Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 30 de Septiembre de 2002

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 30 de Septiembre de 2002
  • Núm. Resolución: R020036

Resumen

Se suspende durante la sustanciación de la reclamación la ejecución de la providencia de apremio que trae causa del impago de una sanción de transportes, porque está condicionada a que la resolución que la impone haya puesto fin a la vía administrativa, circunstancia que no puede constatarse hasta resolver la cuestión de fondo relativa a si fue o no correctamente notificada.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a treinta de septiembre de dos mil dos. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado formulada por D. , con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en la calle , de , en la reclamación económico-administrativa núm. 101/02 contra la resolución del Director de Finanzas y Presupuestos, de 29 de noviembre de 2001 que confirma la providencia de apremio dictada el 10 de abril anterior -expediente 2001-78/12- por impago de una sanción de transportes; cuantía: 60,10 €.

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.-El reclamante solicita se suspenda la ejecución del acto de recaudación recurrido con expresa relevación de fianza, alegando que la sanción de la que trae causa no ha adquirido firmeza al no haber sido notificada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-A la hora de examinar si procede la suspensión de la ejecución de la providencia de apremio impugnada ha de partirse de una particularidad, cual es, que está dirigida al cobro de una multa y que este tipo de actos son objeto de una regulación normativa específica.

Segundo.- La naturaleza no tributaria de la citada multa supone que sea aplicable el art. 138-3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común'La resolución(sancionadora)será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa'.De su interpretación 'a sensu contrario' cabe extraer el principio de que no puede ejecutarse una sanción no tributaria en tanto ésta no sea firme.

La mencionada exigencia determina que en este caso la inejecución del acto de recaudación se halle condicionada al cumplimiento de un requisito previo que consiste en que la multa de la que trae causa no haya ganado firmeza en vía administrativa.

Tercero.- Es lo cierto que la concurrencia de dicho presupuesto pende de que la resolución sancionadora haya sido reglamentariamente notificada a su destinatario, momento a partir del cual éste puede ejercitar su derecho a recurso. Es precisamente el incumplimiento del citado requisito formal el aducido frente al acto recaudatorio impugnado y el que, al propio tiempo, sirve de soporte a la petición de paralización de la ejecución.

Cuarto.-La circunstancia expuesta supone que la ausencia de firmeza de la referida multa no pueda sino constatarse en una fase procedimental posterior -al resolverse la cuestión de fondo relativa a si aquélla fue o no correctamente notificada-, lo que hace recomendable que hasta en tanto no se resuelva la reclamación quede paralizada la ejecución del acto, solución que permite preservar el principio de presunción de inocencia que rige en todo procedimiento sancionador.

Vistos los preceptos reglamentarios citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava,ACUERDASUSPENDER, mientras dure su sustanciación, la ejecución del acto administrativo impugnado en la reclamación económico-administrativa núm. 101/02, promovida por D. , contra la resolución del Director de Finanzas y Presupuestos, de 29 de noviembre de 2001 que confirma la providencia de apremio dictada el 10 de abril anterior -expediente 2001-78/12- por impago de una sanción de transportes.

Providencia de apremio
Suspensión de la ejecución
Cuestiones de fondo
Acto administrativo impugnado
Ejecución de los actos administrativos
Principio de presunción de inocencia
Procedimiento sancionador

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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