017.944 ptas. en la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 1989, porque al haber sido sancionado por los mismos hechos en vía penal se infringe el principio 'non bis in idem', y porque, en cualquier caso, la sanción ha prescrito por haber estado interumpida la actuación inspectora por causa imputable a la Administración.

En prueba de su derecho, incluye descripción detallada del contenido de las facturas emitidas por aquella sociedad y del modo de pago de las mismas, solicitando, así mismo, la apertura de periodo de prueba para que por el Organismo Jurídico Administrativo se dirija comunicación a diversas entidades a fin de acreditar la realidad de las ventas que señala.

Tercero.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Las cuestiones que deben ser resueltas en las presentes reclamaciones económico administrativas son: 1.- Si procede liquidar por los impuestos sobre el Valor Añadido y sobre la Renta de la Personas Físicas de acuerdo con los hechos declarados probados en una sentencia penal; 2.- En caso de respuesta positiva a la anterior, si procede imponer sanción en la liquidación correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido de 1989, según se entienda sancionado o no el mismo hecho en la jurisdicción penal; y 3.- Subsidiariamente, si la interrupción de las actuaciones inspectoras ha determinado o no la prescripción del derecho a sancionar por dejar de ingresar la cuota correspondiente.

Segundo.-Respecto de la primera cuestión, el interesado solicita que en vía administrativa se resuelva teniendo en cuenta sólo los hechos que se prueben en la misma, con independencia de los que hayan sido declarados probados por la jurisdicción penal. Sin embargo, dicha pretensión ha de rechazarse, pues, como señaló el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 3 de octubre de 1983 (Arz. TC. 77), la subordinación de la Administración a la autoridad judicial determina que la cosa juzgada por dicha autoridad produzca, como efecto positivo, que lo declarado por sentencia firme constituya la verdad jurídica, y, como efecto negativo, la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre los mismos hechos. En definitiva, no puede ocurrir, como añade el mismo Tribunal, que unos hechos existan para unos órganos del Estado y no existan para otros, razón por la cual las pruebas propuestas por el reclamante resultan innecesarias, lo que determina su rechazo.

Tercero.-De acuerdo con lo expuesto en el fundamento anterior, ninguna objeción puede hacerse a la actuación de las Oficinas Gestoras en el caso que nos ocupa, pues, declarando la Sentencia de 20 de marzo de 1996 del Juzgado de Primera Instancia, como hechos probados, que : 'Las empresas receptoras de las facturas que sin contenido real son emitidas por , S.A. ... son las siguientes: ... R la cantidad de 14.520.313 pesetas. en el año 1988 y la cantidad de 35.585.885 pesetas en el año 1989', lo procedente era practicar liquidaciones reduciendo los gastos de la actividad empresarial y el IVA correspondiente a los mismos, pues el artículo 66 del Reglamento General de la Inspección, de 9 de diciembre de 1986, dispone la continuación de las actuaciones en base a los datos obtenidos por los Tribunales, incluso si no ha sido apreciada la existencia de delito fiscal; solución frente a la que tampoco puede prosperar la alegación relativa a la falta de firmeza de aquella Sentencia, pues, por un lado, la misma fue confirmada por la de la Audiencia Provincial de Álava, y contra la de ésta no cabe otro recurso que el de amparo, que, como señala el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, procede, precisamente, contra las resoluciones firmes, por haber agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, y, por otro, no consta, ni se alega, que dicho Tribunal haya suspendido la ejecución de la sentencia recurrida en amparo.

Cuarto.-La segunda cuestión se centra en que el actor entiende que la sanción impuesta por la Oficina Gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido, para el ejercicio 1989, supone duplicar la sanción pecuniaria impuesta en la sentencia penal.

