Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 13346 de 25 de Septiembre de 2014

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 25 de Septiembre de 2014

Normativa

Arts. 15 y 19 del Convenio entre el Reino de España y la República Francesa, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 (BOE del 12 de junio de 1967).

Apartado 12 del Protocolo anexo del citado Convenio.

Art 32 de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre.

Arts. 20 y 21 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril.

Resumen

Trabajador fronterizo. Reside en Francia y presta servicios en Bizkaia.

Cuestión

La consultante es una persona física residente en la localidad francesa de Urrugne, que trabaja en la Universidad del País Vasco UPV/EHU, bajo un contrato predoctoral para la formación de personal investigador. Aporta certificado de reconocimiento de su condición de trabajadora fronteriza, expedido por las autoridades tributarias francesas, firmado por ella y sellado por la Universidad, así como certificado de residencia emitido por el Consulado General de España en Bayona, en el que figura como residente en la citada localidad desde el 26 de noviembre de 2013.

Desea que se le reconozca la condición de trabajadora fronteriza, con objeto de que la universidad para la que trabaja no le practique retención sobre los rendimientos que le abona.

Descripción

Respecto a la cuestión planteada en el escrito de consulta, es de aplicación el Convenio entre el Reino de España y la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 (BOE del 12 de junio de 1997), cuyo artículo 15.1 establece que: '1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18, 19 y 20, los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el empleo se ejerce aquí, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este otro Estado'.
El apartado 12 del Protocolo anexo al citado Convenio recoge que: 'No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 15, mientras no se convengan nuevas disposiciones entre los Estados contratantes, lo dispuesto en el apartado 4 del Convenio de 27 de junio de 1973 entre España y Francia para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, cuyo texto es el que sigue, permanecerá en vigor: '4. Los trabajadores fronterizos que justifiquen esta cualidad mediante el documento fronterizo creado por acuerdo particular entre los Estados contratantes están sometidos a imposición, por los sueldos, salarios y otras remuneraciones que perciban por este concepto, únicamente en el Estado contratante del que sean residentes.' Las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán, cuando sea necesario, el modo en que se aplicarán las disposiciones precedentes y acordarán de modo especial, si fuere necesario, el documento acreditativo con carácter de carta fronteriza, para los fines de estas disposiciones'.
Si bien se había establecido por el Acuerdo complementario de 25 de enero de 1961 y por los Canjes de Notas de 3 de julio de 1964 y de 21 de mayo y 1 de junio de 1965 una lista cerrada con los municipios franceses y españoles a los que se extendía la definición de trabajadores fronterizos, ligándola a la posibilidad de obtener la denominada 'Tarjeta de Circulación Fronteriza', la evolución normativa (entrada en vigor del mercado único europeo el 1 de enero de 1993 con libertad de circulación de trabajadores y libertad de establecimiento) y económica y social (mejora de las redes de comunicaciones, del transporte, etc.) ha convertido en inoperante y carente de sentido la lista de municipios establecida en la década de 1960, en la medida en que no cabe en la actualidad la obtención de la 'Tarjeta de Circulación Fronteriza' para ningún nacional español residente en territorio francés que acuda a trabajar al País Vasco, por lo que la aplicación literal del citado precepto lo vaciaría de contenido.
Al no haberse desarrollado lo previsto en el último párrafo del apartado 12 del Protocolo anexo al Convenio de 10 de octubre de 1995 anteriormente transcrito, puede caber la duda interpretativa de determinar el alcance de la expresión 'trabajadores fronterizos' a los efectos de lo dispuesto en el mismo.
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa se promulgó el Decreto Foral 90/1996, de 10 de diciembre, por el que se crea en el Departamento de Hacienda y Finanzas un Registro de Trabajadores Fronterizos (BOG de 16 de diciembre de 1996), que define el concepto de 'trabajador fronterizo' de manera diferente, exigiendo fundamentalmente que se trate de trabajadores residentes en Francia, que presten sus servicios en Gipuzkoa y que regresen diaria y habitualmente al lugar de su residencia habitual, a los efectos de inscribirles en el citado Registro y otorgarles el tratamiento tributario regulado en el apartado 12 del Protocolo anexo al Convenio vigente.
