Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 30 de Mayo de 2003

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 30 de Mayo de 2003
  • Núm. Resolución: R030021

Resumen

La impugnación en vía contencioso-administrativa de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos no suspende por sí sola su ejecución ni, en su caso, la de los actos confirmados por aquéllas, sin perjuicio de la adopción en cualquier estado del proceso de las medidas cautelares que apruebe el órgano jurisdiccional a solicitud de los interesados.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a treinta de mayo de dos mil tres. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 311/02, interpuesta por Dña.,con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en la calle , contra la resolución de la Jefa de Sección del Impuesto sobre Sucesiones, de 8 de octubre de 2002, que deniega suspender la ejecución de la resolución de este Tribunal del día 19 de abril anterior, y contra la providencia de apremio, de 9 de agosto de 2002, dictada por impago de la cuota de la liquidación núm. 301.042-2001-V; cuantía: 34.218,78 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La resolución del Organismo Jurídico Administrativo, de 19 de abril de 2002, notificada a la reclamante el 13 de mayo siguiente, confirmó la liquidación núm. 301.042-2001-V y anuló las núms. 301.040 y 301.914-2001-V, todas ellas correspondientes al Impuesto sobre Sucesiones.

En ejecución de la misma, la Oficina Gestora del impuesto giró las liquidaciones núms. 304.790 y 304.791-2002-V, comunicadas a la interesada el 23 de mayo de 2002.

Por otra parte, ante el impago de la cuota de la liquidación confirmada, el Director de Hacienda dictó providencia de apremio, notificada el día 30 de agosto de 2002.

Segundo.-Contra la resolución que deniega suspender la ejecución y contra la providencia de apremio mencionada, la Sra. promueve la presente reclamación alegando que el acuerdo adoptado por este Organismo no es ejecutivo, de conformidad con el artículo 110.3 del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, porque ha sido impugnado en vía contencioso-administrativa.

Tercero.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del reglamento procedimental antes citado, aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Las cuestiones planteadas consisten en si son o no conformes a derecho: a) La resolución que deniega suspender la ejecución del acuerdo de este Organismo, de 19 de abril de 2002, por ser impugnable en vía contencioso-administrativa; y b) La providencia de apremio, de 9 de agosto de 2002, dictada por impago de la cuota de la liquidación confirmada por dicho acuerdo.

Segundo.-Respecto a ambas cuestiones hay que partir, como regla general, de la ejecutoriedad de los actos administrativos sentada en el artículo 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual:'Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos,...', con determinadas excepciones.

Este precepto implica que la impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa, si bien interrumpe el proceso de adquisición de firmeza del acto recurrido, no impide que éste, en cuanto ejecutivo, despliegue sus efectos, ya que el recurso carece 'per se' de virtud suspensiva. Todo ello sin perjuicio de los supuestos de suspensión previstos en la legislación procedimental administrativa y económico-administrativa o acordados por el Juez o Tribunal de conformidad con el artículo 129 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero.-Este principio general rige plenamente respecto a los acuerdos adoptados por este Organismo, sin que el artículo 110.3 del Reglamento procedimental en el que la reclamante basa sus alegaciones -referido a las resoluciones dictadas en primera instancia por los Tribunales Económico Administrativos Regionales y Locales y que dispone su inmediata ejecución si son firmes y añade que'... si fuesen objeto de impugnación se remitirán las actuaciones al órgano competente para conocer del recurso interpuesto'- resulte aplicable en el ámbito de la Administración foral alavesa en el que la revisión en vía económico-administrativa de los actos de gestión tributaria está encomendada en un procedimiento de única instancia al Organismo Jurídico Administrativo.

En consecuencia, la resolución de 19 de abril de 2002 era ejecutiva desde el momento de su notificación -independientemente de su posterior impugnación en vía contencioso-administrativa-, por lo que la resolución que denegó suspender su ejecución resulta conforme a derecho sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares de cuya existencia no hay prueba.

Cuarto.-En cuanto a la providencia de apremio impugnada, el artículo 134 de la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, en su redacción dada por la 23/96, de 5 de julio, contempla, como uno de los motivos de oposición a la procedencia de la vía de apremio, la suspensión de la ejecución de la liquidación.

No obstante, el artículo 163.1 del mismo texto legal -en sintonía con el principio general expuesto en el Fundamento de Derecho segundo- dispone que:'La interposición de la reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias consiguientes, incluso la recaudación de cuotas...', por lo que la liquidación núm. 301.042-2001-V -impugnada en vía económico-administrativa sin que este Organismo acordase en ningún momento su suspensión- produjo efectos desde el momento de su notificación el día 9 de febrero de 2001.

En consecuencia, no abonada en plazo de pago voluntario, se abrió el período ejecutivo, si bien la providencia que inicia la recaudación mediante el procedimiento de apremio no fue emitida y notificada a la deudora hasta la confirmación de la liquidación, por lo que el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución confirmatoria no puede paralizar tal procedimiento al no constar la adopción por el Tribunal competente para resolverlo de medidas cautelares al respecto.

Quinto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede confirmar los actos administrativos impugnados por ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 311/02, interpuesta por Dña. , contra la resolución de la Jefa de Sección del Impuesto sobre Sucesiones, de 8 de octubre de 2002, que deniega suspender la ejecución de la resolución de este Tribunal del día 19 de abril anterior, y contra la providencia de apremio, de 9 de agosto de 2002, dictada por impago de la cuota de la liquidación núm. 301.042-2001-V,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Providencia de apremio
Falta de pago de cuotas
Cuota impagada
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
Jurisdicción contencioso-administrativa
Procedimiento de apremio
Gestión tributaria
Suspensión de la ejecución
Acto administrativo impugnado
Realización forzosa

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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