En orden a determinar la corrección de tal planteamiento, conviene dilucidar en relación con qué conceptos se produce el fallo judicial que incluye sanción. Al respecto, el artículo 349 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1995, de 29 de junio, cifra en 15.000.000,- ptas. el mínimo defraudado para calificar tal comportamiento de delito fiscal y establece una multa 'del tanto al séxtuplo de dicha cantidad'; esto es, que, en caso de no considerarse delito fiscal una actuación de defraudación por no alcanzar el citado mínimo, no se impone sanción alguna por ello. Y esto nos lleva a concluir que, puesto que la cuota dejada de ingresar por el interesado en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido de 1989 no alcanzó 15.000.000,- ptas., no pudo haber pronunciamiento penal sobre ella, ni, en consecuencia, la multa impuesta por la Sentencia contempla dicho impuesto y ejercicio. En conclusión, la sanción administrativa no trae causa de la misma infracción juzgada, y, por tanto, respeta el principio 'non bis in idem'.

Quinto.-Finalmente, el interesado alega que si la sanción con la que se muestra disconforme se considera, como es el caso, ajustada a derecho, por no haber mediado sentencia sobre el impuesto del que trae causa, habría prescrito el derecho de la Administración a sancionar en relación con el del Valor Añadido del ejercicio de 1989, pues carecería de fundamento la interrupción de las actuaciones inspectoras respecto del procedimiento sancionador, ya que éste sigue un cauce independiente. A este respecto, el artículo 66.1 y 2 del Reglamento General de Inspección dispone que cuando la Inspección de los Tributos aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública, se abstendrá de continuar con el procedimiento sancionador de carácter administrativo por los mismos hechos en tanto el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones, o, en su caso, la autoridad judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes; y que si ésta no apreciase la existencia de delito, se continuará el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. Asimismo, en su punto tres, establece que la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción para la práctica de liquidaciones administrativas y la imposición de sanciones tributarias.

De acuerdo con los datos del expediente, la prescripción del derecho a sancionar por dejar de ingresar cuotas de IVA del ejercicio 1989 quedó interrumpida por la citación, el 18 de marzo de 1991, para inicio de actuaciones inspectoras, y por sucesivas citaciones y comparecencias que culminaron con la suspensión de las mismas, el 15 de julio de 1993, hasta la finalización del procedimiento penal, lo que fue notificado al afectado en cumplimiento del art. 31.3 del Reglamento inspector con indicación de que podía recurrir contra tal interrupción en el plazo de quince días. El cómputo del plazo se reanuda el 8 de julio de 1996, cuando se dicta la sentencia de la Audiencia, y termina en la fecha en que se notifican las liquidaciones, 27 de noviembre de 1996, de donde resulta que las actuaciones en ningún caso han estado paralizadas por causa imputable a la Administración, que el inspeccionado ha tenido una intervención constante e informada en todo el procedimiento y que, por ello, no concurre la prescripción del derecho prevista en el art. 64.c) de la Norma Foral General Tributaria de 31 de mayo de 1981.

Sexto.-Todo lo anteriormente expuesto y razonado conlleva la desestimación de las presentes reclamaciones económico administrativas y la confirmación de los actos administrativos que impugnan.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de las reclamaciones económico-administrativas números 42/97 y su acumulada, la núm. 122/97, interpuestas por D. R , contra la resolución del Jefe de Servicio de Tributos Directos, de enero de 1997, y la de la Jefa de Servicio de Tributos Indirectos, de 1 de abril de 1997, que desestiman los recursos de reposición impugnatorios de liquidaciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1988 y 1989,RESUELVEDESESTIMAR las mismas y confirmar los actos administrativos impugnados por ser conformes a derecho.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Actividades empresariales
Delitos contra la Hacienda Pública
Principio non bis in idem
Delito fiscal
Prueba preconstituída
Acta de inspección
Deuda tributaria
Liquidaciones tributarias
Período de prueba
Actividad inspectora
Persona física
Sentencia firme
Procedimiento sancionador
Ejecución de sentencia
Sanciones pecuniarias
Defraudaciones
Sanciones administrativas
Inspección tributaria
Sanciones tributarias
Plazo de prescripción
Acto administrativo impugnado
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