Además, el vigente Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1993 (BOE de 7 de noviembre de 1995), establece en el apartado 4 de su artículo 15 que: 'No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido en un Estado contratante por un trabajador fronterizo, es decir, que tenga su vivienda habitual en el otro Estado contratante al que normalmente retorna cada día, sólo podrán someterse a imposición en ese otro Estado'.
De todo lo expuesto se deduce que una interpretación sistemática, teleológica y en atención a la realidad social del tiempo en el que ha de ser aplicado el apartado 12 del Protocolo anexo al Convenio para evitar la doble imposición vigente con la República Francesa, exige considerar 'trabajador fronterizo' al que, residiendo a efectos fiscales en un Estado, presta sus servicios en el territorio del otro Estado, y vuelve diariamente al lugar de su residencia habitual al finalizar la jornada laboral. La justificación de estos extremos ante la Administración tributaria vizcaína requiere contar con el oportuno certificado de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo, sellado por las autoridades tributarias galas, así como por el propio empleador. Lógicamente, para poder recibir este tratamiento tributario también se debe acreditar la residencia a efectos fiscales en Francia.
Por lo tanto, si la consultante cumple las condiciones enumeradas en los párrafos anteriores, la entidad para la que presta sus servicios deberá considerarle como una trabajadora fronteriza, y no tendrá que retenerle cantidad alguna a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, al no estar, en este caso, sometidas al Impuesto en Bizkaia las retribuciones por ella percibidas. Tampoco deberá practicarle retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que no ostentará la condición de contribuyente de dicho Impuesto. Todo ello, en la medida en que, como se ha dicho, cumpla los requisitos: a) de residir a efectos fiscales en Francia y prestar sus servicios en este Territorio Histórico, volviendo diariamente al lugar de su residencia habitual al finalizar la jornada laboral; b) de mantener con la entidad pagadora una relación de carácter laboral cuyos rendimientos no puedan encuadrarse en los artículos 14 (trabajos independientes, es decir, servicios profesionales), 16 (consejeros), 17 (artistas y deportistas), 18 (pensiones), 19 (remuneraciones públicas) o 20 (profesores e investigadores) del Convenio, sino en su artículo 15, arriba transcrito; y c) de acreditar el reconocimiento de su condición de trabajadora fronteriza mediante el oportuno documento expedido al efecto por las autoridades galas (documento éste que se aporta). 
En lo que se refiere al encuadre de las rentas objeto de consulta en el artículo 15 del Convenio, y no en otros preceptos del mismo texto legal, procede, en primer lugar, analizar la naturaleza del contrato predoctoral para la formación del personal investigador, bajo el que la compareciente presta sus servicios a la Universidad.
Así, a este respecto, el artículo 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, determina que: '1. Las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador son las siguientes: a) contrato predoctoral; b) contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; c) contrato de investigador distinguido. El régimen jurídico aplicable a estas modalidades de contrato de trabajo será el que se establece en esta ley y en sus normas de desarrollo, y en su defecto será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en sus normas de desarrollo'. 
A lo que el artículo 21 de la misma Ley 14/2011, de 1 de junio, añade que: 'Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral se celebrarán de acuerdo con los siguientes requisitos: a) El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación, en el ámbito de un proyecto específico y novedoso, por quienes estén en posesión del Título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System) o master universitario, o equivalente, y hayan sido admitidos a un programa de doctorado. Este personal tendrá la consideración de personal investigador predoctoral en formación. b) El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en formación, en su condición de trabajador, y la Universidad pública u Organismo de investigación titular de la unidad investigadora, en su condición de empleador, y deberá acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado expedido por la unidad responsable de dicho programa, o por la escuela de doctorado o posgrado en su caso. c) El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo. La duración del