Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 30 de Octubre de 1998

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava
  • Fecha: 30 de Octubre de 1998
  • Núm. Resolución: R980170

Resumen

Los actos administrativos en materia sancionadora no pueden ejecutarse hasta que se agote la vía administrativa, agotamiento que no se ha producido porque el envío con la notificación de la resolución que impuso la multa por infracción en materia de caza fue devuelto por los Servicios de Correos con la nota de "caducado" y no se intentó la entrega una segunda vez; además, no solamente debió publicarse en el BOTHA, sino también en el tablón de edictos del Ayuntamiento del domicilio del sancionado.

Descripción

En Vitoria-Gasteiz, a treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 378/96 interpuesta por D. , contra resolución de la Agente Ejecutivo de la Diputación Foral de Álava del 29 de mayo de 1996, relativa a procedimiento de recaudación forzosa por impago de multa en materia de caza; cuantía: 18.700 ptas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Contra la resolución referenciada, que desestima las alegaciones del particular y decide continuar el procedimiento ejecutivo, promueve aquél la presente reclamación y solicita su nulidad. Fundamenta su derecho en que no conoció la existencia de la multa hasta que la Agente Ejecutivo se lo comunicó por correo ordinario, que la publicación en el Boletín de Alava no es válida porque tiene su residencia en Vizcaya, y que falta la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Durango.

Segundo.- Solicitado el expediente a la Sección de Caza y Pesca, consta que se instruyó procedimiento sancionador contra el recurrente por cazar sin licencia, en el curso del cual se propuso una sanción de 15.000 ptas., que fue notificada al denunciado, y respondida por éste.

El 14 de marzo de 1994 se impone la multa propuesta, y el envío que contiene la notificación de la misma, en la que se indica que la resolución no agota la vía administrativa y que contra ella puede formularse recurso ordinario ante el Diputado del Departamento de Agricultura, se devuelve por los Servicios de Correos con la nota de 'caducado', por lo que el 7 de junio siguiente se publica el texto íntegro en el Boletín Oficial.

El 30 de diciembre, el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos declara la deuda incursa en el recargo de apremio del 20% y la Agente Ejecutivo inicia el procedimiento de recaudación forzosa, del que el último trámite es la resolución aquí recurrida.

Tercero.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Puesto que se trata de la ejecución de una resolución que impone una multa, procede comprobar en primer lugar si han concurrido los presupuestos necesarios para iniciar la recaudación de la misma, primero en período voluntario y después en vía ejecutiva.

Segundo.- En cuestión de notificación y ejecutividad de actos administrativos, y a falta de norma especial en materia de caza, de cuya existencia no hay mención en el expediente remitido por la Sección competente, son aplicables las prescripciones al respecto de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, cuyos artículos 138.3, 109.a) y 59.4 establecen:

'Art. 138.3:

La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.

Art. 109:

Ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos ordinarios.

Art. 59.4:

Cuando...intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.'.

Tercero.- Conforme a lo expuesto, la ejecución de la multa procede si se ha agotado la vía administrativa por haberse desestimado el recurso ordinario interpuesto contra ella. Igualmente, y en virtud de lo dispuesto en el art. 114.2, en relación con el 108 de la Ley citada, cuando la misma se ha convertido en firme por haber transcurrido el plazo de un mes establecido para su impugnación. La primera causa no concurre porque no se ha interpuesto recurso, y la segunda exige que la sanción haya sido notificada o se haya intentado debidamente, y que haya transcurrido un mes.

En este caso, la multa no ha sido conocida por el denunciado porque el envío fue devuelto, pero el intento de notificación infructuoso al que se refiere la Ley no queda cumplido con enviar un certificado al domicilio del destinatario y que el mismo sea devuelto con la nota de 'caducado', sino que es necesario que ese 'no se hubiese podido practicar' resulte de alguna razón más concluyente que la mera ausencia transitoria cuando acude el funcionario del Servicio de Correos, como la resistencia del destinatario a recibirla, el desconocimiento en ese domicilio, la imposibilidad de entrega durante dos veces consecutivas, etc.

A mayor abundamiento, si ese intento hubiera sido válido, que no lo es, como antes se ha dicho, el art. 59.4 exige la publicación en el Boletín Oficial -del Territorio Histórico de Alava por ser la Diputación Foral de este lugar la que emite el acto a notificar, en contra de lo que afirma el reclamante-, y la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del domicilio del destinatario -como acertadamente sostiene este último-, por lo que, al faltar la misma, la notificación edictal carece de eficacia, dado que no se trata de un rigor puramente formalista, sino garantía de la aplicación de un procedimiento que constituye una ficción legal de notificación, pues la realidad nos enseña que raramente tienen los administrados conocimiento de los actos notificados por este medio.

Cuarto.- Por lo expuesto, y porque la falta de notificación reglamentaria del acto que impone la obligación de pago es uno de los motivos que recoge el art. 129 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava de 10 de mayo de 1994 como válidos para oponerse al procedimiento de apremio, procede la anulación de la resolución impugnada y de todos los actos del procedimiento ejecutivo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 378/96 interpuesta por D. , contra resolución de la Agente Ejecutivo de la Diputación Foral de Álava del 29 de mayo de 1996, relativa a procedimiento de recaudación forzosa por impago de multa impuesta en materia de caza,RESUELVEESTIMAR la misma y anular el acto impugnado y todos los demás del procedimiento ejecutivo.

Residencia
Pesca
Procedimiento sancionador
Agotamiento de la vía administrativa
Recargo de apremio
Ejecutividad de los actos administrativos
Falta de notificación
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
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