contrato será de un año, prorrogable por períodos anuales previo informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo que dure su permanencia en el programa. En ningún caso la duración acumulada del contrato inicial más las prórrogas podrá exceder de cuatro años. No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas incluidas, teniendo en cuenta las características de la actividad investigadora y el grado de las limitaciones en la actividad. Ningún trabajador podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o distinta entidad, por un tiempo superior a cuatro años, salvo en el caso de las personas con discapacidad indicadas en el párrafo anterior para las que el tiempo no podrá ser superior a seis años. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo de la duración del contrato. d) La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que se establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores'.
De donde se deduce que la consultante presta servicios a la Universidad del País Vasco UPV/EHU en el marco de un contrato de naturaleza laboral (sometido a lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, y, en su defecto, a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en sus normas de desarrollo), que tiene por objeto la realización de tareas de investigación en el ámbito de un proyecto específico y novedoso.
Por ello, en la medida en que realiza tareas de investigación científica para una universidad pública, debe concretarse si las remuneraciones que percibe por este motivo tienen la consideración de rendimientos del trabajo dependiente (artículo 15 del Convenio), de remuneraciones públicas (artículo 19 del Convenio), o de remuneraciones correspondientes a profesores e investigadores (artículo 20 del Convenio), ya que, como se ha indicado más arriba, lo dispuesto en el apartado 12 del Protocolo anexo al Convenio, relativo al régimen de los trabajadores fronterizos, sólo se aplica a los rendimientos del trabajo regulados en el artículo 15 del Convenio. 
Concretamente, el artículo 20 del Convenio, referido a las retribuciones correspondientes a los profesores e investigadores, señala que: 'Una persona física que sea residente de un Estado contratante, cuando comience su estancia en el otro Estado contratante y que, por invitación del Gobierno de este otro Estado o de una Universidad o centro de enseñanza oficialmente reconocido situado en él, permanezca en este Estado con la finalidad principal de enseñar o dedicarse a la investigación, o a ambas actividades, en una Universidad o centro de enseñanza oficialmente reconocido, sólo puede someterse a imposición en el primer Estado por razón de las rentas que se deriven de tales actividades, durante un período que no exceda de dos años, contados desde la fecha de su llegada al otro Estado'.
Según los datos aportados, la consultante no residía en Francia cuando comenzó a trabajar para la Universidad del País Vasco UPV/EHU (ya que su relación laboral con dicha entidad comenzó el 21 de octubre de 2013, y se trasladó a Francia el 26 de noviembre de ese mismo año), ni tampoco permanece en Bizkaia para prestar sus servicios a la citada Universidad, sino que reside en Francia. Por lo que, en estas condiciones, no cabe considerar que las rentas por las que pregunta deban encuadrarse en el artículo 20 del Convenio.
De otro lado, en lo que se refiere a las remuneraciones públicas, el artículo 19 del Convenio prevé que: '1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado contratante, una de sus entidades territoriales o por una de sus personas jurídicas de derecho público a una persona física, por razón de servicios prestados a este Estado o a esta entidad o a esta persona jurídica de derecho público, sólo pueden someterse a imposición en este Estado. (...). 3. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18 se aplican a las remuneraciones y pensiones pagadas por razón de servicios prestados dentro del marco de una actividad industrial o comercial realizada por un Estado contratante o una de sus entidades territoriales o una de sus personas jurídicas de derecho público'.
De modo que, en lo que se refiere a un supuesto como el planteado, con carácter general, las remuneraciones pagadas por una persona jurídica de derecho público a una persona física por razón de los servicios que ésta le preste sólo pueden someterse a imposición en el Estado del pagador, salvo que dichas remuneraciones se abonen como consecuencia de servicios prestados en el marco de una actividad industrial o comercial (en cuyo caso, si así ocurre, se aplican las reglas del artículo 15 del Convenio).
En relación con esta última salvedad, regulada en el apartado 3 del artículo 19 del Convenio, en los Comentarios al artículo 19 del Modelo de Convenio de la OCDE se indica que: '6. Los apartados 1 y 2 del artículo no son aplicables si los servicios se prestan en relación con una actividad empresarial realizada por el Estado, o por una de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales que pagan los sueldos, los salarios, las pensiones u otras remuneraciones similares. En tales casos, serán aplicables las reglas generales: el artículo 15, a los sueldos y salarios; el artículo 16, a las remuneraciones en calidad de consejero y otras remuneraciones análogas; el artículo 17, a los artistas y deportistas y el artículo 18, a las pensiones. Los Estados contratantes que, por razones particulares, no deseen incluir el apartado 3 en sus convenios bilaterales pueden hacerlo, con lo que los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los servicios prestados en relación con una actividad o un negocio. Dadas las funciones específicas ejercidas por determinados entes públicos, como los ferrocarriles del Estado, los servicios postales, teatros nacionales, etc., los Estados contratantes que deseen mantener el apartado 3 podrán acordar, en sus convenios bilaterales, la aplicación de las disposiciones de los apartados 1 y 2 a los sueldos, los salarios y a las pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por dichos entes, incluso aunque pueda considerarse que los mismos realizan actividades empresariales'.
Consecuentemente, la clave para que resulte de aplicación lo dispuesto en el número 3 del artículo 19 del Convenio, y para que, por lo tanto, deba atenderse a lo establecido en el artículo 15 del mismo texto legal, es que las remuneraciones de que se trate sean abonadas por razón de servicios prestados en el marco de una actividad empresarial desarrollada por la entidad pública pagadora (o, como expresamente señala el referido Convenio, por razón de servicios prestados en el marco de una actividad industrial o comercial).
Por ello, aun cuando la consultante trabaja para una persona jurídica de derecho público, en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 19 del Convenio, para que la remuneración que percibe por este motivo se encuadre dentro de lo dispuesto en dicho precepto, es necesario que la misma no derive de la prestación de servicios en el marco de una actividad industrial o comercial. Así, esta Dirección General considera que por actividad industrial o comercial ha de entenderse toda actividad empresarial que no reúna las características propias de la función pública y que sea susceptible de ser desarrollada por el sector privado, lo que normalmente se traduce en que la entidad pública pagadora actúe en el ámbito del derecho privado y que perciba por ello una remuneración de naturaleza no tributaria.
Con lo que, atendiendo a los datos aportados, las retribuciones objeto de consulta, derivadas de la prestación de servicios de investigación a la Universidad del País Vasco UPV/EHU, no deberían calificarse como remuneraciones públicas de las reguladas en el artículo 19.1 del Convenio.
Concretamente, a este respecto, el propio Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco UPV/EHU resume las actividades que lleva a cabo en los siguientes términos: 'La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, fiel a su compromiso de servicio a la Sociedad, contribuye al desarrollo de su entorno socioeconómico. Los grupos de investigación universitarios desarrollan un trabajo de primer nivel participando en diversas convocatorias de proyectos públicas y privadas. Además, nuestra Universidad establece convenios de colaboración con centros de investigación y contratos con empresas e instituciones para la transferencia de resultados de investigación, la cooperación científica y tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas en materia de I+D. Entre los objetivos estratégicos del Vicerrectorado de Investigación destacan el desarrollo de investigación de excelencia y la contribución a la generación y transferencia de conocimiento a empresas e instituciones. El Vicerrectorado de Investigación: - Facilita la incorporación en la sociedad de jóvenes científicos y los resultados de sus investigaciones. - Mejora la comunicación y conocimiento en materia de investigación entre la Universidad y la Sociedad. - Gestiona y promociona la participación de los investigadores universitarios en convocatorias de proyectos y la colaboración con otras organizaciones en el campo de la investigación. - Asesora a empresas e instituciones que desean colaborar con la universidad y canaliza sus demandas de I+D o asesoría hacia los grupos de investigación. -  Fomenta la protección de los resultados de investigación mediante patentes y objetos de la propiedad intelectual y su posterior explotación. - Asesora y colabora en la creación de empresas de base tecnológica y la creación de redes de colaboración estratégico'.
En este mismo sentido, el Preámbulo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, recoge que: 'La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española, cuyo desarrollo ha sido clave para la convergencia económica y social de España en el entorno internacional. Este desarrollo, propiciado en gran medida por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tiene ante sí en la actualidad el reto de la consolidación e internacionalización definitiva de la ciencia. Por otra parte, el sector productivo español, imponiéndose a una inercia histórica, está empezando a desarrollar desde fechas recientes una cultura científica, tecnológica e innovadora que es esencial para su competitividad. La economía española debe avanzar hacia un modelo productivo en el que la innovación está llamada a incorporarse definitivamente como una actividad sistemática de todas las empresas, con independencia de su sector y tamaño, y en el que los sectores de media y alta tecnología tendrán un mayor protagonismo. Ambas condiciones, así como la emergencia de una cultura de cooperación entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido productivo, de la que España carecía hace unos años, permiten a nuestro país estar en las mejores condiciones para lograr una sociedad y una economía del conocimiento plenamente cohesionadas. El papel de la ciencia para tal fin, así como su difusión y transferencia, resultan elementos imprescindibles de la cultura moderna, que quiere regirse por la razón y el pensamiento crítico en la elección de sus objetivos y en su toma de decisiones. (...) El esfuerzo realizado por España en las dos últimas décadas por situar su ciencia a nivel internacional debe complementarse ahora con un mayor énfasis en la investigación técnica y el desarrollo tecnológico y en la transferencia de los resultados de investigación hacia el tejido productivo. No obstante, aunque necesario, este impulso a la llamada valorización del conocimiento no es suficiente para lograr el objetivo de una economía más innovadora; se precisa un enfoque más amplio. La apuesta por la innovación es estrictamente necesaria para el crecimiento y competitividad de nuestro sistema productivo. En este sentido, la presente ley recoge también otras medidas, como las relativas a una mayor movilidad de los investigadores entre sector público de I + D y empresas, o el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica a través de la figura del estatuto de Joven empresa innovadora. (...) III. El título preliminar establece que el objeto de la presente ley es la consolidación de un marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general con un fin concreto: contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación. (...) VI. El título III de la ley regula el fomento y la cooperación como elementos para el impulso de la investigación científica y técnica, la transferencia de los resultados de la actividad investigadora y la innovación como elemento esencial para inducir el cambio en el sistema productivo, así como la difusión de los resultados y la cultura científica y tecnológica. El capítulo I establece una lista abierta de medidas a adoptar por los agentes de financiación, que giran en torno al fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, la inversión empresarial en estas actividades mediante fórmulas jurídicas de cooperación, la valorización y transferencia del conocimiento, la transferencia inversa, la difusión de los recursos y resultados, la capacidad de captación de recursos humanos especializados, el apoyo a la investigación, a los investigadores jóvenes y a las jóvenes empresas innovadoras, la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal, el refuerzo del papel innovador de las Administraciones Públicas a través del impulso de la aplicación de tecnologías emergentes y la promoción de las unidades de excelencia, entre otras. En materia de cooperación entre agentes públicos y privados del Sistema, se prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación, de creación o financiación de centros, de financiación de proyectos singulares, de formación del personal, de divulgación, y de uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales. El capítulo II contiene el mandato a las Administraciones Públicas de fomentar la valorización del conocimiento, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación, con objeto de que los resultados de la investigación promovidos o generados por ella se transfieran a la sociedad. En este contexto se incluye el fomento de la transferencia inversa del conocimiento liderada por el sector empresarial en colaboración con los agentes de investigación para el desarrollo de los objetivos de mercado basados en dichos resultados. En cuanto a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad investigadora, los contratos de sociedad, de colaboración para la valorización y transferencia de resultados, y de prestación de servicios de investigación y de asistencia técnica, estarán sujetos al derecho privado. (...) El capítulo III de este título III incorpora dos artículos relativos al ámbito internacional: el primero trata sobre la internacionalización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se define como un componente intrínseco de las acciones de fomento y coordinación. Prevé la posibilidad de crear centros de investigación en el extranjero, además de promover acciones para aumentar la visibilidad internacional y la capacidad de atracción de España en el ámbito de la investigación y transferencia del conocimiento; el segundo se refiere a la cooperación científica y tecnológica al desarrollo a través del fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales, especialmente en proyectos con países prioritarios para la cooperación española. Las Administraciones Públicas deberán reconocer en los procesos de evaluación las actividades de cooperación científica y tecnológica al desarrollo'.
De donde se deduce que entre los principios fundamentales que inspiran la actuación del sistema público de ciencia y tecnología se encuentran, precisamente, el de coordinación con el tejido productivo y el de valorización y transferencia de los conocimientos al sector empresarial, como herramienta para impulsar el cambio en el sistema productivo, siendo así que, por expresa disposición legal, los contratos de sociedad, de colaboración para la valorización y transferencia de resultados, y de prestación de servicios de investigación y de asistencia técnica se sujetan al derecho privado.     
Atendiendo a todo lo anterior, esta Dirección General considera que el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco UPV/EHU realiza actividades empresariales a los efectos que nos ocupan. De modo que las remuneraciones que obtiene la compareciente por los servicios de investigación que presta a dicho Vicerrectorado se regulan por lo dispuesto en el artículo 15 del Convenio, y no por lo establecido en el artículo 19 del mismo texto legal.
De otro lado, en lo que se refiere al requisito de residir fiscalmente en Francia, debe tenerse en cuenta que, para que una persona residente en Bizkaia pase a ser considerada como no residente en territorio español debido a su traslado al extranjero, ha de permanecer fuera de dicho territorio durante al menos 183 días del año natural de que se trate, y, además, debe acreditar su residencia fiscal en otro país (en este caso, en Francia), mediante certificado expedido al efecto por las autoridades tributarias del mismo.
Por ello, en el supuesto planteado, de traslado de la residencia a Francia a finales de 2013, la consultante continuará siendo residente en territorio español durante el citado 2013, y permanecerá sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones a lo largo del mismo, al no haber permanecido en el citado territorio durante más de 183 días del año natural. 
Por iguales motivos, tampoco perderá esta consideración de residente hasta que no transcurran, por lo menos, 183 días del año natural siguiente (hasta el 3 de julio de 2014) y acredite su residencia fiscal en Francia mediante certificado expedido al efecto por las autoridades tributarias galas. No obstante, en la medida en que la condición de residente, o de no residente, es única para todo el período impositivo (para todo el año natural), una vez cumplidos estos requisitos, la consultante ostentará la condición de no residente para todo 2014 (esto es, con efectos desde el 1 de enero de 2014).
Por ello, el artículo 32 de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (NRIRNR), prevé una regla especial para los casos de contribuyentes, en principio, residentes que vaya a pasar a ostentar la condición de no residentes a lo largo de un ejercicio, como consecuencia de su desplazamiento al extranjero, estableciendo que: 'Los trabajadores por cuenta ajena que, no siendo contribuyentes por este Impuesto, vayan a adquirir dicha condición como consecuencia de su desplazamiento al extranjero, podrán comunicarlo a la Administración tributaria, dejando constancia de la fecha de salida del territorio español, a los exclusivos efectos de que el pagador de los rendimientos del trabajo les considere como contribuyentes de este Impuesto. De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la Administración tributaria expedirá un documento acreditativo a los trabajadores por cuenta ajena que lo soliciten, que comunicarán al pagador de sus rendimientos del trabajo residentes o con establecimiento permanente en territorio español, y en el que conste la fecha a partir de la cual las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán por este Impuesto. Lo anterior no exonerará al trabajador de acreditar su nueva residencia fiscal ante la Administración tributaria'. 
Este precepto se encuentra desarrollado en el artículo 21 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (RIRNR), aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, donde se recoge que: '1. Los trabajadores por cuenta ajena que no sean contribuyentes por este impuesto, pero que vayan a adquirir dicha condición como consecuencia de su desplazamiento al extranjero por su empleador, podrán comunicar a la Administración tributaria dicha circunstancia. 2. En la citada comunicación se hará constar la identificación del trabajador y del pagador de los rendimientos del trabajo, la fecha de salida con destino al extranjero, la fecha de comienzo de la prestación del trabajo en el extranjero, así como la existencia de datos objetivos en esa relación laboral que hagan previsible que, como consecuencia de la prestación de trabajo en otro país, la permanencia en dicho país sea superior a 183 días durante el año natural en que se produce el desplazamiento o, en su defecto, en el siguiente. 3. La Administración tributaria, a la vista de la comunicación y documentación presentadas, expedirá al trabajador, si procede, en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes al de presentación de la comunicación, un documento acreditativo en el que conste la fecha a partir de la cual se practicarán las retenciones por este impuesto. 4. El trabajador entregará al pagador de los rendimientos de trabajo un ejemplar del documento expedido por la Administración tributaria, al objeto de que este último, a los efectos de la práctica de retenciones, le considere contribuyente del Impuesto sobre la Renta de No Residentes a partir de la fecha que se indique en aquél. Los citados documentos acreditativos extenderán sus efectos respecto de la práctica de retenciones conforme al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, como máximo, a dos años naturales, el del desplazamiento y el siguiente o, si no cabe computar el del desplazamiento, a los dos inmediatos siguientes. 5. Este procedimiento podrá ser también utilizado en los supuestos en los que, por aplicación de las reglas de determinación de las rentas obtenidas en Bizkaia contenidas en el artículo 13 de la Norma Foral del Impuesto, no procediese la práctica de retenciones en dicho territorio. En estos supuestos, se tendrá en cuenta a estos trabajadores a los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 5 del artículo 31 de la Norma Foral del Impuesto. 6. La obtención del documento acreditativo conforme al procedimiento descrito anteriormente no exonerará al trabajador de acreditar su nueva residencia fiscal ante la Administración tributaria'.
En los supuestos en los que se va a adquirir la condición de no residente como consecuencia del desplazamiento al extranjero, este procedimiento permite que el pagador practique retención al contribuyente desde un principio conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (es decir, como no residente y no según lo indicado en la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), sin esperar a que se produzca su permanencia fuera de territorio español durante, por lo menos, 183 días del año natural (y la acreditación de una nueva residencia fiscal). Este procedimiento no exonera al contribuyente de la obligación de acreditar su nueva residencia ante la Administración tributaria. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que este procedimiento únicamente resulta aplicable en los casos en los que vaya a adquirirse la condición de no residente como consecuencia del desplazamiento al extranjero por parte del empleador (para prestar servicios en el exterior). Requisito éste que no se cumple en el supuesto planteado, en el que el desplazamiento al extranjero no se produce por motivos laborales. 
Por todo ello, la entidad para la que trabaja la compareciente deberá considerarle como una trabajadora fronteriza, y no tendrá que retenerle cantidad alguna a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, sólo desde el momento en que acredite su permanencia fuera del territorio español durante, al menos, 183 días del año natural (condición ésta que no podrá cumplir antes del 3 de julio de 2014) y le presente: 1) un certificado de residencia fiscal en Francia; y 2) un certificado de reconocimiento de su condición de trabajadora fronteriza sellado por las autoridades tributarias francesas (documento éste que se aporta). Lógicamente, siempre y cuando cumpla los demás requisitos exigidos para poder gozar del tratamiento correspondiente a los trabajadores fronterizos (arriba desarrollados). 
Finalmente, respecto a las retenciones que, en su caso, le haya practicado la entidad pagadora hasta ese momento durante 2014, procede reiterar que la compareciente carecerá de la consideración de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a partir de la fecha en que cumpla, y acredite, los requisitos exigibles para ser considerada como residente a efectos fiscales en Francia. Adicionalmente, si cumple y acredita las condiciones requeridas para ser considerada como una trabajadora fronteriza, los rendimientos que obtenga por su trabajo en Bizkaia no estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de No Residentes. De manera que, una vez cumplidas estas condiciones, tendrá derecho a que se le devuelvan las retenciones que haya podido soportar a cuenta de uno u otro Impuesto, previa solicitud al efecto.
A este último respecto, el artículo 20 del RIRNR regula que: '1. Cuando se haya soportado una retención o ingreso a cuenta superior a la cuota del impuesto, se podrá solicitar a la Administración tributaria la devolución del exceso sobre la citada cuota. A tal efecto, se practicará la autoliquidación del impuesto en el modelo que determine el diputado foral de Hacienda y Finanzas. 2. Conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Norma Foral del Impuesto, la Administración tributaria efectuará estas devoluciones en los términos establecidos en el artículo 112 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (...) 4. Cuando se hubieran ingresado cantidades o soportado retenciones a cuenta, en cuantías superiores a las que se deriven de la aplicación de un convenio de doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución consiguiente, dentro del plazo de cuatro años, contado desde la fecha del ingreso o del término del período de declaración e ingreso de la retención. El diputado foral de Hacienda y Finanzas, en el supuesto de falta de reciprocidad, podrá establecer un plazo distinto'.
Como ya se ha especificado más arriba, para poder obtener esta devolución, debe aportarse certificado de residencia fiscal en Francia durante el ejercicio de que se trate y certificado de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo sellado por las autoridades tributarias galas.
En consecuencia, la consultante podrá solicitar por esta vía la devolución de las retenciones que haya soportado durante el primer semestre de 2014 (siempre y cuando, como se ha indicado, adquiera la condición de residente en Francia a partir del segundo semestre de dicho año, y acredite su condición de trabajadora fronteriza, mediante el oportuno certificado expedido al efecto por las autoridades tributarias galas -documento éste que se aporta-).
Contrato predoctoral
Persona física
Persona jurídica
Residencia habitual
Actividades empresariales
Profesorado
Doble imposición
Rendimientos del trabajo
Residencia fiscal
Jornada laboral
Impuesto sobre la Renta de no residentes
Contrato de Trabajo
Prestación de servicios
Residencia
Plazo de contrato
Fraude fiscal
Doble imposición en materia de IPPF e IP
Libertad de establecimiento
Derecho a la libre circulación
Evasión fiscal
Desplazamiento al extranjero
Convenios de doble imposición internacional
Vivienda habitual
Retenciones IRPF
Contrato de investigador distinguido
Convenio de colaboración
Discapacitados
Riesgo durante la lactancia
Convenio colectivo
Maternidad
Salario mínimo interprofesional
Maternidad a efectos laborales
Acogimiento
Riesgo durante el embarazo
Discapacidad
Paternidad
Incapacidad temporal
Estancia
Trabajador por cuenta ajena
Administración local

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 14/2011 de 1 de Jun (Ciencia, Tecnología e Innovación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 131 Fecha de Publicación: 02/06/2011 Fecha de entrada en vigor: 02/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1776/2004 de 30 de Jul (Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes -IRNR-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 188 Fecha de Publicación: 05/08/2004 Fecha de entrada en vigor: 06/08/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014,de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuestosobre la Renta de No Residentes. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia Número: 79 Fecha de Publicación: 28/04/2014 Fecha de entrada en vigor: 29/04/2014 Órgano Emisor: Departamento De Hacienda Y Finanzas

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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